Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 11 de mayo de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 80/2023 de 20 de octubre, cursante de fs. 18 a 21, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en los términos expresados por el Juez de garantías.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0785/2026-S3 Sucre, 11 de mayo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediento: 59591-2023-120-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 80/2023 de 20 de octubre, cursante de fs. 18 a 21, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gróver Rodríguez Bolo en representación sin mandato de Rafael Alcón Aliaga contra Claudia Marcela Castro Dorado y Orlando Rojas Alcón, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
El accionante, a través de su representante, por memorial presentado el 19 de octubre de 2023, cursante de fs. 1 a 3, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, debido proceso, defensa, a una justicia pronta, gratuita y oportuna, sin dilaciones, así como de los principios de legalidad y seguridad jurídica debido a que en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de prevaricato y otros, solicita cesación a la detención preventiva, la cual fue rechazada por Resolución 455/2023 de 2 de agosto, lo que motivó que planteara apelación incidental cuyo conocimiento correspondió a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Señalada la audiencia para el 7 de octubre de similar año, la Vocal demandada, la reprogramó para el 10 de igual mes y año; sin embargo, el Vocal codemandado suspendió dicho acto procesal, sin mencionar que su colega estaba con baja médica, sin señalar nueva audiencia; por lo que, al encontrarse afectado su derecho a la libertad por la dilación indebida, solicita se ordene que las autoridades demandadas determinen fecha y hora para la consideración de la impugnación que interpuso. Orlando Rojas Alcón, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito de fs. 14 y vta., de 20 de octubre de 2023, manifestó que la Vocal Claudia Marcela Castro Dorado, era la titular de la causa para desarrollar la audiencia de cesación a la detención preventiva; sin embargo, a efecto de dar continuidad y de acuerdo al libro correspondiente, señaló audiencia para las 14:30 del 24 de igual mes y año, debido a que la Vocal retorno a sus funciones el 23 de similar mes y año, luego de cumplir su vacación. El Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 80/2023 de 20 de octubre, cursante de fs. 18 a 21, concedió la tutela solicitada, disponiendo que en el día el o la Secretaria de Cámara de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, señale audiencia para considerar la fundamentación de la apelación de la medida cautelar del accionante, la que debe realizarse dentro de las siguientes cuarenta y ocho horas, bajo responsabilidad, debido a que señalado el nuevo verificativo para el 10 de octubre de mismo año, no correspondía una nueva suspensión; puesto que, si la Vocal demandada, se encontraba ausente por vacación o baja médica, correspondía que el Vocal Orlando Rojas ahora codemandado, realice el señalado acto procesal, razón por la cual al haber dispuesto la suspensión de la audiencia, vulneró el principio de celeridad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, conforme al Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 008/2026 de 11 de marzo, en el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional estableció el uso obligatorio del Formato Corto de Resolución de Sentencias Constitucionales, aprobado en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, para todas las causas comprendidas en el referido Plan.
La jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que:
[…] toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza […]. Bajo ese razonamiento, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, precisó que con la acción de libertad traslativa o de pronto despacho “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son añadidas). Ahora bien, respecto a los casos de dilaciones indebidas en el señalamiento de medidas cautelares, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva o de solicitudes de modificación de medidas cautelares, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia.
De los antecedentes relevantes sujetos a revisión, se establece que la problemática jurídica radica en que los Vocales demandados, integrantes de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no celebraron oportunamente la audiencia de consideración de la apelación incidental formulada por el impetrante de tutela contra la resolución que declaró infundado su solicitud de cesación de la detención preventiva (fs. 7 a 12), puesto que, suspendida la audiencia de 7 de octubre de 2023, por inconcurrencia del abogado defensor, la Vocal Claudia Marcela Castro Dorado, señaló nueva fecha para el 10 de igual mes y año; empero, el Vocal Orlando Rojas Alcón, codemandado, dispuso la suspensión de dicho acto procesal porque su colega integrante de la Sala se encontraba ausente por vacación, retornando a sus funciones el 23 de octubre de 2023 (fs. 16 a 17 vta.). De dichos antecedentes, se advierte que el acto procesal fijado para el 10 de octubre de 2023, fue suspendido por el Vocal Orlando Rojas Alarcón -ahora demandado-, quien, en el informe ofrecido en la audiencia de la acción de libertad, señaló que la tramitación del recurso de apelación presentado por el accionante correspondía a su colega y no a él, razón por la cual, señaló audiencia para el 24 de igual mes y año, debido a que la Vocal retornaría a sus funciones el día anterior. En ese orden, se evidencia que el origen de la dilación en la consideración del recurso de apelación formulado por el hoy impetrante de tutela, contra la resolución que negó su cesación a la detención preventiva, radica en el criterio erróneo asumido por el Vocal demandado, a partir del cual se afectó la celeridad con la que deben ser tramitadas las solicitudes en las que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.1, pues sin asumir que es integrante de la Sala Cuarta, determinó una suspensión injustificada de la audiencia al haber considerado que el conocimiento de la apelación correspondía a la Vocal ausente; y, a continuación, señaló audiencia para catorce días después; es decir, más allá de lo razonable o prudencial; no obstante, se remarca que tenía la obligación inexcusable de resolver la situación jurídica del accionante en la audiencia señalada para el 10 de octubre de 2023, como Vocal integrante de la Sala; por consiguiente, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró en forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 80/2023 de 20 de octubre, cursante de fs. 18 a 21, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en los términos expresados por el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.
La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.
La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.
La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0785_2026-S3.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 21660bffe596401cf3261524f936e7d1d54a315fda555e8bb59a5a1d8ba59246
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →