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SCP 0846/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 5 de agosto de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
5 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
53928-2023-108-AL
Departamento
Pando
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — innovativa

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, alegando que, en el proceso penal instaurado por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de estupro con agravante; no obstante que, a través de Auto Interlocutorio 34/2023 de 12 de febrero, el Juez demandado determinó su detención preventiva por noventa días, ordenando su traslado de la Carceleta de Rurrenabaque de Beni, al Centro Penitenciario Villa Busch de Pando, a la brevedad posible; a la fecha de interposición de su acción de defensa, persiste en la referida Carceleta, impidiendo su comunicación con su abogado y familia, así como tener la alimentación necesaria y ser atendido médicamente por las dolencias cardíacas que tiene. Situación que puso en conocimiento de la autoridad judicial demandada, quien únicamente por proveído de 16 de ese mes y año, pidió informe al Fiscal de Materia y al Director del Régimen Penitenciario, cuando concernía exhortar a la observancia de su disposición, en el ejercicio del control jurisdiccional que le compele. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 23 de febrero de 2023, cursante de fs. 49 a 52, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Pando; y, en consecuencia, CONCEDER de forma total la tutela solicitada, en iguales términos a los dispuestos por el indicado Juez, en el marco de lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. En cuanto a la acción de libertad correctiva
  2. III.2. Importancia y beneficios del control jurisdiccional en la etapa investigativa
  3. III.3. Análisis en el caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0846/2025-S3 Sucre, 5 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 53928-2023-108-AL Departamento: Pando En revisión la Resolución de 23 de febrero de 2023, cursante de fs. 49 a 52, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ariel Orellana Orihuela contra Elías Mamani Aramayo, Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Pando.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de febrero de 2023, cursante a fs. 5 y vta., el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal instaurado por el Ministerio Público en su contra, por la supuesta comisión del delito de estupro con agravante; el 12 de febrero de 2023, el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Pando -demandado-, ordenó su detención preventiva en el Centro Penitenciario Villa Busch de Pando, a efectos, entre otros, que pueda asumir defensa y reunirse con su abogado de confianza, tener la alimentación necesaria, estar comunicado con su familia y tener atención médica por las afecciones cardiacas que lo aquejan. No obstante, y pese a estar en la Carceleta de Rurrenabaque del departamento de Beni, no se constituye en una situación digna al estar en “…paredes de 2x 2 metros2…” (sic); “a la fecha”, la autoridad judicial demandada no cumple su propia determinación; habiendo presentado de su parte, el 15 de febrero de 2023, memorial de solicitud de control jurisdiccional, pidiendo el cese de la vulneración de sus derechos; sin embargo, el mencionado únicamente emitió el proveído de 16 de igual mes y año, requiriendo informe por parte del Fiscal de Materia y del Director de Régimen Penitenciario, “…sin que el mismo se haya dirigido al Director de Régimen Penitenciario de Beni o en todo caso hubiera ordenado el traslado de inmediato a cualquier autoridad policial de Rurrenabaque a la cárcel Pública de Villa Busch…” (sic). En ese orden, denuncia que el Juez demandado actuó de forma pasiva, indiferente e incluso negligente en detrimento de sus derechos fundamentales.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene su traslado inmediato al Centro Penitenciario Villa Busch de Pando.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 23 de febrero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 47 a 48 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; destacando que, desde el 12 de febrero de 2023, data en la que se dispuso su detención preventiva, no se materializó su traslado de la Carceleta de Rurrenabaque de Beni al Centro Penitenciario Villa Busch de Pando, encontrándose incomunicado, sin alimentos y con las privaciones de la referida Carceleta. Situación que no fue considerada por el Juez demandado, quien, en lugar de exhortar al cumplimiento de su determinación, expidió el proveído de 16 de ese mes y año, requiriendo informes al Fiscal de Materia y al Director de Régimen Penitenciario de Beni, siendo él quien tiene a cargo el control jurisdiccional del proceso y es el encargado de velar por sus derechos fundamentales. En ese marco, requirió la concesión de la tutela impetrada, efectivizando de forma inmediata su traslado al indicado Centro Penitenciario, así como se remitan antecedentes disciplinarios del Juez demandado, no siendo factible admitir la omisión y negligencia con la que obró.

