Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 11 de mayo de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 96/2023 de 10 de noviembre, cursante de fs. 12 a 13, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada en su modalidad innovativa, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º Llamar la atención a Félix Orlando Rojas Alcón, Vocal de la Sala Penal Cuarta; y, Ximena Augusta Castillo, Secretaria de la Sala Penal Tercera -en suplencia legal-, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por inobservancia del principio de celeridad en la tramitación de solicitudes vinculadas con la libertad personal, con la advertencia que ante la persistencia de los actos y omisiones advertidos en la presente caso, o en otros que sean de su conocimiento, se iniciarán las acciones consiguientes de responsabilidad que correspondiere, que han sido señaladas en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0788/2026-S3 Sucre, 11 de mayo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 59788-2023-120-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 96/2023 de 10 de noviembre, cursante de fs. 12 a 13, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Fernando Pacheco Mendoza en representación sin mandato de Rafael Alcón Aliaga contra Félix Orlando Rojas Alcón, Vocal de la Sala Penal Cuarta; y, Ximena Augusta Castillo, Secretaria de la Sala Penal Tercera -en suplencia legal-, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
El accionante, por memorial presentado el 10 de noviembre de 2023 cursante de fs. 3 a 4 vta., denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; alegando que, en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de prevaricato, una vez rechazado el incidente de cesación a la detención preventiva mediante Resolución 455/2023 de 2 de agosto, interpuso recurso de apelación, señalándose la audiencia correspondiente para el 21 de octubre de 2023, en la que se habrían enervado riesgos procesales; sin embargo, transcurridos más de diecinueve días, el Vocal de la Sala Penal Cuarta y la Secretaria -demandados-, hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa, no transcribieron el fallo pronunciado, impidiendo la remisión del legajo de apelación al Juez del proceso; motivo por cual, solicita se ordene en el día su transcripción; y, se remita el cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado de origen. Félix Orlando Rojas Alcón, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito que cursa a fs. 10 y vta. sostuvo que, conforme establece el art. 94.4 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), la transcripción y remisión del Auto de Vista extrañado, es responsabilidad de la Secretaria en suplencia -Ximena Augusta Castillo-, y la dactilógrafa -Brenda Laura Choquevillca- como personal de apoyo jurisdiccional de las Salas Penal Tercera y Cuarta respectivamente, de manera que no conculcó ningún derecho; además, la causa ya fue remitida y recepcionada al Juzgado de origen, conforme la copia que adjunta. Ximena Augusta Castillo, Secretaria de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -en suplencia legal-, no presentó informe y tampoco asistió a la audiencia de la acción de defensa. El Juez de Sentencia contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 96/2023 de 10 de noviembre, denegó la tutela solicitada, señalando que el accionante no adjuntó la prueba que respalda su pretensión. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Conforme al Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 008/2026 de 11 de marzo, en el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional estableció el uso obligatorio del Formato Corto de Resolución de Sentencias Constitucionales, aprobado en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, para todas las causas comprendidas en el referido Plan.
Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, sistematizadora de línea jurisprudencial, en su Fundamento Jurídico III.1, concluyó lo siguiente:
[…] el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales […] Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. [el resaltado es añadido]
La jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, confirmada de manera uniforme por este Tribunal Constitucional Plurinacional, ha establecido que:
[…] toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud. En dicho orden, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, precisó que con la acción de libertad traslativa o de pronto despacho “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son añadidas).
Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece:
Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde (…) inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado. [las negrillas son añadidas]
De acuerdo con los argumentos expuestos por el accionante, quien guarda detención preventiva por la presunta comisión del delito de prevaricato, apelada la Resolución 455/2023 de 2 de agosto, que denegó la concesión de cesación a la detención preventiva, la autoridad y el personal de apoyo jurisdiccional demandados, no transcribieron el Auto de Vista de 21 de octubre de 2023 ;y por ende, no remitieron el legajo de apelación al Juzgado de origen a pesar de haber transcurrido más de diecinueve días. De la revisión y análisis de los datos que informa el caso analizado, se evidencia que la extrañada Resolución de Alzada fue remitida al Juzgado de origen el 10 de noviembre de 2023, a horas 16:30 (fs. 9); es decir, cinco minutos después de la notificación del Vocal demandado con la presente acción de defensa constitucional mediante diligencia practicada a las 16:25 horas de la misma fecha; razón por la que, cuando fue instalada la audiencia de la presente acción de libertad, se satisfizo la pretensión del accionante respecto a la remisión de la Resolución de apelación y el legajo de antecedentes al Juzgado de origen, de manera que ya no existía el hecho lesivo denunciado por el peticionante de tutela; no obstante, conforme a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la acción de libertad innovativa permite a la justicia constitucional tutelar la vida, la libertad física y de locomoción frente a las acciones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión dichos derechos, aun cuando hubieran cesado o desaparecido con la finalidad de evitar que en lo sucesivo, se reiteren esas conductas reñidas con el orden constitucional. En ese orden, es evidente que el Secretario de Juzgado o Tribunal, tiene el deber de transcribir las resoluciones pronunciadas en audiencia en el plazo de veinticuatro horas de su pronunciamiento, conforme lo establece el art. 123 del Código de Procedimiento Penal (CPP); por consiguiente, la inobservancia de sus labores y obligaciones, repercute negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del impetrante de tutela, conforme el entendimiento jurisprudencial recogido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; toda vez que, entre la fecha de realización de la audiencia de apelación incidental -21 de octubre de 2023- y la devolución de antecedentes junto con el citado fallo de alzada -10 de noviembre de 2023- transcurrieron aproximadamente doce días hábiles sin que se materializara la transcripción del Auto de Vista y fuera efectiva la remisión al juzgado de origen. Si bien conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, el personal subalterno judicial adquiere legitimación pasiva en la acción de libertad traslativa, cuando la inobservancia de sus funciones y obligaciones repercute negativamente en la libertad personal; empero, tampoco es justificable que la demora y responsabilidad sea únicamente atribuida al personal subalterno de la Sala Penal Cuarta, debido a que corresponde al Vocal demandado el deber de dirección, control y seguimiento de los procesos a su cargo; y, especialmente, el cumplimiento de la naturaleza sumaria del recurso de apelación de las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares. En el caso que se analiza, la responsabilidad de la autoridad demandada es aún más evidente teniendo en cuenta que el accionante en anterior oportunidad, concretamente el 19 de octubre de 2023 activó una anterior acción de libertad traslativa contra el referido y la otra Vocal integrante de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, denunciando suspensión y dilación indebida en la consideración del recurso de apelación que formuló contra la Resolución 455/2023 de 2 de agosto, que negó su solicitud de cesación de la detención preventiva; esa acción de libertad, fue concedida por el Juez de garantías por dilación indebida de catorce días en la consideración de dicho mecanismo de impugnación, determinación que fue confirmada por este Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0785/2026-S3 de 11 de mayo de 2026. Consecuentemente, se advierte que en el presente caso, aunque el acto lesivo es otro, empero deviene de la misma causa vinculada con la pretensión del accionante de obtener la cesación de su detención preventiva, lo que permite evidenciar que la autoridad demandada no ha observado el deber que tiene como autoridad judicial de tramitar con la mayor celeridad posible toda solicitud vinculada con la libertad personal de quien se encontrare sometido a una causa penal, ni de cuidar que su personal observe dicha celeridad, manteniendo una actitud omisiva a dicho mandato que no puede dejar de ser observada por este Tribunal Constitucional Plurinacional; más aún, si no se cuenta con ningún justificativo que permita comprender las causas de la dilación, si las hubiera; razón por la cual, de persistir dicha actuación por la autoridad demandada, tanto en la presente causa, como en ulteriores casos que sean de su conocimiento, este Tribunal remitirá antecedentes al Consejo de la Magistratura para las responsabilidades consiguientes, o para su registro en el Escalafón Judicial correspondiente, como demérito.
En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, no obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 96/2023 de 10 de noviembre, cursante de fs. 12 a 13, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada en su modalidad innovativa, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º Llamar la atención a Félix Orlando Rojas Alcón, Vocal de la Sala Penal Cuarta; y, Ximena Augusta Castillo, Secretaria de la Sala Penal Tercera -en suplencia legal-, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por inobservancia del principio de celeridad en la tramitación de solicitudes vinculadas con la libertad personal, con la advertencia que ante la persistencia de los actos y omisiones advertidos en la presente caso, o en otros que sean de su conocimiento, se iniciarán las acciones consiguientes de responsabilidad que correspondiere, que han sido señaladas en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0788_2026-S3.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): 33892c3a27d28ae0d30f2a1403423fb8fdf387464c4ebd4e4cd54ade6b08ec91
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