Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 27 de abril de 2026
Deniega la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derechos a la libertad y de ña garantía del debido proceso; toda vez que, en el proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada y otros, en audiencia de medidas cautelares, el Juez codemandado, mediante Auto Interlocutorio 423/2022 de 30 de diciembre, dispuso su detención preventiva; y, en etapa de apelación incidental de la extrema medida, la Vocal demandada anuló obrados y devolvió antecedentes al referido Juez para que aclare aspectos vinculados a hechos relacionados con sustancias controladas, ajenos al proceso penal e incluidos en la resolución impugnada, dejándolo sin definir su situación jurídica por más de un mes. Ante ello, las autoridades demandadas no presentaron informe alguno ni acudieron a la audiencia de garantías para rebatir los argumentos del peticionante de tutela. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 02 de 2 de febrero de 2023, cursante de fs. 69 a 72 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; 2° En aplicación del art. 28.II del Código Procesal Constitucional, se conservan los efectos de los actos procesales emergentes de la concesión dispuesta inicialmente a favor del accionante; y, 3° Llamar la atención a la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, al considerar y resolver la presente causa como un Juez unipersonal, cuando debió resolver un Tribunal colegiado, con base en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0752/2026-S2 Sucre, 27 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 53660-2023-108-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 02 de 2 de febrero de 2023, cursante de fs. 69 a 72 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Víctor Franz Flores Lero en representación sin mandato de Álvaro Sergio Farfán Medina contra Gladys Alba Franco, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Manuel Baptista Espinoza, Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del mismo departamento.
Mediante memorial presentado el 2 de febrero de 2023, cursantes a fs. 1 y 34 a 37 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, mediante acción directa, bajo el control jurisdiccional del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, por los presuntos delitos de estafa agravada, ejercicio indebido de la profesión, falsificación de sellos, papel sellado y timbres, falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; proceso en el que el Ministerio Público no pudo explicar la flagrancia. Sin control jurisdiccional ni dirección funcional, se practicaron allanamientos en la empresa que representa y en su domicilio real; asimismo, se celebró la audiencia de medidas cautelares el 30 de diciembre de 2022, en la que, mediante Auto Interlocutorio de 423/2022, se dispuso su detención preventiva, “…sin que exista carga probatoria alguna para acreditar objetivamente la concurrencia de algún riesgo procesal y basado en elementos meramente imaginarios…” (sic), sin considerar medidas menos gravosas. En tiempo oportuno, presentó recurso de apelación incidental contra la resolución que dispuso la medida extrema. Fue necesaria una acción de libertad de pronto despacho para que Manuel Baptista Espinoza, Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora codemandado- remita los antecedentes de la apelación incidental al Tribunal de alzada. La audiencia de apelación fue celebrada por Gladys Alba Franco, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandada-, quien, después de un cuarto intermedio, expresó que: “…tomo cuenta de un error sustancial en la resolución de aplicación de medidas cautelares, pues esta fundamenta y motiva la razón de su decisión en un hecho de tráfico de sustancias controladas…” (sic), -aspectos que no formaron parte de los hechos-, anulando obrados para corregir el supuesto error cometido en el Auto Interlocutorio 423/2022, cuando debió ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, causando dilación y un indebido procesamiento; en ese entendido, lesionando su derecho al debido proceso y a la libertad, puesto que, hasta la presentación de la acción de libertad, transcurrió más de un mes desde que el Juez codemandado dispuso su detención preventiva sin sustento probatorio ni la concurrencia de un riesgo procesal.
Denunció la lesión de su derecho a la libertad y de la garantía del debido proceso; citando al efecto el art. 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo se ordene que la Vocal demandada emita nueva resolución ingresando en el fondo de la cuestión planteada “…anulando lo obrado hasta el vicio más antiguo, es decir, la audiencia de aplicación de medidas cautelares…” (sic), celebrada por el Juez de Instrucción de turno.
Celebrada la audiencia pública el 2 de febrero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 68 a 69, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliando en audiencia, señaló que: a) En la audiencia de apelación incidental, la Vocal demandada escuchó los agravios formulados por las partes y advirtió que el Juez de la causa incorporó nuevos hechos no contemplados ni en la imputación para disponer la detención preventiva; por lo que, previo cuarto intermedio, anuló obrados y devolvió antecedentes al Juez de la causa para que enmiende el error; b) Sin embargo, dicha autoridad se encuentra con vacaciones y, por disposición de la jurisprudencia, no está permitido anular obrados bajo ningún punto de vista, porque el Tribunal de apelación, cuando verifique errores u omisiones en la fundamentación de medidas cautelares, deberá resolver directamente en el fondo y corregir el error cometido; y, c) Todo trámite vinculado a la libertad debe efectuarse con celeridad, por lo que el indebido procesamiento en su caso, que no respeta los plazos procesales, afecta su libertad.
Gladys Alba Franco, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Manuel Baptista Espinoza, Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del mencionado departamento de Santa Cruz, no presentaron informe escrito ni asistieron a la audiencia de garantías pese a su notificación cursante a fs. 40 y 41 a 42.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 02 de 2 de febrero de 2023, cursante de fs. 69 a 72 vta., denegó la tutela solicitada respecto a la Vocal demandada; y, concedió la tutela impetrada respecto al Juez codemandado, con base en los siguientes fundamentos: 1) De la lectura del acta de 30 de diciembre de 2022, se evidencia que se hace referencia a un hecho vinculado a sustancias controladas, a un procedimiento común, correspondiente a un delito ajeno al proceso; en ese entendido, la Vocal demandada tiene razón y está en sus atribuciones la revisión de actas, y el abogado del accionante debió revisar que el expediente esté conforme a los datos del proceso; 2) La Vocal demandada, al evidenciar el error, no podía tramitar la apelación, por lo que actuó correctamente al anular obrados y devolver el expediente para que la autoridad aclare esta situación; y, 3) La autoridad judicial de origen estaría ingresando a vacaciones judiciales el 3 de febrero de 2023, por lo que corresponde que se remitan obrados a primera hora de la mañana para que, en el día, proceda a la aclaración conforme a los datos del proceso y, ese mismo día, volver a realizar un nuevo sorteo y remitir los antecedentes a la Sala correspondiente para la consideración y resolución del recurso de apelación incidental. En vía de complementación y enmienda, el abogado del impetrante de tutela refirió cual es la acción que debe asumir el Juez codemandado, considerando que, en el Código de Procedimiento Penal, no existe complementación respecto a las resoluciones al ser íntegra, debería dictar otra.
En respuesta, el Tribunal de garantías señaló que “el Juzgado” del Juez codemandado tiene que realizar la transcripción conforme a la grabación. El Juez sabe el procedimiento, explicará los motivos, pero pondrá a la vista en el plazo de veinticuatro horas un acta que corresponda a los datos del proceso, sorteará el expediente a la Sala que corresponda.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso que los expedientes y causas sorteadas a los mismos, sean devueltas a Comisión de Admisión, para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 78 a 80); en cumplimiento a dicha determinación, el presente fallo constitucional es emitido dentro del plazo establecido por ley.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro el proceso penal que sigue el Ministerio Público contra Álvaro Sergio Farfán Medina -hoy accionante-, por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, falsificación de sellos, papel sellado y timbres, radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz; cursa acta de audiencia de consideración de medidas cautelares de 30 de diciembre y Auto Interlocutorio 423/2022 de la misma fecha, que dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela en el Centro Penitenciario Palmasola del referido departamento, por el plazo de sesenta días (fs. 12 a 27.).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derechos a la libertad y de ña garantía del debido proceso; toda vez que, en el proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada y otros, en audiencia de medidas cautelares, el Juez codemandado, mediante Auto Interlocutorio 423/2022 de 30 de diciembre, dispuso su detención preventiva; y, en etapa de apelación incidental de la extrema medida, la Vocal demandada anuló obrados y devolvió antecedentes al referido Juez para que aclare aspectos vinculados a hechos relacionados con sustancias controladas, ajenos al proceso penal e incluidos en la resolución impugnada, dejándolo sin definir su situación jurídica por más de un mes. Ante ello, las autoridades demandadas no presentaron informe alguno ni acudieron a la audiencia de garantías para rebatir los argumentos del peticionante de tutela. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En relación con la carga de la prueba en acciones de libertad, este Tribunal precisó que el principio de informalismo que rige la acción de libertad -antes habeas corpus- no exime al accionante de acompañar la prueba suficiente y necesaria con el fin de acreditar los hechos en los que basa su pretensión de tutela constitucional, habiéndose emitido los siguientes fallos: Así, a través de la SC 0614/2003-R de 8 de mayo, señaló que: “…el art. 90.II de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), determina que el hábeas corpus no requiere mayores formalidades para ser interpuesto, empero, no es menos evidente que el actor debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredita la veracidad de las acusaciones que formula, a objeto de lograr sus pretensiones, puesto que corre por su cuenta la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que estiman hayan restringido sus derechos (…) puesto que no puede dictarse una resolución de procedencia cuando no se constata la vulneración de ningún derecho o garantía fundamental precisamente por falta de pruebas en las que el Tribunal pueda basar su decisión” Sin embargo, de manera paralela, inició la posibilidad de inversión de la carga probatoria en acciones de libertad a través de la siguiente línea jurisprudencial: La SC 0650/2004-R de 4 de mayo, sostuvo que: “…si bien es cierto que este Tribunal ha establecido que, al interponer un recurso de hábeas corpus, el recurrente está obligado a presentar la prueba respectiva para demostrar la lesión a su derecho a la libertad física cuya restricción denuncia, no es menos cierto que a esa regla se impone la excepción para aquellos supuestos en los que, dada la naturaleza de la restricción y las circunstancias en las que se producen, el recurrente está en la imposibilidad de obtener dichos medios probatorios (…) La excepción referida se aplica cuando el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso”. Y más adelante refirió que este entendimiento ya fue asumido a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 1313/2003-R de 8 de septiembre. Posteriormente, mediante la SC 0478/2011-R de 18 de abril, la excepción se tradujo en una presunción de veracidad de los hechos y actos reclamados por el accionante cuando el demandado es un funcionario público, en atención principalmente a la naturaleza y multas de la función pública, entendimiento que fue asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1512/2012 de 24 de septiembre, que determinó que el entonces art. 68.2 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) referido a la carga de la prueba “…lleva implícito el principio de inversión de la prueba cuando la prueba que acredita o desvirtúe los hechos denunciados se encuentre en poder del sujeto pasivo de la acción de libertad máximo si este es un servidor público y por tanto cuenta con el deber jurídico de respaldar y explicar sus actos y no lo hace pese a su citación legal con la demanda de acción de libertad”. Este fallo fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2084/2012, 2300/2012, 0650/2013, 1344/2013, 0825/2014, 0635/2015-S3, 0829/2015-S3, 0217/2017-S1, 0662/2017-S2, 0022/2018-S4, 0539/2018-S2, 0629/2020-S3, 0425/2023-S2, entre muchas otras. Esta línea fue complementada a través de la SCP 0087/2012 de 19 de abril, que, en relación con la gestión de la prueba, evocando los principios de informalismo, verdad material y prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho procesal, además del principio de inmediación, estableció: “…por el principio de inmediación y la posibilidad de los jueces y tribunales de garantía de acudir a los centros de detención, el deber de diligencia que deben tener en la recolección de elementos probatorios resulta mucho más intenso que la del Tribunal Constitucional Plurinacional, que por el transcurso del tiempo únicamente puede requerir prueba indispensable para la resolución de un caso…” (la negrilla fue agregada), por la observancia necesaria del principio de celeridad; sin embargo, dicho deber de diligencia “…tampoco excluye la posibilidad de que la parte accionante aporte elementos de convicción que le permitan obtener una resolución favorable a sus pretensiones máxime, cuando en ciertas circunstancias es la única que conoce y puede presentar dicha prueba” (el subrayado es añadido), y menos exime a la autoridad requerida, quien por su calidad de servidor público, “…no sólo cuenta con la obligación de presentarse a la audiencia, sino presentar conjuntamente a su informe la prueba pertinente a la acción de libertad, de forma que no provoque que el juez o tribunal de garantías e incluso este propio Tribunal emitan fallos sobre prueba incierta o basados únicamente en presunciones” (el subrayado fue añadido). Luego, mediante la SCP 0037/2018-S2 de 6 de marzo, citando los fallos aquí expuestos precedentemente, establecieron que: “En consecuencia, las autoridades demandadas en una acción de libertad, tienen la carga de la prueba y se encuentran constreñidas a desvirtuar la lesión o amenaza de lesión del derecho que se les atribuye, siempre que la denuncia haya sido Puesta a su conocimiento y de acuerdo a las formalidades previstas por ley; en su defecto, se tendrían por probados los hechos consignados en la denuncia”. Por otra parte, la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, aludiendo las excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, así como el principio de presunción de veracidad, concluyó igualmente que: “…la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante”. Este fallo fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0500/2018-S2, 1082/2019-S2, 0269/2020-S1, 0557/2020-S1, 1215/2022-S1, 0067/2025-S1, 0099/2025-S3, 0224/2025-S3, 0654/2025-S1, entre muchas otras, de lo que se concluye que la presentación de la prueba necesaria para dar lugar a la concesión de una tutela corresponde a la parte accionante, salvo que acredite imposibilidad o haya solicitado que la misma sea presentada por la parte demandada, conforme establece el art. 33.7 del Código Procesal Constitucional (CPCo), no siendo obligatorio sino potestativo del Tribunal Constitucional Plurinacional solicitar información complementaria ni puede aplicar la presunción de veracidad sin elementos que den lugar a la misma. En este sentido, se tiene que, la SCP 0250/2025-S2 de 21 de abril, sostuvo que: "...una presunción es una inferencia lógica que se realiza a partir de un hecho cierto para establecer otro hecho que no ha sido directamente demostrado. Por tanto, el hecho conocido es indispensable para que una presunción pueda operar, ya que constituye la base sobre la cual se realiza la deducción lógica; en consecuencia, una presunción no puede surgir de la mera especulación o suposiciones sin sustento”.
De los antecedentes adjuntos a la presente causa se puede establecer que, efectivamente, Álvaro Sergio Farfán Medina -hoy accionante- se encuentra sometido a un proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, falsificación de sellos, papel sellado y timbres, radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz. En la audiencia de medidas cautelares celebrada el 30 de diciembre de 2022, el Juez codemandado, mediante Auto Interlocutorio 423/2022, dispuso la detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario Palmasola de igual departamento, por el plazo de sesenta días (Conclusión II.1). En el mencionado proceso penal, en etapa recursiva de la extrema medida cautelar, con la presente acción de libertad, el impetrante de tutela pretende se deje sin efecto el Auto de Vista sin fecha ni número, que habría dispuesto la nulidad de obrados y devuelto antecedentes al Juez de la causa; empero, no precisa cuál es el Auto de Vista emitido, ni los argumentos expuestos en el mismo. Al respecto, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia, es necesario tener presente que el accionante no está eximido de acompañar la prueba que respalde su solicitud de tutela o, excepcionalmente, señalar el lugar donde se encuentre, acreditando que solicitó infructuosamente su obtención o justificar la imposibilidad razonable y manifiesta de obtenerla para aportarla al proceso; por lo que, al no poder evaluarse por esta Sala el contenido ni las razones de la nulidad, corresponde denegar la tutela solicitada respecto a la Vocal demandada. Respecto al Juez codemandado, dicha autoridad judicial emitió el Auto Interlocutorio 423/2022, que dispuso la detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por el plazo de sesenta días, siendo posteriormente objeto del recurso de apelación incidental de conocimiento y resolución de la Vocal demandada. Es necesario tener presente que las autoridades o personas de última instancia, en procesos de cualquier materia, tienen la facultad de revisar y reparar, en su caso, los errores y lesiones infringidas en la resolución recurrida; la SC 0258/2003-R de 28 de febrero, respecto a las autoridades y tribunales de última instancia, expresa: “…cuando se trata de procesos en cualesquier materia, el agraviado debe acusar el acto indebido o ilegal constituido ya sea en un acto procesal o en una resolución ante la instancia última, pues de no hacerlo la tutela resultaría ineficaz por cuanto no se puede compulsar la problemática si no ha sido recurrida la autoridad o persona que tiene la facultad de revisar, consiguientemente, modificar, confirmar o revocar el acto o resolución puesto en su conocimiento, ya que en la última instancia -si se acusa el acto ilegal u omisión indebida-, se resolverá definitivamente, de manera que quien deberá responder por la lesión al derecho fundamental y repararlo en forma inmediata será la autoridad o tribunal que tenga legalmente la atribución de conocer en última instancia, y por lo mismo, para el caso de no reparar la lesión al momento de resolver el recurso ordinario, es quien tiene la legitimación pasiva para ser demandado, responder y cumplir lo que se ordene en esta jurisdicción…” (las negrillas son agregadas). Bajo el entendimiento jurisprudencial citado y tomando en cuenta que es la Vocal demandada quien, al resolver en el fondo los recursos de apelación incidental planteados, incluyendo el recurso interpuesto por el accionante, debe pronunciarse de manera fundada sobre los agravios formulados y, corrigiendo, en su caso, los errores cometidos por el Juez de la causa; consiguientemente, corresponde denegar la tutela solicitada respecto al Juez codemandado. Finalmente, en aplicación del art. 28.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), que faculta a esta jurisdicción a dimensionar los efectos temporales y materiales de la parte resolutiva del fallo, se dispone mantener los efectos procesales emergentes de la concesión en parte dispuesta por el Tribunal de garantías a favor del accionante.
Por disposición del art. 45 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), los Tribunales Departamentales de Justicia están constituidos por Vocales que conforman Sala Plena y, en cumplimiento del art. 53 del mismo cuerpo legal, las resoluciones de las Salas Especializadas serán asumidas por mayoría absoluta de votos de sus miembros. En correspondencia con las citadas normas, el art. 51.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP) establece que las Cortes Superiores de Justicia conocerán y resolverán las apelaciones incidentales, conforme a las reglas del mencionado Código. De la lectura de las mencionadas normas, se puede inferir que las Salas Especializadas, específicamente las Salas Penales, constituyen Tribunales colegiados, cuyas decisiones son asumidas por dos o más miembros que las conforman, salvo en los casos en que la ley establece una excepción, verbigracia, en la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, que pueden ser resueltas por un solo Vocal, al expresar el art. 251 del CPP (último párrafo): “El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”. Ahora bien, en cuanto a la justicia constitucional, específicamente a la competencia de la acción de libertad, por disposición del art. 125 de la CPE, esta acción puede ser conocida y resuelta por cualquier juez o tribunal competente en materia penal; en correspondencia con esta norma constitucional, el art. 2.II de la Ley de Creación de las Salas Constitucionales -Ley 1104 de 28 de septiembre de 2018-, establece: “Por mandato constitucional, las Acciones de Libertad también podrán ser interpuestas ante jueces y tribunales en materia penal”. De una lectura sistemática de las citadas normas, se puede concluir que esta competencia incluye a las Salas en Materia Penal, como Tribunales colegiados, de manera inexcusable; sin embargo, la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, en la presente causa conoció y resolvió, cual si fuera un Juez unipersonal, solo con su concurso y exponiendo sus actos procesales a eventuales defectos de nulidad, en perjuicio de las partes, cuando debió resolver como Tribunal colegiado, con la intervención del otro miembro del Tribunal. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 02 de 2 de febrero de 2023, cursante de fs. 69 a 72 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; 2° En aplicación del art. 28.II del Código Procesal Constitucional, se conservan los efectos de los actos procesales emergentes de la concesión dispuesta inicialmente a favor del accionante; y, 3° Llamar la atención a la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, al considerar y resolver la presente causa como un Juez unipersonal, cuando debió resolver un Tribunal colegiado, con base en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0752_2026-S2.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): c022c55612e9fe18a4146c927c2649b8fe9c5fcd7ca493b2085ef41b84e6b1e5
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