I.2.2. Informe de los demandados

Elías Mamani Aramayo, Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Pando, presentó informe escrito el 23 de febrero de 2023, cursante de fs. 40 a 41 vta., mediante el que solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: a) Ante la imputación formal emitida el 8 de igual mes y año, contra el impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito de estupro con agravante; el 12 de ese mes y año, se realizó audiencia de medida cautelar en la que ante la existencia de la posibilidad de autoría y de los riesgos procesales de fuga y obstaculización, emitió el Auto Interlocutorio 34/2023 de esa data, disponiendo su detención preventiva por noventa días. En ese orden, determinó expedir el respectivo mandamiento a ser entregado por Gestoría al Investigador asignado al caso o al Director del Centro Penitenciario Villa Busch de Pando. A la vez, estableció que el imputado debía ser trasladado de la Carceleta de Rurrenabaque de Beni, a dicho Centro Penitenciario, a la brevedad posible, en coordinación con el Ministerio Público y el Director del referido Centro, debiendo “…aguardar su detención preventiva en la Carceleta…” (sic); b) Conforme a lo expuesto, cumplió de su parte en pronunciar un fallo claro, preciso y concreto, determinando su traslado a la brevedad posible por quiénes debían hacerse cargo de aquello, no constando lesión alguna de derechos, habiéndose notificado con el mandamiento de detención preventiva al funcionario policial a cargo, el 12 de febrero de 2023, a horas 22:00, bajo el principio de celeridad. Encontrándose el cuaderno de control jurisdiccional en la “Sala Penal”, ante la apelación cursada por el propio peticionante de tutela, fijándose la audiencia de alzada para el 23 del citado mes y año; y, c) El nombrado no cumplió la carga probatoria pertinente, debiendo considerarse que, si bien existe flexibilidad en la tutela por el principio de informalismo, es necesario demostrar la lesión o amenaza a los derechos fundamentales a fin de otorgar tutela; habiendo actuado de su parte conforme a procedimiento.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Pando, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución de 23 de febrero de 2023, cursante de fs. 49 a 52, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que: 1) En el día, el Encargado de la Carceleta de Rurrenabaque de Beni, conforme se dispuso en el Auto Interlocutorio 34/2023 de 12 de febrero, traslade de forma inmediata al accionante al Centro Penitenciario Villa Busch de Pando, bajo responsabilidad, considerando los resguardos de seguridad y sea entregado al Director de dicho Centro Penitenciario a fin que pueda cumplir detención preventiva; y, 2) El Director del referido Centro Penitenciario, remita un informe una vez trasladado el mencionado, dentro de las veinticuatro horas. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) De los antecedentes cursantes en el expediente tutelar y el video reproducido en audiencia, se evidencia que existió omisión por parte del funcionario policial asignado al caso y del Encargado de la Carceleta de Rurrenabaque de Beni, en cumplir el traslado del peticionante de tutela al Centro Penitenciario Villa Busch de Pando, conforme dispuso el Juez demandado mediante Auto Interlocutorio 34/2023, lesionándose así los derechos del mencionado, quien se encontraría más de diez días detenido en la citada Carceleta; y, ii) La acción de libertad innovativa, establece la facultad de tutelar los derechos a la vida y a la libertad física y de locomoción frente a acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos fundamentales, aún cuando estas hubieran cesado o desaparecido, lo que se encuentra reconocido en la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre. Así, es viable que el agraviado acuda a la justicia constitucional pidiendo su intervención con el propósito de fundamentar que se evite dicha conducta según lo expuesto en la SCP 0103/2012 de 23 de abril.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal instaurado por el Ministerio Público contra Ariel Orellana Orihuela -accionante-, por la presunta comisión del delito de estupro con agravante; mediante Auto Interlocutorio 34/2023 de 12 de febrero, el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Pando -demandado-, dispuso la detención preventiva del mencionado por noventa días en el Centro Penitenciario Villa Busch de ese departamento, en un lugar distinto a las personas que cumplen sentencia. A ese fin, determinó expedirse el respetivo mandamiento y entregarlo por Gestoría al Investigador asignado al caso o al Director del indicado Centro Penitenciario. A su vez, ordenó su traslado de la Carceleta de Rurrenabaque de Beni, al citado Centro Penitenciario, a la brevedad posible, “…en coordinación el fiscal asignado al caso, el Director del Penal de Villa Busch. Hasta mientras el imputado debe aguardar su detención preventiva en la Carceleta de Rurrenabaque del Departamento de Beni, a cargo de los efectivos policiales…” (sic [fs. 33 a 36 vta.]). II.2. Consta mandamiento de detención preventiva 12/2023 de 12 de febrero, a través del que, el Juez demandado manda y ordena que el Director del Centro Penitenciario Villa Busch de Pando, ejecute la detención preventiva del peticionante de tutela, en un recinto especial para detenidos preventivos, conforme a lo ordenado en el Auto Interlocutorio descrito en la Conclusión precedente. Debiendo el Encargado de Régimen Penitenciario realizar los trámites concernientes al indicado traslado, “…hasta mientras deberá guardar detención preventiva en la carceleta del Comando Cantonal de la Policia de Rurrenabaque…” (sic). El mandamiento descrito, fue notificado al Director del Centro Penitenciario Villa Busch de Pando, en igual fecha, a horas 22:00 (fs. 37 a 38 vta.). II.3. Mediante memorial de 15 de febrero de 2023, dirigido ante el Juez demandado, el impetrante de tutela solicitó control jurisdiccional y cumplimiento del mandamiento antes descrito. Al respecto, a través de proveído de 16 de ese mes y año, la mencionada autoridad judicial demandada dispuso: “Dentro del caso CUD: 901103022200278, Se tiene presente la presentación de memorial solicitando control jurisdiccional y cumplimiento del Mandamiento, presentado por ARIEL ORELLA ORIHUELA, realizando control jurisdiccional pide un informe al fiscal asignado al caso como al Director del Recinto Penitenciario de Villa Busch de Pando, sobre el traslado de Rurrenabaque al Penal de Villas Busch al detenido preventivo. Exhortando el traslado ordenado sea a la brevedad posible a fin de no afectar sus derechos constitucionales del imputado” (sic [fs. 39 y vta.]). II.4. Cursa Disco Compacto (CD), en el que se advierte que el impetrante de tutela se encontraría en la Carceleta de Rurrenabaque de Beni (fs. 46). II.5. La presente acción de libertad fue interpuesta el 22 de febrero de 2023, a horas 12:10 (fs. 5 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, alegando que, en el proceso penal instaurado por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de estupro con agravante; no obstante que, a través de Auto Interlocutorio 34/2023 de 12 de febrero, el Juez demandado determinó su detención preventiva por noventa días, ordenando su traslado de la Carceleta de Rurrenabaque de Beni, al Centro Penitenciario Villa Busch de Pando, a la brevedad posible; a la fecha de interposición de su acción de defensa, persiste en la referida Carceleta, impidiendo su comunicación con su abogado y familia, así como tener la alimentación necesaria y ser atendido médicamente por las dolencias cardíacas que tiene. Situación que puso en conocimiento de la autoridad judicial demandada, quien únicamente por proveído de 16 de ese mes y año, pidió informe al Fiscal de Materia y al Director del Régimen Penitenciario, cuando concernía exhortar a la observancia de su disposición, en el ejercicio del control jurisdiccional que le compele. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. En cuanto a la acción de libertad correctiva

