Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 12 de julio de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal, libertad de pensamiento, libertad de expresión y al debido proceso, estando en riesgo su vida; toda vez que: a) La Vocal demandada aunque revocó la detención preventiva no ha devuelto el cuaderno de apelación a los fines que se expida su mandamiento de libertad; b) El Juez y Fiscal demandados cometieron excesos; puesto que, no existió ningún delito y no concurren los elementos del tipo penal de violencia política; sin embargo, en la audiencia de medidas cautelares se dispuso su detención preventiva por el lapso de cuatro meses; c) El funcionario policial de la AJAM ejecutó una ilegal aprehensión, porque cometió abusos, él no tenía la facultad de secuestrarle el celular ni de mantenerlo privado de libertad en la institución; y, d) La Directora de la AJAM amenazó con hacerle llevar al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz y usar todas sus influencias; por lo que, solicita: 1) Se ordene la Sala Penal Primera o al Juzgado de Instrucción Penal Quinto se libre de forma inmediata el mandamiento de libertad debido a que ya se ha revocado la detención preventiva; 2) Se deje sin efecto el Auto de Vista de 4 de abril de 2022; 3) Se ordene señalar audiencia de consideración de la apelación de las medidas cautelares y la resuelvan conforme a los fundamentos jurídicos expresados sobre la nulidad de aprehensión ilegal, nulidad por falta de fundamentación de la imputación formal y revoque la resolución del juez ordenando su libertad pura y simple; 4) Se ordene a las aut…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR parcialmente la Resolución 21/2022 de 8 de abril, cursante de fs. 30 a 33 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en relación a Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; en la modalidad innovativa por la demora en la devolución del cuaderno de apelación al juzgado de origen; todo conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Se llama la atención a Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por no devolver el cuaderno de apelación con la debida celeridad a los fines que se cumpla la expedición del mandamiento de detención domiciliaria que ella misma ordenó; sea bajo advertencia de remitirse antecedentes al Consejo de la Magistratura en caso de incurrir en actos dilatorios en el trámite de cuestiones vinculadas al derecho a la libertad. 3° DENEGAR la tutela en relación a William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; Gilmar Edwin Sandoval Rivera, Fiscal de Materia; Brenda Lafuente Fernández, Directora Ejecutiva Nacional de la AJAM; y, Wilson Rocha Morato, funcionario policial; y, así como en relación a los derechos de la libertad de pensamiento, libertad de expresión y a la vida.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0782/2023-S1 Sucre, 12 de julio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 47024-2022-95-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 21/2022 de 8 de abril, cursante de fs. 30 a 33 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jorge José Valda Daza en representación sin mandato de Luis Alfredo Muñoz Cerna contra Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del citado departamento; Gilmar Edwin Sandoval Rivera, Fiscal de Materia; Brenda Lafuente Fernández, Directora Ejecutiva Nacional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM); y, Wilson Rocha Morato, funcionario policial.
Por memorial presentado el 7 de abril de 2022, cursantes de fs. 1 a 5 vta.; el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la Directora Ejecutiva de la AJAM en su contra por la presunta comisión del delito de violencia política se lesionaron sus derechos por el abuso que sufrió, debido a que él fue contratado por la denunciante para hacer memes con el fin de mejorar su imagen; por lo que, realizó un meme que ella misma le pidió y fue a mostrarle pero ella agarró el celular y llamó al policía de la AJAM quién procedió a su aprehensión estando privado de libertad ilegalmente más de dos horas en el interior de las oficinas por supuesta flagrancia para luego ser conducido a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV). Recibió amenazas de hacerle meter a la cárcel, que movería todas sus influencias y sufrió abuso y exceso por parte de la Fiscalía y el Juez contralor de derechos; ya que tras una audiencia cautelar se dispuso su detención preventiva por el lapso de cuatro meses; actuar que fue observado y que ameritó que se exprese preocupación por el Ministerio de Justicia “Human Rights Watch”, las defensoras y defensores de la Unión Nacional de Instituciones para el trabajo de la acción social (UNITAS) y Defensoría del Pueblo. La resolución que dispuso su detención preventiva fue apelada y si bien ha sido revocada, se ha dispuesto su detención domiciliaria y fianza personal, pero hasta el momento sigue detenido en las celdas policiales debido a que la Sala Penal no ha devuelto el cuaderno de apelación debido a que no tiene Secretaría ni dactilógrafo. La Sala Penal Primera revertió la medida extrema de detención preventiva e impuso la detención domiciliaria que de igual forma no tiene sustento legal o argumentativo; sin embargo, luego de dictar la Resolución no fue dispuesta su inmediata libertad, sino que por falta de personal sigue privado de libertad, con amenazas a su vida.
