Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 25 de julio de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad; toda vez que, el Juez demandado no señaló audiencia de cesación a la detención preventiva habiendo transcurrido nueve días desde su solicitud; además que omitió señalar de oficio fecha de audiencia para considerar su situación jurídica al fenecimiento de los tres meses de detención preventiva dispuesto mediante Auto Interlocutorio 54/2022. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; y, iii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelven: CONFIRMAR la Resolución 25/2022 de 28 de abril, cursante de fs. 11 a 14, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada por la dilación incurrida por el Juez demandado debiendo señalar audiencia de cesación a la detención preventiva dentro el plazo de las cuarenta y ocho horas de su legal notificación con el presente fallo constitucional, siempre y cuando no se haya modificado su situación jurídica por el transcurso del tiempo; y,
2º DENEGAR la tutela impetrada respecto de la omisión de señalamiento de oficio de fecha de audiencia ante el cumplimiento del plazo de la detención preventiva, según se precisó en el análisis del caso.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0815/2023-S1 Sucre, 25 de julio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 47338-2022-95-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 25/2022 de 28 de abril, cursante de fs. 11 a 14, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mary Elizabeth Carrasco Condarco en representación sin mandato de Jeyson Hernan Martínez Medina contra Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz.
Mediante memorial presentado el 27 de abril de 2022, cursante a fs. 3 y vta., el accionante a través de su representante sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro el injusto proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, ordenó su detención preventiva mediante Auto Interlocutorio 54/2022 de 26 de enero. A tal efecto, el 18 de abril del citado año, al amparo del art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP) pidió la cesación de su detención preventiva; empero, la mencionada autoridad ahora demandada, hasta el presente, no fijó fecha de audiencia para conocer y resolver su petición dejándolo en estado de indefensión y vulnerando el principio de celeridad.
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad; sin citar, norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela ordenando al Juez demandado “remita en el día la apelación incidental ante el Tribunal de Alzada y se remitan antecedentes al Consejo de la magistratura a efectos de su juzgamiento en la vía disciplinaria” (sic); además en audiencia tutelar, exigió que habiéndose cumplido los tres meses de su detención preventiva dispuestos mediante Auto Interlocutorio 54/2022 sin pronunciamiento alguno de la autoridad jurisdiccional demandada se disponga su libertad.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 28 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 9 a 10 vta., produciéndose los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, en audiencia ratificó los argumentos de su demanda de acción de libertad, y ampliándolos señaló que: a) De acuerdo con la SCP 0026/2018-S2, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, conforme pretende, tiene por finalidad acelerar los trámites ante dilaciones indebidas vinculadas a la definición de su situación jurídica, en la cesación de la detención preventiva, cuando en lugar de fijarse directamente la fecha de la audiencia se dispongan traslados previos o innecesarios no previstos por ley, se fije en una fecha alejada más allá de lo razonable, o se suspenda por motivos injustificados o por ausencia del Ministerio Público, o de la víctima; b) Se encuentra detenido preventivamente por tres meses y dos días producto de una imputación por la denuncia de violencia sicológica, siendo el documento de la denuncia falso al haberse emitido el 15 de enero de 2022, por una sicóloga de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) cuando “ella” se encontraba con baja médica por COVID-19, hecho que es de conocimiento del Juez y del Fiscal; c) Solicitó la cesación de la detención preventiva alegando el precitado hecho del documento falso, refiriendo que produciría prueba, lo que evidencia la inversión del principio acusatorio ya que la denunciante no realiza ninguna actuación, pero por su parte presentó testigos para desvirtuar que el hecho aconteció en la fecha indicada, modificando sustancialmente los motivos que fundaron la medida cautelar personal; d) Mediante Auto Interlocutorio 54/2022 de 26 de enero, se dispuso su detención por tres meses, mismos que se cumplieron el 26 de abril del mismo año, pero solicitó la cesación el 18 de ese mes y año antes de su cumplimiento pensando que el Juez, al cumplirse los tres meses, señalaría audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas señaladas por el procedimiento penal, pero fijó audiencia para el 22 de abril de 2022, siendo suspendida presuntamente por haber sido declarado en comisión sin que mostraran algún documento, y “con nota marginal nos hacen conocer audiencia para ayer y ayer instala en medio de un proceso que tenía” (sic); e) El Juez sabía que desde el “18” estaba pendiente la solicitud de cesación de la detención preventiva, que el “22” se suspendió, y que el “26” -entiéndase de abril de 2022-, se cumplían los seis meses de detención preventiva; por lo que, el “26” de oficio debió disponer su libertad, pero esperó hasta “ayer” -se colige 27 del citado mes y año-, suspendiendo la audiencia alegando que no se notificó a las partes; f) En su informe, la autoridad demandada sostiene que para la notificación la parte imputada debía sacar fotocopias; empero, se notifican vía WhatsApp escaneando los documentos, incluso para juicio; g) La jurisprudencia señala la procedencia de la acción de libertad por pronto despacho cuando en vez de fijar la fecha de audiencia se disponen traslados innecesarios no previstos por ley, e incluso cuando se fija fecha más allá de lo razonable, y si bien el Juez informó en sentido de que se encontraba en comisión, no acreditó dicho extremo; h) Correspondía notificar al Secretario o a la Gestora con las pruebas o a quien corresponda señalando su responsabilidad, extremo reclamado ante el Juez, pero dicha autoridad no refiere nada respecto de la audiencia de “26” -de abril de 2022-; i) Se encuentra ilegalmente detenido al haber transcurrido dos días después de cumplidos los tres meses de detención preventiva; “dice que hará la cesación y va a considerar la ampliación” (sic); j) Debe darse cumplimiento a la Resolución del Juez -entiéndase de aplicación de la detención preventiva por tres meses-; y, k) El hecho de que se haya fijado una audiencia para “mañana” resulta ya irrelevante.
Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante Informe escrito de 28 de abril de 2022, cursante a fs. 8 y vta., manifestó que: 1) Se extraña el petitorio de la presente acción de libertad, puesto que no existe ninguna apelación incidental planteada; 2) La audiencia fue señalada dentro del plazo fijado por ley; sin embargo, la suspensión se debió a que la parte imputada no se apersonó a sacar las fotocopias con las pruebas, suspendiéndose la audiencia por incumplir el art. 112 del CPP; 3) Su despacho, al no contar con boletas para las fotocopias, con recursos propios de los funcionarios “se sacó el señalamiento, el acta de audiencia suspendidas para su legal notificación”; y, 4) La audiencia programada para el 29 de abril de 2022, fue notificada con las pruebas a todas las partes con recursos propios de los funcionarios, actuando la parte accionante de forma desleal y amenazando constantemente con la interposición de acciones de libertad, generando dilación en el proceso.
El Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, por Resolución 25/2022 de 28 de abril, cursante de fs. 11 a 14, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que el Juez demandado efectivice y lleve adelante la audiencia programada para el 29 de abril de 2022, bajo responsabilidad bajo los siguientes fundamentos: i) De los antecedentes relevantes, se tiene que el 18 de abril de 2022, el accionante solicitó la cesación de la medida de extrema ratio, fijándose audiencia para el 22 de ese mes y año, suspendiéndose el acto constando únicamente una nota marginal suscrita por el Secretario del Juzgado refiriendo que no se llevó adelante la audiencia debido a que la Gestora incumplió sus deberes al no habilitar sala de audiencia “en razón de la grabación” (sic), señalándose nueva fecha para el 27 del mismo mes y año a horas 12:30; empero, se suspendió alegándose que se incumplió el art. 112 del CPP relacionado a las copias necesarias para la notificación a las partes, fijándose nueva fecha para el 29 de abril de 2022, y estando la audiencia suspendida, la parte imputada refirió que interpondría una acción de libertad ante esta nueva suspensión considerada como injustificada; ii) Resulta evidente que en dos oportunidades se suspendió la audiencia, señalándose que la primera suspensión sería responsabilidad de la Oficina Gestora, al no haber habilitado la sala virtual y la segunda por falta de copias para la notificación a las partes según prevé el art. 112 del CPP, pero ello no es justificativo, pues si bien dicha norma refiere la obligación de proveer las copias, la misma se desfasa de lo que actualmente es el uso de las nuevas tecnologías que también está señalado en la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 del 3 de mayo de 2019-, siendo evidente lo manifestado por la defensa del accionante sobre la prescindencia de las copias en forma física porque pueden enviarse en foto o formato PDF; por lo que, no existe causal para la suspensión, iii) La autoridad demandada sostiene que para la audiencia del 29 de abril de 2022, las partes fueron notificadas gastando los funcionarios sus recursos propios, lo que resulta innecesario pues podía remitir las copias en formato digital, no pudiendo cargarse ese aspecto a la parte imputada; iii) Al no haberse realizado aún la audiencia señalada, corresponde conceder la tutela vía acción de libertad traslativa o de pronto despacho, debiendo llevarse la misma efectivamente sin alegar óbices; y, iv) Respecto al reclamo realizado en la audiencia de acción de libertad relacionado a la duración de la detención preventiva que habría concluido el 26 de abril de 2022, sin llevarse a cabo el control de la situación jurídica del accionante, solicitando que se disponga su libertad, este extremo debió reclamarse en la presentación de la acción de libertad para que la autoridad demandada pueda informar sobre ello y presentar elementos de convicción de ser necesarios; no obstante, se tiene un memorial de 21 de abril de 2022, antes de la conclusión de los tres meses, solicitando la ampliación de la detención preventiva a lo cual, mediante decreto de 25 de ese mes y año, el Juez fijó audiencia para el 29 de abril de 2022; por lo que, llevará adelante ambas pretensiones resolviéndose en dicha fecha, correspondiendo al peticionante de tutela fundamentar en ese acto procesal denunciando cualquier vulneración que crea hubiese acontecido respecto de la duración de la detención preventiva, no pudiendo saltarse esa instancia ordinaria denunciando ese extremo, pues debe acudir a los jueces para hacer prevalecer sus derechos, especialmente sobre que su detención preventiva sería ilegal, y en caso de denegarse su reclamo activar los mecanismos necesarios para que una vez agotados interponga la acción de libertad, pero en el caso, la autoridad no ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre esa situación, siendo la vía expedita la audiencia de 29 de abril de 2022; por lo que, sobre este punto corresponde denegar la tutela. En la vía de complementación, la parte accionante refirió que, respecto al transcurso de los seis meses se complemente si se aplica la subsidiariedad excepcional, y cuál el razonamiento constitucional para ello, más aún si la acción de libertad no tiene formalidades, pudiendo ampliarse en audiencia; asimismo, la audiencia señalada por el Juez es de cesación de la detención preventiva, por lo que se complemente si en la misma debe referirse al cumplimiento de los tres meses; y, finalmente, la suspensión de la audiencia de “22” -de abril de 2022- es un documento falso respecto a lo señalado por el secretario en sentido de que el Juez estaba en comisión, dado que de la lectura realizada por el Juez de garantías se tiene que la suspensión se debió a la omisión de la oficina gestora para habilitar una sala, por lo que su afirmación como Juez de garantías resulta falso, debiendo enmendarse, de no ser así se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura para investigar ese hecho, por lo que “hoy voy a presentar la denuncia penal por privación ilegal contra el juez” (sic). Al efecto, el Juez de garantías manifestó: a) Respecto a la subsidiariedad, ratifica los argumentos expresados para denegar la tutela sobre este punto, primero porque si el juez no señaló audiencia para el 26 de abril de 2022, era obligación de las partes de que se reclame el señalamiento de esa audiencia, velando los abogados por el control de la situación jurídica del accionante, por lo que el reclamo no ha sido ejercido, y una vez agotados los recursos recién podrá activar la jurisdicción constitucional; aspecto ya previsto por la jurisprudencia con un razonamiento similar al de la aprehensión ilegal; b) Se ha mencionado que en la audiencia de 29 de abril de 2022, se deben dilucidar las solicitudes de las partes respecto de la situación jurídica del privado de libertad relacionado con el cumplimiento de la detención preventiva, y también considerar la solicitud de cesación de la detención preventiva y la solicitud de ampliación de dicha medida cautelar impetrada por la víctima, quedando a cargo de la abogada del imputado plantear y reclamar esos aspectos; y, c) Sobre la falsedad en el argumento del Secretario para la suspensión de la audiencia de 22 de ese mismo mes y año, la abogada señaló que era porque el Juez estaba declarado en comisión, pero la nota marginal atribuye la suspensión a la falta de habilitación de sala de audiencia para la grabación que debía realizar la oficina gestora, de considerarlo falso tiene las vías administrativa y penal para denunciar ese hecho, puesto que como Juez de garantías no tiene certeza de la afirmado por la abogada del solicitante, o de lo señalado por el Secretario, “es por eso que respecto a la conducta de no llevar adelante, por casi nueve días, de no llevar delante de forma inmediata como señala la ley” (sic), si considera que existe alguna responsabilidad y que deben remitirse antecedentes ante el Consejo de la Magistratura o iniciar un proceso penal, será el Tribunal Constitucional quien se pronunciará al respecto.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido en contra de Jeyson Hernán Martínez Medina -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el prenombrado, mediante Memorial de 18 de abril de 2022, solicitó al Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado- señalamiento de fecha y hora de audiencia para considerar la solicitud de cesación de la detención preventiva, alegando “que existen nuevos elementos que desvirtúan, los fundamentos que determinaron mi detención preventiva” (sic), invocando al efecto los arts. 239.1 y 250, ambos del CPP (fs. 2).
