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SCP 0774/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 17 de julio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
17 de julio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
62142-2024-125-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, vinculado al principio de celeridad; toda vez que, se encuentra cumpliendo una condena en la Republica de Paraguay; razón por la que, instauró el trámite necesario, para su traslado a nuestro País; no obstante, el Director demandado generó una dilación indebida al no dar prosecución a esa solicitud, desconociendo dónde se encuentra actualmente su carpeta. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2024 de 23 de febrero, cursante de fs. 136 a 137 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, con base en los Fundamentos Jurídicos desarrollados en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0774/2025-S3 Sucre, 17 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 62142-2024-125-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 07/2024 de 23 de febrero, cursante de fs. 136 a 137 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Grisell Azusena Rioja Gemio en representación sin mandato de Carlos Roberto Cuellar Bravo contra Bernardo Ortíz Cortéz, Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 21 de febrero de 2024, cursantes de fs. 1; y, 6 a 7 vta., el accionante a través de su representante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Siendo que viene cumpliendo una condena en la República de Paraguay; decidió iniciar presentar solicitud de traslado al territorio nacional; sin embargo, ese trámite se encuentra paralizado. Razón por la cual su esposa al radicar en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se apersonó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la abogada que ahora le representa y tras presentar memorial para verificar el estado de su trámite, logró advertir que, en junio de 2021, se remitió la “…aceptación a efectos de que se pueda resolver…” (sic). Esa cartera de Estado manifestó que los antecedentes necesarios fueron enviados el 27 de noviembre de 2023, aquello significaba que ocasionó una demora innecesaria; por otro lado, en la “…dirección legal del Ministerio de Relaciones Exteriores restringen el seguimiento respectivo de los abogados…” (sic).

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

No señaló la lesión de ningún derecho; empero, se infiere que presuntamente se estaría afectando a su derecho a la libertad, vinculado al principio de celeridad sin citar norma constitucional a ese efecto.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la remisión del expediente o carpeta de traslado ante la autoridad jurisdiccional para su sorteo y radicación en el Juzgado de Ejecución Penal de turno y se cumpla con el convenio.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 23 de febrero de 2024, según consta en acta cursante de fs. 133 a 135 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela por intermedio de su representante, ratificó el tenor íntegro del memorial de la acción tutelar y ampliándolo indicó que: a) Solicitó se conceda la tutela para que el Director demandado proceda a remitir antecedentes a la “…Presidencia del Tribunal Departamental de Justica de Santa Cruz…” (sic), evitando dilaciones innecesarias que vulneren “…el principio de inmediatez…”; también se le permita el acceso a la información de su caso; b) Se restringió el derecho al libre ejercicio de la profesión y al trabajo; y, c) De la documentación presentada existe un informe que presentaron a su esposa indicando que como Ministerio de Relaciones Exteriores ya hubieran remitido su trámite a la “…Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz…” (sic); empero hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa no sería así. Ante la pregunta del Juez de garantías de si se cuenta con algún documento oficial por parte del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz de que no recibieron nada respondió: Presentó memorial para hacer seguimiento empero no tienen respuesta porque les dicen que no existe esa documentación.