Considera que fueron lesionados sus derechos a la libertad personal, libertad de pensamiento, libertad de expresión y el debido proceso, estando en riesgo su vida; citando al efecto los arts. 8 y 22 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: a) Se ordene a la Sala Penal Primera o al Juzgado de Instrucción Penal Quinto se libre de forma inmediata el mandamiento de libertad sin mayor dilación, al haber sido revocada la detención preventiva; b) Se deje sin efecto el Auto de Vista de 4 de abril de 2022; c) Se ordene que señalen audiencia de consideración de la apelación de las medidas cautelares y la resuelvan conforme a los fundamentos jurídicos expresados sobre la nulidad de aprehensión ilegal, nulidad por falta de fundamentación de la imputación formal y revoque la resolución del Juez ordenando su libertad pura y simple; d) Se ordene a las autoridades demandadas especialmente al policía y a la directora de la AJAM el cese inmediato de la persecución en contra del accionante; y, e) Se determine responsabilidades que corresponda a objeto de reparar los graves daños ocasionados al accionante.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad se realizó el 8 de abril de 2022, según consta en acta cursante de fs. 25 a 29 vta., produciéndose los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado ratificó íntegramente el contenido de su demanda tutelar y ampliando los fundamentos señaló: 1) Que en horas de la mañana del mismo día de la audiencia de acción de libertad se expidió un mandamiento de detención domiciliaria con lo que se habría cumplido con la finalidad de la acción de libertad; 2) No hubo ningún delito, no se ejerció violencia contra la denunciante y no se tiene ningún contenido político, si tuviera contenido político estaríamos hablando de una tortura judicial; 3) No se entiende la detención domiciliaria con permiso laboral para que asista a la AJAM, porque con ello se entendería que la Directora Ejecutiva no es una víctima directa; y, 4) El policía de la AJAM actuó con abuso, él no tenía facultades para quitarle el celular y mantenerlo privado de libertad por dos horas.
Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; mediante informe escrito presentado el 8 de abril de 2022, cursante a fs. 20 vta., refiere que el cuaderno de apelación fue devuelto por el auxiliar al juzgado de origen y que en la audiencia de apelación, el ahora accionante solicitó la aplicación de medidas cautelares menos gravosas concerniente a la detención domiciliaria con salidas laborales; concluye solicitando se deniegue la tutela impetrante. William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito de 8 de abril de 2022, cursante a fs. 24 y vta. solicitó se deniegue la tutela, refiriendo que: i) Mediante Auto Interlocutorio 120/2022 de 31 de marzo, dispuso la detención preventiva del ahora accionante y apelada la resolución se remitió en alzada; y, ii) El 7 de abril de 2022 a horas 16:28, les devolvieron el cuaderno de apelación e inmediatamente asumiendo conocimiento del Auto de Vista 186/2022 de 5 de abril, se emitió inmediatamente el mandamiento de detención domiciliaria. Gilmar Edwin Sandoval Rivera, Fiscal de Materia; mediante informe escrito presentado el 8 de abril de 2022, cursante de fs. 17 al 18 vta. refiere que: a) Carece de legitimación pasiva, ya que se trata de una acción de libertad traslativa o de pronto despacho y él no tiene las facultades para emitir el mandamiento de libertad que se pretende; b) Sobre la fundamentación de la imputación; el delito fue calificado provisionalmente como violencia política contra las mujeres y él asumió conocimiento después que el Fiscal de Materia de turno emitió el mandamiento de aprehensión; por lo que, le correspondía presentar el requerimiento fiscal a efectos de que el Juez determine la situación procesal; c) Que conforme a los elementos recabados, la entrega del celular fue voluntaria y además la publicación del “meme” no fue negada por el imputado ahora accionante y fue corroborado por conversaciones de WhatsApp; y, d) Que se tendría acreditado la existencia del hecho -vertiente agresión psicológica-mediante la divulgación de información personal privada de una mujer designada en el ejercicio político, que con ello ha menoscabado su dignidad, teniendo por lo menos indiciariamente la existencia del hecho y más aún la participación del imputado. Brenda Lafuente Fernández, Directora Ejecutiva Nacional de la AJAM, mediante informe escrito presentado el 8 de abril de 2022, cursante de fs. 14 a 16, solicitó se deniegue la tutela y refirió los mismos aspectos informados por el funcionario policial demandado, incluso su memorial lleva la firma del mismo abogado. Wilson Rocha Morato, funcionario policial; mediante informe escrito presentado el 8 de abril de 2022, cursante de fs. 11 a 13, solicitó se deniegue la tutela, refiriendo que: 1) Es falso que se haya procedido a una supuesta aprehensión, si no que se efectuó un arresto y se le condujo a la FELCV; 2) En relación a la dilación y mora procesal, no puede ser objeto de tutela pues ya fue beneficiado con la aplicación de medidas cautelares del art. 231 Bis del Código de Procedimiento Penal (CPP); 3) El supuesto peligro a su vida, no tiene respaldo de ningún elemento; 4) En la audiencia de aplicación de medidas cautelares no hizo reclamos sobre el supuesto abuso y exceso que ahora denuncia, no opuso incidente de actividad procesal defectuosa ni de aprehensión ilegal; y, 5) Se encuentra latente el art. 233.1 del citado Código; es decir, existe la probabilidad de autoría, conforme lo dispuesto por el a quo y el ad quem. Wilson Rocha Morato, funcionario policial a través de su abogado en la audiencia de acción de libertad ratificó el tenor integro de su informe escrito y ampliando su informe señaló que el accionante reclama la dilación y la mora procesal pero este extremo no permitiría que el encausado recobre su libertad.
El Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; mediante Resolución 21/2022 de 8 de abril, cursante de fs. 30 a 33 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) Sobre la denuncia de aprehensión indebida, en aplicación al principio de subsidiariedad no se puede ingresar al análisis de fondo pues los actos debieron haber sido denunciados ante la autoridad jurisdiccional; ii) Respecto a que no se habría cometido delito alguno, no se tiene elementos para analizar y la labor de subsunción le corresponde a la justicia ordinaria, además el proceso se encuentra en la etapa investigativa y se tiene una calificación provisional que puede ser modificada; iii) Respecto a la detención preventiva, no se tiene elementos para analizar, entendiendo también que esta fue modificada en alzada por una detención domiciliaria y otras medidas; que conforme al informe de la Vocal fue solicitado en la apelación, medidas menos gravosas y se ha concedido lo solicitado; iv) Respecto a que no se hubiera remitido los actuados de la apelación incidental ante el juzgado de origen por la documental adjuntada y los informes de la Vocal y el Juez demandado se advierte que se ha cumplido con la devolución antes de tener conocimiento de la acción de libertad; y, v) Respecto a Brenda Lafuente Fernández, carece de legitimación pasiva ya que es quien interpuso la denuncia en contra del accionante por la presunta comisión del delito de violencia política.