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad; toda vez que, el Juez demandado no señaló audiencia de cesación a la detención preventiva habiendo transcurrido nueve días desde su solicitud; además que omitió señalar de oficio fecha de audiencia para considerar su situación jurídica al fenecimiento de los tres meses de detención preventiva dispuesto mediante Auto Interlocutorio 54/2022. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; y, iii) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0929/2019-S2 de 4 de octubre, asumió el siguiente razonamiento:
La Constitución La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre1, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril2, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad SCP 0528/2013 de 3 de mayo. Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´.Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”.
2El FJ III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.
Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)
Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0381/2018-S2 de 24 de julio, asumió el siguiente razonamiento: El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional. Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el juez de instrucción penal, sin que sea admisible acudir directamente ante 3El FJ III.1.2, señala: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida. En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”. 4El FJ III.2, establece: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de los jurisdiccionales ordinarios aludidos”. 5El FJ III.3, señala: “Queda establecido entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa”.
la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo sistematiza tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad para los casos en los que, en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones. Más tarde, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo sostuvo que si la acción de libertad está fundada en la restricción del derecho a la libertad personal, por causa de haberse restringido la misma, al margen de los casos y formas establecidas por ley y no esté vinculado a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción de libertad puede ser presentada de manera directa. Posteriormente, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2, sistematizó las reglas de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, conforme a lo siguiente:
6El FJ III.4, determina: “Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación. Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.
Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”. 7El FJ III.2, cita: “En este orden, en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad. (…) Queda establecido que cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción es directa contra las autoridades que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley”.
1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley (…)
2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional.
3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad.
4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada.
5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar (las negrillas y el subrayado son nuestros). Finalmente, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre moduló la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la SCP 0482/2013 antes citada, señalando que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: 1) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, 2) Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal; último supuesto, que de ninguna manera, implica que ante restricciones del derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley, no sea posible la presentación de la acción de libertad en forma directa, antes de haber transcurrido los plazos establecidos en la norma procesal penal. En síntesis, es posible la presentación directa de la acción de libertad, en el primer supuesto señalado en la SCP 0482/2013, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; ii) Cuando existiendo dicha vinculación: ii.a) No se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal, o cuando: ii.b) No habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley. De conformidad a la sistematización de la línea jurisprudencial anotada, el juez de instrucción penal es la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional de la investigación, desde los actos iníciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, siendo también, llamada por ley para atender cualquier denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante esta etapa.
De acuerdo con los argumentos esgrimidos en la presente acción de libertad, se tiene que el accionante, a quien se le procesa por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, reclama la dilación en el señalamiento y realización de la audiencia para considerar su solicitud de cesación de la detención preventiva impetrada al tenor del art. 239.1 del CPP. Asimismo, el Juez ahora demandado no fijó de oficio audiencia para definir su situación jurídica ante el fenecimiento del plazo dispuesto para la detención preventiva; en ese sentido, corresponde analizar cada uno de estos motivos de reclamación constitucional a objeto de conceder o no la tutela solicitada. Sobre la presunta dilación en el señalamiento y realización de la audiencia para considerar la solicitud de cesación de la detención preventiva Previamente corresponde precisar que si bien el accionante en su memorial de acción de libertad, sostuvo que mediante Memorial de 18 de abril de 2022, solicitó al Juez demandado señalar fecha y hora para considerar la cesación de la medida cautelar de extrema ratio dispuesta por