Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 24 de julio de 2025
Concede la tutela
La accionante a través de su representante, denunció la vulneración de su derecho a una justicia pronta y oportuna y el principio de celeridad; por cuanto, dentro del proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de robo agravado, el Secretario demandado no dio cumplimiento al inciso a) del Auto de radicatoria de 23 de mayo de 2022, referido a cursar oficio al equipo interdisciplinario del Juzgado para que en el plazo de cinco días presenten los informes correspondientes, como acto preparatorio de juicio, incumpliendo lo dispuesto por la autoridad judicial, afectando el inicio del juicio oral y resolver su situación jurídica al encontrarse privada de libertad.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2024 de 28 de febrero, cursante de fs. 20 a 23, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos expresados por el Juez de garantías, y de acuerdo a los fundamentos vertidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0816/2025-S3 Sucre, 24 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 62327-2024-125-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 03/2024 de 28 de febrero, cursante de fs. 20 a 23, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Elsa Blanco Castro, en representación de AAA contra Berthy Gembert Fernandez Machicado, Secretario del Juzgado de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 27 de febrero de 2024, cursante a fs. 1 y 3 a 4, la accionante manifestó que:
Dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por el art. 332.2 del Código Penal (CP), el Secretario del Juzgado -ahora demandado- no dio cumplimiento al inciso a) del auto de radicatoria de 23 de mayo de 2022, que dispuso que por secretaría se oficie al Equipo Interdisciplinario del Juzgado, para que en el plazo de cinco días presenten los informes correspondientes como acto preparatorio de juicio, incumpliendo lo dispuesto por la autoridad judicial, afectando el inicio del juicio oral y que se resuelva la situación jurídica de la adolescente que se encontraba privada de su libertad.
Denunció la lesión de su derecho a una justicia pronta y oportuna, y el principio de celeridad, citando al efecto los arts. 115, 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE) art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela y se disponga que en el día se notifique conforme el decreto de 23 de mayo de 2022. 1I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías Celebrada la audiencia pública virtual el 28 de febrero de 2024; según consta en el acta cursante de fs. 18 a 19, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su representante, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar.
Berthy Gembert Fernandez Machicado, Secretario del Juzgado de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 28 de febrero de 2024, cursante a fs. 16 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, en mérito a los siguientes argumentos: a) Asumió sus funciones a partir del 18 de agosto de 2023, más de un año después de emitirse el decreto de 23 de mayo de 2022, el cual fue incumplido por la Secretaria que se encontraba en funciones en ese momento; y, b) Desconoce si se cursó el oficio al equipo interdisciplinario del juzgado; pues, el proceso no tuvo movimiento desde el 4 de enero de 2023, al 20 de julio del mismo año, siendo deber de las partes el seguimiento del proceso.
El Juez de Sentencia Penal Décimo Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 03/2024 de 28 de febrero, cursante de fs. 20 a 23, concedió la tutela solicitada y dispuso que, en el plazo de 24 horas desde su notificación, el demandado efectúe la notificación extrañada y cumpla en su totalidad con el “Auto de Radicatoria” de 23 de mayo de 2022. Asimismo, ordenó la remisión del informe de cumplimiento en ese mismo plazo. Argumentando que: 1) El incumplimiento al inciso a) del Auto de Radicatoria referido a cursar oficio al equipo interdisciplinario del juzgado, para que en el plazo de cinco días presente informe social y psicosocial con la evaluación de las víctimas y la adolescente infractora, afectó el inicio del juicio oral y que se resuelva la situación jurídica de la accionante que se encontraba privada de libertad; y, 2) Si bien de acuerdo al Memorándum 528/2023 de 14 de julio, el demandado no cumplía funciones al momento de emitirse el citado Auto, firmó la providencia de 18 y 23 de enero de 2024, respecto a la prueba presentada por el Ministerio Público y respuesta a la acusación fiscal, a partir de lo cual tenía la obligación de cumplir los plazos procesales y revisión del cuaderno de control jurisdiccional, a fin de dar cumplimiento a sus funciones establecidas por ley.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-04/2024 de 9 de mayo, se dispuso el sorteo conforme al orden correlativo de las acciones traslativas o de pronto despacho clasificadas a la Sala voluntaria o piloto; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, según orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra del accionante por la presunta comisión del delito de robo agravado, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de La Paz emitió el Auto de radicatoria de 23 de mayo de 2022, el cual dispone en el inciso a), que por secretaría se oficie al Equipo Interdisciplinario del Juzgado, para que en el plazo de cinco días presente los informes social y psicológico con la evaluación de las víctimas y la adolescente infractora (fs. 2) II.2. Consta Memorándum 528/2023-CM-URH de 14 de julio de 2023, de designación de Berthy Gemberth Fernández de Machicado -ahora demandada- al cargo de Secretario del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la citada Capital del departamento (fs. 13). II.3. Cursa acta de Juramento y Posesión del demandado de 31 de julio de 2023, en el cargo de Secretario del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la indicada Capital y departamento (fs. 14 y vta.)
La accionante a través de su representante, denunció la vulneración de su derecho a una justicia pronta y oportuna y el principio de celeridad; por cuanto, dentro del proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de robo agravado, el Secretario demandado no dio cumplimiento al inciso a) del Auto de radicatoria de 23 de mayo de 2022, referido a cursar oficio al equipo interdisciplinario del Juzgado para que en el plazo de cinco días presenten los informes correspondientes, como acto preparatorio de juicio, incumpliendo lo dispuesto por la autoridad judicial, afectando el inicio del juicio oral y resolver su situación jurídica al encontrarse privada de libertad.
La Sentencia Constitucional 0044/2010-R de 20 de abril, hizo una primera aproximación doctrinal en cuanto al reconocimiento implícito contenido en el art. 125 de la CPE, cuando se denuncia una dilación indebida en la resolución de la situación jurídica del accionante; así, en cuanto a la clasificación del hábeas corpus, actual acción de libertad, traslativa o de pronto despacho, determinó que su objeto es el de “…acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R), o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R), o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, pese a que el imputado ha cumplido con las medidas sustitutivas impuestas (SSCC 1477/2004-R, 046/2007-R, entre otras)”. Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, en cuanto a la forma de actuar de toda autoridad que tome conocimiento de una solicitud realizada por una persona privada de libertad, previa cita de la SC 0862/2005 de 27 de julio, concluyó que: “ʽ… toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’ (…). (…) es por ello que la jurisprudencia constitucional, en cuanto a la celeridad que se debe otorgar a las solicitudes de cesación de detención preventiva, no sólo en su tramitación y consideración sino también en su efectivización, ha señalado en la SC 0862/2005-R, que: ‘... el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido’. En ese sentido y conforme a los preceptos constitucionales mencionados y a la jurisprudencia glosada precedentemente, todas aquellas solicitudes vinculadas a la libertad del imputado, en especial la cesación de la detención preventiva, deben ser tramitadas con la debida celeridad, puesto que el ingresar en una demora o dilación indebida en que incurra una autoridad judicial al resolver una solicitud de tal naturaleza, implica una lesión a ese derecho fundamental, supuesto ante el cual se activa el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho; empero se deja claramente establecido, que no existirá lesión si la demora o dilación es promovida por el propio imputado” (Razonamiento asumido y reiterado en las SSCCPP 0017/2012 de 16 de marzo, 0741/2013-L de 22 de julio y 0995/2014 de 5 de junio, entre otras).
De la exposición referida, se advierte que la autoridad que se encuentra a cargo de resolver la solicitud vinculada a la libertad de una persona privada de libertad, debe tramitarla de manera pronta y oportuna, de tal forma que en el plazo señalado por ley o en uno prudencial, el afectado tenga conocimiento y certeza sobre los extremos resueltos de su petición y en consecuencia pueda activar los reclamos o impugnación pertinente a través de los mecanismos establecidos en el ordenamiento jurídico.
Sobre el particular, la SCP 0478/2019-S3 de 26 de agosto, estableció que: «La SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril indicó que: “…a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional.
Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: ‘Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial’. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: ‘El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno’; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional” (Las negrillas nos pertenecen).
En consecuencia, de la jurisprudencia citada se tiene establecido que para activar la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial por violación de derechos tutelados por la acción de libertad, debe concurrir el presupuesto, relativo al incumplimiento de las tareas propias del referido servidor o por incumplimiento de instrucciones directas de la autoridad jurisdiccional, respecto de las tareas propias del servidor, con los cuales se lleguen a lesionar derechos constitucionales protegidos por la acción de libertad.