En referencia al intitulado, la SCP 1005/2012 de 5 de septiembre, citando a su vez fallos constitucionales anteriores, señaló: “…según la doctrina, incluyendo a la propia jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, se ha establecido una clasificación de hábeas corpus; así, la SC 1818/2011-R de 7 de noviembre, señala que: 'el ámbito de protección del hábeas corpus, ahora acción de libertad, alcanza a los supuestos en que: - El acto ilegal provoca la restricción del derecho a la libertad física (hábeas corpus reparador). - El acto ilegal amenaza o perturba al derecho a la libertad física personal (hábeas corpus restringido y preventivo). -Se agravan las condiciones de la libertad (hábeas corpus correctivo). - Existe amenaza al derecho a la vida vinculada al derecho a la libertad (hábeas corpus instructivo). - Existe una dilación indebida para resolver la situación jurídica de una persona respecto a su derecho a la libertad física o personal (hábeas corpus traslativo o de pronto despacho)'. De esta forma, se debe señalar que el hábeas corpus correctivo, es aquel cuya finalidad es impedir que las condiciones de detención, se agraven o emplacen su condición, sea por tortura, vejámenes; tratos degradantes; de esta forma, la SC 0170/2010-R de 17 de mayo, señaló: 'El hábeas corpus correctivo, no tiene como principal objetivo la búsqueda de la libertad del procesado, sino, como su nombre indica, corrige las agravantes ilegales de las condiciones de reclusión de los que se encuentren restringidos de su libertad…'. De igual forma, al respecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre que: 'El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos…'” (las negrillas y el subrayado son nuestros).

