B.IA.LEGAL

SCP 0771/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 12 de julio de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
12 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
40772-2021-82-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

La solicitante de tutela, denuncia la vulneración de sus derechos; a la libertad; y al acceso a la justicia; toda vez que, los servidores públicos demandados, dentro del trámite para la concesión del beneficio de Libertad Condicional, hasta la fecha de presentación de la presente acción de tutela, no remitieron la documentación ordenada por el Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; por ello solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia se disponga que las autoridades demandadas remitan los documentos en el plazo de veinticuatro horas. En consecuencia, con carácter previo corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para cuyo efecto se desarrollaran los siguientes temas: i) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por la peticionante de tutela; ii) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; y, iii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución de 4 de junio, cursante de fs. 14 vta. a 15, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a Silvia Eugenia Vásquez Cuevas, Directora del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz -Sección de Mujeres-, en los mismos términos dispositivos establecidos por el Tribunal de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación a Mauricio Ariel Romero Catacora, Director Departamental del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, sobre la base de la fundamentación de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0771/2023-S1 Sucre, 12 de Julio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 40772-2021-82-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución de 4 de junio de 2021, cursante de fs. 14 vta. a 15, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Elizabeth Teófila Choque Mamani contra Mauricio Ariel Romero Catacora, Director Departamental y Silvia Eugenia Vásquez Cuevas, Directora -Sección de Mujeres-, ambos del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 2 de junio de 2021, cursante de fs. 2 a 3 vta., la accionante, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

De la documentación adjunta, se evidencia que dentro del fenecido proceso penal seguido por el Ministerio Publico en su contra, por la comisión del ilícito de transporte de sustancias controladas, al cumplimiento de las dos terceras partes de su condena y conforme lo establecido por el art. 174 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión -Ley 2298 del 20 de diciembre de 2001-, solicitó libertad condicional; al efecto el Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Oficio 423/2021 de 27 de abril que fue recibido por el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz -Sección de Mujeres-, el 4 de mayo del mismo año, ordenó a las autoridades demandadas remitir la respectiva documentación. A la fecha de la presente acción tutelar, los funcionarios demandados no han cumplido con la remisión de la documentación.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La solicitante de tutela considera lesionados sus derechos; a la libertad; y al acceso a la justicia; citando al efecto los arts. 23 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia se disponga que las autoridades demandadas remitan los documentos al juzgado correspondiente en el plazo de veinticuatro horas y así de esta manera, se restablezcan sus derechos y garantías constitucionales.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, se realizo el 4 de junio de 2021, según consta en acta cursante a fs. 14, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La peticionante de tutela, no concurrió a la audiencia, pero a través de su abogado patrocinante, ratificó el contenido íntegro de su demanda de acción de tutela y de manera oral indico lo siguiente: a) La ley establece un plazo de diez días para la remisión de documentos, que ha sido incumplido por los demandados, sin tomar en cuenta que de esa documentación depende su libertad, y poder cumplir el resto de la pena en libertad; por lo que a través de la presente acción de pronto despacho, espera se garantice el principio de celeridad; b) Los arts. 23 y 125 de la CPE y 46 del Código de Procedimiento Constitucional (CPco), con relación a los más altos estándares de justicia de la Convención de Derechos Humanos y Pacto de Derechos Civiles, “Resolución N° 1, adoptado por la CIDH de derechos y pandemias”, establece que los juzgadores procurarán por el descongestionamiento de las cárceles; en consecuencia solicita se conceda la tutela y se remita la documentación en el plazo de veinticuatro horas.

I.2.2. Informe de los servidores públicos demandados

Mauricio Ariel Romero Catacora, Director Departamental y Silvia Eugenia Vásquez Cuevas, Directora -Sección de Mujeres-, ambos del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, no presentaron su informe ni asistieron a la audiencia de acción de libertad, pese a que fueron legalmente notificados, cursante de fs. 6 y 8.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución de 4 de junio de 2021, cursante a fs. 14 vta. a 15 vta., concedió la tutela solicitada, otorgando un plazo de cuarenta y ocho horas para se remitan los informes peticionados conforme al oficio 423/2021; sobre la base de los siguientes argumentos: 1) Los arts. 125 de la CPE y 47 del CPco, establecen los presupuestos y tramite de la Acción de Libertad; y, 2) Todas las autoridades judiciales y/o administrativas deben actuar con celeridad, más cuando se encuentra involucrado el derecho a la libertad, y el no hacerlo, implica la vulneración derechos y garantías entre ellos; el debido proceso, legalidad, transparencia, eficacia y verdad material; es así que en el presente caso las autoridades demandadas no han dado cumplimiento a lo ordenado por el Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz y no han remitido los informes y carpetas correspondientes en el plazo establecido en el art. 174 de la Ley 2298, por lo que corresponde conceder la tutela otorgando el plazo de veinticuatro horas para la remisión de la documentación solicitada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Memorial presentado por Ellizabeth Teófila Choque Mamani -ahora impetrante de tutela -dirigido al Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, el 8 de abril de 2021, a través del cual, solicita se conceda la libertad condicional, por haber cumplido todos los requisitos exigidos por la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (fs. 35). II.2. Consta Auto de Admisión de 14 de abril de 2021, por medio del cual el Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, Conminó a la Dirección del Establecimiento Penitenciario (DEP) para que en el plazo de diez días remita toda la documentación relativa al incidente de Libertad Condicional (fs. 36).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La solicitante de tutela, denuncia la vulneración de sus derechos; a la libertad; y al acceso a la justicia; toda vez que, los servidores públicos demandados, dentro del trámite para la concesión del beneficio de Libertad Condicional, hasta la fecha de presentación de la presente acción de tutela, no remitieron la documentación ordenada por el Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; por ello solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia se disponga que las autoridades demandadas remitan los documentos en el plazo de veinticuatro horas. En consecuencia, con carácter previo corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para cuyo efecto se desarrollaran los siguientes temas: i) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por la peticionante de tutela; ii) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; y, iii) Análisis del caso concreto.

III.1. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante

La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demuestre las afirmaciones de la impetrante de tutela. Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: a) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el solicitante de tutela; supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, b) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el peticionante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras. En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante; estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad, señala: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de 1El FJ III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales. ´ (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad.

Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ʽLa Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes.

Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos.

En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ʽLos hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R.

Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparece a la audiencia ni presten su informe de ley´”.

desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo.

En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante. Entendimiento desarrollado en la SCP 0633/2019-S2 de 1 de agosto.

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.

Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

III.3. Análisis del caso concreto

La impetrante de tutela, denuncia la vulneración de sus derechos; a la libertad; y al acceso a la justicia; toda vez que, los servidores públicos demandados, dentro del trámite para la concesión del beneficio de Libertad Condicional, hasta la fecha de presentación de la presente acción de tutela, no remitieron la documentación ordenada por el Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; por ello solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia se disponga que las autoridades demandadas remitan los documentos en el plazo de veinticuatro horas.

De acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece que toda autoridad jurisdiccional o administrativa que conozca de una solicitud, en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, la misma, debe ser tramitada con la mayor celeridad posible, caso contrario, provocaría una restricción indebida del citado derecho. De ahí se puede establecer que la administración de justicia debe ser rápida, oportuna y eficaz, tanto en la tramitación como en la resolución de causas, exigencia que se torna apremiante en los casos vinculados con el derecho a la libertad, más aun si existen plazos determinados legalmente, en razón a que las personas que intervienen en el proceso esperan una definición oportuna de su situación jurídica, máxime si está comprometido un derecho fundamental como es la libertad. Ahora bien, de las conclusiones, antecedentes y obrados que informan el expediente; se advierte que, dentro del fenecido proceso penal seguido contra la solicitante de tutela por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas, mediante memorial presentado al Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, el 8 de abril de 2021, solicitó se conceda la libertad condicional, por haber cumplido todos los requisitos exigidos por la Ley de Ejecución Penal y Supervisión. A ello, a través del Auto de Admisión de 14 de abril de 2021, la autoridad jurisdiccional referida, conminó a la Dirección del Establecimiento Penitenciario (DEP) para que en el plazo de diez días remita toda la documentación relativa al incidente de libertad condicional. De acuerdo a la denuncia efectuada por la peticionante de tutela, los servidores públicos demandados, hasta la fecha de presentación de la presente acción de defensa, no remitieron la documentación ordenada por el Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; hecho que se tiene como cierto, aplicando el precedente jurisprudencial sobre la presunción de veracidad de los hechos, referido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, puesto que los demandados, no presentaron informe, tampoco concurrieron a la audiencia tutelar, ni presentaron ninguna prueba, más aún cuando siendo servidores públicos, tienen el deber de elevar un informe con la prueba suficiente; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la impetrante de tutela.

De lo anteriormente expuesto se evidencia que la Directora del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz -Sección de Mujeres-, al no cumplir con lo dispuesto por el Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, quien por Auto de Admisión de 14 de abril de 2021 conminó a la DEP para que en el plazo de diez días remita toda la documentación relativa al incidente de libertad condicional; omisión que dio lugar a una dilación injustificada, impidiendo que se resuelva la situación jurídica de la solicitante de tutela, pues no cumplió con el plazo de diez días previsto en el art. 175 de la LEPS; que conforme al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional plurinacional; tenía el deber de tramitar lo ordenado por la autoridad jurisdiccional con la mayor celeridad posible, pues al no hacerlo se vulnera el principio de celeridad y por consecuencia el derecho a la libertad de la peticionante de tutela; en consecuencia, corresponde conceder la tutela impetrada.

En cuanto a la denuncia contra Mauricio Ariel Romero Catacora, Director Departamental del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, de acuerdo a lo expuesto en los párrafos precedentes, se encuentra plenamente identificada Silvia Eugenia Vásquez Cuevas, Directora del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz -Sección de Mujeres-, como aquella servidora pública quien tenía la competencia de remitir la documentación ordenada, así como aquella que dilató dicha remisión; en tal circunstancia en cuanto al otro servidor público antes nombrado corresponde denegar la tutela solicitada, por cuanto carece de legitimidad pasiva. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder la tutela impetrada, obro de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución de 4 de junio, cursante de fs. 14 vta. a 15, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a Silvia Eugenia Vásquez Cuevas, Directora del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz -Sección de Mujeres-, en los mismos términos dispositivos establecidos por el Tribunal de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación a Mauricio Ariel Romero Catacora, Director Departamental del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, sobre la base de la fundamentación de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

2 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 3El FJ III.5, indica: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace

referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0771_2023-S1.pdf · páginas 1 a 9.

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