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SCP 0804/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 14 de julio de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
14 de julio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
53483-2023-107-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El peticionante de tutela denuncia la vulneración del derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, se realizó la audiencia de medidas cautelares en el Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, disponiéndose su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro del citado departamento, siendo que por jurisdicción se decline y remita la causa al Juzgado de Instrucción Penal Quinto de El Alto del mismo departamento; empero, existiendo una Resolución de declinatoria, el expediente fue devuelto a Salas Penales, generando su indefensión al no darle razón de su cuaderno de control jurisdiccional. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, al efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; ii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; iii) La solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por la Leyes 1173 y 1226; y, iv) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 39/2022 de 16 de diciembre, cursante de fs. 14 a 15, emitida por el Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER en todo la tutela impetrada, conforme a lo dispuesto por el Juez de garantías y el razonamiento expresado precedentemente.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  2. III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares
  3. III.3. La solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las leyes 1173 y 1226
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0804/2025-S1 Sucre, 14 de julio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 53483-2023-107-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 39/2022 de 16 de diciembre, cursante de fs. 14 a 15, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Andrés Corpa Choquemisa contra el “Secretario” de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; “Secretario” del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital; y, “Secretario” de los Juzgados de Instrucción Penal Segundo y Quinto de El Alto, todos del mencionado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 16 de diciembre de 2022, cursante de fs. 1 a 2 vta., el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 48 en relación al art. 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-; el 3 de diciembre de 2022, en la audiencia de medidas cautelares se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, dicho acto procesal fue celebrado en el Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del mencionado departamento, correspondiendo que por jurisdicción se decline y remita al Juzgado de Instrucción Penal Quinto de El Alto del mismo departamento. Sin embargo, “...el abogado patrocinante apelo a la resolución, empero retiramos la apelación y la misma debería ser remitida al juzgado de instrucción 2 de turno de la ciudad de El Alto, pero la negligencia del secretario de este juzgado no verifico la resolución de declinatoria devolviendo el expediente a salas penales, generando indefensión a mi persona, no me dan razón de mi cuaderno de control jurisdiccional por lo que me permito a plantear acción de libertad traslativa y de pronto despacho” (sic). Interpone la presente acción de defensa contra: a) El Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, por no remitir “mi cuaderno” en un tiempo oportuno; b) El Secretario de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, porque tiene la obligación de devolver su expediente, siendo que se renunció al recurso de apelación “de medida cautelar”; c) El Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de El Alto del mismo departamento, en razón de que ese Juzgado no aceptó su expediente existiendo una Resolución de declinatoria y debieron haber remitido “mi cuarto” a las Salas Penales; y, d) El Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del citado departamento, en razón a que ese Juzgado actuó negligentemente, sin tomar en consideración que mediante Resolución de declinatoria por territorio, corresponde que su expediente radique en dicho Juzgado.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denuncia la lesión del derecho a la libertad, conforme a los arts. 125 y 126 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se remita “MI CUADERNO” en el día al Juzgado de Instrucción Penal de turno de El Alto del departamento de La Paz y “…SE RESTABLEZCAN LAS FORMALIDADES LEGALES QUE EN DERECHO CORRESPONDAN” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia virtual de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 16 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 12 a 13 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El solicitante de tutela a través de su abogada, se ratificó en el tenor íntegro de la acción de libertad presentada y ampliando la misma, sostuvo que: 1) Habiendo sido privado de su libertad el 1 de diciembre de 2022, -el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz- antes de conocer la medida cautelar emitió una Resolución de declinatoria de competencia en cuanto al territorio, ordenando que se devuelva al Juzgado de origen “…al Juzgado Quinto de la ciudad de El Alto…” (sic); 2) El Juzgado de Instrucción Penal Quinto de El Alto del mencionado departamento, rechazó recibir el proceso; por lo que, el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del citado departamento, convocó a la referida audiencia de medidas cautelares el 3 de diciembre de 2022, concluido dicho acto procesal la prenombrada autoridad judicial señaló que existe una Resolución de declinatoria de competencia y se remitan actuados ante el “…Juzgado Quinto de Instrucción de la ciudad de El Alto…” (sic); 3) En la audiencia de medidas cautelares su defensa interpuso el recurso de apelación y el Secretario del Juzgado envió el original del proceso ante la Sala Penal correspondiente, “…la Defensa habría hecho el retiro de la apelación y habría solicitado que se remita al Juez de turno, es por lo que la Sala ahora accionada, la Sala Primera devuelve obrados al Juzgado Quinto de la ciudad de La Paz rechaza recepcionar este proceso indicando que el Juzgado que tiene competencia es el Juzgado Quinto de la ciudad de La Paz…” (sic) quien de la misma manera rechaza a querer recibir este cuaderno de control jurisdiccional es por lo que ha solicitado “…que se remita este antecedente ante el Juzgado Segundo y la Sala remite al Juzgado Segundo donde en primera instancia recepcionan este proceso, pero de manera extraña presentamos una solicitud de Cesación a la Detención Preventiva, cuando nos indican que no, que sea devuelto nuevamente a Salas el cuaderno…(sic); y, 4) No existe una autoridad que ejerza el control jurisdiccional y se evidencia una negligencia de los ahora demandados.

I.2.2. Informe de los funcionarios demandados

Ángel Flores Medina, Secretario de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante el informe escrito de 16 de diciembre de “2021” -lo correcto 2022-, cursante a fs. 11, refirió que: i) El “28 de diciembre de 2022”, el personal de apoyo jurisdiccional de esa Sala, se constituyó en el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz de turno, a efecto de remitir el cuaderno de apelación dentro del proceso penal con Código Único de Denuncia (CUD) 201102062200204 y en una primera instancia fue aceptada dicha remisión por el indicado Juzgado; ii) Al día siguiente, se apersonaron funcionarios del citado Juzgado, señalando que el proceso correspondería al “…Juzgado Quinto de Instrucción de la ciudad de La Paz…” (sic); por lo que, debería ser remitido al Juzgado de Instrucción de turno de La Paz, “…procediendo a su remisión al Juzgado Tercero de Instrucción Penal de la ciudad de La Paz que se encuentra de turno, quienes señalaron que no se tiene remitido antecedentes del presente proceso, por lo que no recepcionaron la presente causa…” (sic); y, iii) Del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ) se tiene que la referida causa se encuentra radicada en el Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del mencionado departamento.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante la Resolución 39/2022 de 16 de diciembre, cursante de fs. 14 a 15, concedió en parte la tutela solicitada, contra el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del señalado departamento, disponiendo que el Secretario de la Sala Penal Primera de ese Tribunal Departamental de Justicia, remita los antecedentes del proceso en el plazo de veinticuatro horas al referido Juzgado, que tendrá conocimiento de la causa por vacación judicial y una vez concluida ésta, conforme lo ordenado por el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del prenombrado departamento, deberán remitirse los antecedentes al Juzgado de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento previamente citado, sobre la base de los siguientes fundamentos: a) Hizo mención a la SCP 0104/2020-S2 de 17 de marzo, respecto de haberse provocado demora procesal en la tramitación de la apelación incidental interpuesta, al no obrarse en plazo razonable provocaron demora procesal; y, b) La Circular “19/2022” establece el rol de turno por vacación judicial, con suspensión de actividades del 6 al 30 de diciembre de 2022; así, el Juzgado “Quinto La Paz” declinó competencia al Juzgado “Quinto El Alto”, y por vacación judicial corresponde el conocimiento al “…Juzgado 2do de Instrucción El Alto…” (sic), que conforme al Secretario de la Sala Penal -ahora demandado- no recepcionaron la causa “devolviéndolo”, con lo cual lesionan el derecho de acceso a la justicia del procesado.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa fotocopia simple del Número Único de Registro de Expedientes Judiciales (NUREJ) 201102062200204, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Andrés Corpa Choquemisa -ahora accionante-, radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz (fs. 10 y vta.). II.2. Consta el informe de 16 de diciembre de “2021” -siendo lo correcto 2022- emitido por Ángel Flores Medina, Secretario de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, refiriendo que:

“…el personal de apoyo jurisdiccional de esta Sala Penal, se constituyó el día martes 28 de diciembre de 2022, al Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal de la ciudad de El Alto de turno a efectos de remitir el cuaderno de apelación dentro del proceso penal CUD 201102062200204, misma que fue aceptada la remisión en una primera instancia por el Juzgado precitado, sin embargo al día siguiente se apersonaron funcionarios del Juzgado Segundo de Instrucción de la ciudad de El alto de turno, señalando que este proceso correspondería al Juzgado Quinto de Instrucción de la ciudad de La Paz, por lo que debería ser remitido al Juzgado de Instrucción de turno de La Paz, procediendo a su remisión al Juzgado Tercero de Instrucción Penal de la ciudad de La Paz que se encuentra de turno, quienes señalaron que no se tiene remitido antecedentes del presente proceso, por lo que no recepcionaron la presente causa, sin perjuicio de lo manifestado se tiene que del sistema SIREJ se tiene que la presente causa se encuentra radicada en el Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital, adjuntando la documentación correspondiente” (sic [fs.11]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El peticionante de tutela denuncia la vulneración del derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, se realizó la audiencia de medidas cautelares en el Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, disponiéndose su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro del citado departamento, siendo que por jurisdicción se decline y remita la causa al Juzgado de Instrucción Penal Quinto de El Alto del mismo departamento; empero, existiendo una Resolución de declinatoria, el expediente fue devuelto a Salas Penales, generando su indefensión al no darle razón de su cuaderno de control jurisdiccional. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, al efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; ii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; iii) La solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por la Leyes 1173 y 1226; y, iv) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, reiterada por la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio -entre otras-, asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubreefectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente entendimiento: Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, dejó establecido que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria, se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad (…) eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30.3 de la LOJ, pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. En cuanto a la aplicación del principio de celeridad exigida a toda autoridad judicial, que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también la seguridad jurídica, más aun, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que:

…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud" (las negrillas nos pertenecen). Jurisprudencia reiterada en numerosas Sentencias Constitucionales como las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010-R de 10 de agosto. Por consiguiente, debe entenderse que si bien la privación de libertad fue dispuesta por orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y el juez o tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R.

III.3. La solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las leyes 1173 y 1226

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0740/2022-S1 de 1 de agosto de, asumió el siguiente razonamiento:

La Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, implementó procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales, descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia; en su Capítulo III, específicamente el art. 8 incluyó modificaciones y sustituciones a las normas del Código de Procedimiento Penal, entre las que se encuentran el art. 239, que en lo relativo al pedido de cesación de la detención preventiva por las causales que se hallaban previstas en los numeras 1 y 4 de dicha norma, establecía que se 5El FJ III.2, refiere que: “…el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido” (…).

6La detención preventiva cesará:

1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;

2. Cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;

3. Cuando su duración exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24)

meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, asesinato, violación a infante, niña, niño, adolescente, e infanticidio; y,

4. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad terminal.

Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco (5) días.

En el caso de los Numerales 2 y 3, la o el Juez o Tribunal dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, correrá traslado a las partes quienes deberán responder en el plazo de tres (3) días. Con contestación o sin ella, la o el Juez o Tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.

En los casos previstos en los Numerales 2, 3 y 4 del presente Artículo, la o el Juez o Tribunal aplicará las medidas sustitutivas que correspondan, previstas en el Artículo 240 de este Código (las negrillas son añadidas).

debía señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco días. Si bien hasta antes de la promulgación de la Ley 586, este Tribunal estableció que para la procedencia de la protección que brinda la acción de libertad, ante la falta de pronunciamiento oportuno dentro de una solicitud de medidas cautelares que afecta el derecho a la libertad física del imputado, dicha petición debía ser atendida dentro del plazo razonable de tres días, en el que debía fijarse día y hora de realización de la audiencia correspondiente y procederse con las notificaciones respectivas -SCP 0110/2012 de 27 de abril-; con la modificación efectuada al art. 239 del CPP por la referida Ley 586, dicho plazo fue regulado a cinco días. Sin embargo, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, y posteriormente la Ley de Modificación a ley N° 1173 de 3 mayo de 2019, de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres -Ley 1226 23 de septiembre de 2019-introdujo las modificaciones al art. 239 referente a la cesación de las medidas cautelares personales, siendo el texto vigente el siguiente:

Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;

2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;

3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de vienticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas.

5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o,

6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas.

Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.

En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las vienticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.

En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código.

La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente.

Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código. En consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes. Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud. Respecto del plazo en el cual debe ser providenciadas las peticiones efectuadas mediante los memoriales presentados, de conformidad con el art. 132.1 del CPP, salvo disposición contraria de dicho Código, el juez o tribunal, deberá dictarlas cuando se traten de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme lo entendió la SCP 0110/2012, ya que en el caso de retrasar o aplazar su emisión, no solo se lesiona el derecho a la libertad del impetrante de tutela, sino que el juzgador incurrirá en una falta grave, debido a la demora culpable en la que incurre; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán providenciar los escritos que presenten los imputados dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar las audiencias respectivas dentro del término establecido, a efecto de no lesionar el derecho a la libertad de los detenidos preventivamente, sin que sea una excusa para el incumplimiento de esta obligación la excesiva carga procesal, pues su inobservancia, atenta el derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad. Otro aspecto a tomarse en cuenta, es la línea jurisprudencial contenida en la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, que establece que una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud.

III.4. Análisis del caso concreto

El peticionante de tutela denuncia la vulneración del derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, se realizó la audiencia de medidas cautelares en el Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, disponiéndose su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro del citado departamento, siendo que por jurisdicción se decline y remita la causa al Juzgado de Instrucción Penal Quinto de El Alto del mismo departamento; empero, existiendo una Resolución de declinatoria, el expediente fue devuelto a Salas Penales, generando su indefensión al no darle razón de su cuaderno de control jurisdiccional. De la revisión de antecedentes se tiene que, Ángel Flores Medina, Secretario de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental La Paz, emitió el informe de 16 de diciembre de “2021” -siendo lo correcto 2022- (Conclusión II.2), refiriendo que el “28 de diciembre de 2022”, el personal de apoyo jurisdiccional se constituyó en el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto a efectos de remitir el cuaderno de apelación dentro del proceso penal con CUD 201102062200204 y en primera instancia fue aceptada dicha remisión; empero, al día siguiente se apersonaron funcionarios del referido Juzgado “…señalando que este proceso correspondería al Juzgado Quinto de Instrucción de la ciudad de La Paz, por lo que debería ser remitido al Juzgado de Instrucción de turno de La Paz, procediendo a su remisión al Juzgado Tercero de Instrucción Penal de la ciudad de La Paz que se encuentra de turno, quienes señalaron que no se tiene remitido los antecedentes del presente proceso, por lo que no recepcionaron la presente causa…” (sic); además, informó que de la revisión del SIREJ se tiene que el señalado proceso está radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del citado departamento. Asimismo, de la documental cursante en el legajo se tiene una fotocopia simple del NUREJ 201102062200204, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora accionante, radicado el 13 de diciembre de 2022, en el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz (Conclusión II.1). Conforme a lo establecido en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es obligación que toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho y en los casos de existir dilación indebida la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye en el mecanismo procesal idóneo para su reparación inmediata. De los antecedentes descritos, se tiene que, si bien la causa está radicada en el Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz; empero, conforme a los establecido por el Juez de garantías se tiene que por vacación judicial el proceso fue remitido al Juzgado de Instrucción Penal Segundo de turno de El Alto del mismo departamento, existiendo constancia de su recepción en dicho Juzgado -13 de diciembre de 2022-; sin embargo, de haberse recibido la causa, del informe presentado por el Secretario de la Sala Penal Primera de ese Tribunal Departamental de Justicia se tiene que al día siguiente se apersonaron -a dicha Sala- funcionarios del referido Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del referido departamento, señalando que este proceso correspondería al “Juzgado Quinto de Instrucción de la ciudad de La Paz” (sic), por lo que debería ser remitido al “Juzgado de Instrucción de turno de La Paz”, procediendo a su remisión al “Juzgado Tercero de Instrucción Penal de la ciudad de La Paz” que se encontraba de turno, “…quienes señalaron que no se tiene remitido antecedentes del presente proceso, por lo que no recepcionaron la presente causa…” (sic). De la relación procesal descrita previamente se establece que los actos procesales descritos precedentemente provocaron una dilación innecesaria en la tramitación del proceso penal y por causas ajenas a la voluntad del ahora peticionante de tutela, provocando que se active la acción de libertad traslativa o de pronto despacho en procura de acelerar el referido trámite judicial ante la demora indebida en resolver la situación jurídica del ahora accionante que se encuentra privado de libertad ante la imposición de la medida cautelar de detención preventiva. Por lo expuesto este Tribunal, la justicia constitucional al advertir la existencia de un trámite judicial que merece acelerarse para resolver la situación jurídica del privado de libertad -ahora demandante de tutela-, dispone conceder la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder en parte la tutela solicitada, aunque debió conceder en su totalidad, obró forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 39/2022 de 16 de diciembre, cursante de fs. 14 a 15, emitida por el Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER en todo la tutela impetrada, conforme a lo dispuesto por el Juez de garantías y el razonamiento expresado precedentemente. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las

formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2El FJ III.5, indica: “El primer (instructivo); hace referencia a los supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora es tá previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).

7 El FJ III.3, dispone que: “…tratándose de señalamientos de día y hora de audiencia para considerar este beneficio [cesación de la detención preventiva], debe ser conceptuada como un término brevísimo, de tres días hábiles como máximo, pues el imputado se encuentra privado de su libertad. En este entendido, el plazo razonable para la realización de la audiencia de análisis, consideración y resolución del beneficio de la cesación de la detención preventiva, será el término máximo antes señalado, incluidas las notificaciones pertinentes, lo contrario constituye vulneración del derecho a la libertad, en el entendido en que los jueces no pueden obrar contra los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad (art. 73 y ss de la CPE), bajo el argumento de existencia de `sobrecarga procesal´ para justificar una negligencia e incumplimiento de un deber de servicio a la sociedad”.

8 El FJ III.3, expresa: “…ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memori al de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento”.

Más sobre Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0804_2025-S1.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): c02fca648e8de210b1e8c398c960b3b096fb2f1bb9d1a0ab32a092551e624281

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