Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 11 de julio de 2025
Deniega la tutela
Los impetrantes de tutela a través de su representante, alegan la vulneración del derecho al debido proceso y a la defensa; toda vez que, habiendo interpuesto recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio que modificó la medida de la detención preventiva por detención domiciliaria en favor del imputado, hasta la fecha su impugnación no se remitió al superior en grado incumpliendo con el plazo establecido por ley. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 19 de octubre de 2023, cursante de fs. 20 a 21, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0741/2025-S3 Sucre, 11 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 60893-2024-122-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución de 19 de octubre de 2023, cursante de fs. 20 a 21, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edson Bladimir Ordoñez Terceros en representación sin mandato de Sonia Claribel Quispe Inocente y Max Milton Frías Huarachi contra Yiye David Ríos Sarabia, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 18 de octubre de 2023, cursante de fs. 10 a 11, los accionantes a través de su representante, expresaron que:
El 6 de octubre de 2023, se efectúo audiencia de cesación a la detención preventiva en el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz, de la que se enteraron horas antes, incumpliendo con las veinticuatro horas de anticipación procedimental y sin que su abogado pueda asistir por no haber sido notificado. En audiencia el Juez demandado, sin valorar objetivamente la documentación presentada por el imputado y vulnerando sus derechos otorgó la medida de detención domiciliaria del agresor que atentó contra su vida, a pesar de ser un peligro para la sociedad. Por lo que, el 9 de octubre de 2023, oponiéndose y objetando dicho Auto Interlocutorio, amparado en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), interpuso recurso de apelación, pero habiendo sobrepasado el plazo procedimental hasta la fecha no se remitió al superior en grado los actuados procesales.
Denunciaron la lesión de sus derechos al debido proceso y a la defensa, citando al efecto el art. 115, 116 y 137 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo que el Juez demandado remita los actuados procesales al superior en grado.
Celebrada la audiencia pública el 19 de octubre de 2023, según consta en acta cursante de fs. 19 a 20, se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su abogado, ratificaron en su integridad los extremos señalados en su memorial de acción de libertad y ampliaron en los siguientes términos: a) Ante las súplicas para que remitan el expediente en grado de apelación, los funcionarios del juzgado respondían que estaba en despacho y que no estaba hecha el acta, hasta el punto de cuestionar el porqué de la apelación; b) Vulnerando derechos ante un hecho de tentativa de homicidio, del cual se presentó fotografías de las puñaladas que recibió en diferentes partes del cuerpo; y, c) El Juez demandado no remitió los actuados procesales en grado de apelación, debiendo haberse cumplido con el art. 251 del CPP.
Yiye David Ríos Sarabia, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz, no obstante, de su legal citación conforme consta de fs. 13 y 14 no asistió a la audiencia, pero presentó informe escrito, cursante a fs. 17 y vta., que señala lo siguiente: 1) En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Williams Osmar Paraguayo Montaño, por el presunto delito de tentativa de asesinato, inicialmente en audiencia de medidas cautelares se determinó la detención preventiva y posteriormente el 6 de octubre de 2023 en audiencia de cesación de la detención preventiva se estableció otra medida menos gravosa; 2) En la misma data, el accionante presentó recurso de apelación, el cual no se hubiera remitido al superior en grado, pero según oficio 2297/2023 se demuestra que se remitió a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no habiendo vulneración alguna ni restricción de derechos constitucionales; y, 3) El accionante debió precisar los derechos y garantías vulnerados, estableciendo la relación de causalidad entre el hecho y el agravio sufrido, por lo que al no haber vulneración a derechos constitucionales corresponde denegar la tutela.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución de 19 de octubre de 2023, cursante de fs. 20 a 21, concedió la tutela impetrada sin disponer la realización de ningún actuado, exhortando a la autoridad demandada a no incurrir en lo posterior a dilaciones indebidas, basándose en los siguientes fundamentos: i) El art. 125 de la CPE establece que “…toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad.”; ii) La SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, expresa que “…la Acción Traslativa o de Pronto Despacho busca acelerar los trámites judiciales cuando existe dilación indebida para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentre afectada, privada de libertad entre otras, ello para la concreción del valor de libertad, principio de celeridad y el respeto de los derechos.” (sic); iii) La interposición del recurso de apelación contra resoluciones que modifiquen o rechacen las medidas cautelares debe ser remitida en el plazo de veinticuatro horas bajo responsabilidad funcionaria; y, iv) La falta de remisión del expediente de apelación al tribunal de alzada en el plazo establecido por ley ocasiona una dilación indebida que se cumplió a la fecha de la audiencia de la acción tutelar.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-04/2024 de 9 de mayo de Optimización de la Gestión Procesal para resolución de las acciones de libertad, cursante de fs. 24 a 30, se dispuso, en lo central, el sorteo conforme el orden cronológico de las acciones de libertad traslativas o de pronto despacho; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente acción tutelar.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa copia del memorial del recurso de apelación interpuesto por Max Milton Frías Huarachi -ahora accionante- de 9 de octubre de 2023, contra la resolución que resuelve la solicitud de cesación a la detención preventiva en el proceso penal que sigue junto al Ministerio Público por el delito de tentativa de homicidio (fs. 2 y vta.). II.2. Mediante carta Of. 2297/2023 de 18 de octubre, el Juez demandado remitió el cuaderno de control jurisdiccional del proceso penal sustanciado por el impetrante de tutela y el Ministerio Público contra Williams Osmar Paraguayo Montaño, a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, con cargo de recepción de 19 del mismo mes y año a horas 11:00 (fs. 18 y vta.).
