Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 5 de agosto de 2025
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante, sin señalar qué derecho le fue lesionado, argumentó que a pesar de haberse desarrollado la audiencia de consideración de apelación incidental interpuesta contra la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva, el 11 de enero de 2024, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar los actuados continuaban en despacho de los Vocales ahora accionados. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2024 de 22 de febrero, cursante de fs. 19 a 20 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expuestos precedentemente.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0844/2025-S3 Sucre, 5 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 62175-2024-125-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 06/2024 de 22 de febrero, cursante de fs. 19 a 20 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por América Ríos Quispe en representación sin mandato de Ericson Leonardo Flores Ampuero contra Félix Orlando Rojas Alcón y Henry David Sánchez Camacho, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 21 de febrero de 2024, cursante de fs. 6 a 7, el accionante a través de su representante, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación, el 26 de diciembre de 2023, se llevó a cabo la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, en la que se emitió el Auto Interlocutorio 704/2023 de la misma fecha, que resolvió rechazar la posibilidad de defenderse en libertad; por lo que, interpuso recurso de apelación incidental que fue sorteado a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Alega que, según información brindada a sus familiares la referida Sala Penal señaló audiencia para considerar el recurso de apelación incidental para el 11 de enero de 2024; sin embargo, “hasta la fecha” -se entiende de interposición de esta acción tutelar-, no sale de despacho pese a la insistencia de su madre y de su abogada. Manifiesta que, no ingresó a la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva debido a que no había computadoras suficientes en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por lo que desconoce la decisión asumida por los Vocales accionados.
No precisó qué derecho hubiera sido vulnerado.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga que, en el día pongan a la vista el cuaderno de apelación y la resolución que se hubiese dictado.
Celebrada la audiencia pública virtual el 22 de febrero de 2024, según consta en el acta cursante a fs. 18 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante señaló que: En honor a la verdad estuvo detrás de respuesta durante casi tres semanas, y teniendo los datos proporcionados por el Tribunal de garantías, retiró la acción de libertad.
Félix Orlando Rojas Alcón, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de informe escrito presentado el 22 de febrero de 2024, cursante a fs. 14 y vta., manifestó que: a) El 11 de enero de 2024, fecha en la que se realizó la audiencia de consideración de apelación incidental, no se encontraba de turno; por lo que, no tuvo conocimiento del proceso penal del cual deviene esta acción tutelar, careciendo de legitimación pasiva; b) Al respecto la SCP 0009/2015-S1 -no precisa fecha-, establece que la falta de legitimación pasiva es la no coincidencia entre la persona o autoridad contra quien se interpuso la acción y con quien efectivamente causó la supuesta lesión de derechos; y, c) Del informe de los funcionarios de apoyo jurisdiccional, el legajo de apelación del referido proceso penal, fue devuelto al Juzgado de origen hace veintiún días atrás, por lo expuesto, solicitó se deniegue la tutela.
Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de informe escrito presentado el 22 de febrero de 2024, cursante de fs. 16 a 17, manifestó que: 1) El 11 de enero de 2024, se celebró la audiencia de consideración de apelación incidental, en la que se emitió el Auto de Vista 49/2024; 2) De acuerdo al informe emitido por el personal de apoyo jurisdiccional el legajo de apelación fue devuelto 1 de febrero de 2024, tal como se evidencia del oficio de devolución que adjuntó a su informe; y, 3) Su persona no tiene atribuciones para remitir o devolver actuaciones a los juzgados de origen; por lo que, no cuenta con legitimación pasiva; y en virtud a ello, solicitó se deniegue la tutela.
El Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 06/2024 de 22 de febrero de 2024, cursante de fs. 19 a 20 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Félix Orlando Rojas Alcón, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, manifestó que el día que se celebró la audiencia de consideración de la apelación incidental, no se encontraba de turno; por lo que, el accionante no cumplió con la legitimación pasiva; y, 2) Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, consideró el recurso de apelación incidental presentado por el impetrante de tutela contra la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva, emitiendo el Auto de Vista 49/2024, devolviéndose el legajo de apelación al juzgado de origen el 1 de febrero de 2024, mediante CITE 105/2024 de la misma fecha, consecuentemente se infiere en cumplimiento al principio de verdad material que el referido Vocal accionado no vulneró el principio de celeridad como se denunció en esta acción tutelar bajo la modalidad traslativa o de pronto despacho.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-04/2024 de 9 de mayo cursante de fs. 25 a 31, se dispuso la optimización en la gestión de acciones de libertad; por lo que, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional procedió con el sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio 704/2023 de 26 de diciembre, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva presentada por Ericson Leonardo Flores Ampuero -ahora accionante-, y ante la interposición del recurso de apelación incidental, dispuso que por Secretaría se remita obrados a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 4 a 5 vta.). II.2. Cursa CITE 105/2024 de 1 de febrero, a través del cual la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, devolvió actuados del recurso de apelación incidental presentado dentro del proceso penal seguido contra el accionante, al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del señalado departamento (fs. 15).