el Auto Interlocutorio 54/2022, sin que dicha autoridad fije fecha del acto procesal correspondiente, dejando transcurrir nueve días; no obstante, en la audiencia de acción de libertad, la propia abogada de la defensa del accionante refirió contradictoriamente que la audiencia solicitada fue programada para el 22 de abril de 2022, suspendiéndose para el 27 de ese mes y año, que tampoco se celebró. Al respecto, en primer término si bien resulta evidente que existió señalamiento de fecha y hora para celebrar el acto procesal; sobre este particular, resulta aplicable al caso en examen los intelectos jurisprudenciales desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, que en lo relevante señala la procedencia de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho cuando se pretende dar celeridad a los trámites judiciales o administrativos ante la existencia de dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica del privado de libertad, pues es deber de las autoridades actuar con la mayor celeridad y diligencia posible, o por lo menos dentro de plazos razonables. Presupuestos que no fueron considerados por el Juez demandado; toda vez que, si bien fijó fecha de audiencia para considerar la postulación de cesación de la medida cautelar de última ratio para el 22 de abril de 2022, conforme evidenció el Juez de garantías a quien se le remitió el expediente original del caso, dicho actuación procesal no se materializó, constando una nota marginal suscrita por el Secretario del Juzgado refiriendo que dicha suspensión obedeció a que la Oficina Gestora de Procesos no habilitó la sala de audiencia para efectuar la grabación correspondiente; y si bien la abogada del accionante aludió que se justificó por una supuesta declaratoria en comisión del Juez demandado que no fue acreditada por éste último; empero, indistintamente de cuál fuere el motivo de la suspensión de la audiencia, resulta evidente que la autoridad accionada no acreditó de ningún modo el aplazamiento del conocimiento y resolución de la cesación a la detención preventiva presentada. A ello, se suma la segunda suspensión de la audiencia fijada para el 27 de abril de 2022, informando el Juez demandado que ello devino de la falta de provisión de las copias necesarias -por parte del impetrante de tutela- para notificar a las partes, incumpliendo lo previsto por el art. 112 del CPP, obviando tomar en cuenta dicha autoridad que de acuerdo a la actual jurisprudencia constitucional, no se requiere realizar las notificaciones con las copias de manera física, puesto que puede acudirse a las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC) -whatsaap- para materializar esos actos formales de notificación, digitalizando las literales que se requieran y enviándolas a los sujetos procesales; máxime si se trata de medidas cautelares donde los plazos previstos por ley son cortos y deben observarse a cabalidad por encontrarse de por medio la definición de la situación jurídica de un privado de libertad, indistintamente de los motivos que promuevan su consideración. Parámetros fácticos que dan cuenta de la evidente dilación incurrida por el Juez demandado al suspender las audiencias de 22 y 27, ambas de abril de 2022, disponiendo trámites innecesarios que conllevaron a prolongar se considere la solicitud de cesación de la detención preventiva impetrada por el ahora accionante; consecuentemente, corresponde conceder la tutela respecto de la advertida dilación. El accionante sostiene que, al haberse cumplido los tres meses de detención preventiva dispuestos por el Auto Interlocutorio 54/2022, era deber del Juez demandado señalar de oficio audiencia para la consideración de su situación jurídica; no obstante, dicho reclamo no halla asidero jurídico, pues de acuerdo con el art. 239 del CPP, una vez vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva debe ser “Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas”. En tal sentido, si el peticionante de tutela consideraba que debía resolverse su situación jurídica por fenecimiento del plazo de duración de la detención preventiva, debió poner de manifiesto dicha pretensión a fin que el Juez demandado señale fecha de audiencia por tal motivo; por lo que, al no existir una petición previa en sede ordinaria sobre este motivo, resulta aplicable la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad conforme las directrices establecidas por la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
En consecuencia, el Juez de garantías al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelven: CONFIRMAR la Resolución 25/2022 de 28 de abril, cursante de fs. 11 a 14, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada por la dilación incurrida por el Juez demandado debiendo señalar audiencia de cesación a la detención preventiva dentro el plazo de las cuarenta y ocho horas de su legal notificación con el presente fallo constitucional, siempre y cuando no se haya modificado su situación jurídica por el transcurso del tiempo; y,
2º DENEGAR la tutela impetrada respecto de la omisión de señalamiento de oficio de fecha de audiencia ante el cumplimiento del plazo de la detención preventiva, según se precisó en el análisis del caso. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.
8 El FJ III.2, señala: “Ahora bien, con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica, es necesario modular la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la Sentencia Constitucional Plurinacional antes glosada y, en ese sentido, debe señalarse que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0815_2023-S1.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9e1e7c560c8d3fbd28a8f914a432b62cd2527927c7c5e212a4536f5e03916734
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →