Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 17 de julio de 2025
Concede la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y al acceso a la justicia pronta, oportuna y eficaz, así como al principio de celeridad vinculados a su derecho a la libertad; toda vez que, desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa, la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, no remitió el expediente de su caso que ya se encuentra con acusación formal, ante la Jueza Pública de Familia, de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal de esa localidad y departamento, para que se prosiga con el desarrollo de la causa; asimismo, el Secretario del Juzgado -ahora codemandado-, tampoco fue diligente con el envío de los antecedentes, por cuanto, puso una serie de subterfugios cuando su abogado y su madre consultaban sobre esa remisión. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes o no, a efectos de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 005/2024 de 23 de febrero, cursante de fs. 31 a 36, pronunciada por la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada sin disponer nada; toda vez que, la remisión del cuaderno procesal reclamada ya fue efectivizada. 2º Se llama la atención a Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza; y, Roger Gonzales Cardozo, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, para que en actuaciones futuras no incurran en dilaciones indebidas cuando se halle comprometida la libertad de las personas.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0764/2025-S3 Sucre, 17 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 62183-2024-125-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 005/2024 de 23 de febrero, cursante de fs. 31 a 36, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Renato Mendoza Llovio abogado del Servicio Plurinacional de Defensa Publica (SEPDEP) en representación sin mandato de Saúl Monasterio Vaca contra Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza; y, Roger Gonzáles Cardozo, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 22 de febrero de 2024, cursante de fs. 7 a 11, el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó que:
En el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), se encuentra privado de su libertad, por mandamiento de detención preventiva, desde el 8 de octubre de 2022, en el Centro de Readaptación Productiva de Montero del departamento de Santa Cruz. A consecuencia de una acción de libertad que fue concedida a su favor, se llevó adelante la audiencia de cesación de la detención preventiva el 14 de diciembre de 2023 a horas 11:00, oportunidad en la que la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz -ahora demandada- rechazó la solicitud, bajo el argumento de que ya existiría acusación formal, presentada por el Ministerio Público.
En tal sentido, tanto su abogado como su madre, que es una persona adulta mayor, peregrinaron para que el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz -ahora codemandado-remita el expediente ante el Juzgado Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de esa localidad y departamento, para que prosiga el proceso; sin embargo, dicho funcionario dilató la tramitación. Por otra parte, el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz se encuentra de vacaciones desde el 5 de febrero hasta el 1 de marzo de 2024, habiendo ingresado a las mismas sin cumplir con la Circular emanada por el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que estableció la obligación de remitir las causas con detenido que tienen a cargo, al Juzgado de turno. En síntesis, desde la celebración de la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva hasta antes de la interposición de la presente acción de defensa, la Jueza demandada no remitió el expediente al Juzgado Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Warnes departamento de Santa Cruz, a efecto de lo establecido en los arts. 323 y 325.I del Código de Procedimiento Penal (CPP), habiendo transcurrido “a la fecha” dos meses y siete días, sin que se pueda proseguir con la causa, y resolver su situación jurídica.
El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y al acceso a la justicia pronta, oportuna y eficaz, así como al principio de celeridad vinculados a su derecho a la libertad; citando al efecto los arts. 22, 23, 115, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda la tutela impetrada, ordenando a la autoridad demandada que remita el expediente procesal al Juzgado Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, en el plazo de veinticuatro horas, para que sea esa la autoridad que asuma competencia y atienda sus pretensiones que la ley le franquea.
Celebrada la audiencia pública virtual el 23 de febrero de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 29 a 30 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, en audiencia de garantías, ratificó in extenso los fundamentos de la acción de libertad, añadiendo que: Revisada la prueba presentada por el Secretario -codemandado- es un oficio firmado por la Jueza demandada, Oficio Of. 73/2024 de 2 de febrero, que habla del mismo proceso; sin embargo, ese documento fue presentado “hoy mismo” -23 de febrero de 2024-, a horas 09:05, hora en la que se desarrolla la audiencia de garantías; es decir, que recién se remitió el expediente, para que la pretensión de la acción de libertad no tenga sentido; empero, la misma además de ser de pronto despacho es innovativa, lo que significa que al margen de que se haya cumplido con su finalidad, no se vuelva a repetir -ese accionar- y se cumpla con el debido proceso y el principio de celeridad; por lo que solicitó que la tutela sea concedida en la modalidad innovativa.
Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz no remitió informe alguno ni asistió a la audiencia, pese a su legal notificación cursante a fs. 23. Roger Gonzáles Cardozo, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, no presentó informe ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su legal notificación cursante a fs. 19. No obstante, de la audiencia de garantías se entiende que fue quien envió una foto del Oficio Of 73/2024 de remisión del cuaderno procesal al Juzgado Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de la misma localidad y departamento.
La Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 005/2024 de 23 de febrero, cursante de fs. 31 a 36, concedió la tutela llamando la atención a los demandados por generar dilaciones indebidas sin justificación, con base en los siguientes fundamentos: a) Con relación a la Jueza demandada se hace evidente de las conclusiones y antecedentes, que al recibir el expediente devuelto por la Jueza Publica de Familia, de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del señalado departamento, para cumplir “con la queja” de la acción de libertad de 21 de agosto de 2023, mediante providencia de fecha 12 de diciembre de igual año señaló fecha y hora para la audiencia de cesación de la detención preventiva para el 14 de indicado mes y año, resuelta la misma, advertida que ya había una acusación fiscal, tenía el deber de remitir el cuaderno procesal nuevamente al Juzgado Publico de Familia, de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Warnes, dentro de las veinticuatro horas conforme establece el art. 325 del CPP. En ese entendido, la autoridad jurisdiccional demandada, al no enviar la acusación fiscal al juez de sentencia penal de turno dentro de las veinticuatro horas, a efecto de tramitarse el juicio oral, público y contradictorio y resolver la situación jurídica del solicitante de tutela, incurrió en dilación indebida; dado que, desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la presentación de la presente acción de defensa, “…transcurrieron más de 2 MESES Y 8 DÍAS sin justificativo alguno…” (sic); b) Se considera que la omisión en la que incurrió la Jueza demandada, al no remitir la acusación al juez de sentencia penal de turno conforme al plazo previsto en el art. 325.I del CPP, generó dilaciones en el proceso, afectando los derechos al debido proceso y a la libertad del impetrante de tutela; por lo que, corresponde otorgar la tutela solicitada; c) Con relación al Secretario codemandado, de lo referido por el accionante, su abogado y su madre tuvieron contacto con el nombrado, quien les informaba que el acta aún no se había transcrito, luego que faltaba la firma de la juez “…así les tuvo con vueltas…” (sic), y al no haber remitido su informe ni el cuaderno procesal para la resolución de la presente acción de defensa estando legalmente notificado, se dan por ciertas las alegaciones del accionante; y, d) El indicado funcionario de apoyo judicial no cumplió de manera eficiente y eficaz su labor; por lo que, incumplió con sus obligaciones inherentes a sus funciones establecidas en el art. 94 numerales 1,4,11 y 14 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) –Ley 025 de 24 de junio de 2010-; por lo que, asume legitimación pasiva para ser demandado; puesto que, su actuar negligente generó una dilación en la tramitación del proceso e impidió la remisión de la acusación a la autoridad competente dentro del plazo de veinticuatro horas, aspecto que lesiona los derechos denunciados por el impetrante de tutela.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-04/2024 de 9 de mayo, se dispuso la optimización en la gestión de las acciones de libertad: por lo que, la Comisión de Admisión de este Tribunal procedió con el sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene providencia de 12 de diciembre de 2023, emitida por Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, que textualmente señala: “En cumplimiento a la resolución de acción de libertad de fecha 23 de agosto de 023 presentada por el imputado SAUL MONASTERIO VACA, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a su contra por el presunto delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMÉSTICA, ha objeto de considerar la solicitud de cesación a la detención preventiva, señala audiencia para el día jueves 14 de diciembre del año 2023 a horas 11:00 a celebrarse en este juzgado...”(sic [fs. 6]).
II.2. Mediante Oficio Of. 73/2024 de 2 de febrero, la Jueza demandada remitió el cuaderno procesal en original con acusación formal, relativo al proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Saúl Monasterio Vaca -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, ante Ana María Paz Irusta, Jueza Pública de Familia, de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz. Recibido en ese despacho judicial el 23 de febrero a horas 9:05 (fs. 27 a 28).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y al acceso a la justicia pronta, oportuna y eficaz, así como al principio de celeridad vinculados a su derecho a la libertad; toda vez que, desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa, la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, no remitió el expediente de su caso que ya se encuentra con acusación formal, ante la Jueza Pública de Familia, de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal de esa localidad y departamento, para que se prosiga con el desarrollo de la causa; asimismo, el Secretario del Juzgado -ahora codemandado-, tampoco fue diligente con el envío de los antecedentes, por cuanto, puso una serie de subterfugios cuando su abogado y su madre consultaban sobre esa remisión. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes o no, a efectos de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0427/2020-S4 de 9 de septiembre, señaló que: «Al respecto, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, determinó lo siguiente: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud”.
Por otro lado, es preciso tomar en cuenta el siguiente razonamiento específicamente desarrollado en cuanto a las solicitudes de cesación a la detención preventiva, tomando como base la Sentencia Constitucional previamente citada. En este caso vía jurisprudencia constitucional, respecto a la dilación procesal, se asumió: “Es cierto que en la mayoría de los juzgados cautelares de nuestro Estado, existe sobrecarga procesal que impide que las labores efectuadas por los jueces puedan desarrollarse con total normalidad; sin embargo, este problema estructural de la administración de justicia no puede ser asumido como argumento válido para justificar la falta de pronunciamiento o tratamiento de la situación jurídica de los detenidos preventivos dentro los procesos penales, ya que de ser así se estaría sobreponiendo las falencias de la administración de justicia a los derechos de las personas privadas de libertad, cuando por ningún motivo éstos deberían soportar esas consecuencias. Por lo que, todo juez que conozca de una solicitud de cesación de detención preventiva, deberá resolver la misma en los plazos establecidos por ley sin excusa alguna, y los problemas estructurales de la administración de justicia deberán ser resueltos por el Órgano Judicial mediante acciones pertinentes e idóneas, con la finalidad de que se obtenga una justicia pronta y oportuna no solo en materia penal, sino en todo el sistema de justicia de nuestro Estado Plurinacional” (SCP 0210/2017-S2 de 13 de marzo). Si bien dicha postura jurisprudencial fue específicamente elaborada para casos de personas con detención preventiva, su finalidad fue la de asegurar la resolución de las solicitudes de los privados de libertad dentro de los plazos establecidos en la ley y, de no existir estos, dentro de plazos razonables, lo que posibilita que la misma sea aplicable a cualquier circunstancia en la que esté en discusión el derecho a la libertad personal o de locomoción. Por su parte, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, desarrollando doctrina que reconoce a la acción traslativa o de pronto despacho instituyó que se constituye en el mecanismo: “…a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. En este desarrollo, se advierte que imprimir un trámite rápido y efectivo en los casos en los que se encuentra en discusión la restricción del derecho a la libertad de una persona (personal y de locomoción), constituye una labor primordial a efectos de garantizar su respeto y ejercicio dentro del marco de la Norma Fundamental y de las leyes aplicables a la materia, que debe ser observada por los administradores de justicia, caso contrario, la parte perjudicada tiene el mecanismo de la acción de libertad para lograr que su situación jurídica sea resuelta sin dilaciones» (las negrillas son agregadas).
Al respecto la SCP 0781/2021-S4 de 1 de noviembre, señaló que: «Con relación a la acción de libertad innovativa, que se activa cuando hubiera cesado el acto ilegal, la jurisprudencia contenida en la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, señaló que: “…procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. En efecto, la referida SCP 2491/2012 consagra la acción de libertad denominada innovativa, entendimiento seguido de manera uniforme por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0640/2013 de 28 de mayo y 2075/2013 de 18 de noviembre. Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. En ese marco, corresponde la aplicación de la citada SCP 2491/2012, que en el Fundamento Jurídico III.1, establece:
…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos. En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, para determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún, cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente prevé esta posibilidad, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan” ´» (las negrillas son nuestras).
La SCP 0504/2020-S4 de 29 de septiembre, respecto a la responsabilidad de los servidores de apoyo jurisdiccional y la consiguiente legitimidad pasiva, citando a su vez la SCP 0961/2019-S4 de 21 de noviembre, estableció que: [Acerca de la responsabilidad del personal jurisdiccional subalterno, la SC 1093/2010-R de 27 de agosto, reiteró lo siguiente: «…la jurisprudencia de este Tribunal en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, señaló: “Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció ‘…que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 116.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización Judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial (…)’. Ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo”. Es decir que la responsabilidad del personal subalterno de los juzgados y salas de las Cortes Superiores de Distrito, no reúnen esa calidad o coincidencia para ser demandados, dado que son funcionarios que se encuentran sometidos a órdenes o instrucciones impartidas por la autoridad judicial; empero, establece la jurisprudencia que pueden ser demandados en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales. Así también dicho entendimiento fue ampliado en sentido que si la autoridad judicial, conocedora el acto vulneratorio de derechos o garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno». En el contexto, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva; por lo que, es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como la falta o inoportuna recepción de dineros para cubrir las fianzas económicas, elaboración del cuadernillo de apelación, de actas o de notificación a las partes, o el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, tratándose en especial de temas en los que está comprometida la libertad personal, en general, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo jurisdiccional, hechos que repercuten negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado; por cuanto, le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente; puesto que, de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; toda vez que, le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo, pero principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional] (las negrillas son nuestras).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y al acceso a la justicia pronta, oportuna y eficaz, así como al principio de celeridad vinculados a su derecho a la libertad; toda vez que, desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa, la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz
-ahora demandada- no remitió el expediente de su caso que ya se encuentra con acusación formal, ante la Jueza Pública de Familia, de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal de esa localidad y departamento, para que se prosiga con el desarrollo de la causa; asimismo, el Secretario del Juzgado -ahora codemandado-, tampoco fue diligente con el envío de los antecedentes, por cuanto, puso una serie de subterfugios cuando su abogado y su madre consultaban sobre esa remisión. De la compulsa de los antecedentes adjuntos a la acción de libertad, se tiene providencia de 12 de diciembre de 2023, emitida por Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, que textualmente señala: “En cumplimiento a la resolución de acción de libertad de fecha 23 de agosto de 023 presentada por el imputado SAUL MONASTERIO VACA, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a su contra por el presunto delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMÉSTICA, ha objeto de considerar la solicitud de cesación a la detención preventiva, señala audiencia para el día jueves 14 de diciembre del año 2023 a horas 11:00 a celebrarse en este juzgado...” (sic). Luego, Mediante Oficio Of. 73/2024 de 2 de febrero, la Jueza demandada remitió el cuaderno procesal en original con acusación formal, relativo al proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Saúl Monasterio Vaca -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, ante Ana María Paz Irusta, Jueza Pública de Familia, de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz. Recibido en ese despacho judicial el 23 de febrero a horas 9:05 (Conclusiones II.1 y II.2). En ese entrever, se tiene que la Jueza demandada dio una orden el 2 de febrero de 2024 -al momento de emitir el oficio- para que el expediente se remita; sin embargo, tal extremo se cumplió recién el 23 de ese mes y año; lo que evidencia que el Secretario del Juzgado -codemandado-dilató la remisión de antecedentes. Aspecto coincidente con lo aseverado por la parte accionante -que no fue contradicho por la parte demandada al no haber presentado informe alguno- sobre las diferentes excusas expresadas tanto al abogado como a la madre del accionante. Además, se evidencia el incumplimiento de la Juzgadora demandada de remitir las causas con detenido a su cargo al Juez de turno con carácter previo a entrar de vacaciones y velar por el cumplimiento de sus órdenes, aspectos que generaron una dilación en la definición de la situación jurídica del peticionante de tutela quien se encuentra con detención preventiva. Ahora bien, en virtud a las Conclusiones de este fallo constitucional, enunciadas precedentemente, fácilmente se puede establecer que desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la fecha de presentación de esta acción de defensa -22 de febrero de 2024- transcurrieron dos meses y ocho días sin que se hubiese efectivizado el envío del expediente de la causa penal por parte de la Jueza demandada al Juzgado Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz. Por cuanto, el proceso ya tendría acusación fiscal y debía proseguir su tramitación conforme a procedimiento, generando una dilación innecesaria y restringiendo los derechos del accionante, cuando conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional imprimir un trámite rápido y efectivo en los casos en los que se encuentra en discusión la restricción del derecho a la libertad de una persona (personal y de locomoción), constituye una labor primordial a efectos de garantizar su respeto y ejercicio dentro del marco de la Norma Suprema y de las leyes aplicables a la materia, que debe ser observada por los administradores de justicia, caso contrario, la parte perjudicada tiene el mecanismo de la acción de libertad para lograr que su situación jurídica sea resuelta sin dilaciones, abriéndose la protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho al efecto. No obstante, se puede notar que ante la presentación de esta acción de defensa -22 de febrero de 2024-, se efectuó la remisión del expediente de la causa penal seguida contra el solicitante de tutela, al Juzgado Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz; toda vez que, durante el desarrollo de la audiencia de garantías, se remitió una foto del oficio de envío -Of. 73/2024 de 2 de febrero- firmado por la Jueza demandada, que fue recibido en el precitado Juzgado el 23 de febrero a horas 9:05, advirtiéndose así que la autoridad demandada y el Secretario codemandado pretendieron subsanar su falta de celeridad y atención al caso en virtud a la acción de defensa interpuesta; empero, ello no desvirtúa que hubo una superabundante dilación en la tramitación o remisión del expediente al Juzgado correspondiente, lo que implica la aplicación del razonamiento establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, que hace referencia a la acción de libertad en modalidad innovativa, que se encuentra expresamente reconocida y cuya finalidad es establecer responsabilidades contra los demandados para que éstos, no incurran nuevamente en actos lesivos de derechos; consecuentemente, corresponde la concesión de la tutela. En lo que respecta a la actuación del Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, hoy codemandado, en la presente acción de libertad, se advierte que el mismo también es corresponsable de la dilación denunciada, dado que dentro de las obligaciones comunes asignadas a las secretarias y los secretarios, de cumplir todas las comisiones que el tribunal o juzgado le encomiende dentro del marco de sus funciones; entendiendo que la remisión oportuna del expediente es parte de su trabajo, más aun considerando que de la foto del Oficio presentada en audiencia de garantías, se tiene que desde el 2 de febrero de 2024 -fecha del oficio-hasta el 23 de ese mes y año pasaron quince días hábiles sin que hubiese enviado el mismo al Juzgado receptor. Denotando esto, el incumplimiento de su deber como funcionario de apoyo jurisdiccional e incurriendo en la vulneración de los derechos a la libertad vinculado con el debido proceso del accionante; en mérito a ello y a lo precisado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, que remarca que si la vulneración de los derechos tutelados por la acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva; por lo que, es plenamente viable dirigir la demanda contra ese funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; en tal sentido, en el caso concreto, corresponde conceder la tutela solicitada respecto al codemandado. Por lo expuesto, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 005/2024 de 23 de febrero, cursante de fs. 31 a 36, pronunciada por la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada sin disponer nada; toda vez que, la remisión del cuaderno procesal reclamada ya fue efectivizada. 2º Se llama la atención a Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza; y, Roger Gonzales Cardozo, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, para que en actuaciones futuras no incurran en dilaciones indebidas cuando se halle comprometida la libertad de las personas. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0764_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8e934db9dcf69c318c0a76ba0bc391a53940c6574a07d0c26c261487ed92c6da
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