De la revisión y compulsa de la documentación adjunta al expediente, se evidencia lo siguiente: II.1. Cursa oficio de 7 de abril de 2022; por el cual, el Secretario de la Sala Penal Segunda en suplencia legal de su similar de la Sala Penal Primera en cumplimiento del Auto de Vista 182/2022 de 5 de igual mes, devuelve los antecedentes de la apelación incidental en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Luis Alfredo Muñoz Cerna, por el supuesto delito de violencia política contra las mujeres, lleva sello de recepción del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz el 7 de similar mes y año a horas 16:28 (fs. 21 y vta.). II.2. Consta providencia de 7 de abril de 2022, suscrito por Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, quien ordena el cumplimiento del Auto de Vista 182/2022 (fs. 22). II.3. Por mandamiento de detención domiciliaria de 8 de abril de 2022, expedido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, se ordena al encargado de celdas de la FELCV ponga en inmediata detención domiciliaria a Luis Alfredo Muñoz Cerna (fs. 23).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal, libertad de pensamiento, libertad de expresión y al debido proceso, estando en riesgo su vida; toda vez que: a) La Vocal demandada aunque revocó la detención preventiva no ha devuelto el cuaderno de apelación a los fines que se expida su mandamiento de libertad; b) El Juez y Fiscal demandados cometieron excesos; puesto que, no existió ningún delito y no concurren los elementos del tipo penal de violencia política; sin embargo, en la audiencia de medidas cautelares se dispuso su detención preventiva por el lapso de cuatro meses; c) El funcionario policial de la AJAM ejecutó una ilegal aprehensión, porque cometió abusos, él no tenía la facultad de secuestrarle el celular ni de mantenerlo privado de libertad en la institución; y, d) La Directora de la AJAM amenazó con hacerle llevar al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz y usar todas sus influencias; por lo que, solicita: 1) Se ordene la Sala Penal Primera o al Juzgado de Instrucción Penal Quinto se libre de forma inmediata el mandamiento de libertad debido a que ya se ha revocado la detención preventiva; 2) Se deje sin efecto el Auto de Vista de 4 de abril de 2022; 3) Se ordene señalar audiencia de consideración de la apelación de las medidas cautelares y la resuelvan conforme a los fundamentos jurídicos expresados sobre la nulidad de aprehensión ilegal, nulidad por falta de fundamentación de la imputación formal y revoque la resolución del juez ordenando su libertad pura y simple; 4) Se ordene a las autoridades demandadas especialmente al policía y a la directora de la AJAM el cese inmediato de la persecución en contra del accionante; y, 5) Se determine responsabilidades que corresponda a objeto de reparar los daños graves ocasionados al accionante. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) Sobre la acción de libertad innovativa y su configuración; ii) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; iii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; iv) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; v) Legitimación pasiva en la acción de libertad; y, vi) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0048/2018-S2 de 12 de marzo, asumió el siguiente entendimiento: Los arts. 22 y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE) establecen que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para el desarrollo de la personalidad, siendo deber primordial del Estado, respetarlo y protegerlo por ser inviolable; razón por la que, fue configurada la acción de libertad de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que el citado derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de vulneración. A ese efecto, el Tribunal Constitucional cambiando el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R de 20 de octubre y confirmado por las SSCC 1589/2003-R, 1728/2003-R, 1757/2003-R y 1928/2003-R; desarrolló en la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, además de determinar el ámbito de protección del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, una clasificación más, como es la acción de libertad innovativa, prevista para aquellos casos en los que se puede pedir la tutela ante una restricción del derecho a la libertad personal y de locomoción, aun después de cesada la detención; partiendo de su configuración como garantía constitucional de naturaleza adjetiva que debe ser explicada a la luz de una pauta hermenéutica, evolutiva e interpretación progresiva del art. 125 de la CPE; lo que evidencia el reconocimiento de la acción de libertad innovativa en los casos de amenaza del derecho a la vida, privación de libertad, persecución indebida o procesamiento indebido vinculado con el derecho a la libertad física o personal; por lo que, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente reparar o disponer el cese del hecho conculcador, sino también, advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza, contravienen el orden constitucional, siendo susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, aun si hubiere cesado el acto ilegal, tal cual lo establece la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, asumida por la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, que recondujo el entendimiento contenido en la citada SC 0327/2004-R; por consiguiente, a la clasificación de los cinco tipos de acción de libertad, que fueron sistematizados en el Voto Disidente de la SCP 1045/2013 de 27 de junio, se suma la acción de libertad innovativa.
En consecuencia, la acción de libertad innovativa permite al agraviado o víctima de la vulneración, acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención, con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional. Por ello, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1046/2019-S2 de 27 de noviembre, asumió el siguiente entendimiento: La Constitución Política del Estado (CPE) en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.
4El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente…”.
El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente…”.
El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenado…”. 5El FJ III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.
Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)
Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad. Sobre el plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes ante el juzgado de origen, luego de revolver la apelación, en la SCP 2077/2012 de 8 de noviembre, en su Fundamento Jurídico III.3, entendimiento reiterado en la SCP 0227/2019-S2 de 1 de mayo, establece que:
…el art. 251, modificado e incorporado por la Disposición final segunda de la LSNSC, señala que una vez remitido el expediente ante el Tribunal de apelación, éste “resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”, debiendo incluirse dicho entendimiento bajo los argumentos expuestos del principio de celeridad, debido proceso y prohibición de dilación en el proceso, indicando que una vez el Tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de 24 horas.
El Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente razonamiento: Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, dejó establecido que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria, se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad (…) eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30 de la LOJ, pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia.
En cuanto a la aplicación del principio de celeridad exigida a toda autoridad judicial, que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también la seguridad jurídica, más aun, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que:
…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud" (las negrillas nos pertenecen).
Jurisprudencia reiterada en numerosas Sentencias Constitucionales como las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010-R de 10 de agosto. Por consiguiente, debe entenderse que si bien la privación de libertad fue dispuesta por orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y el juez o tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0381/2018-S2 de 24 de julio, asumió el siguiente entendimiento:
El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional. Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril, puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el juez de instrucción penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, sistematiza tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la 7El FJ III.1.2, señala: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.
En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”. 8El FJ III.2, establece: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de los jurisdiccionales ordinarios aludidos”. 9El FJ III.3, señala: “Queda establecido entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa”. 10El FJ III.4, determina: “Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.
Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el acción de libertad para los casos en los que, en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones. Más tarde, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, sostuvo que si la acción de libertad está fundada en la restricción del derecho a la libertad personal, por causa de haberse restringido la misma, al margen de los casos y formas establecidas por ley y no esté vinculado a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción de libertad puede ser presentada de manera directa. Posteriormente, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2, sistematizó las reglas de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, conforme a lo siguiente:
1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley (…)
2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional.
3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.
Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”. 11El FJ III.2, cita: “En este orden, en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad.
(…)
Queda establecido que cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción es directa contra las autoridades que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley”.
a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad.
4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada.
5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar (las negrillas y el subrayado son nuestros). Finalmente, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre, moduló la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la SCP 0482/2013 antes citada, señalando que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: a) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, b) Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal; último supuesto, que de ninguna manera, implica que ante restricciones del derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley, no sea posible la presentación de la acción de libertad en forma directa, antes de haber transcurrido los plazos establecidos en la norma procesal penal. En síntesis, es posible la presentación directa de la acción de libertad, en el primer supuesto señalado en la SCP 0482/2013, cuando: 1) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; 2) Cuando existiendo dicha vinculación: 2.i) No se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal, o cuando: 2.ii) No habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley.
De conformidad a la sistematización de la línea jurisprudencial anotada, el juez de instrucción penal es la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional de la investigación, desde los actos iníciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, siendo también, llamada por ley para atender cualquier denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante esta etapa.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0038/2018-S2 de 6 de marzo, asumió el siguiente entendimiento: El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad tiene como antecedentes la SC 0255/2001-R de 2 de abril, que resolvió el caso concreto a la luz de la legitimación pasiva; empero, fue la SC 0691/2001-R de 9 de julio la que la define señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Al respecto, el Tribunal Constitucional transitorio, a la luz de la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril establece que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular; entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Más tarde el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, refuerza el entendimiento antes señalado, y precisa, que para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquella contra quien se dirige la acción.
Por otra parte, cabe mencionar a la SC 0258/2003-R de 28 de febrero, precisada por la SC 1740/2004-R de 29 de octubre, que establece que en aquellos casos en los que el acto denunciado como ilegal es ejecutado por una autoridad y es otra la competente para revisar esa actuación a efecto de modificar, confirmar o revocar el acto puesto a su conocimiento, el recurso debe ser interpuesto contra ambas autoridades al tener legitimación pasiva las dos. Entendimiento que fue ratificado en numerosas Sentencias Constitucionales Plurinacionales.
Empero, y siendo que la jurisprudencia es dinámica y la labor de este Tribunal es velar por la vigencia plena de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, la jurisprudencia constitucional desarrolló subreglas de flexibilización a la legitimación pasiva en las acciones de libertad a la luz del principio de informalismo que se desarrollaran a continuación: a) Es posible ingresar al análisis de fondo y conceder la tutela, cuando por error se dirigió la acción contra una autoridad distinta pero de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones, a la que cometió el acto u omisión ilegal, sin responsabilidad -SC 0945/2004-R de 17 de junio-, entendimiento que fue precisado por la SC 1651/2004-R de 11 de octubre, añadiendo a esta excepción, los supuestos en los que el acto u omisión sea manifiestamente contrario a la ley y existan elementos de convicción fehacientes que lo demuestren; aunque este entendimiento fue modulado de manera restrictiva por la SC 0192/2010-R de 24 de mayo, en la que se indicó que: “…en los casos en que la acción de libertad es emergente de un proceso judicial ordinario, como sucede en este caso, la exigencia de la legitimación pasiva debe ser necesariamente cumplida por el accionante”; empero, la SCP 0066/2012 de 12 de abril recondujo el entendimiento a la SC 1651/2004-R; y en ese sentido, en los casos en los cuales la acción de libertad se dirige por error contra una autoridad judicial diferente a la que causó la lesión, pero de la misma institución, rango, jerarquía e idénticas atribuciones, en virtud del principio de informalismo, se aplica la excepción a la legitimación pasiva;