La accionante a través de su representante, denunció la vulneración de su derecho a una justicia pronta y oportuna, principio de celeridad; por cuanto, en el proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público por la presunta comisión del delito de robo agravado, el Secretario del Juzgado no dio cumplimiento al inciso a) del Auto de radicatoria de 23 de mayo de 2022, referido a cursar oficio al Equipo Interdisciplinario del Juzgado, para que en el plazo de cinco días presenten los informes correspondientes como acto preparatorio de juicio, incumpliendo lo dispuesto por la autoridad judicial, afectando el inicio del juicio oral y dilatando innecesariamente la resolución de su situación jurídica al encontrarse privada de libertad. De la revisión de los antecedentes adjuntos, se puede evidenciar que, conforme el Auto de radicatoria de 23 de mayo de 2022, emitido por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de La Paz, (Conclusión II.1) la autoridad jurisdiccional dispuso en el inciso a) del referido Auto, que por Secretaría se oficie al Equipo Interdisciplinario del Juzgado, para que en el plazo de cinco días presenten los informes social y psicológico con la evaluación de las víctimas y la adolescente infractora, esto dentro de los actos de preparación de juicio de la accionante que se encontraba privada de libertad. Así mismo, el inciso f) de la señalada Resolución ordenó que por secretaría del juzgado se haga estricto seguimiento a lo dispuesto y que se informe oportunamente sobre cualquier incumplimiento. De acuerdo al informe escrito del demandado, (Conclusión II.4), se puede evidenciar que en su numeral 4, manifestó que desconoce si se realizaron los respectivos oficios al equipo interdisciplinario del juzgado, indicando además que en el expediente no cursa constancia alguna sobre el particular, añadiendo que no se encontraba cumpliendo funciones la gestión 2022 y que el proceso no tuvo movimiento desde el 04 de enero de 2023 al 20 de julio del mismo año. Al respecto, debemos considerar que el Auto de radicatoria data del 23 de mayo de 2022; y el referido informe del demandado es de 27 de febrero de 2024. Es decir, que dicha orden del Juez de la causa, se encontraba sin cumplimiento desde la gestión 2022 al 2024, tiempo extremadamente dilatorio en el cual no se observó lo dispuesto, pese de que el mismo Auto dispuso en el inciso f) que sea el Secretario del juzgado quien haga el seguimiento pertinente e informe de manera oportuna; aspecto que no fue acatado por el referido funcionario.
No siendo excusable que el nuevo funcionario indique que no se encontraba en funciones al momento que se emitió el Auto de radicatoria; pues, conforme el memorándum y acta de juramento de 31 de julio de 2023, (Conclusiones II.2 y 3) considerando que su propio informe manifiesta que el expediente estuvo sin movimiento, hasta el 20 de julio de 2023, se acredita que cuando ya se encontraba cumpliendo funciones se realizaron actuados procesales en el expediente, de los cuales tuvo conocimiento y pese de ello no realizó el control y revisión pertinente hasta el 27 de febrero de 2024 -fecha del informe del demandado-. Existiendo una dilación indebida desde que ingresó en sus labores, pese de las actuaciones judiciales realizadas en ese tiempo, sin percatarse de la orden expresa en el auto de radicatoria; incumpliendo de esta manera el numeral 15 del art. 94 de la Ley del Órgano judicial (LOJ) respecto a cumplir todas las comisiones que el tribunal o juzgado le encomiende dentro del marco de sus funciones, así como también la revisión de los últimos actuados efectuados en cada expediente, al momento de recibir bajo inventario por quien dejó el cargo. De lo expuesto, se puede evidenciar que existió una dilación indebida, al no emitir el oficio dirigido al Equipo Interdisciplinario del despacho judicial, para que realicen los informes correspondientes, orden dispuesta por la autoridad judicial en el Auto de radicatoria de 23 de mayo de 2022; evidenciando que, el proceso judicial no contó con la diligencia y celeridad debida que debe tener en su tratamiento conforme los alcances del Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y del mismo modo, el demandado una vez que ingresó en el cargo y tuvo conocimiento del expediente, no efectuó la revisión correspondiente respecto a los últimos actuados desarrollados y/o las órdenes emitidas por su superior e informar a la autoridad judicial, además de incumplir una orden directa del juez de la causa respecto de realizar el seguimiento a los disposiciones establecidas en el Auto de radicatoria, evidenciándose la inobservancia de las obligaciones propias de su función y desobedeciendo la orden directa impartida por el superior en grado, conforme los alcances de lo expresado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional. Concurriendo la dilación indebida y la falta de celeridad en la tramitación del proceso judicial donde la solicitante de tutela se encontraba privada de su libertad, razón por la cual corresponde conceder la tutela. En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, obró en forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2024 de 28 de febrero, cursante de fs. 20 a 23, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos expresados por el Juez de garantías, y de acuerdo a los fundamentos vertidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0816_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1a7c6eefd9da5dfc1e25e4eb50ec8b102a90def28a31bb1d3796392348d9e3ad
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