Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 25 de julio de 2023
Concede en parte la tutela
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Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 02/2022 de 9 de abril, cursante de fs. 113 a 114 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a la primera problemática en su primera parte, sobre la lesión del debido proceso en su vertiente celeridad; asimismo, respecto a lo resuelto en la segunda, tercera y última problemática; disponiendo, dejar sin efecto el Auto de 6 de abril de 2022, debiendo la autoridad demandada, substanciar a la brevedad la audiencia de consideración de modificación de medidas cautelares del impetrante de tutela, si es que hasta la fecha no se habría llevado adelante; así como las salidas médicas, y la suspensión temporal del proceso, ordenando efectivizar de inmediato los oficios al Colegio Médico de Bolivia y al SLIM. 2° DENEGAR respecto a la segunda parte de la primera problemática; así como lo resuelto en la primera parte de la cuarta problemática planteada, merced a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0818/2023-S1 Sucre, 25 de julio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 47337-2022-95-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 02/2022 de 9 de abril, cursante de fs. 113 a 114 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Nelson Cauna Mamani contra Sandy Madeleine Rodríguez Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Caranavi del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 8 de abril de 2022, cursante de fs. 1 a 3, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Como antecedente, señala que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancias de Edwin Viza Pocoaca por el presunto delito de avasallamiento, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Caranavi del departamento de La Paz., el 28 de octubre de 2021, mediante Resolución “376/2020-P”, dispuso su detención domiciliaria; medida que, fue agravada a través de Resolución 54/2022-P de 4 de febrero de revocatoria, que fijó una fianza de Bs20 000.- (veinte mil bolivianos) de imposible cumplimiento. En consecuencia, se conculcaron sus derechos, de la siguiente manera: a) El 25 de marzo de 2022, solicitó la modificación de medidas cautelares; siendo observada de manera ilegal por Decreto de 28 del mismo mes y año; por lo que en la misma fecha, presentó documentos que sustentan la modificación, además de pedir la suspensión temporal del proceso, ya que el art. 86 del Código de .
Procedimiento Penal (CPP) prevé dicho extremo, previo reconocimiento psiquiátrico; evidenciándose la existencia de un oficio remitido al Colegio de Psicólogos para que eleve terna de profesionales, lo cual no corresponde, puesto que tal valoración debe realizarla un Psiquiatra Forense.
b) El 29 de marzo de 2022, ingresó otro memorial, acreditando su estado de salud mental pidiendo la modificación de medidas cautelares ya que el Informe Psicológico de Salud Mental es categórico cuando señala: “NELSON CAUNA MAMANI, NO SE ENCUENTRA CON LA CAPACIDAD MENTAL Y APTITUDINAL PLENAS, TAMPOCO CUENTA CON IDONEIDAD MENTAL para toma de decisiones” (sic); y, solicitó se deje sin efecto las medidas cautelares; en consecuencia, por Decreto del día siguiente, se señaló audiencia para el 20 de abril del mismo año juntamente con la exclusión temporal del proceso; sin embargo, ni el oficio al Servicio Legal Integral (SLIM) de Caranavi, ni el oficio al Colegio Médico de Bolivia para la terna de peritos fue firmada por la autoridad hasta la presentación de la esta acción de defensa.
c) Esta falta de modificación de medidas cautelares se ve agravada por la pronunciación del Auto de 6 de abril de 2022, que le fue notificada a última hora, dejando sin efecto el señalamiento de audiencia de modificación de medidas cautelares de 30 de marzo de ese año, pretendiendo aplicar la SCP 0540/2016-S2 de 27 de mayo, cuando esa línea fue superada por la SCP 0618/2019-S1 de 13 de septiembre.
d) Expresa como agravio que, la autoridad pretende despojarse de su competencia para conocer y resolver todos los incidentes y excepciones en la etapa preparatoria sin que esta hubiera concluido, porque fue admitida una ampliación de denuncia y que además la petición incidental de suspensión temporal del proceso afecta a la competencia del juez cautelar y está en pleno tramite junto a la modificación de medidas cautelares, debiendo tramitar ambas solicitudes conforme a ley y en sujeción a la jurisprudencia constitucional en vigor como es la “SCP 0681/2018-S1”.
El accionante señala como lesionados sus derechos al debido proceso, a la vida vinculada a la libertad de locomoción y a la celeridad, citando al efecto los arts. 13.I, 15, 18, 22, 23.I, 37, 115.I, 178.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto el ilegal Auto de 6 de abril de 2022 y se resuelva de inmediato la solicitud de salidas médicas, modificación de medidas cautelares y la suspensión temporal del proceso, ordenando efectivizar de inmediato los oficios al Colegio Médico de Bolivia y al SLIM.
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Celebrada la audiencia pública el 9 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 107 a 112 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela, a través de su defensa técnica ratificó el tenor de su demanda, añadiendo en audiencia que: 1) Estamos ante una persona privada de libertad que requiere atención médica y psicológica, no solo es una persona con un grado de discapacidad ya que padece problemas psicológicos, y tiene que ser evaluado por un psiquiatra y un neurólogo forense para determinar su estado de salud; sin embargo la autoridad ahora demandada, pasó por alto este extremo y no lo compulsó conforme lo ordena el estándar más alto; esto, respecto al certificado psicológico o de salud mental; 2) Por informes de febrero de 2020 y de 4 de febrero de 2021 el Psicólogo del SLIM señaló que el accionante de 32 años, no tiene capacidad ni la idoneidad mental para que tome decisiones y emita cualquier declaración; 3) Por memorial de 28 de marzo de 2022, decretado el 4 de abril de ese año, se le solicitó que valore esos documentos médicos, que se realice un reconocimiento psiquiátrico, que no es una valoración médica, sino que está reglada por el art. 86 del CPP; 4) Por Decreto de 30 de marzo del mismo año, se señaló audiencia virtual de modificación de medidas cautelares y suspensión temporal del proceso para el 20 de abril del igual año, habiendo sido notificados con antelación de cualquier requerimiento, “no hemos interpuesto señor Magistrado esta determinación de 20 de abril en razón a la distancia de Caranavi a La Paz y entregar el oficio al Colegio Médico para que designe a los profesionales para que se constituyan en Caranavi, parecía un tiempo razonable, y dos nótese que hoy estamos a 9 de abril de 2022 y recién ayer se nos ha extendido los oficios, estamos a 11 días de aquel señalamiento de audiencia donde debe resolverse la situación jurídica del hoy imputado, en relación a la su situación de libertad, en y en cuanto no se resuelva su solicitud, esta como un ilegal privado de libertad, por lo cual procede la acción de libertad de pronto despacho, sino también procede la acción de libertad correctiva…” (sic); 5) Mediante memorial de 1 de abril de 2022, se solicitó se conceda la salida judicial al SLIM y al Hospital Municipal de Caranavi, siendo denegada mediante Decreto de 4 de similar mes y año; en sentido que previamente debe aclararse la pretensión con relaciona la fecha exacta de su salida, debiendo ser preciso en su solicitud; 6) La autoridad ahora demandada, no revisó el certificado médico, pues el médico recomendó que el paciente debe realizarse una valoración especifica por una psicóloga y psiquiatra a la brevedad posible; 7) No solamente están ante una acción de libertad de pronto despacho, sino también frente a una acción de tipo correctiva, porque la vida del accionante corre riesgo, eso lo dice el certificado médico; lamentablemente, no existe psiquiatría forense en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF); pero se debe anteponer ante cualquier formalidad a fin de precautelar el derecho a la vida de un privado de libertad; y, en ese certificado médico se señaló claramente valoración por psiquiatría y psicología; 8) Realizar viajes, lo indispone, no puede realizar viajes a La Paz, y lógicamente se tiene que agotar los servicios médicos de segundo nivel, y en Caranavi se cuenta con un profesional en “SIRECA”, pero esta salida médica solicitada fue negada; un primer aspecto que se .
debe considerar para determinar la tutela, ya ingresando en la excepción o petición incidental pendiente y es la suspensión condicional del proceso, el juez cautelar, mientras no se encuentre radicada la causa (sigue siendo competente) es una determinación gravosa que se está impugnando; la jurisprudencia ha sido clara al señalar que, cuando se trata de un daño irreparable se puede acudir a este mecanismo; no se trata de señalar alguna irresponsabilidad a la autoridad accionada y la defensa del accionante no tiene ningún de reclamo a título personal; sino simplemente pide se verifique que la autoridad accionada no ha constatado con el test de proporcionalidad de acuerdo a la “SCP 540/2016-S2 de 27 de mayo”, que ha sido superada; 9) No están solicitando que se modifique con otro plazo, sino que se deje sin efecto el “Auto de 2022” por carecer de fundamentación y motivación; este Auto de 6 de abril de 2022, no contiene un por tanto, tiene una parte inicial de ocho líneas en dos párrafos, luego pasa a resolver mediante un decreto; y a lo principal deja sin efecto el señalamiento de audiencia; esa es una determinación “sui generis” no se sabe si es auto o decreto, vulnerando el debido proceso a la libertad y a la salud del peticionante de tutela; y, 10) Pide se ordene resolver la solicitud de salidas médicas del peticionante para que pueda asistir a un centro de salud y con su resultado se obrara conforme a ley; en tanto no exista prueba idónea.
Sandy Madeleine Rodríguez Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Caranavi del departamento de La Paz, en audiencia, señaló: i) Dentro del proceso existen 2 imputados y el último acto procesal que se llevó a cabo es un revocatoria de medidas cautelares, en la que se definió revocar las mismas por el incumplimiento de ambos imputados; ii) Con relación a la solicitud de aplicación del art. 88 del CPP al ahora accionante, se debe establecer que el art. 86 del mismo código, es claro y preciso, pues establece que mediante el proceso si el imputado padece una enfermedad mental, el Juez podrá solicitar su reconocimiento psiquiátrico y de acuerdo a ello, será el juez que suspenda el proceso hasta que desparezca su incapacidad con prueba plena comprobada conforme un reconocimiento psiquiátrico; si bien en el cuaderno de control jurisdiccional cursa un informe emitido por el SLIM, sus funciones están en el art. 50.2 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 13 de marzo de 2013-; y, entre sus competencias, en ninguna parte dice atención psiquiátrica, sino que se encargan de brindar terapia psicológica especializada individual y grupal con enfoque de género, orientando respecto a procedimientos para denunciar ante instancia administrativa, policial en materias penal, familiar, laboral, civil o cualquier otra en la que sus derechos sean menoscabados como consecuencia de hechos de violencia y que se intervendrá de manera inmediata ante la denuncia de un hecho de violencia contra una mujer, brindando patrocinio legal gratuito en instancias administrativas, policiales y judiciales para la prosecución de los procesos hasta conseguir una sentencia firme, promoviendo la difusión, defensa y ejercicio de los derechos de las mujeres con la participación activa de las y los ciudadanos, desarrollando acciones de prevención, en coordinación con instituciones públicas, privadas y organizaciones de mujeres y otras que hablan, cada una solo en caso .
de las mujeres en grado de violencia; iii) En ningún momento se dio cumplimiento al art. 86 pues no se puede valorar, ni realizar, una audiencia mediante un certificado psicológico que no es el correcto, porque la ley es clara y precisa cuando manifiesta, que debe ser un reconocimiento psiquiátrico, no así psicológico; con relación al estado médico o de salud grave del accionante, se debe establecer lo siguiente: cursa un certificado médico, el primero de 25 de marzo de 2022, firmado por el Cesar Ramírez, que tiene una especialidad de cirugía general, del cual no se puede establecer, que el paciente necesite una valoración psiquiátrica, o psicológica; sin embargo, a raíz de dicho certificado, se debe advertir que en ninguna parte se establece que necesita atención médica, por el estado de salud que encuentra, simplemente manifiesta, recomienda que el paciente se deba realizar una valoración especifica por especialidad de psiquiatría, y psicología a la brevedad posible, sin embargo, no establece cual es el riesgo, mucho menos a que especialidad con relación a su salud y el mismo, ya fue atendido por el SLIM que no es una institución competente para eso, pero ha sido atendida la solicitud; iv), Asimismo, cursa otro certificado médico que se encuentra ilegible que también fue observado, que firma un médico de apellido “Cruz Cruz”, que también es médico cirujano; no se lee claramente que es lo que estableció porque está completamente ilegible, con relación a su salida médica, por el estado crítico de salud en el que se encuentra conforme lo ha manifestado el abogado accionante, nunca lo negó, simplemente pidió, que la parte impetrante aclare su solicitud respecto a los días; no se puede disponer que salga todos los días al hospital sin saber a qué unidad, a qué tipo de valoración o si la valoración va ser neurológica, cardiaca, o en alguna otra especialidad, todos estos extremos fueron observados por el memorial de 1 de abril de 2022, y en el otrosí 3, solicitó se le conceda salida médica a “SIRECA”, SLIM y Hospital Municipal de Caranavi, a objeto de tratamientos médicos y psicológicos, pero no establece a qué lugar irá, que día, a que especialidad, si va a ser martes, miércoles, toda la semana, o todo el mes, por lo que solicitó que previamente deberá aclarar, debiendo ser precisa a su solicitud; v) De ninguna manera se le negó su salida médica, ni tampoco se definió el riesgo médico que tendría, con relación al su asistencia al SLIM, se le hizo una valoración psicológica y con relación al “SIRECA” nuevamente, no existe una fecha, un día y hora exacta de la salida médica; con relación al Decreto de 6 de abril de 2022, se debe establecer de manera clara y precisa que la “SCP 0011/2018-S1 del 28 de febrero”, abarca diferentes aspectos, que no pueden ser aplicados a esta situación, mucho menos son vinculantes, “se deberá notificar al perito designado y luego deberá agendar la fecha si es que va venir, o probablemente que sea el ahora imputado el que debe salir a La Paz o no se acepte la designación; lo que no condice con las Resolución “011”, se ha suspendido porque, una vez que la acusación formal es presentada, esta autoridad, no puede prolongar” (sic); vi) En el caso de la “SCP 011/2018-S1”, lo vocales disponen que en el plazo de veinticuatro horas el juez lleve a cabo la audiencia a la detención preventiva, en este caso no existe la prueba psiquiátrica, con el que se pueda llevar ahora mismo la audiencia porque está sometida a la designación de un médico psiquiátrico que disponga el colegio médico, lo que no se puede establecer y que no puede prorrogar su competencia, ahora bien, si se remite el cuaderno, la ley es clara, en el art. 86 del CPP que .