b) Cuando el accionante se encuentra en una situación desventajosa de desconocimiento del derecho, sea extranjero o indígena -SC 0499/2007-R de 19 de junio-; c) Cuando la acción es dirigida contra un tribunal colegiado, no es necesario recurrir contra todas las autoridades que cometieron el acto ilegal, que impartieron o ejecutaron la orden -SSCC 0358/2005-R de 12 de abril y 1178/2005-R de 26 de septiembre-, al respecto la SC 0358/2005-R, señaló que otrora en el recurso de hábeas corpus, no era necesario recurrir a todas la autoridades que firman la resolución que se acusa como lesiva a los derechos y garantías, pues es suficiente que se acuse el acto y se lo demuestre de forma fehaciente para obtener la tutela, este entendimiento además es asumido y aplicado en las acciones de libertad que justifican el razonamiento a partir del principio de informalismo; d) En cuanto a las autoridades cesantes, si bien mediante la SC 0264/2004-R de 27 de febrero, al tiempo de resolver una acción de amparo constitucional, expresó que es posible el planteamiento de la demanda contra la autoridad que en el momento de la presentación de la acción se encuentre en el ejercicio del cargo; posteriormente, a través de la SCP 0142/2012 de 14 de mayo, se establece que en todas 19El FJ III.2, establece que: “…empero, ante una evidente y manifiesta vulneración del derecho a la libertad, de personas que no son naturales de nuestro país, como en el caso presente, y demostrado como está que el recurrente es extranjero habiendo acreditado ser ciudadano de la República del Congo, o en su defecto tratándose también de indígenas, quienes no tienen conocimiento del derecho positivo, ni de los medios para acceder a una buena defensa, se hace imperioso se otorgue la protección que brinda el recurso de hábeas corpus, por cuanto la formalidad observada no puede ser exigible a quienes se encuentran en una situación desventajosa, entendimiento que viene a constituir otra subregla, a la excepción de la legitimación pasiva, y que debe aplicarse en el caso presente, en el cual la demanda debió dirigirse contra la autoridad jurisdiccional, y no obstante esta omisión se debe declarar la procedencia del recurso, sin responsabilidad para la autoridad erróneamente recurrida, quien es representante del Ministerio Público, órgano distinto y de funciones diferentes a la autoridad jurisdiccional como es la Jueza Segunda de Instrucción Mixta cautelar de Villa Tunari”. 20El FJ III.3, precisa que: “La obligación de demandar a todos los miembros de un tribunal colegiado no es exigible en materia de hábeas corpus, sino únicamente en el recurso de amparo constitucional, que tiene naturaleza distinta al recurso planteado, por lo mismo no es de aplicación a éste, pues la Ley del Tribunal Constitucional como la doctrina constitucional emitida por esta jurisdicción ha eximido a la persona que recurra en hábeas corpus del cumplimiento de ciertos formalismos atendiendo la esencia del mismo y los fines que persigue; por consiguiente, la omisión del recurrente de plantear el hábeas corpus contra todos los integrantes del Tribunal Cuarto de Sentencia, no impide a este Tribunal ingresar a la compulsa de fondo del recurso, salvo que exista alguna otra omisión de parte del recurrente que haga imposible realizarla. Así, la SC 0360/2005-R, de 12 de abril; sin embargo, ello determina que bajo el principio general de que las concurrencias de un fallo judicial sólo alcanza a quienes participaran en la litis; en caso de procedencia, no se puede declarar responsables a las autoridades que no fueron demandadas”. 21El FJ III.1, señala que: “Antes de ingresar al análisis de la problemática planteada, cabe señalar que en el recurso de hábeas corpus no es necesario que se recurra a todas las autoridades que firman la resolución que se acusa como lesiva a los derechos y garantías bajo protección de este recurso, pues basta con que se acuse el acto y se lo demuestre de forma fehaciente para obtener la tutela, lo que significa que la omisión en recurrir a todas las autoridades que incurrieron en la persecución, aprehensión, detención, apresamiento o procesamiento indebidos o ilegales, no impide a este Tribunal ingresar a realizar el análisis de fondo de la lesión denunciada, por lo mismo no corresponde un rechazo inmediato ante la presentación del recurso, sino estudiar las pruebas aportadas por la parte recurrente y resolver la problemática declarándola procedente o improcedente”. 22El FJ III.3.1, manifiesta que: “Por lo señalado, prima facie, debe establecerse que en mérito a la organización del Estado, el orden constitucional y el bloque de legalidad imperante, disciplinan para los diferentes órganos públicos, competencias, atribuciones y potestades públicas que deberán ser ejercidas por los servidores públicos, por lo que en virtud al ejercicio de estos roles, todos los actos u omisiones lesivas a derechos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, no implican afectaciones a derechos realizadas en ejercicio personal, en consecuencia, la identificación exigida por el art. 77.2 de la LTCP, tiene la finalidad de asegurar el derecho a la defensa y la equidad de la parte demandada, pero en el caso de servidores públicos, la defensa que debe ser garantizada para la parte demandada, no es personal, sino como autoridades que responden a una potestad pública determinada, por tanto, la cesantía de servidores públicos que hayan originado el acto u omisión indebida, no implicará incumplimiento en etapa de admisibilidad de la exigencia plasmada en el art. 77.2 de la LTCP cuando no se identifique el nombre de la nueva autoridad en ejercicio de una determinada función pública, en ese contexto, interpretando esta disposición bajo un criterio favorable a una efectiva tutela constitucional, debe establecerse que este presupuesto se tendrá por cumplido y por ende asegurado el derecho a la igualdad procesal y por supuesto a la defensa de la parte demandada, cuando en la identificación a ser realizada por el accionante, se consigne la identificación del cargo o la función pública en cuyo ejercicio pudieron cometerse actos violatorios o restrictivos a derechos fundamentales; asimismo, para cumplir con la teleología las acciones de defensa es suficiente identificar el cargo o la función pública en cuyo ejercicio se cometieron los supuestos actos ilegales en los casos de cesantía de servidores públicos; más tarde, la SCP 0106/2012 de 23 de abril refiere que es posible el planteamiento de la demanda contra la autoridad que en el momento de la presentación de la acción se encuentre en el ejercicio del cargo, con mayor razón si la autoridad que lo asumió, ejecutó o mantuvo el acto o resolución considerado ilegal; e) También se flexibilizó la legitimación pasiva en supuestos en los que sea imposible identificar a los demandados -SCP 0998/2012 de 5 de septiembre-; excepción que si bien fue desarrollada en una acción de amparo constitucional, es también aplicable a la acción de libertad; f) Cuando se trata de vías de hecho cuya legitimación pasiva tengan particulares, procede la presentación directa de la acción de libertad y de todas las acciones de defensa -SCP 0292/2012 de 8 de junio; y, g) El director de un centro hospitalario tiene la legitimación pasiva en acciones de libertad planteadas contra centros hospitalarios por retenciones indebidas de pacientes, en su condición de máxima autoridad, aun cuando el mismo no hubiese ordenado de manera directa la restricción de libertad, entendimiento que fue asumido por la SC 0667/2010-R de 19 de julio y reiterado por la SCP 0190/2012 de 18 de mayo, entre otras.