El accionante a través de su representante, sin señalar qué derecho le fue lesionado, argumentó que a pesar de haberse desarrollado la audiencia de consideración de apelación incidental interpuesta contra la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva, el 11 de enero de 2024, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar los actuados continuaban en despacho de los Vocales ahora accionados. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0427/2025-S3 de 23 de mayo, respecto al momento procesal para realizar el retiro de la acción de libertad, haciendo cita a la SCP 0103/2012 de 23 de abril, estableció que: “…debe precisarse que incluso para dar lugar a un desistimiento y/o retiro de la acción de libertad ante la restitución del derecho lesionado; dicha solicitud -presentada de forma expresa por la parte peticionante de tutela- debe ser realizada hasta antes de señalado el día y hora de la audiencia pública, único momento procesal en el que es factible el retiro de la acción de libertad. Estableciendo sobre el particular, la SCP 0103/2012 de 23 de abril, cambiando el razonamiento asumido en las SSCC 1229/2010-R y 1425/2011-R -que permitía el desistimiento y/o retiro de la demanda ante la restitución del derecho lesionado-, que: ‘…Conforme las normas constitucionales que disciplinan la acción de libertad (art. 125 y ss. de la CPE), la única oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad, es hasta antes de señalado el día y hora de la audiencia pública; es decir, cualesquiera de estas actuaciones (retiro o desistimiento) serán inadmisibles después de esta actuación procesal (señalamiento de día y hora de audiencia pública) por las siguientes razones: a) De orden procesal. Existe mandato constitucional expreso respecto al procedimiento al que debe sujetarse el juez o tribunal de garantías.
Tiene el deber de señalar de inmediato día y hora de la audiencia pública, la que tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas de interpuesta la acción (art. 126.I de la CPE), y -después de cumplidas las formalidades procesales- ésta (la audiencia pública) no puede suspenderse en ningún caso (art. 126.II de la CPE), por lo mismo, tiene la obligación de dictar sentencia en el fondo, incluso bajo responsabilidad (art. 126.III de la CPE), último aspecto que el legislador constituyente ha decidido incidir -a diferencia de la Constitución abrogada-.
b) De orden sustantivo. La Norma fundamental, establece y regula el procedimiento antes mencionado con mandatos expresos al juez o tribunal de garantías incluso bajo responsabilidad no como un fin en sí mismo, sino en razón a que la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva; es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada’” (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original).
En cuanto a la legitimación pasiva en la acción de libertad, este Tribunal a través de la SCP 0185/2025-S3 de 31 de marzo, estableció que: «“…es un requisito insoslayable al momento de ser planteada la misma, con la finalidad de efectivizar en este caso las vulneraciones establecidas en el art. 125 de la CPE, que tiene que ver con uno de los derechos fundamentales protegidos por la misma, como es el de la libertad, es así que la SCP 1485/2014 de 16 de julio, señaló que: ‘La legitimación pasiva se constituye en un requisito esencial para la activación de la acción de libertad, la misma identifica a la persona o autoridad que presuntamente vulneró algún derecho fundamental, debiendo dirigirse la acción tutelar contra el sujeto que lesiono los derechos, dicha exigencia radica en que, el sujeto infractor será pasible a las sanciones emergentes de las acciones u omisiones atribuidas a él.
…la jurisprudencia establecida en la SC 0483/2011-R 25 de abril, entre otras, recogiendo el razonamiento de la SC 1651/2004-R de 11 de octubre, es clara al establecer que: ‘…es ineludible que el recurso sea dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, ello debido a la falta de legitimación pasiva, calidad que de acuerdo a lo sostenido por la SC 0691/2001-R de 9 de julio, reiterada en las SSCC 0817/2001-R, 0139/2002-R, 1279/2002-R y otras, 7 se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción”’».
Sobre el particular, SCP 0428/2025-S3 de 23 de mayo, haciendo cita a la SCP 0002/2019-S1 de 7 de enero, estableció que: «…en cuanto a los trámites y solicitudes cuando una persona se encuentra privada de libertad éstas deben ser atendidas con la mayor celeridad, por encontrarse de por medio la libertad de las personas en ese entendido (…) “El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-: ‘…puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’”.
(…) De donde se colige que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional, el habeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad (…).