I.2.2. Informe del demandado

Juan Felipe Pinilla Tellería en representación de Celinda Sosa Lunda Ministra de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, por informe escrito presentado el 23 de febrero de 2024, cursante a fs. 26 y en audiencia de garantías, señaló que: 1) Adjunta informe Cite GM-DGAJ-UAJI-In/2024 de 22 de febrero, que en su parte principal señala que remitieron antecedentes al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz el 30 de noviembre de 2023, relativo al traslado solicitado por el peticionante de tutela; no existiendo reclamo ni representación sobre la falta de la carpeta; 2) La SCP “1010/2024 de diciembre” consagró en materia procesal y constitucional el principio de libertad de las formas procesales, en sentido tal que aquello a dirimirse en una acción constitucional es la procedencia o no de la misma, evidenciando o no la vulneración de derechos constitucionales; 3) Dentro del proceso penal que enfrentó el solicitante de tutela, en la Republica de Paraguay se emitió el Auto Interlocutorio 470 de 8 de mayo de 2022, el cual determinó que recién el 8 de octubre de 2030, podría solicitar su libertad condicional; 4) Remitieron el trámite en cuestión, mediante documento de 27 de noviembre de 2023, solicitando al Órgano Judicial se pronuncie sobre el mismo; y, 5) En materia internacional existe una cláusula de confidencialidad, respecto a los trámites que se realizan; asimismo, en sus oficinas no cursa ningún apersonamiento, con poder o certificado de matrimonio para acreditar parentesco con el accionante por parte de su cónyuge ahora impetrante de tutela.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 07/2024 de 23 de febrero, cursante de fs. 136 a 137 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El accionante presentó una nota que le habría remitido el Director demandado en el cual informa del trámite en cuestión y que el mismo ya fue remitido el 27 de noviembre de 2023 ante el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; ii) Se advirtió la existencia de una nota expedida por el citado Director al Presidente del referido Tribunal Departamental con sello de recepción de 30 del indicado mes y año, con la referencia de remite carpeta y solicitud de traslado internacional; y, iii) El objeto constitucional que se pretendía con la solicitud de tutela ya no existe; y de suscitarse una dilación en el referido trámite esta acción de defensa tendría que haberse dirigido contra las autoridades jurisdiccionales.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En mérito al Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-04/2024 de 9 de mayo (fs. 142 a 148), se dispuso la optimización de la Gestión Procesal para la resolución de acciones de libertad traslativas o de pronto despacho, según orden cronológico para su clasificación.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-4305/2023 de 27 de noviembre, expedida por Bernardo Ortíz Cortéz, Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia -demandado-, dirigido a Freddy Larrea Melgar, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz con referencia “Remite carpeta de solicitud de traslado internacional - Caso CARLOS ROBERTO CUELLAR BRAVO”, con sello de recepción de 30 del indicado mes de 2023 (fs. 130). II.2. Cursa nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-4433/2023 de 6 de diciembre, emitida por el Director demandado dirigido a Lola Vargas Rojas -esposa del accionante-, haciéndole conocer que la solicitud de traslado internacional de su cónyuge fue remitida al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz el 27 de noviembre del indicado año (fs. 3 y vta.). II.3. Por memorial de 6 de febrero de 2024, dirigido al Presidente y Vocales del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Lola Vargas Rojas, impetró se realice el sorteo ante el juez de ejecución penal de turno para dar curso al trámite de traslado del impetrante de tutela (fs. 4).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, vinculado al principio de celeridad; toda vez que, se encuentra cumpliendo una condena en la Republica de Paraguay; razón por la que, instauró el trámite necesario, para su traslado a nuestro País; no obstante, el Director demandado generó una dilación indebida al no dar prosecución a esa solicitud, desconociendo dónde se encuentra actualmente su carpeta. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SC 0465/2010-R de 5 de julio, establecióque: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).

Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras).

En lo concerniente al principio de celeridad y la acción de libertad traslativa, la señalada Sentencia Constitucional, sostuvo que: “Por previsión del art. 8.II de la CPE, el Estado se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo el cual resulta ser el vivir bien. En este sentido, el constituyente ha previsto no sólo los valores generales entre los cuales figura como se mencionó la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se fundamenta la jurisdicción ordinaria entre los cuales se encuentra la celeridad, así se tiene previsto en el art. 180.I de la CPE; es por ello que precisamente la potestad de impartir justicia según el art. 178.I de la CPE, emana del pueblo boliviano y se sustenta en la seguridad jurídica, en la celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes.

Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrollo en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

En antecedentes, cursa nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-4305/2023 de 27 de noviembre, expedida por el Director demandado, dirigido a Freddy Larrea Melgar Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz con referencia “Remite carpeta de solicitud de traslado internacional – Caso CARLOS ROBERTO CUELLAR BRAVO”, con sello de recepción de 30 del indicado mes y año (Conclusión II.1); por otra parte, consta nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-4433/2023 de 6 de diciembre, emitida por la autoridad demandada dirigida a Lola Vargas Rojas -esposa del accionante- a través de la cual le comunica que el trámite de traslado el 27 del referido mes y año fue remitido al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (Conclusión II.2); de igual forma por memorial de 6 de febrero de 2024, dirigido al Presidente y Vocales del citado Tribunal Departamental de Justicia, Lola Vargas Rojas, impetró se realice el sorteo ante el juez de ejecución penal de turno para dar curso al trámite de traslado del impetrante de tutela (Conclusión II.3).