III.2. Importancia y beneficios del control jurisdiccional en la etapa investigativa

Al respecto, la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, estableció que: “La importancia del ejercicio del control de legalidad radica en la vigencia misma del sistema procesal, en Bolivia como en gran parte de los países de América Latina se ha asumido el modelo acusatorio, garantista, democrático y público, para el ejercicio de la acción penal. La importancia del ‘control de legalidad’ de la investigación penal, puede evidenciarse en la práctica analizando las funciones de los órganos de investigación en el proceso penal, y puede concluirse que son tres los principales beneficios del control de legalidad: a) Sistema de control de vigencia de los derechos y garantías constitucionales; b) Manifestación del subprincipio de separación de poderes en el ejercicio de la persecución penal estatal; y, c) Control del retardo de la etapa de investigación. 1) Sistema de control de vigencia de los derechos y garantías constitucionales.- El juez cautelar se constituye en un verdadero contralor de constitucionalidad del proceso penal, por lo cual la existencia de este control viabiliza la descongestión del sistema concentrado de revisión de acciones tutelares; al respecto tenemos abundante jurisprudencia constitucional que afirma este beneficio… (…) Ahora bien, es necesario ponderar también la labor que tiene el Juez de Instrucción en el ejercicio y vigencia de la garantías generales del proceso penal, en ese sentido ejerce un rol articulador de intereses legítimos… (…) De ahí que se encuentra plenamente justificada la exigencia legal del control jurisdiccional, por lo que toda actuación tanto de la Policía como de la Fiscalía debe desarrollarse bajo dicho control’” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).

III.3. Análisis en el caso concreto

El impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la libertad; encontrándose identificada la problemática a resolverse en el primer párrafo de los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; ceñida en lo esencial a que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la supuesta comisión del delito de estupro con agravante; pese a que, mediante Auto Interlocutorio 34/2023 de 12 de febrero, el Juez demandado determinó su detención preventiva por noventa días, estableciendo su traslado de la Carceleta de Rurrenabaque de Beni, al Centro Penitenciario Villa Busch de Pando, a la brevedad posible; a la data de formulación de la presente garantía constitucional continuaría en la referida Carceleta, imposibilitando su comunicación con su abogado y familia, así como tener la alimentación necesaria y ser atendido médicamente por las dolencias cardíacas que presenta, aspectos que denunció ante la autoridad judicial demandada, quien, en vez de exhortar a la materialización de su decisión, emitió solamente el proveído de 16 de ese mes y año, requiriendo informe al Fiscal de Material y al Director del Régimen Penitenciario, inobservando el ejercicio del control jurisdiccional que le inhiere.