La jurisprudencia citada, ha señalado que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad» (las negrillas corresponden al texto original).
El accionante a través de su representante, sin señalar qué derecho le fue lesionado, argumentó que a pesar de haberse desarrollado la audiencia de consideración de apelación incidental interpuesta contra la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva, el 11 de enero de 2024, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar los actuados continuaban en despacho de los Vocales ahora accionados. De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, se tiene que, por Auto Interlocutorio 704/2023 de 26 de diciembre, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva presentada por Ericson Leonardo Flores Ampuero -ahora accionante-, y ante la interposición del recurso de apelación incidental, dispuso que por Secretaría se remita obrados a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (Conclusión II.1). Una vez emitido el Auto de Vista que resolvió el mencionado recurso de apelación, los Vocales ahora accionados, devolvieron el legajo de apelación al Juzgado de origen mediante CITE 105/2024 de 1 de febrero (Conclusión II.2). Consideraciones previas Antes de analizar la problemática puesta a conocimiento de este Tribunal, es necesario hacer alusión a la etapa procesal en la que se puede efectivizar el retiro de la acción de libertad, en ese sentido, la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, establece que la única oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad, es hasta antes de señalado el día y hora de la audiencia pública; en el presente caso, el accionante a través de su representante sin mandato, retiró la acción de libertad al momento de su intervención en la audiencia de garantías, es decir, fuera del momento procesal oportuno, por tal motivo, no es posible considerar el señalado retiro, correspondiendo analizar lo denunciado por el peticionante de tutela. Asimismo, de acuerdo al informe presentado por Félix Orlando Rojas Alcón, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora accionado-, y que no fue refutado por el accionante, el nombrado Vocal no se encontraba de turno el 11 de enero de 2024, fecha en la que se celebró la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental presentado por el impetrante de tutela, por lo que, al no haber conocido ni resuelto el mencionado recurso de apelación, carece de legitimación pasiva, correspondiendo denegar la tutela con relación a este, en el marco de lo establecido por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional. Del caso concreto
Establecido como se tiene el objeto procesal, se tiene que la problemática identificada en la presente acción de defensa, converge en que -a criterio de accionante-, los Vocales accionados, a pesar de haberse desarrollado la audiencia de consideración del recurso de apelación el 11 de enero de 2024, los antecedentes continuaban en despacho de los mismos, lo que le impedía al peticionante de tutela, conocer la determinación asumida, tomando en cuenta que no pudo asistir a dicho acto procesal debido a que el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, no contaba con suficientes computadoras. Ahora bien, de la revisión de los antecedentes desglosados precedentemente y conforme a lo informado por los Vocales accionados, la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental presentado contra el Auto Interlocutorio 704/2023 de 26 de diciembre, fue celebrada el 11 de enero de 2024, por Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien emitió el Auto de Vista 49/2024 de la indicada fecha. Asimismo, conforme al CITE: 105/2024 de 1 de febrero, se tiene que se devolvió antecedentes del proceso penal seguido contra el accionante al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del mencionado departamento en igual fecha, de acuerdo al cargo de recepción del referido Juzgado. En esa línea de análisis, se puede establecer que los antecedentes del recurso de apelación incidental presentado por el accionante, fueron devueltos al Juzgado de origen veinte días antes a la interposición de esta acción tutelar, de lo que se infiere que no es evidente que el legajo de apelación continuaba en el despacho del Vocal accionado, que celebró la audiencia de consideración del indicado recurso ni que se haya incurrido en dilación indebida en la devolución de los mencionados antecedentes. En ese marco, no es posible conceder la tutela que brinda la acción de libertad traslativa o de pronto despacho que, conforme a la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; en el caso de autos, y de los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, se infiere que el Vocal accionado, no incurrió en una dilación indebida ni lesionó el principio de celeridad que importe retardación de justicia y menos que se haya evitado resolver la situación jurídica del accionante que al momento de interponer la acción de libertad que se analiza se encontraba privado de libertad, más aún si, como se precisó líneas arriba, el legajo de apelación fue devuelto al Juzgado de origen antes de la interposición de este mecanismo de defensa constitucional. Por lo expuesto, al no ser evidente lo denunciado por el accionante, y no haberse demostrado dilación indebida por parte del Vocal accionado, al momento de conocer, resolver y devolver los antecedentes del recurso de apelación incidental presentado por el accionante, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2024 de 22 de febrero, cursante de fs. 19 a 20 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expuestos precedentemente. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo.Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA Fdo. Angel Edson Davalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0844_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): ced985911ce7e5fcf6a365ea6849247e6ee98e60161c6ca292d286275c82146f
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