La problemática traída a revisión por el peticionante de tutela, refiere en que inició la solicitud para su traslado, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia con el objeto de que pueda cumplir en el territorio nacional la condena que le impusieron en la República de Paraguay. Considera que el Director demandado dilató de manera indebida ese trámite por lo cual impetra se de viabilidad a la remisión del mismo para su sorteo y radicación en el Juzgado de Ejecución Penal de turno de Santa Cruz. Al respecto, se tiene que el 30 de noviembre de 2023 el Director demandado por Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-4305/2023 de 27 del mismo mes, remitió la carpeta de solicitud de traslado internacional del accionante al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y considerando, que esta acción de defensa fue formulada el 21 de febrero de 2024; el proceso para dar curso a esa diligencia fue despachado en su oportunidad. Ahora bien, conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio eficaz a interponer en oposición a una presunta transgresión al debido proceso en su elemento de celeridad, cuando esté relacionada a la libertad producto de demoras indebidas en los trámites administrativos o judiciales tendientes a resolver la situación jurídica del procesado. Bajo ese marco, el trámite de traslado instaurado por el accionante en la República del Paraguay, una vez fue de conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, este a su vez lo derivó al Ministerio de Gobierno para que por intermedio de su Dirección General de Régimen Penitenciario valore el mismo; en ese orden, dicha instancia a través del informe D.G.R.P.-A.L.C. 229/2023 de 10 de noviembre, dispuso la procedencia de la aceptación de la transferencia internacional, por lo que fue remitido ante el Director ahora demandado el 17 de noviembre de 2023, por Nota Cite MG/DGRP 3498/STRIA-1559/2023 de 16 del mencionado mes. Posterior a ello la autoridad demandada remitió tales antecedentes ante el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz por nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-4305/2023 de 27 de noviembre, con cargo de recepción de 30 del indicado mes y año; por lo cual no resulta evidente los tres meses de demora señalados por el impetrante de tutela, máxime si se considera que en el marco del reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) en su art. 71.I inc. e) se prevé: “Dictámenes e informes técnicos: 10 días”, por lo cual al ponerse en conocimiento de la autoridad demandada el Informe D.G.R.P.-A.L.C. 229/2023 de 10 de noviembre, por supletoriedad podría aplicarse el señalado término computable desde el 17 de noviembre de 2023 que al 30 de mismo mes y año -en que fue remitido ante el citado Tribunal Departamental- no se advierte demora o dilación indebida. Asimismo, es menester acotar que esta acción de libertad fue interpuesta el 21 de febrero de 2024, es decir aproximadamente dos meses después de remitida la documentación necesaria para la prosecución del trámite de traslado, que al momento de su interposición se encontraba en el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Bajo ese marco, se tiene la Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-4433/2023 de 6 de diciembre expedida por la autoridad demandada dirigida a la esposa del impetrante de tutela por la cual se informaba que no se podía brindar mayores detalles de su trámite de traslado internacional en el marco del convenio con el vecino país; sin embargo, le comunicaron que el mismo ya se encontraba en el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; por lo cual, esta acción de defensa debió ser instaurada contra el Presidente de esa institución y al no haberse formalizado de esa manera no es posible instruir se dé celeridad a la diligencia de traslado por cuanto la presente acción no fue dirigida contra la referida autoridad. Concierne aclarar que en el desarrollo de la audiencia de garantías la abogada del accionante denunció una presunta lesión a su derecho al ejercicio de su profesión y al trabajo; sin embargo, se evidencia que al no ser ella parte en esta acción tutelar y además que tales derechos se encuentran fuera de la naturaleza de la acción de libertad, no es posible emitir criterio al respecto. Por lo expuesto, al no advertirse la dilación denunciada en el trámite de traslado internacional del impetrante de tutela, no es posible otorgar la protección impetrada, correspondiendo denegar la tutela. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2024 de 23 de febrero, cursante de fs. 136 a 137 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, con base en los Fundamentos Jurídicos desarrollados en este fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0774_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 64e47ddb6172dca3f7c7b891f0398c39fb8a1aea45a324b3895778422b0f1451

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