Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 14 de julio de 2025
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad, y a la salud; puesto que, el Juez hoy accionado, mediante decreto de 16 de enero de 2023, en respuesta a su memorial de cesación de la detención preventiva, retardando el señalamiento de la respectiva audiencia, sostuvo que previamente señale la o las causales de cesación de la detención preventiva, conforme al art. 239 del CPP, modificado por la “Ley 1173”, desconociendo que cualquier audiencia de modificación de medida cautelar carece de formalismos. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: a) La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto despacho; y, b) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 17/2023 de 26 de enero, cursante de fs. 59 a 61, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela, conforme con los fundamento jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0812/2025-S1 Sucre, 14 de julio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 53479-2023-107-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 17/2023 de 26 de enero, cursante de fs. 59 a 61, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Maria Virginia Mejía Martinez en representación sin mandato de Toribio Quito Quenallata contra Adolfo Esteban Machicado Poma, Juez Público Mixto, Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Sorata del departamento de La Paz.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 25 de enero de 2023, cursante de fs. 20 a 21, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Toribio Quito Quenallata -accionante- por la presunta comisión del delito de avallasamiento, previsto y sancionado por el art. 351 bis del Código Penal (CP); el 22 de diciembre de 2022, en el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, que se encontraba de turno por vacación -judicial- de fin de año, se emitió “Resolución” revocando el Auto Interlocutorio 085/2022 de 5 de octubre, pronunciado contra su persona pese a su condición de adulto mayor y no así contra los demás coimputados, ello debido a un error judicial. En la misma audiencia cautelar, su abogada, al amparo del art. 125 del Código de Procedimiento Penal (CPP), solicitó aclaración, complementación y enmienda por su condición de adulto mayor; por lo que, se pidió que acredite esa condición, ante lo cual, adjuntó certificado de nacimiento y cédula de identidad, para así lograr dejar sin efecto la medida o en su defecto señalar nuevo día y hora de audiencia de medida cautelar. No obstante, lo anterior, el Secretario del Juzgado -de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz- donde se realizó la audiencia de medida cautelar no pasó al Juez -del referido Juzgado- la documentación adjunta; por lo que, cometiendo un gran error, se expidió “Mandamiento de Apremio” -siendo lo correcto Mandamiento de Detención Preventiva- en su contra; por lo que, se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. El 3 de enero de 2023, se llevó acabo “otra audiencia” a cargo del Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, quien dispuso su detención domiciliaria con salida laboral de todos los imputados, incluido él; empero, pese a ello de manera maliciosa, la denunciante del proceso penal ejecutó en su contra el “…Mandamiento de Apremio ya caducado…” (sic), vulnerando así sus derechos. Concluida la vacación judicial acudió ante el Juzgado Público Mixto, Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Sorata del departamento de La Paz, en donde radica la causa para que fije día y hora de audiencia a efectos de considerar la cesación de su detención preventiva; pero, el Juez ahora accionado expresó “…maliciosamente que señale la o las causales la Cesación a la Detención Preventiva…” (sic), conforme al art. 239 del CPP, desconociendo que cualquier audiencia de modificación de medida cautelar no reconoce formalismos.
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración -de la lectura del memorial de acción de libertad se entiende- de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad, y a la salud; sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que, conmine al Juez ahora accionado a fijar día y hora de audiencia de cesación de su detención preventiva.
Celebrada la audiencia virtual el 26 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 56 a 58, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato y abogada, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) A raíz de la expedición de “mandamiento de aprehensión” -lo correcto es Mandamiento de Detención Preventiva- librado por el “juez de la ciudad de El Alto”, interpuso acción de libertad contra el nombrado Juez; pero, quedó pendiente; porque, existía un recurso de apelación incidental pendiente que formularon las supuestas víctimas “…empero radica y es especialmente lo que va a vincular a la acción de libertad y a la acción de pronto despacho que posteriormente tenemos otra resolución del mismo juez cautelar de la ciudad de El Alto mediante la cual modifica las medidas cautelares entre ellos del señor Toribio Quito Quenallata y dispone que continúe con detención domiciliaria, a este aspecto la otra parte interpone un recurso de apelación ante la respetable Corte que el día martes de este año 2023 ya resolvió (…) confirmando en todas sus partes la resolución de 3 de enero de 2023, mediante el cual se conforma que (…) en su condición de adulto mayor continúe en detención domiciliaria” (sic); y, b) La presente acción de libertad de pronto despacho se interpone contra el Juez hoy accionado porque pese a que se encuentra delicado de salud y requiere ser atendido por un especialista de Neurología, el referido Juez mediante decreto de 16 de igual mes año, respondiendo a su solicitud de cesación de la detención preventiva, requirió que previamente señale la causal de su solicitud, poniendo en riesgo incluso su salud.
Adolfo Esteban Machicado Poma, Juez Público Mixto, Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Sorata del departamento de La Paz, mediante Informe de 26 de enero de 2023, cursante de fs. 54 a 55; manifestó que: 1) Se debe considerar que el procedimiento para el trámite de modificación de medida cautelar personal es diferente de acuerdo a la causal alegada, es decir, no siempre se debe fijar audiencia -de cesación de su detención preventiva-como indica la abogada del accionante; 2) Por ello, la defensa del mismo debió fundamentar expresamente la causal por la que solicitó la modificación de su detención preventiva, y ante la observación realizada simplemente debió subsanarla; y, 3) Conforme a los arts. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo) y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), no se cumplieron con las causales de procedencia de la acción de libertad; por lo que, el accionante tiene los medios necesarios que le otorga el Código de Procedimiento Penal, a efectos de recurrir a cualquier actuado procesal y no mal utilizar esta citada acción de defensa.
El Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 17/2023 de 26 de enero, cursante de fs. 59 a 61, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) La problemática planteada por el accionante se centra en que el Juez ahora accionado a través del decreto de 16 del citado mes de 2023, le pidió que antes de considerar su solicitud de cesación de la detención preventiva, conforme al art. 239 del CPP, señale a efectos de evitar incidentes innecesarios, las causales de su petición; y, ii) Al respecto, se tiene que la actuación del Juez hoy accionado se enmarca dentro de lo previsto por el art. 239 del CPP, modificado por el art. 2.VI la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente -Ley 1443 de 4 de julio de 2022-, que refiere seis causales para la cesación de la detención preventiva, estableciendo el procedimiento para la resolución; por lo que, no se observa una actuación dilatoria injustificada.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Cédula de Identidad de Toribio Quito Quenallata -hoy accionante-, donde se consigna como fecha de nacimiento el 27 de abril de 1958 (fs. 4). II.2. Cursa Mandamiento de Detención Preventiva de 27 de diciembre de 2022, emitido por el Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz contra el accionante (fs. 51). II.3. Mediante memorial presentado el 13 de enero de 2023, ante Adolfo Esteban Machicado Poma, Juez Público Mixto, Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Sorata del departamento de La Paz -ahora accionado-, el accionante solicitó que fije día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva (fs. 52); mereciendo en respuesta el decreto de 16 de dicho mes y año, por el cual, el referido Juez manifestó que: “Toda vez que el procedimiento de cesación de las medidas cautelares de carácter personal depende de la causal invocada, tal cual establece el art. 239 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 1173, a efectos de evitar incidentes innecesarios, previo a disponer lo que en derecho corresponda, señale la o las causales de cesación a la detención preventiva conforme a la norma señalada precedentemente” (sic [fs. 53]). II.4. Consta Informe Médico de 13 de enero de 2023, emitido por el Médico de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, en el que se consigna que el accionante tiene un diagnóstico de “CEFALA TENSIONAL A DESCARTAR”; por lo que, se sugiere su valoración por Neurología (fs. 3).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad, y a la salud; puesto que, el Juez hoy accionado, mediante decreto de 16 de enero de 2023, en respuesta a su memorial de cesación de la detención preventiva, retardando el señalamiento de la respectiva audiencia, sostuvo que previamente señale la o las causales de cesación de la detención preventiva, conforme al art. 239 del CPP, modificado por la “Ley 1173”, desconociendo que cualquier audiencia de modificación de medida cautelar carece de formalismos. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: a) La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto despacho; y, b) Análisis del caso concreto.
La SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, establece que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’” (las negrillas son nuestras).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad, y a la salud; puesto que, el Juez hoy accionado, mediante decreto de 16 de enero de 2023, en respuesta a su memorial de cesación de la detención preventiva, retardando el señalamiento de la respectiva audiencia, sostuvo que previamente señale la o las causales de cesación de la detención preventiva, conforme al art. 239 del CPP, modificado por la “Ley 1173”, desconociendo que cualquier audiencia de modificación de medida cautelar carece de formalismos. Ahora bien, delimitada la problemática planteada por el accionante, de la revisión de antecedentes remitidos en el cuaderno procesal, consta Cédula de Identidad del accionante donde se consigna como fecha de nacimiento el 27 de abril de 1958 (Conclusión II.1.). Asimismo, cursa Mandamiento de Detención Preventiva de 27 de diciembre de 2022, emitido por el Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz contra el accionante (Conclusión II.2.). Posteriormente, mediante memorial presentado el 13 de enero de 2023, ante el Juez ahora accionado, el accionante solicitó que fije día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva (fs. 52); mereciendo en respuesta el decreto de 16 de dicho mes y año, por el cual, el referido Juez manifestó que: “Toda vez que el procedimiento de cesación de las medidas cautelares de carácter personal depende de la causal invocada, tal cual establece el art. 239 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 1173, a efectos de evitar incidentes innecesarios, previo a disponer lo que en derecho corresponda, señale la o las causales de cesación a la detención preventiva conforme a la norma señalada precedentemente” (sic [Conclusión II.3.]). Finalmente, consta Informe Médico de 13 de enero de 2023, emitido por el Médico de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, en el que se consigna que el accionante tiene un diagnóstico de “CEFALA TENSIONAL A DESCARTAR”; por lo que, se sugiere su valoración por Neurología (Conclusión II.4.). Delimitado el objeto procesal y conocidos los antecedentes fáctico procesales, corresponde considerar conforme al Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
En ese contexto a efectos de determinar si la alegada dilación es evidente, en el caso concreto, se advierte por la cronología de las actuaciones procesales que son objeto del reclamo del accionante, que el 13 de enero de 2023, el nombrado pidió se fije día y hora de audiencia de cesación de su detención preventiva, y el 16 de dicho mes y año, el Juez ahora accionado, por decreto le explicó que conforme al art. 239 del CPP, modificado por la “Ley 1173”, previamente debía señalar las causales de su pretensión, ello a efectos de proseguir con la tramitación correspondiente. Al respecto, en cuanto a esa tramitación, resulta pertinente recordar al accionante, que evidentemente del contenido del art. 239 del CPP, modificado por la Ley 1443, se tiene que conforme a las causales de cesación de las medidas cautelares, existen diferencias en la tramitación de las mismas; por lo que, la observación del Juez hoy accionado tiene el suficiente sustento normativo, lo cual conlleva a que su actuación no constituya una conducta dilatoria. De esa manera, al no evidenciar la actuación del Juez ahora accionado que vulnere el derecho al debido proceso en su elemento de celeridad vinculado a la libertad del accionante, corresponde denegar la tutela. Por otra parte, en cuanto a la denuncia del accionante de la vulneración a su derecho a la salud que eventualmente podría relacionarse con su derecho a la vida, corresponde aclarar que de los datos consignados en las Conclusiones II.1. y II.4. se tiene que, evidentemente el nombrado es una persona de la tercera edad; por lo que, por un lado, de ninguna manera se le podría solicitar que considere la concurrencia del principio de subsidiariedad de la acción de libertad; y además, por otro lado, según el Informe Médico de 13 de enero de 2023, emitido por el Médico de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, se consigna que tiene un diagnóstico de “CEFALA TENSIONAL A DESCARTAR”, y que se sugiere su valoración por Neurología; empero, tal extremo no demuestra un riesgo inminente a su vida, más aun cuando no se tiene constancia de que se le impida recibir un tratamiento adecuado, para cuyo efecto le compelía solicitar al Juez ahora accionado la autorización para su traslado al centro de salud correspondiente; por lo que, corresponde denegar la tutela. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 17/2023 de 26 de enero, cursante de fs. 59 a 61, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela, conforme con los fundamento jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0812_2025-S1.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 314f9ea079855908fa0dfddec56ac91f42e9ebf38cc6114e2267ddc94badaa78
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