también el juez o tribunal podrá ordenar y podrá suspender el proceso si correspondiera, no es que si no se lleva en instrucción, no se va poder llevar en el proceso y vamos a violar el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, se va poder llevar tanto en el tribunal, como en instrucción; sin embargo, en instrucción no puede prorrogar su competencia, y ahora si no se radica la causa en el tribunal de sentencia, y observan alguna situación que deba subsanar, o se deba rehacer algo, obviamente entonces, sigue siendo competente, porque no se radicó la causa, pero si es que, llegan los peritajes que se necesita y ya está en el tribunal de sentencia radicado, serán ellos quienes lleven la audiencia, aclarando que la SCP “001/2018-s1” es clara, y no se trata de un caso similar; vii) Con relación a que su personal había retrasado la remisión de oficios, es complemente falso, toda vez que la acción de libertad fue presentada a horas 12:15, y la misma persona que presentó la acción al tribunal de sentencia, es “Martha Argote”, quien recoge los oficios a horas 11:50 y la acción de libertad es presentada a horas 12:00 posterior a que ella misma recogiera los oficios.
Freddy Tarqui Mamani, representante del Ministerio Publico, en audiencia señaló: a) Se debe adecuar su actuar mediante los principios de la normativa eso como primera consideración; b) Como segunda consideración, la pretensión en la presente acción de libertad es la suspensión del proceso, la modificación de la medida cautelar, en sí no es un fin en sí mismo, sino el producto de algo de un conjunto de elementos; y, c) El art. 86 (del CPP) señala que para que la autoridad jurisdiccional emita una resolución de suspensión del proceso, debe existir de manera objetiva, un informe psiquiátrico emitido por el perito; consecuentemente otros documentos no son documentos idóneos, por lo tanto no puede fundarse una suspensión en un documento no motivado; ante esa situación, se debe cumplir con el art. 86 del CPP para solicitar si corresponde la suspensión, modificación del proceso, por lo que amerita que en el caso se obre conforme a procedimiento y de acuerdo a lo que informe el perito.
Por su parte Rubén Herrera Medrano, psicólogo del SLIM de Caranavi del departamento de La Paz; expresó que las valoraciones psicológicas que realiza es especialmente a mujeres en situación de violencia y con problemas emocionales, siendo el seguimiento por terapia; y que, también realiza valoraciones a requerimiento del Ministerio Público.
El Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, mediante Resolución 02/2022 de 9 de abril, cursante de fs. 113 a 114 vta., denegó la tutela solicitada, sobre la base de los siguientes fundamentos: 1) De la revisión de los antecedentes, se establece que el ahora accionante, por Auto 314/2021-P de 28 .
octubre, emitido por el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Caranavi del departamento de La Paz y ratificado por Auto de Vista 624/2021 de 6 de noviembre, proferido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se determinó su detención domiciliaria; 2) En cuanto a la situación actual del proceso, de la revisión del cuaderno de control jurisdiccional, se tiene el requerimiento conclusivo de acusación suscrito por el Fiscal de Materia, Freddy Tarqui Mamani; y, por Decreto de 6 de abril de 2022 se ordenó la remisión de antecedentes al Tribunal o Juzgado de Sentencia Penal correspondiente; 3) Se estableció conforme el art. 325.I del CPP, que la jueza o el juez de instrucción dentro del plazo de veinticuatro horas, previo sorteo a través del Sistema Informático de Gestión de Causas remitirá antecedentes al juez o tribunal de sentencia, bajo responsabilidad; disposición normativa, que tiene por objeto procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos; vale decir, la aplicación del principio de celeridad en los diferentes etapas del proceso penal en el menor tiempo posible; 4) Consecuentemente, la autoridad ahora demandada cumplió con la norma prescrita conforme a procedimiento, no observando que hubiera señalamiento de audiencias de consideración de incidente o excepción, de cesación a la detención preventiva o modificación de medidas cautelares de detención domiciliaria anteriores al requerimiento de acusación fiscal, como se tiene modulado por la amplia jurisprudencia existente al respecto, menos aún conforme los datos del proceso; y, en esta audiencia, no se demostró por el ahora accionante los mismos extremos; 5) En cuanto a las Sentencias Constitucionales invocadas por el accionante, la SCP 0618/2019 de 13 de septiembre y 0681/2018-S1 de 26 de octubre, la primera trata de una excepción de incompetencia; y la segunda en cuanto a las solicitudes de cesación a la detención preventiva o modificación de medidas cautelares de detención domiciliaria; que, en este caso, no son aplicables, toda vez que cumplen la función de llenar lagunas jurídicas de las leyes establecidas y si bien tienen características de ser precedentes fundadoras, moduladoras, modificadoras y reconductoras, para ser vinculantes sus razonamientos, deben ser de casos análogos en materia y asunto discutido; 6) El presente caso, se trata de una modificación de medidas cautelares referentes a la suspensión del proceso; por otra, la autoridad demandada invocó la SCP 0540/2016-S2 de 27 de mayo, si bien es referente a la perdida de competencia del juez de control jurisdiccional por la presentación de requerimiento de acusación fiscal, también concluyó que si no hay un Decreto de radicatoria por el juez o tribunal de sentencia, sigue la competencia del Juez de Instrucción Penal; 7) En la presente acción tutelar, conforme el informe del Secretario del Tribunal de Sentencia Penal de Caranavi se estableció que en el proceso en cuestión, no se remitió, menos aún podría existir la correspondiente radicatoria; y, 8) Siendo que el accionante esta con detención domiciliaria, se estableció que la solicitud de 29 de marzo de 2022 es referente a la modificación de medidas cautelares relacionadas a la suspensión del proceso por enajenación mental; y no, a la libertad propiamente dicha del accionante; máxime, si ese incidente puede ser interpuesto y resuelto en cualquier etapa del proceso conforme tiene estipulado en el art. 86 del CPP; por otra parte, se tiene establecido el derecho a la vida y salud consagrado en nuestra Norma Suprema en sus arts. 115.I y 118.I, estas tienen que ser atendidas por la autoridad jurisdiccional conforme a procedimiento, ponderando los estándares internacionales referentes sobre derechos humanos y derechos fundamentales a la vida y la salud; de ello, se .
concluye que la autoridad demandada no quebrantó, ningún derecho fundamental o garantía constitucional alegado por el accionante.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial de 25 de marzo de 2022, Nelson Cauna Mamani -ahora accionante-, solicitó a la Jueza ahora demandada, se admita el patrocinio de su abogado y la modificación de las medidas cautelares por otras menos gravosas a la detención domiciliaria (fs. 80). Por Proveído de 28 del mismo mes y año, la citada autoridad dispuso por apersonado a su abogado; y en cuanto a la solicitud de modificación de las medidas cautelares, determinó que previamente adjunte elementos de convicción, para la modificación solicitada (fs. 81). II.2. Consta memorial de 28 de marzo de 2022 presentado por Nelson Caune Mamani -ahora accionante- quien solicitó a la Jueza ahora demandada, reconocimiento psiquiátrico y la suspensión temporal del proceso, adjuntando el certificado médico emitido por Cesar Alberto Ramírez Condori, de 25 del mismo mes y año, que contiene recomendaciones para que se le realice una valoración especifica por la especialidad de psiquiatría y psicología a la brevedad posible por riesgo vital, cuya valoración médica, señala “DESORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA” por lo que es precisa la intervención del IDIF a través de Medicina Forense que cuenta con un psiquiatra; y, de acuerdo al art. 86 del CPP le pidió ordenar el Reconocimiento Psiquiátrico por el IDIF y con su resultado se determine la “Suspensión Temporal del Proceso”. En su otrosí primero, agrego que: la autoridad fiscal emitió requerimiento para valoración psicológica al SLIM, que no fue cabalmente cumplida; por ello también pidió Orden de Salida para constituirse ante el SLIM de Caranavi para la valoración psicológica; y, ante el Hospital Municipal de la misma localidad con el mismo motivo (fs. 64 a 66). Por Proveído de 29 de marzo de 2022 la Jueza ahora demandada, resolvió indicando que, tomando en cuenta el art. 86 del CPP que por Secretaria de su despacho se oficie al Colegio de Psicólogos y Psiquiatras a efectos de que remitan una terna de psiquiatras para que pueda ser elegido por esa autoridad para que realice la valoración psiquiátrica y determinar si el accionante padece alguna enfermedad mental que le impida comprender los actos del proceso (fs. 90). II.3. Por memorial de 29 de marzo de 2022, presentado por el ahora peticionante de tutela, con la suma “ACREDITA CON INFORME PSICOLOGICO ESTADO DE SALUD PSICOLOGICA Y PIDE LA INMEDIATA MODIFICACION DE MEDIDAS CAUTELARES Y LA SUSPENSION TEMPORAL DEL PROCESO” (sic), señaló que por la mañana de ese día, presentó Solicitud de Reconocimiento Psiquiátrico por parte del IDIF, y que lamentablemente dicha instancia no cuenta con profesional en psiquiatría; que, sin embargo, Cesar Alberto Ramírez Condori, médico, expidió un Certificado sobre la atención prestada al imputado , .
“CORRESPONDIENDO SE TRAMITE DE IMEDIATO LA MODIFICACION DE MEDIDAS CAUTELARES Y LA SUSPENSION TEMPORAL DEL PROCESO en atención a los arts. 5, 86 y 250 del CPP; señalando que dicho Informe Psicológico del Estado de Salud Mental, determinó que: NELSON CAUNA MAMANI NO SE ENCUENTRA CON LA CAPACIDAD MENTAL Y APTITUDINAL PLENAS, TAMPOCO CUENTA CON IDONEIDAD MENTAL para la toma de decisiones y verter cualquier declaración, que el considere pertinentes…” (sic). Por lo que solicitó se convoque de inmediato a audiencia pública para que pueda modificar las medidas cautelares dejándolas sin efecto y consiguientemente la suspensión temporal del proceso (fs. 99 a 100). II.4. Por Proveído de 30 de marzo de 2022, la Jueza ahora demandada, tuvo presente el memorial de 29 de ese mes y año, señalando que “previamente a considerar el certificado médico, el mismo deberá venir en original y legible, se señala audiencia virtual de modificación de medidas cautelares y suspensión temporal del proceso, para el día miércoles 20 de abril del “2021” a horas 15:00, sea con las formalidades de ley, debiendo las partes procesales cumplir con el protocolo de audiencias virtuales” (sic [fs. 101]). II.5. Consta Certificado Médico, ilegible en parte, firmado por Médico Cirujano de apellidos Cruz Cruz, que señala: “…el paciente con C.I. 6155335 La Paz tiene Discapacidad Cognitiva Leve, Trastorno Obsesivo Compulsivo” (sic [fs. 92]). II.6. Por memorial de 1 de abril de 2022, el ahora accionante reiteró a la Jueza ahora demandada que: “acreditado por informe psicológico estado de salud mental. pide la inmediata modificación de medidas cautelares” (sic), considerando que dicho informe estableció que: “Nelson Cauna Mamani no se encuentra con la capacidad mental y aptitudinal plenas, tampoco cuenta con idoneidad mental para la toma de decisiones y verter cualquier declaración, que el considere pertinentes…” (sic). Agregando, además, que la intervención del IDIF era necesaria, pero no cuenta con psiquiatra, por lo que reiteró que, convoque de inmediato a audiencia pública para que pueda modificar las medidas cautelares dejándolas sin efecto. también dirigió oficio al colegio de psicólogos para el envío de una nómina de profesionales en psiquiatría con especialidad o post grado en psiquiatría forense para realizar la valoración psiquiátrica. En su otrosí 3 agregó: “Solicito de su autoridad CONCEDER LA SALIDA MEDICA A CIRECA, SLIM y HOSITAL MUNICIPAL DE CARANAVI a objeto de tratamientos médicos y psicológicos que requiera mi persona” (sic [fs. 103 a 104]). II.7. Por Proveído de 4 de abril de 2022, la Jueza ahora demandada, en atención al memorial de 30 de marzo de 2022, tuvo presente dicho memorial señalando: “…con relación al señalamiento de audiencia la parte deberá estar al decreto de fecha 30 de marzo de 2022. AL OTROSI 1.- Por secretaria ofíciese al fin impetrado. Al OTROSI 2.- Por la secretaria de este despacho judicial ofíciese al colegio médico a efectos de que remita una lista de psiquiatras para que realice el peritaje en psiquiatría. ALOTROSI 3.-.
Previamente el impetrante deberá aclarar su petición con relación a la fecha exacta de su salida debiendo ser preciso en su solicitud (sic [fs. 105]).
2022, presentado a horas 15:10 por el Fiscal de Materia, Freddy Tarqui Mamani, dirigido a la ahora demandada, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de Edwin Viza Pocoaca por el presunto delito de avasallamiento en contra de Nelson Cauna Mamani y otro; en cuyo Petitorio señala que en mérito al art. 323.1 del CPP y en cumplimiento al plazo de la etapa preparatoria, presenta requerimiento conclusivo de acusación formal en contra de Nelson Cauna Mamani y otro, por la comisión del delito de avasallamiento, solicitando a la autoridad jurisdiccional la remisión de la acusación Fiscal ante la autoridad juzgadora conforme el art. 325 del CPP a efectos de su juzgamiento en juicio oral, público, continuo y contradictorio. Con cargo de recepción del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Caranavi del departamento de La Paz. (fs. 38 a 53). II.9. Por memorial de 5 de abril de 2022 presentado a horas 15:10 por el Fiscal de Materia, Freddy Tarqui Mamani, puso en conocimiento de la Jueza ahora demandada: “La ampliación de denuncia y se tenga presente para fines de control jurisdiccional”, señalando que dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público la Ampliación de la denuncia en contra de Mónica Caune, Rosendo Mamani Paucara y Ninosca Huanca Gutiérrez por el delito de avasallamiento y asociación delictuosa; ello, para efectos de control de garantías constitucionales (fs. 23). II.10. Mediante Auto de 6 de abril de 2022, la Jueza ahora demandada, teniendo presente la acusación formulada por el Ministerio Público contra Nelson Cauna Mamani (ahora accionante) y otro, indicó se remita la acusación formal, más los antecedentes del caso a conocimiento del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz mediante nota de cortesía. Señalando en lo principal:
“Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 325.1 del Código de Procedimiento Penal, modificado por las Leyes 586 y 1173, en el plazo de 24 horas. REMITASE la acusación formal más los antecedentes del caso a conocimiento del Tribunal de Sentencia 1" de Caranavi, sea con nota de atención y previas las formalidades de ley. Al Otrosí y al más Otrosí. - a lo principal. Por otra parte, de la revisión de obrados se establece que, en fecha 05 de abril de 2022, se presentó ampliación de denuncia contra Mónica Caune Mamani, Rosendo Mamani Paucara y Ninosca Huanca Gutiérrez por el delito de Avasallamiento y Asociación delictuosa; en consecuencia, con la finalidad de evitar posibles observaciones o devoluciones por parte del referido Tribunal, se dispone que por Secretaria del Juzgado se franqueen y conserven fotocopias legalizadas de las piezas procesales pertinentes del caso de autos, con la finalidad de ejercer el control jurisdiccional a las actuaciones pendientes de la ampliación de la investigación, hecho lo cual, de inmediato cúmplase con la remisión precedentemente dispuesta, sea con las formalidades de ley.
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Por otra parte, atendiendo los datos del proceso, resulta necesario citar el razonamiento expresado en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0540/2016-S2 de 27 de mayo, misma que a partir de un análisis de lo previsto en el Art. 325.1 del CPP ha establecido lo siguiente: “… es de advertir que la norma procesal penal, no prevé posibilidad alguna que permita extender la competencia del Juez de Instrucción en lo Penal, para realizar actos jurisdiccionales posteriores a la presentación de la acusación formal; es decir, presentada la acusación formal el juez contralor de derechos y garantías debe remitir la acusación formal en el plazo estipulado por el legislador; no obstante, cabe aclarar que, la competencia de dicha autoridad jurisdiccional concluye con el decreto de radicatoria del juez o tribunal de sentencia, dado que es éste el acto que abre la competencia del juez o tribunal que sustanciará el juicio propiamente dicho; sin embargo, en la eventualidad de existir actos programados con anterioridad a la presentación de la acusación formal, y que deban realizarse con posterioridad a la presentación del pliego acusatorio, las mismas quedan sin efecto como consecuencia de la presentación de la acusación formal, dado que el juez de instrucción en lo penal, tiene el deber y la obligación de cumplir con los plazos procesales previstos en el ordenamiento jurídico procesal penal; así, presentada la acusación formal, es imperativo que la autoridad judicial contralor de derechos y garantías constitucionales, en cumplimiento de lo dispuesto por la norma procesal citada anteriormente, remita la acusación formal dentro del plazo de veinticuatro horas computables desde el momento de la presentación de la misma; empero, es obligación de la autoridad judicial aludida, informar o anoticiar al juez o tribunal de sentencia penal informar respecto a la imposibilidad de llevar a cabo los actos jurisdiccionales programados y posteriormente suspendidos como emergencia de la presentación de la acusación formal, dado que estos actos inconclusos deberán ser tramitadas con especial prioridad por el juez o tribunal que conocerá posteriormente la causa." En el caso de autos, mediante providencia de 30 de marzo del año en curso se señaló Audiencia de consideración de modificación de medidas sustitutivas para el día miércoles 20 de abril de 2022, es decir, dicho acto procesal fue programado con anterioridad a la presentación de la acusación fiscal y debía realizarse con posterioridad a tal presentación. Por consiguiente, conforme ha establecido la jurisprudencia constitucional precedentemente glosada, como consecuencia de la presentación de la referida acusación fiscal y por la remisión de antecedentes precedentemente dispuesta, resulta imposible llevar a cabo dicho acto procesal, motivo por el cual se deja sin efecto el señalamiento de audiencia dispuesto mediante providencia de 30 de marzo del año en curso y, por medio de la presente determinación, se informa a los Señores Jueces del Tribunal de Sentencia Penal 1° de Partido y S.S. de Sentencia Penal de Caranavi, los extremos referidos a efectos de que dicho acto procesal sea priorizado cuando asuma conocimiento de la causa, sea con las formalidades de ley (sic [fs. 54 a 55]). II.11. Por Proveído de 6 de abril de 2022 la Jueza ahora demandada, en atención al memorial de 5 del mismo mes y año de ampliación de la denuncia, tuvo presente la ampliación solicitada por el Fiscal de materia, ordenando se lo registre en el libro de control jurisdiccional (fs. 24).
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El accionante denuncia que la autoridad demandada lesionó sus derechos al debido proceso, a la vida vinculada a la libertad de locomoción y a la celeridad, incurriendo en las siguientes ilegalidades: a) Habiendo solicitado la modificación de medidas cautelares, acompañando certificación médica el 25 de marzo de 2022, esa documentación fue observada de manera ilegal por Decreto de 28 del mismo mes y año, por lo que en la misma fecha, presentó documentación respaldatoria; además de pedir la suspensión temporal del proceso al amparo del art. 86 del CPP previo reconocimiento psiquiátrico, habiendo dicha autoridad enviado oficio al Colegio de Psicólogos para que eleve terna de profesionales, lo cual no corresponde, puesto que tal valoración debe realizarla un Psiquiatra Forense; b) El 29 de marzo de 2022, ingresó otro memorial, acreditando su estado de salud mental y pidiendo modificación de medidas cautelares ya que el Informe psicológico es categórico al señalar que “…NO SE ENCUENTRA CON LA CAPACIDAD MENTAL Y APTITUDINAL PLENAS, TAMPOCO CUENTA CON IDONEIDAD MENTAL para toma de decisiones”; y solicitó se deje sin efecto las medidas cautelares, y la exclusión temporal del proceso, habiendo la autoridad señalado por Decreto de 30 del igual mes y año, una audiencia para el 20 de abril del mismo año; sin embargo, ni el oficio al SLIM Caranavi, ni el oficio al colegio médico de BOLIVIA para la terna de peritos fue firmada por la autoridad, hasta la presentación de la presente acción de defensa; c) La falta de modificación de medidas cautelares se ve agravada por la pronunciación del Auto de 6 de abril de 2022 que le fue notificado a última hora, dejando sin efecto el señalamiento de audiencia de modificación de medidas cautelares de 30 de marzo de ese año, pretendiendo aplicar la SCP 0540/2016-S2 de 27 de mayo, cuando esa línea ha sido superada por la “SCP 0618/2019- S3 de 13 de septiembre”; y, d) Expresa como agravio que la autoridad pretende despojarse de su competencia para conocer y resolver todos los incidentes y excepciones en la etapa preparatoria que no han concluido, porque fue admitida una ampliación de denuncia y que además, la petición incidental de suspensión temporal del proceso afecta a la competencia del Juez cautelar y está en pleno tramite junto a la modificación de medidas cautelares, debiendo tramitar ambas solicitudes conforme a Ley y en sujeción a la jurisprudencia constitucional en vigor como es la SCP 0681/2018-S1.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho ante vulneraciones del derecho a la libertad de locomoción; 2) El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución; 3) Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal; 4) Protección de la dignidad y los derechos de los privados de libertad; y, 5) Análisis del caso concreto.
Al respecto cabe previamente señalar el art. 8.II de la CPE, que se .
sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo, el cual resulta el vivir bien; en este sentido, se ha previsto no solo los valores generales entre los cuales figura la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se funda la jurisdicción ordinaria, entre ellos el principio de celeridad –arts. 178 y 180.I de la Norma Suprema–, el cual obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tratamiento y velando por el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la Ley Fundamental. En ese sentido, la Constitución Política del Estado, anterior y actual, ha previsto un medio de defensa para resguardar estos derechos, valores y principios a través de acciones, efectivas, oportunas e inmediatas, entre ellas, la acción de libertad, misma en una interpretación evolutiva del art. 125 de la CPE de parte del Tribunal Constitucional Plurinacional como máximo guardián de la Norma Suprema, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus –ahora acción de libertad–expuso las tipologías de esta acción, como era el habeas corpus preventivo, correctivo, señalando que la jurisprudencia constitucional agregó el habeas corpus restringido; ampliando a su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y el traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Bajo ese contexto, en mérito a la existencia de casos relacionados con la demora y dilaciones en la tramitación de las causas penales que se fueron convirtiendo en un suplicio de los justiciables, sobre todo de aquellos privados de libertad; y, además, ante la evidencia de dichas demoras el Tribunal Constitucional Plurinacional fue concediendo la tutela en los casos 1 Art. 125 de la CPE señala: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertada personal, podrá interponer Acción de Libertada y acudir, de manera oral o escrita, por si o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitara se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades o se restituya su derecho a la libertad.” 2 En su F.J.III.5 señala: “Dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a la que se le ha agregado el hábeas corpus restringido, debe considerarse también al hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho…”, como se pasa a explicar:
(…)
Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R), o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, pese a que el imputado ha cumplido con las medidas sustitutivas impuestas (SSCC 1477/2004-R, 046/2007-R, entre otras)”
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en los que se evidenció la inobservancia al principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado y cuya finalidad es garantizar el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, al efecto la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre siguiendo entre otras, la línea jurisprudencial establecida en la SCP 0112/2012 de 27 de abril, realizó una sistematización de los supuestos de dilaciones indebidas e injustificadas en los casos vinculados a la libertad.
No obstante de lo señalado, este Tribunal en mérito al análisis dinámico de la línea jurisprudencial, relacionada al ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en el Fundamento Jurídico III.2.1 de la SCP 0846/2020-S1 de 9 de diciembre, partiendo del precedente en vigor –SC 0044/2010-R– y citando entre otras las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2601/2012 de 21 de diciembre, 0997/2016-S3 de 22 de septiembre y 1180/2019-S1 de 2 de diciembre, en 3 El FJ III. 3 señala: “Del repaso de la jurisprudencia constitucional vinculada a la tramitación del recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, y con la finalidad de otorgar seguridad jurídica a los justiciables, corresponde sistematizar las subreglas que han sido delineadas por este Tribunal, conforme a lo siguiente:
i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.
ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto.
iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.
iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.
v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.
vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte…”. 4 El FJ. III.4 sostuvo que: “…De lo expresado precedentemente, se concluye que toda vez que el derecho a la libertad tiene carácter primario al encontrarse estatuido en el art. 22 de la CPE: “La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”, concordante con los art. 115 y 178.I de la Norma Suprema, como también en los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; es deber de las autoridades judiciales, resolver con la mayor prontitud los casos sometidos a su conocimiento, más aún aquellos en los que encuentre vinculado el derecho a la libertad física y de locomoción; en el caso objeto de análisis, si bien se evidencia que el representado del accionante a tiempo de interponer la acción de libertad se encontraba cumpliendo la medida sustitutiva de detención domiciliaria, empero, no puede desconocerse que con la suspensión de audiencia de consideración de modificación de medidas sustitutivas y con el señalamiento de una nueva celebración dispuesta para un mes después, indudablemente su derecho a la libertad de locomoción fue vulnerado, en ese sentido el Juez demandado, debió imprimir a la solicitud formulada la debida celeridad, en atención a encontrarse de por medio el derecho primigenio a la libertad…” (las negrillas son agregadas). 5 El FJ III.3.1 sostuvo que: “Antes de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, corresponde en principio remitirnos a la SC 0023/2010-R de 13 de abril, la cual sostuvo que: “el derecho a la libertad de circulación es como una derivación o extensión del derecho a la libertad física, toda vez que el moverse libremente en el espacio, solo puede ser ejercido si existe el derecho a la libertad física o personal, y de ahí precisamente la conexión entre ambos derechos.
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estricta observancia de los arts. 13 y 196 de la CPE, referidos a la progresividad de los derechos y la función de interpretación del Tribunal Constitucional Plurinacional, en el subtítulo III.2.1.1 del citado fallo, vio pertinente integrar y armonizar la línea jurisprudencial relativo a la tipología de acción de libertad objeto de la presente, no solo en casos en los que se tenga una persona privada de libertad sino también de aquellas personas que tengan restricción de su derecho a la libertad de locomoción, al efecto precisó:
“…Consecuentemente, es inminente, necesario y fundamental INTEGRAR la línea jurisprudencial relativa al ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, permitiendo armonizar los dos entendimientos jurisprudenciales, de manera que, esta modalidad traslativa sea aplicada no solo en casos en los que se tenga una persona privada de libertad sino también de aquellas personas que tengan restricción de su derecho a la libertad de locomoción; ello con el fin de buscar la eficacia plena de este derecho; así, cuando se tenga que definir la situación jurídica de una persona que tenga restringido su derecho a la libertad de locomoción su resolución debe ser pronta oportuna y sin dilaciones, es decir, en estricta observancia del principio de celeridad que procura no imponer la práctica de actos innecesarios atiborrados de formalismo que retrasa los trámites. De lo anotado, sin pretender ser reiterativos, conforme ya se señaló, si bien la SCP 0044/2010-R determinó el ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho a los casos en los que se denuncia lesiones al principio de celeridad vinculado a la libertad personal; bajo la integración de línea jurisprudencial efectuada, la modalidad traslativa de pronto despacho se constituye en un mecanismo procesal idóneo que busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas que eviten resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra restringida de su derecho a la libertad personal y/o de locomoción” (el resaltado es nuestro).
(…)
Consecuentemente, sobre la base de los principios de favorabilidad, e interpretación progresiva, el derecho a la libertad de locomoción, se encontraría bajo la tutela de la acción de libertad prevista en el art. 125 y ss., de la CPE en los supuestos anotados precedentemente; por tanto, todas aquellas restricciones a la libertad de circulación-locomoción con las puntualizaciones supra mencionadas, deben ser protegidas a través de la acción de libertad.
En ese sentido, se tiene que la presente temática –falta de resolución de solicitud de levantamiento de arraigo, pese haber transcurrido casi un mes desde su presentación hasta la interposición de la presente acción de libertad–, se encuentra directamente vinculado con el derecho a libertad de locomoción o de circulación del hoy accionante, mismo que se encuentra dentro del ámbito de protección de la acción de libertad…”.
6 El FJ III.4 manifestó que: “Identificada la problemática planteada en la presente acción tutelar, en primera instancia es necesario establecer que la limitación al derecho a la libertad de locomoción, se encuentra directamente vinculada al derecho a la libertad personal, como se tiene del Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, manteniéndose en el caso subsistente su restricción por la vulneración del principio de celeridad procesal, puesto que el último proveído de 28 de junio de 2019, emitido por la Jueza –hoy demandada–, constituye una directa restricción al derecho a una resolución pronta y oportuna de la situación jurídica de los accionantes en torno a la vigencia de las medidas cautelares, pues difiere indebidamente su tratamiento a la eventualidad de que la Sentencia S-24/2018 adquiera la calidad de cosa juzgada vulnerando el principio de celeridad sin que la reposición sea un recurso idóneo para ello; consecuentemente, la supuesta subsidiariedad alegada tanto por la autoridad demandada como por la Jueza de garantías, carece de mérito, correspondiendo el análisis de fondo.
En este entendido es de resaltar que de acuerdo al contenido normativo del art. 364 del CPP “La sentencia absolutoria ordenará la libertad del imputado en el acto, la cesación de todas las medidas cautelares personales y fijará las costas y, en su caso, declarará la temeridad o malicia de la acusación a efectos de la responsabilidad correspondiente…” (las negrillas son nuestras),
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Por lo señalado en forma precedente, se llega a la conclusión de que respecto al ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, no solo procede en casos en los que una persona esta privada de libertad, sino también de aquellas personas que no están privadas de libertad, en este caso que tengan restricción de su derecho a la libertad de locomoción.
El art. 410.II de la CPE, establece que:
“La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes.” A partir de este texto constitucional se entiende que la Constitución Política del Estado tiene una jerarquía normativa y goza de aplicación preferente frente a cualquier otra disposición normativa, así fue interpretada también por la SCP 0112/2012 de 27 de abril; esta primacía hace que surja la preponderancia del órgano judicial que exige de los jueces un razonamiento que desborda la subsunción y por el contrario requiera la aplicación directa de la Constitución; lo cual, no es solo un asunto meramente formal de jerarquías y competencias, sino está cargado de normas constitucionales que son los valores, principios, derechos y garantías plurales que coexisten, conviven como expresión de su base material pluralista, se comunican entre sí como expresión de su base intercultural y son los que informan el orden constitucional y legal, sin renunciar a su contenido de unidad −art. 2 de la CPE−. En igual sentido, la jurisprudencia interpretó en la citada SCP 0112/2012, que la Constitución Política del Estado goza de primacía con relación al .
ordenamiento jurídico; es decir es la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional, en ese sentido, los tribunales, jueces y autoridades deben aplicarla con preferencia a las leyes, interpretación que se encuentra acorde a lo previsto en el art. 410.II de la CPE. Asimismo, la referida Sentencia Constitucional Plurinacional en un entendimiento relevante sostuvo que:
“Entonces, con mayor razón, la primacía de las normas constitucionales principios respecto de las normas legales-reglas (contenidas en las leyes formales o materiales, códigos sustantivos o procesales, disposiciones reglamentarias en general, etc.)”, bajo dicho marco, refirió que las normas constitucionales-principio son los valores, principios, derechos fundamentales y garantías constitucionales que orientan al poder público, la convivencia social, así como las relaciones entre particulares y estos con el Estado.” Consecuentemente, de esta descripción jurisprudencial, se tiene que por mandato constitucional todos estos derechos, valores y principios obligan a todos los actores sea en el ámbito judicial, administrativo o particular a regir sus actos en observancia de los mismos, y por ello, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de su basta jurisprudencia fue ratificando dichos postulados, y dando realce a uno prevaleciente que compele a quienes administran justicia a su observancia, cuyo fin es el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; así se tiene que, el mismo está expresamente inmerso en la norma fundamental, en los artículos: 178.I de la CPE, que dispone: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; y, 180.I de la Norma Suprema, que prevé: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”.
Ahora bien, relacionado a estas dos normas constitucionales, se halla previsto el art. 115.II de la CPE, que expresa: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. En tal entendido se tiene que, el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz .
y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agiliten la resolución de los litigios. Es así que sobre este principio, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme en sostener que la acción de libertad puede ser activada cuando se denuncia dilaciones indebidas y se advierta una mora procesal o retardación de justicia, ostensible, con inobservancia de plazos procesales previstos por el ordenamiento jurídico en la resolución de un determinado asunto más aun tratándose de asuntos relacionados con personas privadas de libertad; esa misma línea jurisprudencial se siguió en la SC 0862/2005-R, de 27 de julio reiterada por las SSCC 1213/2006-R; 0900/2010; así como las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1157/2017; 0052/2018-S2 entre otras.
En ese entendido, la SCP 0112/2012, generó una regla procesal penal que estableció que la exigencia de la observancia del principio de celeridad se hace extensible no solo a los jueces o tribunales de control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que coadyuva o intervenga en la administración de justicia y de cuya actuación dependa la situación jurídica del privado de libertad.
Las medidas cautelares tienen como finalidad garantizar el desarrollo del proceso hasta su conclusión, evitando los distintos peligros procesales que tienden a entorpecer su normal desarrollo; así entre ellas, las medidas cautelares de carácter personal entendidas universalmente como aquellas que restringen y afectan derechos, uno de ellos la libertad, considerado como un bien jurídico mayor del ser humano; por lo tanto, la aplicación, modificación o sustitución de estas medidas cautelares, adquiere mayor relevancia precisamente por las consecuencias que su aplicación implica para el ciudadano en su desigual relación con el Estado, por lo que este, tiene el deber de garantizar que su tratamiento observe el debido proceso y el acceso .
a una justicia pronta y oportuna, finalidad que parte esencialmente del art. 22 de la CPE que sienta las bases generales del trato que todo ser humano merece dada esa su condición en relación al Estado, cuando señala que: “La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”.
A partir de allí, y considerando el espíritu de la norma fundamental, el legislador ha previsto en la Ley 1970 el tratamiento del régimen cautelar, norma que fue sufriendo modificaciones precisamente con el fin del resguardo y protección de estos derechos fundamentales consagrados en la Constitución; bajo ese mismo fin su máximo guardián e intérprete como es el Tribunal Constitucional, fue velando por la efectivización en la práctica, de determinadas garantías y principios constitucionales, generando a través de la jurisprudencia interpretaciones de varias normas del Código de Procedimiento Penal, generando reglas, sub reglas, a efectos de que su aplicación, sobre todo en cuanto al régimen de las medidas cautelares, considerando el bien jurídico que se tiene involucrado, merezca una atención primordial y con la debida celeridad. En ese fin, este Tribunal cumpliendo dicha labor, en casos en los que se presentó un conflicto de competencia cuando Juez de control jurisdiccional se consideró incompetente para resolver solicitudes de medidas cautelares al haberse presentado la acusación, se ha pronunciado, estableciendo la permisibilidad de que un juez incompetente resuelva las solicitudes de aplicación de la detención preventiva, ello, en consideración a la importancia de la libertad de las personas como un derecho fundamental; así se tiene a la SC 0487/2005-R de 6 de mayo, que resolviendo dicho supuesto señalo:
“Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteó la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros co imputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia que conoce la causa, .
tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares, (…)”.
En esta misma línea la SC 1584/2005- R de 7 de diciembre, siguiendo el entendimiento de la precitada Sentencia Constitucional, al considerar que el derecho a la libertad no solo es un bien primario sino fundamental, complemento esta posibilidad de que el juez de instrucción penal pueda resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva, aunque se hubiera presentado la acusación; siempre y cuando no haya radicado la causa en un determinado tribunal de sentencia penal; señalando al efecto que:
“Considerando la importancia del derecho a la libertad física no sólo primario sino fundamental, es permisible que un juez incompetente resuelva la solicitud de aplicación de la detención preventiva en un primer momento de la investigación, debiendo inmediatamente de realizado dicho acto remitir las actuaciones al asiento judicial donde debe ejercerse el control jurisdiccional. Ahora bien, cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación, así la SC 487/2005-R, de 6 de mayo que dice:
(…) El entendimiento aludido, no ha sido manifestado en una problemática análoga a la presente; sin embargo, debe rescatarse que la solicitud de cesación no deja de tener la misma naturaleza en todos los procesos, es más dicha solicitud debe recibir el mismo tratamiento que la solicitud de detención preventiva que atiende el Ministerio Público al inicio de la investigación, por lo que en observancia del principio de igualdad procesal, el procesado ante una situación similar debe ser también escuchado en su solicitud de cesación de dicha medida, lo que significa que cuando el imputado presenta una solicitud de cesación ante un juez y éste se considera incompetente para asumir el control jurisdiccional o el conocimiento en el fondo de la causa, deberá primero analizar el caso concreto y resolver la solicitud siempre que ello no importe lesionar los derechos de la parte acusadora o del Ministerio Público; y luego remitir el expediente a quien considere competente, pues razonar de forma contraria importaría someter al recurrente una posible dilación, dado que puede ocurrir que el Juez a quien se considera competente no lo sea o que se excuse de la causa, con lo cual se impediría que la solicitud sea considerada oportunamente y con la celeridad que amerita”. Ahora bien, los citados fallos constitucionales, establecieron que las solicitudes de medidas cautelares podían ser conocidas por el juez de instrucción penal hasta que la causa sea radicada ante el juez o tribunal de sentencia penal; actuado con el cual, recién perdía competencia el primero; generando dicha línea jurisprudencial, constituyéndose dichos fallos como precedentes en vigor, que si bien en algún momento dicho criterio trato de apartarse de dicho razonamiento; empero el mismo fue reasumido y se mantuvo uniforme en los fallos emitidos; así se tiene la SCP .
0176/2018-S2 de 14 de mayo, que efectuando una sistematización de la evolución dinámica de esta línea jurisprudencial, recondujo la línea establecida por la SC 0487/2005 a lo señalado en la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre, con el fin de continuar con la efectivización de los principios de celeridad, seguridad jurídica y los derechos a la defensa, al debido proceso y a una justicia efectiva y sin dilaciones; quedando establecido que la competencia del juez de instrucción penal para conocer la cesación de la detención preventiva ante la interposición de una acusación fiscal, es válida, pero siempre y cuando no hubiera radicado la causa en un determinado tribunal; por lo que, para el efecto generó sub reglas para su consideración, siendo estas:
“1) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes dela radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación.; y,
12En su F.J. III.2 afirmo: Ahora bien, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional no es estática, sino dinámica, evolutiva, que va mutando, complementando, modulando, cambiando o reconduciendo la línea, en busca de precautelar el respeto y la vigencia plena de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. En este entendido, habiéndose realizado el examen de la línea jurisprudencial respecto a la competencia de los jueces de instrucción penal, para resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva, cuando se presenta la acusación fiscal; a la luz de la Constitución Política del Estado y de conformidad con los arts. 325 y 344 del CPP, modificados por el art. 8 de la Ley 586, haciendo efectivos los principios de celeridad y seguridad jurídica; y, los derechos a la defensa, al debido proceso y a una justicia efectiva y sin dilaciones; corresponde de manera expresa reconducir la línea establecida por la SC 0487/2005-R a lo señalado en la SC 1584/2005-R, en cuyo Fundamento Jurídico III.4, señala:
…cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación (…).
Precedente del cual se establece que mientras no se radique la causa en el juzgado o tribunal de sentencia penal al que se derivó la misma, el juzgado remitente sigue teniendo competencia para resolver solicitudes de cesación o modificación de medidas cautelares. Reconducción que se realiza de conformidad con la Norma Suprema y con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que señalan que los privados de libertad, tienen derecho a la defensa, al debido proceso, al acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, entre otros, que le facultan a interponer solicitudes de cesación de la detención preventiva en cualquier momento, hasta antes de ejecutoriada la sentencia; tomando en cuenta que, la imposición de esta medida, no causa estado y puede ser modificada en cualquier tiempo; y toda vez que, el juez de instrucción penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta, la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia penal, lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre jurídica.
Cabe señalar que esta reconducción ya fue realizada de manera tácita a través de la SCP 0037/2018-S2 de 6 de marzo; sin embargo, es importante hacerlo de manera expresa en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
(…)
En este marco, se debe precisar algunas subreglas para los supuestos en los que presentada la acusación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva: a) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, b) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente.
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2) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente”. Tomando como base las SSCC 0487/2005-R y 1584/2005-R, debemos concluir señalado que cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal.
En esta misma línea, que tienen como base las SSCC 0487/2005-R y 1584/2005-R, fue seguido y asumido en diferentes fallos, respaldando su plena vigencia; sirviendo inclusive de precedente para extender el espíritu de dicho entendimiento respeto de los conflictos de competencias entre jurisdicciones, lo cual implicó una modulación expresa del precedente contenido en la SC 1584/2005-R, desarrollada en la SCP 0763/2019-S1 de 26 de agosto, misma que amplió tal entendimiento –como se tiene dicho- en los casos en los que pueda surgir un conflicto de competencias entre distintas jurisdicciones dentro de un proceso penal, así razonando sobre la importancia del tratamiento de las medidas cautelares, sobre todo cuando se trata de resolver la situación jurídica de un privado de libertad señalo:
“El entendimiento descrito precedentemente, a partir de los derechos y garantías constitucionales que resguarda la Constitución Política del Estado, entre ellos el derecho a la libertad y el debido proceso, estableció que en supuestos en los cuales un juez se considere incompetente, es totalmente permisible que pueda conocer y resolver solicitudes referentes a medidas cautelares, en las cuales generalmente se halla involucrado el derecho a la libertad física o de locomoción, derechos fundamentales que tienen carácter inviolable y su atención debe ser primordial y con la debida celeridad.
En tal sentido, se debe razonar también, respecto a que si la jurisprudencia concedió esta permisividad de que las solicitudes sobre medidas cautelares, sean resueltas por un juez aunque incompetente (por la razón que sea, materia o territorio), es porque este no deja de tener jurisdicción, estando este elemento fundamental todavía presente; es decir, se trata de una autoridad dotada de potestad jurisdiccional, por lo que, la supuesta incompetencia para conocer el fondo de la causa, no le limita a resolver las pretensiones respecto a la aplicación o modificación de medidas cautelares; esto, en consideración precisamente al resguardo y respeto a los referidos derechos fundamentales, así como a la .
garantía del debido proceso para el justiciable, que implica además el derecho a contar con un juez natural; sumado a ello, que no puede haber un proceso penal que no cuente con el control jurisdiccional, cuya autoridad encargada es contralora de que no se vulneren tales derechos; en tal sentido, un conflicto de competencias no debe limitar el ejercicio de los derechos relacionados a la libertad; por lo que, considerando que toda solicitud vinculada con el derecho a la libertad, como las solicitudes de aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, deben atenderse en virtud del principio de celeridad procesal, dada su naturaleza intrínseca de provisionalidad, instrumentalidad, temporalidad que caracteriza a las medidas cautelares, ya que su consideración no involucra el tratamiento de fondo de la causa penal…” En ese sentido, en materia penal, la competencia está determinada de acuerdo a la etapa procesal, los Jueces de instrucción Penal son competentes para el control de la investigación conforme a las facultades y deberes previstos por ley, y los tribunales y Juzgados de sentencia para el desarrollo del Juicio oral como tal, sin embargo la Jurisprudencia Constitucional ha precisado que la autoridad competente para sustanciar cualquier solicitud relacionada con las medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es precisamente el juez de instrucción penal, que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación y ésta competencia se mantiene subsistente hasta que la acusación ha sido radicada en el Tribunal de sentencia competente.
De acuerdo art. 8.II de la Constitución Política del Estado (CPE), la dignidad es uno de los valores en los que se sustenta el Estado Plurinacional de Bolivia, siendo uno de los fines y funciones especiales según el art. 9.2 de la misma norma suprema, el de: “Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe”. Además de estar concebida como un valor, la dignidad también está consagrada como un derecho fundamental conforme se tiene establecido en el art. 21.2 de la CPE, el cual refiere que las bolivianas y los bolivianos tienen, entre otros, el derecho a la dignidad, teniendo junto al derecho a la libertad un carácter inviolable, imponiendo al Estado el deber primordial de respetarlo y protegerlo, como lo reconoce el art. 22 de la Norma Fundamental. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que forma parte del bloque de constitucionalidad por previsión del art. 410.II de la CPE, al respecto establece en su art. 11.1, que “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”.
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Ahora bien, en ese marco normativo constitucional y convencional la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0338/2003-R de 19 de marzo, reiterada por la SC 1694/2011-R de 21 de octubre y la SCP 0251/2012 de 29 de mayo, entre otras, ha establecido que la dignidad “designa un conjunto de creencias, valores, normas e ideales que, de una manera u otra, asumen como postulado que hay un valor intrínseco o una condición especial de lo humano, lo que implica que hay una forma de existir superior que de hecho está viviendo la gente” (sic). Asimismo, la SC 2134/2013 de 21 de noviembre afirma:
“El respeto de todo ser humano como un fin en sí, empieza por el respeto a la vida y al reconocimiento de los múltiples derechos en los que se despliega su dignidad, lo que presupone el reconocimiento de su derecho a la existencia; de tal forma, se puede afirmar categóricamente que el derecho a la dignidad humana es aquel que tiene toda persona por su sola condición de “humano”, para que se la respete y reconozca como un ser dotado de un fin propio, y no como un medio para la consecución de fines extraños, o ajenos a su realización personal. La dignidad es la percepción de la propia condición humana, y de las prerrogativas que de ella derivan”
Por su parte, sobre la dignidad humana el tratadista Stern, afirma que: “la dignidad humana es la base de los derechos fundamentales, por tanto son derechos humanos suprapositivos que han sido positivados en la Constitución y vinculados a una serie de objetivos para asegurar la condición existencial del hombre como persona individual y ser social” (sic); al vulnerar uno sólo de tales derechos fundamentales, estamos lesionando la dignidad humana porque privamos al ofendido de la posibilidad de ejercer en forma plena la facultades que le corresponden como ser humano, especialmente cuando el atentado es contra la vida; así, el mismo autor, continúa señalado:
“De ahí que pueda sostenerse que los preceptos constitucionales que consagran la idea de dignidad humana no sean meras declaraciones, sino que resulten ser 14 “La dignidad humana, en su sentido moderno, designa un conjunto de creencias, valores, normas e ideales que, de una manera u otra, asumen como postulado que hay un valor intrínseco o una condición especial de lo humano, lo que implica que hay una forma de existir superior que de hecho está viviendo la gente. El respeto de todo ser humano como un fin en sí, empieza por el respeto a la vida y al reconocimiento de los múltiples derechos en los que se despliega su dignidad, lo que presupone el reconocimiento de su derecho a la existencia. De tal forma, se puede afirmar categóricamente que el derecho a la dignidad humana es aquel que tiene toda persona por su sola condición de “humano”, para que se la respete y reconozca como un ser dotado de un fin propio, y no como un medio para la consecución de fines extraños, o ajenos a su realización personal. La dignidad es la percepción de la propia condición humana, y de las prerrogativas que de ella derivan". 15 Sobre la dignidad humana La Constitución Política del Estado, en su art. 8.II, ha dejado establecido que la dignidad es uno de los valores en el cual se sustenta el Estado; por ende tiene por fin y función esencial garantizar, el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el dialogo intracultural, intercultural y plurilingüe (art. 9.2 CPE). Por otra parte a través del art. 21 ha consagrado a la dignidad como un derecho fundamental, cuando se refiere: “Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: 2. A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad”. Asimismo en el art. 22 ha establecido: “La dignidad y la libertad de la persona inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”. De lo referido la CPE hace entrever que la dignidad debe ser considerada como un valor y un derecho fundamental. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en su art. 11.1 dice: “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”. 16 STERN, K. (2009). Jurisdicción Constitucional y Legislador. Editorial DYKINSON, S.L. Madrid. Pág. 24
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fuente directa de prescripciones normativas, cuya contravención indudablemente puede acarrear, como consecuencia jurídica, la inconstitucionalidad del acto en que tal contravención se materializa.” Conforme a lo señalado precedentemente, es deber del legislador al formular las leyes adecuar las normas para que ninguna de estas atente contra la dignidad humana que constituye un atributo o condición propia del ser humano; por lo tanto, un valor básico y fundamental de los derechos humanos, reconocido por la norma suprema y por tanto, puedan ser objeto de declaratoria de inconstitucionalidad. En esa misma línea de razonamiento y respecto a las personas privadas de libertad, el art. 73.I de la CPE, garantiza ese derecho en los siguientes términos: “Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad humana” e impone al Estado el deber de velar por el respeto de sus derechos, conforme establece el art. 74.I de la misma norma. De igual forma, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), señala al respecto en su art. 10.1 que “Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. En sintonía con lo anotado precedentemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió la Resolución 1/08 “Principios y Buenas Prácticas sobre la protección de las personas Privadas de Libertad en las Américas”, en la cual se reconocen los derechos fundamentales que tienen las personas privadas de libertad, a través de principios tales como:
“Trato humano - Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción de cualquiera de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos”; “Igualdad y no-discriminación - Toda persona privada de libertad será igual ante la ley, y tendrá derecho a igual protección de la ley y de los tribunales de justicia. Tendrá derecho, además, a conservar sus garantías fundamentales y ejercer sus derechos, a excepción de aquéllos cuyo ejercicio esté limitado o restringido temporalmente, por disposición de la ley, y por razones inherentes a su condición de personas privadas de libertad.”