del art. 77.2 de la LTCP, se tendrá por cumplido este presupuesto, cuando además se precise el domicilio asignado para el ejercicio de dicha función pública”. 23El FJ III.1, indica que: “Por consiguiente, no sería correcto sostener que la reparación de los actos lesivos denunciados por el accionante, sean reclamados ante una autoridad judicial que perdió competencia por inhibitoria; más aún cuando existe una autoridad judicial que ejerce plena competencia actual sobre la causa y con suficiente legitimación pasiva para conocer, sustanciar y resolver los recursos ordinarios que correspondan en derecho. En este sentido, no es posible sustentar la falta de legitimación pasiva de la autoridad accionada como causa para neutralizar la presente acción tutelar”. 24El FJ III.5, expresa que: “…se tiene que la parte peticionante de tutela para el caso de vías de hecho, de manera excepcional podrá activar la tutela sin identificar a la parte demandada cuando por las circunstancias particulares del caso no sea posible una determinación de personas que incurran en vías de hecho; en ese orden, para asegurar una equidad procesal, a las personas que no hayan sido expresamente citadas como demandados y que pudieran ser afectados con los efectos de una eventual concesión de tutela por vías de hecho, no se les aplica el principio de preclusión procesal para la presentación ulterior a la audiencia pública de medios de defensa.
En mérito a lo señalado, las personas que no hayan sido expresamente demandadas en acciones tutelares vinculadas a medidas de hecho, en mérito a esta flexibilización excepcional de la legitimación pasiva para estos casos, y en resguardo de un equilibrio procesal, en cualquier etapa del proceso de amparo, incluso en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, podrán hacer valer sus derechos, debiendo en estos casos ser oídos de manera amplia y admitidos sus medios probatorios en cualquier instancia procesal”. 25El FJ III.2, establece que: “Conforme a ello, los particulares tienen el deber de respetar los derechos de terceros y, en consecuencia, de abstenerse de realizar acciones que obstaculicen el ejercicio de los mismos; pues en su caso, es posible su demanda, sea en la vía ordinaria, a través de los mecanismos previstos en nuestro ordenamiento jurídico, o a través de las acciones de defensa reconocidas en nuestra Constitución Política del Estado; pues tanto la acción de libertad, como las acciones de amparo constitucional, de protección a la privacidad y popular proceden contra particulares.
En ese ámbito debe precisarse que si se opta por la vía constitucional los accionantes deberán presentar la acción idónea para la defensa de sus derechos o garantías, atendiendo al ámbito de protección de cada acción; aclarándose además que, frente a vías de hecho de particulares; es decir, acciones que no tienen ningún respaldo en el derecho -sea del sistema ordinario o indígena originario campesino-, que se encuentren debidamente acreditas y se originen en una situación de desventaja del accionante respecto al demandado, con un claro abuso de poder, no corresponde denegar la tutela solicitada por subsidiariedad, en virtud, precisamente, a la ilegitimidad de dichos actos que no tienen ningún respaldo legal y menos constitucional”. 26El FJ III.5.1, precisa que: “Es pertinente aclarar que el Director de un Hospital, sea privado o público, tiene el deber de verificar que en la Institución a su cargo no se susciten situaciones irregulares, restrictivas de los derechos de sus pacientes, responsabilidad que emerge de sus funciones y atribuciones propias de máxima autoridad de un Centro hospitalario, aún cuando no hubiese sido dicha autoridad quien dispuso o impidió la salida del Hospital de un paciente por razones estrictamente económicas, pues corresponde a dicha autoridad asumir la responsabilidad por los hechos que se susciten bajo su Dirección por parte del personal, y en su caso, al conocer una situación irregular lesiva de derechos, está en la obligación de corregirlos o subsanarlos, lo que no ocurrió en el presente caso”.
En el caso objeto de análisis, el accionante a través de su representante sin mandato, alega la lesión sus derechos a la libertad personal, libertad de pensamiento, libertad de expresión y al debido proceso, estando en riesgo su vida; estas vulneraciones las atribuye al actuar de cinco demandados con distintos hechos denunciados; por lo que, corresponde efectuar el análisis individualizado de los hechos: Respecto a Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz En síntesis se denuncia que después de haber revocado la detención preventiva que dispuso el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, no devolvió el cuaderno al juzgado de origen a efectos de que se libre el mandamiento de libertad; sin embargo de ello, de la documental presentada por el Juez demandado se advierte que la devolución extrañada se cumplió el 7 de abril de 2022 a horas 16:28 (Conclusión II.1); y en consecuencia, se emitió el mandamiento de detención domiciliaria a favor del ahora accionante (Conclusión II.3); es decir, que con ello se hubiera cumplido con la finalidad de la acción de libertad en contra de la Vocal, tal como lo admite la parte accionante al momento de la ratificación de los hechos en la audiencia de acción de libertad; sin embargo, conforme al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional la finalidad de la acción de libertad no es únicamente reparar o disponer el cese del acto que lesiona el derecho, sino también, advertir a las autoridades, servidores públicos y personas particulares, qué conductas de esa naturaleza contravienen el orden constitucional y deben ser susceptibles de sanción; por lo que, corresponde ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados. De la revisión de los antecedentes y conclusiones del presente fallo constitucional, se advierte que la Vocal demandada mediante Auto de Vista 182/2022, hubiera revocado el Auto Interlocutorio que dispuso la detención preventiva y hubiera dispuesto medidas cautelares menos gravosas, entre ellas la detención domiciliaria, ya que dispuso que se libre el mandamiento correspondiente; la devolución del cuaderno de apelación se efectuó el 7 de abril de 2022 a horas 16:28; es decir, dos días después de haber resuelto la apelación (Conclusión II.1). Conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional resuelta la apelación incidental vinculada a las medidas cautelares el Tribunal de alzada debió devolver los antecedentes al juzgado de origen en el plazo de veinticuatro horas; por lo que, en el caso de autos se observa que hubo una dilación en la devolución, cuando de acuerdo al razonamiento expresado en los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se debió haber actuado con la debida celeridad; por lo que, corresponde conceder la tutela. Cabe señalar que en el petitorio de la demanda tutelar se alude también a la nulidad del Auto de Vista emitido por la Vocal demandada y la reconsideración de la apelación incidental en una audiencia; empero, este petitorio resulta contradictorio al primer petitorio en el que pide que se libre el mandamiento de libertad porque se habría dispuesto la revocatoria de la detención preventiva; es decir, primero pide el cumplimiento de lo dispuesto por el Auto de Vista 182/2022 y luego su nulidad; además no fundamenta ni denuncia de manera clara en que forma lesionaría sus derechos el Auto de Vista, no establece qué agravios no fueron respondidos, sí la resolución vulneraría el debido proceso en alguna vertiente, sólo hace referencia que se debería considerar fundamentos vinculados a la nulidad de la aprehensión ilegal y la falta de fundamentación de la imputación, cuando la apelación incidental es sobre la aplicación de medidas cautelares y no sobre el tipo de incidentes a los que hace referencia. Respecto a Gilmar Edwin Sandoval Rivera, Fiscal de Materia; y Wilson Rocha Morato, funcionario policial Respecto al actuar del funcionario policial se denuncia que ejecutó una ilegal aprehensión, porque cometió abusos, que él no tenía la facultad de secuestrarle el celular ni de mantenerlo privado de libertad en la institución y en relación al Fiscal de Materia se refiere que cometió abusos porque se dispuso su detención preventiva sin que exista delito; toda vez que, no concurren los elementos del tipo penal de violencia política. Conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional, el Juez que ejerce el control jurisdiccional en la investigación y la etapa preparatoria, es la autoridad llamada por ley para atender cualquier denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales; por lo que, en relación a la aprehensión ilegal, la presunta falta de fundamentación de la imputación formal y los supuestos actos de abuso desplegados por el Fiscal de Materia y funcionario policial demandados; este Tribunal Constitucional Plurinacional no puede efectuar el análisis de fondo; toda vez que, el accionante debió recurrir ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz previamente; en consecuencia, corresponde denegar la tutela en cuanto a los referidos demandados. Respecto al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz
Se denuncia el hecho de que dispuso su detención preventiva por el lapso de cuatro meses sin que exista delito; al respecto acorde lo descrito en el Fundamento Jurídico III.4 la SCP 0482/2013 de 12 de abril, que sistematizó la jurisprudencia vinculada a la subsidiariedad, citó cinco reglas de aplicación y la cuarta establece que cuando existe imputación y/o acusación y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que afecta al derecho a la libertad física o de locomoción con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma; en el caso presente es aplicable esta regla porque se infiere que denuncia la resolución que dispuso su detención preventiva misma que fue apelada y revocada en alzada; es decir, las presuntas vulneraciones fueron ya consideradas por la misma justicia ordinaria e incluso habrían sido reparadas conforme el informe de la Vocal demandada quien señala que se habría solicitado la aplicación de medidas menos gravosas a la detención preventiva y se concedió este petitorio; en ese marco corresponde de igual forma denegar la tutela en cuanto a esta autoridad. Respecto a Brenda Lafuente Fernández, Directora Ejecutiva Nacional de la AJAM La demanda tutelar no es clara respecto a las denuncias contra Brenda Lafuente Fernández, Directora Ejecutiva de la AJAM; sin embargo, podemos extractar que hubiera vertido amenazas para mandarlo al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. Conforme el entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.5 del presente fallo constitucional es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales. En el caso que se examina, de acuerdo a los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, la privación de libertad del accionante, ya fue considerada en una audiencia de medidas cautelares y posteriormente en una audiencia de apelación; es decir, existen resoluciones judiciales que se pronunciaron al respecto; en ese marco Brenda Lafuente Fernández, Directora Ejecutiva de la AJAM; carece de legitimación pasiva para ser demandada, correspondiendo denegar la tutela. Cabe señalar que los hechos que son objeto de investigación en el proceso penal seguido contra el accionante por el Ministerio Público, en el cual la demandada Brenda Lafuente Fernández se constituya en víctima o denunciante del proceso penal hechos en los que entendemos en la teoría de defensa -accionante- vulnerarían los derechos de la libertad de pensamiento y libertad de expresión; no pueden ser analizados por la justicia constitucional, al ser hechos controvertidos que deben ser previamente resueltos por la justicia ordinaria. Finalmente, corresponde resaltar que no existe en los antecedentes ningún elemento que muestren que la vida del ahora accionante se encuentre en peligro y la demanda tutelar no contiene un fundamento claro que amerite analizar en relación a la amenaza a dicho derecho; correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela en relación a aquello. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, actuó en forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR parcialmente la Resolución 21/2022 de 8 de abril, cursante de fs. 30 a 33 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en relación a Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; en la modalidad innovativa por la demora en la devolución del cuaderno de apelación al juzgado de origen; todo conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Se llama la atención a Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por no devolver el cuaderno de apelación con la debida celeridad a los fines que se cumpla la expedición del mandamiento de detención domiciliaria que ella misma ordenó; sea bajo advertencia de remitirse antecedentes al Consejo de la Magistratura en caso de incurrir en actos dilatorios en el trámite de cuestiones vinculadas al derecho a la libertad. 3° DENEGAR la tutela en relación a William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; Gilmar Edwin Sandoval Rivera, Fiscal de Materia; Brenda Lafuente Fernández, Directora Ejecutiva Nacional de la AJAM; y, Wilson Rocha Morato, funcionario policial; y, así como en relación a los derechos de la libertad de pensamiento, libertad de expresión y a la vida. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, del contenido de los preceptos aludidos y los debates parlamentarios glosados, se extrae de manera clara y precisa que la voluntad del legislador es que las lesiones al derecho a la libertad encuentren protección dentro del ámbito del hábeas corpus, declarando su procedencia en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, no obstante haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; en consecuencia, es preciso cambiar el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R…”.
2 El FJ III.1, señala: “Dicho entendimiento se justifica plenamente si se considera que la justicia constitucional tiene como una de sus funciones el precautelar el respeto y vigencia de los derechos y las garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado y en las diferentes normas en materia de derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad, y, por ende debe imprimir todos los mecanismos necesarios que permitan el ejercicio real y efectivo de los mismos”. 3El FJ III.2 describe: “6) Acción de libertad Innovativa En una interpretación evolutiva del art. 125 de la CPE, la acción de libertad Innovativa, tiene la finalidad de tutelar una garantía sustantiva esencial: La libertad física o de locomoción, el procesamiento indebido directamente vinculado con estos derechos o la persecución ilegal, aun cuando los actos u omisiones violatorias a los presupuestos antes señalados hubiesen cesado. Así, esta tipología fue asumida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, y debe ser incluida a la presente sistematización, por tanto, frente a los supuestos antes descritos, aun frente a la cesación de actos u omisiones lesivas a la libertad física o de locomoción, debe inequívocamente ejercerse el control de constitucionalidad, con la consiguiente responsabilidad de las autoridades o particulares demandados en caso de verificarse la existencia de actos u omisiones que afecten los derechos antes referidos” (las negrillas son nuestras).
6 El FJ III.2, refiere que: “…el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido”.
12 El FJ III.2, señala: “Ahora bien, con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica, es necesario modular la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la Sentencia Constitucional Plurinacional antes glosada y, en ese sentido, debe señalarse que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional”.
13 El cuarto Considerando, señala que: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción, lo que no ocurre en el presente caso…”. 14El FJ III.5, indica que: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 15El FJ III.2, establece que: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción. En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”.
16 El FJ III.1, refiere que: “…en aquellos casos en los que el acto denunciado como ilegal es ejecutado por una autoridad y es otra la competente para revisar esa actuación a efecto de modificar, confirmar o revocar el acto puesto en su conocimiento, el recurso debe ser interpuesto contra ambas autoridades al tener legitimación pasiva, la primera por ejecutar el acto ilegal y la segunda por no corregirlo, de modo que al ser ambas responsables, deben asumir las consecuencias de sus actos” 17El FJ III.4, expresa que: “Si bien es cierto que los funcionarios, contra quienes se planteó el recurso, carecen de legitimación pasiva para ser recurridos; no es menos evidente que estando debidamente acreditado que el recurrente fue aprehendido, luego detenido indebida e ilegalmente, corresponde otorgar la tutela solicitada, ello en sujeción a la jurisprudencia establecida por este Tribunal en sentido de que siendo cierta la detención ilegal acusada, a pesar de la falta de legitimación pasiva de la autoridad recurrida, se declara procedente el hábeas corpus sin responsabilidad, disponiendo la libertad inmediata del recurrente”. 18El FJ III.1, regula que: “Puestas así las cosas, corresponde precisar que la aplicación de esta sub-regla de derecho no puede tener alcances ilimitados, puesto que la misma ha sido creada, única y exclusivamente, para resolver de manera excepcional aquellos supuestos en los que el recurso, por error en la identidad, es dirigido contra una autoridad distinta pero de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones, a la que cometió efectivamente el acto ilegal, y sólo cuando éste es manifiestamente contrario a la ley y existen los elementos de convicción pertinentes que lo acrediten; no siendo aplicable a otras situaciones en las que no se aprecie tal error y existe la necesidad de contar con mayores elementos de convicción para acreditar la existencia del acto ilegal” (el subrayado es nuestro).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0782_2023-S1.pdf · páginas 1 a 22.
Huella digital del PDF (SHA-256): 29da6c27e52f8a82fe41e0dd52034d7b3ac9d29eb13a0d25fbd7b55b692ffe2b
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