En ese orden de ideas, de las Conclusiones del presente fallo constitucional, se evidencia que, en la causa penal instaurada por el Ministerio Público contra el peticionante de tutela, por la presunta comisión del delito de estupro con agravante; a través del Auto Interlocutorio 34/2023, el Juez demandado, determinó la detención preventiva del nombrado por noventa días en el Centro Penitenciario Villa Busch de Pando, en un lugar distinto a las personas que cumplen sentencia. A ese fin, estableció expedir el mandamiento pertinente y entregarlo por Gestoría al Investigador asignado al caso o al Director del indicado Centro Penitenciario. Asimismo, dispuso su traslado de la Carceleta de Rurrenabaque del departamento de Beni, al indicado Centro Penitenciario, a la brevedad posible, “…en coordinación el fiscal asignado al caso, el Director del Penal de Villa Busch. Hasta mientras el imputado debe aguardar su detención preventiva en la Carceleta de Rurrenabaque del Departamento de Beni, a cargo de los efectivos policiales…” (sic). En ese marco, libró el mandamiento de detención preventiva 12/2023 de 12 de febrero, que fue notificado al Director del citado Centro Penitenciario Villa Busch de Pando, en similar fecha, a horas 22:00 -Conclusiones II.1 y II.2 del presente fallo constitucional-. En forma posterior, al continuar privado de su libertad en la Carceleta de Rurrenabaque de Beni, el peticionante de tutela presentó el memorial de 15 de febrero de 2023, a través del que, solicitó al Juez demandado, control jurisdiccional y cumplimiento del mandamiento antes detallado. Sobre el particular, la autoridad judicial demandada emitió el proveído de 16 de ese mes y año, requiriendo “…un informe al fiscal asignado al caso como al Director del Centro Penitenciario de Villa Busch, sobre el traslado de Rurrenabaque al Penal de Villas Busch de Pando al detenido preventivo. Exhortando el traslado ordenado sea a la brevedad posible a fin de no afectar sus derechos constitucionales del imputado” (sic) -Conclusión II.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional-. No obstante, de las afirmaciones expuestas por el solicitante de tutela en su acción de defensa, no refutadas por la parte demandada, se tiene que, a la interposición de la presente garantía constitucional, el 22 de febrero de 2023, el nombrado persistía privado de libertad en la Carceleta de Rurrenabaque de Beni -Conclusiones II.4 y II.5 de esta Resolución-; agravándose claramente las condiciones de su detención, encontrándose establecido en el Auto Interlocutorio 34/2023, su traslado al Centro Penitenciario Villa Busch, “…en un lugar distinto a las personas que cumplen sentencia…” (sic), a la brevedad posible; ello en coordinación con el Fiscal de Materia asignado al caso y el Director del indicado Centro Penitenciario. Situación que pese a ser puesta a conocimiento del Juez demandado, a efectos que ejerza el control jurisdiccional que le concierne en la etapa investigativa, en ejercicio y vigencia de las garantías generales del proceso penal que les asisten a las partes, solo mereció el proveído de 16 de febrero de igual año, pidiendo el informe antes anotado, lo que, evidencia que, efectivamente, incurrió en la transgresión de los derechos del procesado hoy accionante, no habiendo exhortado y adoptado las medidas necesarias para asegurar la materialización célere de su propia determinación -Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional-. Así, se tiene que, en virtud al principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado:“…la labor del juez sólo será acomodada a la Constitución Política del Estado, cuando cada uno de los actos jurisdiccionales sea ejecutado tomando en cuenta los principios que rigen la función de impartir justicia; a tal efecto, no es suficiente la simple enunciación de los principios constitucionales rectores de la jurisdicción, pues su aplicación debe ser verificable por medios de la racionalización y análisis del acto jurisdiccional; de modo tal, que el usuario del sistema judicial, luego de cumplidos los actos jurisdiccionales, pueda percibir en los resultados de tal actuación, la vigencia y materialización de los principios constitucionales que otorgan validez a los eventos judiciales (las negrillas y el subrayado nos pertenecen [SCP 0507/2012 de 9 de julio]). En ese sentido, el citado principio exigía de parte de la autoridad judicial demandada una actuación diligente en ejercicio del control jurisdiccional que le corresponde, no advirtiéndose que, después de requerir el informe exigido por decreto de 16 de febrero de 2023, hubiera expedido otra determinación tendiente al cumplimiento efectivo y pronto de lo ordenado en el Auto Interlocutorio 34/2023, lo que indiscutiblemente provocó que, el accionante persista a la fecha de formulación de esta acción tutelar en la Carceleta de Rurrenabaque de Beni, abriéndose la tutela que otorga la acción de libertad correctiva y de pronto despacho, siendo que, pese a existir una disposición de cumplir su detención preventiva en un Centro Penitenciario, siguió privado de su libertad en una Carceleta, con la agravante que ello conlleva, lo que no fue considerado con la celeridad debida por el Juez demandado, quien si bien no era quien debía materializar el traslado, en ejercicio del control jurisdiccional que le compele, debió asumir las determinaciones pertinentes para que, las respectivas instancias y funcionarios efectivicen lo ordenado. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta; considerando que, lo que correspondía era otorgarla de forma total.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 23 de febrero de 2023, cursante de fs. 49 a 52, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Pando; y, en consecuencia, CONCEDER de forma total la tutela solicitada, en iguales términos a los dispuestos por el indicado Juez, en el marco de lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo.Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0846_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.

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