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Las normas constitucionales y convencionales citadas precedentemente, así como los razonamientos desarrollados de la CIDH permiten concluir que las personas privadas de libertad, conservan la condición propia de ser humano, así sean restringidos en su libertad de locomoción, ya sea por una condena o una medida cautelar. En esa línea de razonamiento, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-, establece de manera expresa el respeto a la dignidad humana y las garantías constitucionales de los privados de libertad, así como la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes en los establecimientos penitenciarios; entendiendo que, los mismos son sujetos de derechos, en cuyo mérito pueden ejercer todos los derechos que no estén afectados por la condena o por esta Ley, fuera de ellas no son aplicables ninguna otra limitación. En correspondencia con el marco legal citado, la jurisprudencia sentada por este Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0618/2012 de 23 de julio, en su Fundamento Jurídico III.2, estableció:
“…la privación de libertad por causas legales, no necesariamente lleva implícita en su naturaleza la supresión de otros derechos fundamentales tales como a la vida, a la salud y otros que establece la Norma Suprema, mismos que si bien, por la esencia misma de la privación de libertad, pueden verse disminuidos en su ejercicio, no pueden por ningún motivo ser suprimidos, del razonamiento que se vislumbra del entendido de que no obstante que el privado de libertad, por esta misma calidad, se encuentra en situación de desventaja y en desigualdad de condiciones frente a aquellos sujetos que gozan de su libertad, no involucra el hecho de que esta disminución en el ejercicio pleno de algunos derechos, signifique, de ninguna manera, que los otros derechos fundamentales que le son reconocidos constitucionalmente, no sean, en su caso, pasibles de defensa por parte del interesado y por supuesto de tutela por parte del Estado.” En esa misma línea de razonamiento se pronunció la jurisprudencia constitucional contenida en el Fundamento Jurídico de la SCP 1624/2013 de 4 de octubre, al señalar:
“…la privación de libertad, implica la restricción de aquellos derechos que, por la naturaleza de la condena o de la medida cautelar (detención preventiva), se vean afectados, sin lesionar el derecho a la dignidad de las personas y menos sus derechos a la vida o a la integridad física; pues los mismos bajo ninguna circunstancia quedan disminuidos como efecto de la privación de libertad, siendo más bien los jueces y tribunales, así como los encargados de las penitenciarías y los representantes del Ministerio Público, los garantes para que dichos derechos sean materializados…”
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Asimismo, la jurisprudencia constitucional pronunciada en la SCP 0192/2018 de 14 de mayo, citando la SCP 0618/2012 de 23 de julio, ha expresado que:
“Es responsabilidad del Estado velar por el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad; de donde se infiere que, la privación de libertad por causas legales, no necesariamente lleva implícita en su naturaleza la supresión de otros derechos fundamentales tales como a la vida, a la salud y otros que establece la Norma Suprema” En atención a las citas constitucionales, convencionales y jurisprudenciales precedentes, habida cuenta del carácter universal de los derechos fundamentales que asumió el constituyente, estableciendo el deber de respetar el valor intrínseco de todo ser humano, traducido en su dignidad; si bien en virtud a la potestad sancionadora del Estado, es legítimo sancionar y disponer medidas cautelares en los casos y según las formas previstas en la ley, no es menos importante el respeto de los derechos de los privados de libertad. En ese entendido, las persona privadas de libertad encuentran limites a su libertad personal, por la naturaleza restrictiva de la condena o de la medida cautelar (detención preventiva); empero, eso no implica que los demás derechos consagrados en la Constitución Política del Estado, se vean afectados, más al contrario se mantienen incólumes; así se tiene, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, a la integridad física, a la vida, a la educación, el acceso a la justicia, que tienen como sustrato la dignidad humana, cuya limitación o supresión se torna en una restricción ilegítima, injustificada, que si bien pueden verse disminuidos en el ejercicio pleno de algunos derechos, no obstante, no pueden ser suprimidos. En esa comprensión el privado de libertad que por su condición temporal y excepcional se encuentra limitado en su libertad personal, se halla en estado de vulnerabilidad, en situación de desventaja y desigualdad; por lo que, es el Estado el que asume la responsabilidad de velar por el respeto de sus derechos –excepto el de libertad personal cuya limitación fue impuesta conforme las formas y según los casos que la ley establece−, lo contrario significaría una exclusión, en desmedro de su condición humana, de su derecho a la dignidad, extremo que se encuentra reñido con los valores −como el de dignidad− que fundan o sustentan la Constitución Política del Estado.
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Por último, y considerando todo lo desarrollado, debemos afirmar, que dentro de los fines y funciones del Estado está el de garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en el art. 9.4 de la CPE, y en ese marco, todos los niveles del Estado (Central, departamental y municipal) tienen la obligación de adoptar medidas y acciones en favor de los sectores vulnerables, dentro de los que se encuentran los privados de libertad; ello con el objetivo, de desplegar acciones inmediatas destinadas a garantizar el ejercicio de los derechos de éste grupo de personas, quienes por diferentes circunstancias de la vida se encuentran internos en centros penitenciarios; considerando que no perdieron otros derechos inherentes al ser humano, siendo los jueces y tribunales, así como los encargados de las penitenciarías y los representantes del Ministerio Público, los garantes para que dichos derechos sean materializados. En ese entendido es la instancia judicial y administrativa, en la que se dilucidan los derechos de las personas privadas de libertad la que tiene el deber de llevar adelante estos trámites con diligencia y celeridad, cumpliendo a cabalidad los plazos que la normativa prevé, pues de lo contrario estaría consintiendo una actuación dilatoria e injustificada que repercute en la conculcación de los derechos humanos de los privados de libertad.
El accionante denuncia que la autoridad demandada lesionó sus derechos al debido proceso, a la vida vinculada a la libertad de locomoción y a la celeridad, incurriendo en las siguientes ilegalidades: a) Habiendo solicitado la modificación de medidas cautelares, acompañando certificación médica el 25 de marzo de 2022, esa documentación fue observada de manera ilegal por Decreto de 28 del mismo mes y año, por lo que en la misma fecha, presentó documentación respaldatoria; además de pedir la suspensión temporal del proceso al amparo del art. 86 del CPP previo reconocimiento psiquiátrico, habiendo dicha autoridad enviado oficio al Colegio de Psicólogos para que eleve terna de profesionales, lo cual no corresponde, puesto que tal valoración debe realizarla un Psiquiatra Forense; b) El 29 de marzo de 2022, ingresó otro memorial, acreditando su estado de salud mental y pidiendo modificación de medidas cautelares ya que el Informe psicológico es categórico al señalar que “…NO SE ENCUENTRA CON LA CAPACIDAD MENTAL Y APTITUDINAL PLENAS, TAMPOCO CUENTA CON IDONEIDAD MENTAL para toma de decisiones”; y solicitó se deje sin efecto las medidas cautelares, y la exclusión temporal del proceso, habiendo la autoridad señalado por Decreto de 30 del igual .
mes y año , una audiencia para el 20 de abril del mismo año; sin embargo, ni el oficio al SLIM Caranavi, ni el oficio al colegio médico de BOLIVIA para la terna de peritos fue firmada por la autoridad, hasta la presentación de la presente acción de defensa; c) La falta de modificación de medidas cautelares se ve agravada por la pronunciación del Auto de 6 de abril de 2022 que le fue notificado a última hora, dejando sin efecto el señalamiento de audiencia de modificación de medidas cautelares de 30 de marzo de ese año, pretendiendo aplicar la SCP 0540/2016-S2 de 27 de mayo, cuando esa línea ha sido superada por la “SCP 0618/2019- S3 de 13” de septiembre; y, d) Expresa como agravio que la autoridad pretende despojarse de su competencia para conocer y resolver todos los incidentes y excepciones en la etapa preparatoria que no han concluido, porque fue admitida una ampliación de denuncia y que además, la petición incidental de suspensión temporal del proceso afecta a la competencia del Juez cautelar y está en pleno tramite junto a la modificación de medidas cautelares, debiendo tramitar ambas solicitudes conforme a Ley y en sujeción a la jurisprudencia constitucional en vigor como es la SCP 0681/2018-S1.
De antecedentes, se tiene que, al ahora accionante se le impuso la medida cautelar de detención domiciliaria dentro del proceso penal seguido en su contra y de sus hermanos a instancias del Ministerio Público por el presunto delito de avasallamiento, medida asumida por el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Caranavi del departamento de La Paz, imposición que fue agravada fijándole una fianza de Bs 20 000.-; por lo que el 25 de marzo de 2022 solicitó a la jueza ahora demandada la MODIFICACION DE LAS MEDIDAS CAUTELARES por otras menos gravosas a la detención domiciliaria; a lo cual la autoridad dispuso por proveido de 28 de similar mes y año, que previamente adjunte elementos de convicción, para la modificación solicitada (Conclusión II.1).
El 28 de marzo de 2022 a través de memorial solicitó a la Jueza ahora demandada proceda al RECONOCIMIENTO PSIQUIATRICO Y LA SUSPENSION TEMPORAL DEL PROCESO adjuntando el certificado médico de Cesar Alberto Ramírez Condori, de 25 del mismo mes y año, que contiene recomendaciones para que se le realice una valoración especifica por la especialidad de psiquiatría y psicología a la brevedad posible por riesgo vital, cuya valoración médica, señala “DESORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA” por lo que era preciso la intervención del IDIF a través de psiquiatría forense, y de acuerdo al art. 86 del CPP le pidió ordenar el Reconocimiento Psiquiátrico por el IDIF y con su resultado se determine la Suspensión Temporal del Proceso. Entonces, por proveido de 29 de ese mes y año la Jueza ahora demandada, tomando en cuenta el art. 86 del CPP dispuso que se oficie al Colegio de Psicólogos y Psiquiatras a efectos de que remitan una terna de psiquiatras para que pueda ser elegido por esa autoridad y se realice la valoración psiquiátrica determinando si el accionante padece alguna enfermedad mental que le impida comprender los actos del proceso .
(Conclusión II.2).
el accionante mediante memorial de 29 de marzo de 2022, hizo conocer ante la autoridad demandada que: “acredita con informe psicológico estado de salud psicológica y pide la inmediata modificación de medidas cautelares y la suspensión temporal del proceso” (sic) señalando que por la mañana de ese día presentó solicitud de reconocimiento psiquiátrico por parte del IDIF adjuntando certificado del médico Cesar Alberto Ramírez Condori, que certificó que “nelson cauna mamani no se encuentra con la capacidad mental y aptitudinal plenas, tampoco cuenta con idoneidad mental para la toma de decisiones y verter cualquier declaración, que el considere pertinentes…” (sic); solicitándole en base a ello que, convoque de inmediato a audiencia pública para que pueda modificar las medidas cautelares dejándolas sin efecto y consiguientemente la suspensión temporal del proceso; a ello, la jueza demandada, por proveído de 30 de marzo de 2022 dispuso que “previamente a considerar el certificado médico, el mismo deberá venir en original y legible, se señala audiencia virtual de modificación de medidas cautelares y suspensión temporal del proceso, para el día miércoles 20 de abril del ‘2021’ (lo correcto es 2022) a horas 15:00, sea con las formalidades de ley, debiendo las partes procesales cumplir con el protocolo de audiencias virtuales” (sic [conclusión II.3 y II.4]). La solicitud fue reiterada el 1 de abril de 2022; sin embargo, la ahora demandada por Decreto de 4 del mismo mes y año, señaló: “…con relación al señalamiento de audiencia la parte deberá estar al decreto de fecha 30 de marzo de 2022.” (sic). Además, solicito se conceda la Salida Medica al CIRECA, SLIM y al Hospital Municipal de Caranavi (Conclusión II.6 y II.7) Posteriormente, el Fiscal de Materia Freddy Tarqui Mamani, presentó Requerimiento Conclusivo de Acusación Formal de 5 de abril de 2022 (horas 10:10), en contra de Nelson Cauna Mamani y otro, por la comisión del delito de AVASALLAMIENTO; por ello, el 5 de ese mes y año, el Fiscal de Materia, puso en conocimiento de la Jueza ahora demandada, la “ampliación de denuncia y se tenga presente para fines de control jurisdiccional” (sic [Conclusión II.8 y II.9]).
Por ello, la autoridad demandada por Auto de 6 de abril de 2022, en base a la acusación formal presentada por el Ministerio Público, amparándose en la SCP 0540/2016-S2 de 27 de mayo, dejó sin efecto el señalamiento de audiencia dispuesto mediante providencia de 30 de marzo del año en curso e informó a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, los extremos referidos a efectos de que dicho acto procesal sea priorizado cuando asuma conocimiento de la causa, sea con las formalidades de ley; esta ampliación, la jueza la tuvo por presentada a través de Proveido de 6 de abril de 2022 (Conclusiones II.10 y II.11).
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En virtud a lo señalado, tomando en cuenta que el Tribunal Constitucional Plurinacional debe asumir en su verdadera dimensión, el rol de precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, corresponde a continuación analizar las problemáticas planteadas; en ese sentido, se tiene que:
En este punto, se alega que, habiendo solicitado la modificación de medidas cautelares, el 25 de marzo de 2022, esa documentación fue observada de manera ilegal por Decreto de 28 de ese mes y año, pero en la misma fecha, el accionante presentó documentación respaldatoria, enviándose solicitud al Colegio de Psicólogos para que eleve terna de profesionales, lo cual no correspondía ya que debió enviarse a psiquiatría. En cuanto a la primera denuncia y siendo que la problemática refiere la existencia de una dilación injustificada en la tramitación y consideración de la solicitud de valoración médica del accionante así como el señalamiento de audiencia de modificación de medidas cautelares; es preciso hacer alusión al principio de celeridad establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, por el cual se estableció que tiene como objetivo, garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios y de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales, los jueces o tribunales agilicen la resolución de los litigios; criterio a partir del cual, se incorporó la modalidad traslativa o de pronto despacho, que conforme al análisis dinámico de la jurisprudencia que se efectuó en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se estableció que el ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho a los casos en los que se denuncia lesiones al principio de celeridad vinculado a la libertad personal; bajo la integración de línea jurisprudencial efectuada, la modalidad traslativa de pronto despacho se constituye en un mecanismo procesal idóneo que busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas que eviten resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra restringida de su derecho a la libertad personal y/o de locomoción; en ese entendido, los casos en los que el derecho a la libertad de locomoción se vea afectado ante dilaciones y entorpecimiento indebidos, se encuentran dentro .
del ámbito de protección de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho. En ese marco, en cuanto al análisis de esta primera problemática, se tiene que la autoridad demandada al memorial de 25 de marzo de 2022 en el que solicito la Modificación de las Medidas Cautelares, por otras menos gravosas, por proveído de 28 de marzo de 2022, dispuso que de manera previa el ahora impetrante de tutela, adjunte elementos de convicción para la modificación solicitada; al respecto, y tomando en cuenta que la pretensión esencial del accionante era la suspensión o apartamiento del proceso, y principalmente la modificación solicitada; de antecedentes, se evidencia que la autoridad demandada, en principio, a dicho memorial del “viernes 25 de marzo de 2022”, emitió proveído el 28 de similar mes y año, dentro los plazos establecidos en la normativa correspondiente; sin embargo, en cuanto a la exigencia de que el imputado, ahora peticionante de tutela adjunte elementos de convicción; se entiende que tomando en cuenta que la modificación impetrada tenía como objetivo la imposición de medidas menos gravosas a la detención domiciliaria; de conformidad a la previsión contenida en el art. 239.1 del CPP, que establece que es el imputado el que debe demostrar, con los elementos de convicción necesarios, que los motivos que fundaron su detención han sido modificados o ya no existen; sin embargo para la demostración de nuevos elementos correspondía que de acuerdo a procedimiento previsto en el citado art. 239.1 del CPP “…Planteada la solicitud , en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza , el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro el plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas”; es decir, que de acuerdo a dicha normativa, correspondía que la Jueza ahora demandada señale audiencia de modificación de medidas cautelares, para que en dicha audiencia la parte afectada pueda presentar los nuevos elementos de convicción que demuestren que no concurrían los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; tal cual la previsión señalada (art. 239 núm. 1 del CPP), para que sea la Jueza quien, analizando en forma integral todos esos nuevos elementos, determine si su situación jurídica se ha modificado; y, si producto de ello, ya no se presentan los supuestos que hicieron posible su detención, dado que esos nuevos elementos deben estar orientados a desvirtuar las causas que determinaron la medida impuesta; de no ocurrir ello, no podrá otorgarse lo solicitado; por ello, la Jueza del caso debe analizar o compulsar en su integridad todos esos nuevos elementos y circunstancias que existan y que deben ser considerados para adoptar la decisión final; sin embargo, la autoridad jurisdiccional demandada al no haber señalado la .
audiencia para dicho propósito, generó un quebrantamiento del debido proceso en su vertiente celeridad al no haber dispuesto que previamente se adjunten en audiencia esos nuevos elementos y someterlos al contradictorio; consideraciones por las cuales, se entiende que el accionar de la Jueza ahora demandada al no haber señalado la audiencia para la exposición de los nuevos elementos para que pueda resolver y pronunciarse, lesiono el debido proceso en su vertiente celeridad, correspondiendo en base a estas consideraciones, conceder la tutela solicitada a este respecto. Respecto a la remisión de oficio al Colegio de Psicólogos, siendo que debió ser al Colegio de Psiquiatras; se tiene que el ahora impetrante de tutela, el 28 de marzo de 2022 presentó memorial solicitando reconocimiento psiquiátrico y la suspensión temporal del proceso adjuntando una certificación médica del galeno Cesar Alberto Ramírez; ante lo cual la autoridad demandada emitió el proveido de 29 de mismo mes y año disponiendo se oficie al Colegio de Psicólogos y Psiquiatras la remisión de una terna de psiquiatras para que se elija al profesional que realizara la evaluación (Conclusión II.3); estos antecedentes evidencian y demuestran que la autoridad demandada dio atención a lo solicitado en un plazo de veinticuatro horas tal cual la normativa procesal civil, en atención a lo solicitado, consideraciones por las cuales no se tiene por evidente que la actuación de la citada autoridad sea irregular, no correspondiendo a en base a estos antecedentes, conceder la tutela impetrada al respecto.
En este punto, se denunció que por memorial de 29 de marzo de 2022, el solicitante de tutela, pidió la modificación de medidas cautelares y la exclusión temporal del proceso, habiendo la autoridad señalado por Decreto de 30 de marzo de 2022, una audiencia para el 20 de abril del mismo año. Asimismo, denuncia que los oficios que dispuso para el SLIM, así como al Colegio Médico de Bolivia para el envío de una terna de peritos no fue firmado por la autoridad, hasta la presentación de la presente acción de defensa. Al respecto, tomando en cuenta que lo que se alega, en esencia es la dilación injustificada en el señalamiento de la audiencia de consideración de modificación de la medida cautelar, lo acontecido en el caso en revisión no condicen con la exigencia jurisprudencial desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la .
presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que expresa que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, lo que busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; la que bajo la integración de línea jurisprudencial efectuada, se constituye en el mecanismo procesal idóneo que busca acelerar los trámites judiciales o administrativos en dichos casos en que la persona se encuentra restringida de su derecho a la libertad personal y/o de locomoción, concluyendo que el ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, no solo procede en casos en los que una persona esta privada de libertad, sino también de aquellas personas que no están privadas de libertad, en este caso que tengan restricción de su derecho a la libertad de locomoción. En el caso, de antecedentes se tiene que, la autoridad demandada en atención al memorial de 29 de marzo de 2022, en el que se acreditó con informe psicológico el estado de salud mental del accionante y pidió la inmediata modificación de medidas cautelares y la suspensión temporal del proceso; por Proveido de 30 de marzo del mismo año, señaló audiencia de modificación de medidas cautelares y suspensión temporal del proceso, para el día miércoles 20 de abril de ese año a horas 15:00, (Conclusión II.10), extremo que si bien evidencia que la respuesta fue otorgada dentro los plazos legales establecidos; sin embargo, el señalamiento de la audiencia fue dispuesta de manera excesiva para dentro de veinte días desde su señalamiento; ello implica que la autoridad cuestionada, en lugar de programar la audiencia en atención a las exigencias jurisprudenciales ya señaladas; es decir, en un plazo breve contando con el deber de resolver dicha audiencia con la celeridad del caso, lo programó dentro de casi un mes; al no haber actuado con la debida diligencia, dilató de manera injustificada la audiencia de consideración de modificación de las medidas cautelares; más si se toma en cuenta, que desde la entrada en vigencia de la Ley 1173, misma que a su vez fue modificada por la Ley 1226, se introdujeron importantes modificaciones a la Ley 1970, cuya finalidad es garantizar la resolución pronta y oportuna de los conflictos penales; en ese marco, el art. 239 del CPP, referente al tratamiento de la cesación de la detención preventiva, sufrió una modificación, tomando como base los plazos procesales previstos en el art. 132 de dicha normativa procesal penal, determinando que el señalamiento de audiencias de cesación a la detención preventiva debe realizarse en el término de veinticuatro horas, luego de su presentación; empero, con la previsión contenida en las referidas leyes que estableció de forma clara las causales por las que se puede invocar el instituto de la cesación, .
así como su trámite y procedimiento, normando un plazo de cuarenta y ocho horas para que el juez o tribunal señale audiencia para su resolución -en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, plazo legal que debe ser observado por las referidas autoridades cuando conozcan de solicitudes de cesación de la detención preventiva; por ello, la autoridad demandada al señalar la audiencia de consideración de modificación de las medidas cautelares y la suspensión temporal del proceso para el 30 de abril de 2020, soslayó las exigencias jurisprudenciales que establecen un periodo más corto en función a considerar de manera pronta la situación jurídico-procesal del impetrante de tutela, por lo que en cuanto a esta problemática, corresponde conceder la tutela. En cuanto a la denuncia respecto a que ni el oficio al SLIM de Caranavi, ni el oficio al colegio médico de BOLIVIA para la terna de peritos ha sido firmada por la autoridad, hasta la presentación de la presente acción de defensa. En función al mismo contexto jurisprudencial relativo a la acción de libertad de pronto despacho, ya expuesto líneas arriba, de los antecedentes del caso, respecto a estos oficio, la autoridad demandada en el punto 7 de su informe presentado en audiencia, refirió que “con relación a que su personal había retrasado la remisión de oficios, es complemente falso, toda vez que la acción de libertad ha sido presentada a horas 12:15, y la misma persona que presenta la acción al tribunal de sentencia, es Martha Argote, quien recoge los oficios a las 11:50 y la acción de libertad es presentada a las 12:00 pm posterior a que ella misma ha recogido los oficios” (sic); sin embargo, en relación a esta afirmación otorgada por la demandada, no se tiene documentación o prueba respaldatoria de dicha afirmación, correspondiendo de igual forma, otorgar razón al impetrante de tutela al respecto, por lo que se concede la tutela sobre este punto.
En cuanto respecta a que la autoridad demandada, agravó su situación por la pronunciación del Auto de 6 de abril de 2022 (Conclusión II.10), que le fue notificado a última hora, y fundamentalmente, dejó sin efecto el señalamiento de audiencia de modificación de medidas cautelares de 30 de marzo de 2022, pretendiendo aplicar la SCP 0540/2016-S2 de 27 de mayo, cuando esa línea ha sido superada por la SCP 0618/2019- S1 de 13 de septiembre.
En base a ello de la revisión de la citada SCP 0540/2016-S2 se tiene que señala:
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“…Entonces, en la problemática en examen, la autoridad judicial demandada declaró la rebeldía del imputado pese estar formulada la acusación formal con anterioridad a dicho acto; por lo tanto, la Resolución 102/2016, constituye acto ilegal, dado que la misma fue emitida por una autoridad judicial carente de competencia …”
Es decir, que la autoridad judicial demandada declaró la rebeldía del imputado pese estar formulada la acusación formal con anterioridad a dicho acto; y que por lo tanto, la resolución emitida era un acto ilegal porque la misma ya no tenía competencia; ya que presentada la acusación formal, debió cumplir sin excusa alguna lo estipulado por el art. 325.I del CPP; lo que quiere decir que se debía remitir los actuados al juez o tribunal de sentencia en un plazo máximo de veinticuatro horas; por lo que al margen de incumplir dicho artículo, extendió su competencia para disponer la declaratoria de rebeldía del ahora accionante, lo cual era nulo, cuando lo que correspondía era que al momento de remitir el pliego acusatorio debió informar al juez o tribunal de sentencia, sobre la suspensión de la audiencia para considerar la solicitud de revocatoria de medidas cautelares, a efectos que dicho acto procesal sea priorizado por el juez o tribunal de sentencia. Y en la SCP 0618/2019-S1 de 13 de septiembre, se estableció que:
“…Respecto a la denuncia contenida en el punto ii) referido a quién tiene competencia para resolver un incidente de nulidad planteado en la etapa preparatoria antes de presentarse la acusación; de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los casos en que el juez o tribunal de sentencia devuelva obrados al juzgado de origen con fines de saneamiento de la etapa preparatoria, estos deben recaer sobre actuados pendientes de resolución y planteados en la etapa en que el juez de instrucción ejerció control jurisdiccional; es decir, hasta antes de la presentación de la acusación fiscal; cuestiones posteriores al señalado requerimiento conclusivo, deben ser de conocimiento del juez o tribunal de sentencia. Ahora bien, en el caso que nos ocupa se puede advertir que el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, correctamente dispuso la nulidad de todas las actuaciones hasta el decreto de radicatoria emitido el 1 de septiembre de 2016, ordenando la devolución del expediente para que sea el Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del mencionado departamento, quien resuelva el incidente de nulidad de imputación formal, debido a que no puede existir cuestiones que conciernen a esta etapa procesal pendientes de resolución mientras ejercía competencia como contralor de garantías constitucionales de la etapa preparatoria, estando obligado a sanear el .
proceso de todo vicio y posibles defectos absolutos que podrían generar posteriores nulidades.”
En el caso presente, no sucedió aquello, pues la autoridad demandada lo que hizo es, que una vez recibida la acusación formal, suspendió la audiencia señalada con antelación y dispuso la remisión al tribunal correspondiente, cuando aún no se radicó la causa en el mismo; por ello, la jurisprudencia señalada (540/2016-S2) no resulta aplicable al caso presente.
Ahora bien, la autoridad judicial demandada, tras conocer el Requerimiento Conclusivo de Acusación Formal de 5 de abril de 2022, presentado a horas 15:10 por el Fiscal de Materia Freddy Tarqui Mamani, siendo que la audiencia de consideración de la modificación cautelar y la suspensión temporal del proceso respecto del accionante, ya fue programada por el proveído de 30 de marzo de 2022. Del razonamiento expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, se tiene que la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, efectuando una sistematización de la evolución dinámica de esta línea jurisprudencial, recondujo la línea establecida por la SC 0487/2005 a lo señalado en la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre, quedando establecido que la competencia del juez de instrucción penal para conocer la cesación de la detención preventiva ante la interposición de una acusación fiscal, es válida, siempre y cuando no hubiera radicado la causa en un determinado tribunal; generando la segunda sub regla consistente en que:
“Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP (24 horas), debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para 23 Reconducción que se realiza de conformidad con la Norma Suprema y con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que señalan que los privados de libertad, tienen derecho a la defensa, al debido proceso, al acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, entre otros, que le facultan a interponer solicitudes de cesación de la detención preventiva en cualquier momento, hasta antes de ejecutoriada la sentencia; tomando en cuenta que, la imposición de esta medida, no causa estado y puede ser modificada en cualquier tiempo; y toda vez que, el juez de instrucción penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta, la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia penal, lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre jurídica.
Cabe señalar que esta reconducción ya fue realizada de manera tácita a través de la SCP 0037/2018-S2 de 6 de marzo; sin embargo, es importante hacerlo de manera expresa en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. (…) En este marco, se debe precisar algunas subreglas para los supuestos en los que presentada la acusEación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva: a) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, b) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente.
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resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente.” Por ello, siendo que la actuación de la Jueza demandada no se adecúa a la sub regla jurisprudencial establecida precedentemente, se tiene que la misma actuó indebidamente al respecto, correspondiendo en base a esas consideraciones, conceder la tutela solicitada a este respecto
En este punto, se alegó que la autoridad jurisdiccional demandada, pretende despojarse de su competencia para conocer y resolver todos los incidentes y excepciones en la etapa preparatoria que no han concluido, porque fue admitida una ampliación de denuncia y que además la petición incidental de Suspensión Temporal del Proceso afecta a la competencia del Juez cautelar y está en pleno tramite junto a la Modificación de Medidas cautelares, debiendo tramitar ambas solicitudes conforme a Ley y en sujeción a la jurisprudencia constitucional en vigor como es la SCP 0681/2018-S1. Al respecto la jurisprudencia invocada en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que en casos en que el Juez del control jurisdiccional se consideró incompetente para resolver solicitudes de medidas cautelares al haberse presentado la acusación, se ha establecido la permisibilidad de que dicha autoridad resuelva las solicitudes de aplicación de la detención preventiva, ello, en consideración a la importancia de la libertad de las personas como un derecho fundamental, señalando que el Juez del caso:
“... debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares, (…)” Ello quiere decir, que ante la remisión de la acusación formal que implica que determina la perdida de competencia del o la Jueza .
de Instrucción Penal, la jurisprudencia otorgó excepcionalmente a esa autoridad la posibilidad de seguir conociendo la causa solo para resolver audiencias cautelares relacionadas con el derecho a la libertad, en consideración a la importancia de tratar los temas relativos a la libertad de las personas como un derecho fundamental. Por estas consideraciones, no corresponde conceder la tutela al respecto, en razón a que la pretensión de la suspensión temporal del proceso puede ser resuelto también por el Tribunal superior; máxime, si se tiene en cuenta que la Jueza demandada, instruyó que se oficie al Colegio Médico de Bolivia para que dicha instancia remita una terna de profesionales peritos en psiquiatría, y que de dicha selección se realizaría la valoración al accionante y con su resultado se señalara audiencia para resolver su solitud, actuados que conllevan un tiempo no calculable; siendo que dicha solicitud también puede ser resuelto por el Tribunal a remitirse los actuados conforme la previsión contenida en el art. 86 del CPP; por ello, no corresponde conceder la tutela a este respecto. Por último, en cuanto corresponde a lo alegado en el memorial de complementación y reiterado en audiencia, relativo a la solicitud de salidas mediante memorial de 1 de abril de 2022, en cuyo Otrosí 3, indicó: “Solicito de su autoridad CONCEDER LA SALIDA MEDICA A CIRECA, SLIM y HOSITAL MUNICIPAL DE CARANAVI a objeto de tratamientos médicos y psicológicos que requiera mi persona” (sic), siendo denegada mediante Decreto de 4 de abril de 2022 en sentido de que previamente debe aclararse la pretensión con relaciona la fecha exacta de su salida, debiendo ser preciso en su solicitud. Al respecto, lo establecido en la Conclusión II.7 de este fallo constitucional, permite observar que la autoridad demandada a través del citado proveído de 4 de abril de 2022 ante la solicitud de las salida a las instancias médicas para los tratamientos correspondientes, agregó: “AL OTROSI 3.- Previamente el impetrante deberá aclarar su petición con relación a la fecha exacta de su salida debiendo ser preciso en su solicitud” (sic); lo cual denota que de manera similar a los actuados asumidos por la demandada respecto de lo alegado en la segunda problemática; en los que se expuso que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, lo que busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; la que bajo la integración de línea jurisprudencial efectuada, se constituye en el mecanismo procesal idóneo que busca acelerar los trámites judiciales o administrativos en dichos casos en que la persona se encuentra .
restringida de su derecho a la libertad personal y/o de locomoción; entonces de lo señalado en este punto, se evidencia que dicha autoridad, también soslayó las exigencias jurisprudenciales que establecen las solicitudes tendientes a determinar la situación jurídica de personas que si bien no se encuentran con detención preventiva en un recinto penitenciario, deben considerar de manera pronta dicha situación del impetrante de tutela, por lo que en cuanto a esta problemática, también corresponde conceder la tutela.
En consecuencia, el Juez del Tribunal de Garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 02/2022 de 9 de abril, cursante de fs. 113 a 114 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a la primera problemática en su primera parte, sobre la lesión del debido proceso en su vertiente celeridad; asimismo, respecto a lo resuelto en la segunda, tercera y última problemática; disponiendo, dejar sin efecto el Auto de 6 de abril de 2022, debiendo la autoridad demandada, substanciar a la brevedad la audiencia de consideración de modificación de medidas cautelares del impetrante de tutela, si es que hasta la fecha no se habría llevado adelante; así como las salidas médicas, y la suspensión temporal del proceso, ordenando efectivizar de inmediato los oficios al Colegio Médico de Bolivia y al SLIM. 2° DENEGAR respecto a la segunda parte de la primera problemática; así como lo resuelto en la primera parte de la cuarta problemática planteada, merced a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
7 En su F.J.III.1 indico que: “La Constitución es una norma jurídica directamente aplicable y justiciable por su órgano final de aplicación, salvaguarda y garantía, de naturaleza judicial y de composición plurinacional (Tribunal Constitucional Plurinacional) así como -atendiendo sus específicas atribuciones- por los jueces y tribunales de garantías que ejercen justicia constitucional; sin exclusión de los jueces o autoridades originarias de la pluralidad de jurisdicciones reconocidos en el texto constitucional (Jurisdicción ordinaria, agroambiental, indígena originario campesina y las jurisdicciones especializadas reguladas por la ley, conforme disponen los arts. 179 y 410 de la CPE), últimos operadores jurídicos, que se constituyen en los garantes primarios de la Constitución.”
8 La SCP 0112/2012 de 27 de abril, refirió que: “Existe uniformidad en la doctrina y jurisprudencia constitucional comparada en reconocer, de manera general, que los textos constitucionales están integrados prevalentemente por normas constitucionales- principios (Constituciones principistas) y también en la primacía de éstas respecto de las normas constitucionales-reglas (ante eventuales “antinomias” que salven la coherencia del sistema normativo).”
9 En su F.J. III.2 “(...) el tratamiento que debe darse a las solicitudes en las que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido. Esto en los casos, en los que por razones ajenas al beneficiario, la cesación de la detención preventiva u otro beneficio, no puede concretarse debido a los actos de obstaculización o dilación innecesaria, que originan que el solicitante, no obstante de haber sido favorecido por un beneficio que le permite obtener su libertad, se ve impedido de accederla, permaneciendo indebidamente detenido, situación por la cual se abre la protección que brinda el hábeas corpus ante la ausencia de celeridad en efectivizarse el beneficio otorgado.” (las negrillas nos corresponden)
10 En su F.J.III. “…La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva”.
11 Hernandez, J. /2006), Programa de Derecho Procesal Penal, Editorial PORRUA, Mexico, Pag. 40 “ La competencia es el límite de la jurisdicción (todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos son competentes para conocer y resolver determinados asuntos), lo cual significa que la facultad del juez de resolver mediante la aplicación de la ley los conflictos sometidos a su conocimiento, está restringida por la competencia. Esta se establece en las siguientes formas: Por el territorio; por la materia; por el grado, por la cuantía, por el turno,…”
13 En su FJ. III. 2 anoto: “De lo anotado, corresponde señalar que si bien la citada SC 1584/2005-R de 7 de diciembre, no hace referencia precisa sobre los supuestos conflictos de competencias entre diferentes jurisdicciones, corresponde aplicar el espíritu de dicho razonamiento y ampliar el mismo, estableciendo que en los casos -como en el presente- que el conflicto de competencias surgido en un proceso penal sea entre distintas jurisdicciones, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver las solicitudes de aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares, preponderando los derechos y garantías reconocidos por la norma fundamental y la observancia de los principios de seguridad jurídica e igualdad. Lo expuesto, implica una modulación expresa del precedente contenido en la SC 1584/2005-R.”
17 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue ratificado por Bolivia mediante Ley No. 2119, promulgada el 11 de septiembre de 2000.
18 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OBSERVANDO CON PREOCUPACIÓN la crítica situación de violencia, hacinamiento y la falta de condiciones dignas de vida en distintos lugares de privación de libertad en las Américas; así como la particular situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad mental privadas de libertad en hospitales psiquiátricos y en instituciones penitenciarias; y la situación de grave riesgo en que se encuentran los niños y niñas, las mujeres, y los adultos mayores recluidas en otras instituciones públicas y privadas, los migrantes, solicitantes de asilo o de refugio, apátridas y personas indocumentadas, y las personas privadas de libertad en el marco de los conflictos armados; CON EL OBJETIVO de aportar al proceso de preparación de una Declaración Interamericana sobre los derechos, deberes y la atención de las personas sometidas a cualquier forma de detención y reclusión por el Consejo Permanente, en seguimiento a la Resolución AG/RES 2283 (XXXVII-0/07); ADOPTA los siguientes PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS (OEA/Ser/L/V/II.131 doc. 26).
19 Al respecto la Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión, prescribe el respeto a la dignidad y la prohibición de trato cruel o inhumano en los arts. 2.III, 5.I, 9, entre otros.
20 “…es imprescindible dejar establecido que los derechos fundamentales, le son reconocidos a las personas en virtud a esa calidad de seres humanos, concepto dentro del cual no puede efectuarse discriminación alguna respecto a su situación esporádica de privados de libertad, esto como consecuencia de que aun cuando se trate de personas privadas de libertad, conservan su esencia de seres humanos y en consecuencia su calidad de ciudadanos a quienes se les reconoce los derechos contenidos en la Constitución Política del Estado y que, aún encontrándose en calidad de sujetos pasivos respecto al ejercicio de su derecho a la libertad y libre locomoción, no dejan de formar parte de la sociedad y por ende del Estado, gozando, por tanto, de la protección del aparato estatal con referencia a sus derechos y garantías, los cuales, en caso de ser lesionados, suprimidos o amenazados, son susceptibles de tutela.”
21 Art. 9. CPE “Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y las Ley: 4) Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta constitución”
22 Artículo 325. (PRESENTACIÓN DE REQUERIMIENTO CONCLUSIVO). I. Presentado el requerimiento conclusivo de acusación, la jueza o el juez de Instrucción dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, previo sorteo a través del Sistema Informático de Gestión de Causas por la Oficina Gestora de Procesos, remitirá los antecedentes a la jueza o juez o tribunal de sentencia, bajo responsabilidad.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0818_2023-S1.pdf · páginas 1 a 41.
Huella digital del PDF (SHA-256): 181a3f94a486ba8f9f7db4e2b5fe245b8a0e3660b8eb3eef3668b093597cf4f9
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