Los impetrantes de tutela a través de su representante, alegan la vulneración del derecho al debido proceso y a la defensa; toda vez que, habiendo interpuesto recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio que modificó la medida de la detención preventiva por detención domiciliaria en favor del imputado, hasta la fecha su impugnación no se remitió al superior en grado incumpliendo con el plazo establecido por ley. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Respecto a la naturaleza jurídica de la acción de libertad, la SCP 1551/2025-S3 de 25 de noviembre asumiendo el entendimiento de la SCP 0789/2024-S3 de 9 de septiembre señaló lo siguiente “Acorde al régimen establecido en la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional, respecto a la naturaleza jurídica de la acción de libertad, la SCP 0528/2012 de 9 de julio, señala que: ‘El art. 125 de la CPE, establece la acción de libertad como un medio de defensa oportuno y eficaz, cuyo objeto está dirigido a proteger los derechos a la vida, a la libertad física y de locomoción, cuando aquélla a consecuencia de la restricción a la libertad sea puesta en peligro, o en los casos en que la persona se encuentre ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de libertad. Respecto a su finalidad, esta acción está destinada a guardar la tutela a la vida, restablecer las formalidades legales, ordenar el cese de la persecución indebida o en su caso restituir el derecho a la libertad. Esta garantía jurisdiccional no se constituye en un medio alternativo o paralelo de la jurisdicción común, de modo que no tiene la finalidad de suplir las deficiencias e inoperancias de otras instancias que comprometan tales derechos, siendo su objetivo primordial la de brindar una protección inmediata y efectiva al derecho a la vida y a la libertad física y de locomoción, en aquellos casos en que sean ilegal o indebidamente restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión debido a las acciones u omisiones de servidores públicos o particulares…’” (las negrillas son nuestras).
La SC 0619/2005-R de 7 de junio, sostuvo: “…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad. Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional‟. (…) para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”» (las negrillas nos corresponden).
Con referencia al debido proceso vía acción de libertad, la SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, sostuvo que: “Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante. Entendimiento que fue asumido también por las SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras” (las negrillas son nuestras). En ese marco, la SCP 0059/2018-S4 del 16 de marzo, señaló lo siguiente: “Línea jurisprudencial que fue ratificada por este Tribunal Constitucional Plurinacional de manera sistemática, ya que la misma se encuentra acorde al diseño constitucional y legislativo vigente, pues el acoger mediante una acción de libertad otros elementos del debido proceso que no estén vinculados directamente con el derecho a la libertad, resultaría desconocer la voluntad del legislador y desnaturalizar el alcance jurídico-constitucional de la acción de amparo constitucional y de esta propia acción, pues cada uno de estos medios de defensa, tienen una naturaleza jurídica diferente y por el principio de seguridad jurídica, debemos respetar su ingeniería jurídica y su plena efectividad” (las negrillas nos corresponden).
Los accionantes a través de su representante alegan la vulneración del derecho al debido proceso y a la defensa, toda vez que, habiendo interpuesto recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio que modificó la medida de la detención preventiva por detención domiciliaria en favor del imputado, hasta la fecha su impugnación no se remitió al superior en grado incumpliendo con el plazo establecido por ley. La acción de libertad se constituye en un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador que tiene como objeto la protección o tutela de los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro, siendo su tramitación especial y sumarísima, reforzada por características como la inmediatez en la protección, el informalismo, generalidad e inmediación, características reiteradas en el Código Procesal Constitucional, por ende los presupuestos para su activación constituyen los atentados contra el derecho a la vida, la afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción, los actos y omisiones que constituyan procesamiento indebido y los actos y omisiones que impliquen persecución ilegal o indebida. En ese sentido, conforme a la jurisprudencia constitucional referida en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, las lesiones al debido proceso pueden ser analizadas vía acción de libertad cuando concurran dos presupuestos: a) El acto que se considera como vulneratorio al debido proceso debe constituirse en causa directa de supresión o restricción al derecho a la libertad; y, b) Hubiese existido absoluto estado de indefensión. En la problemática planteada, conforme a los antecedentes que motivaron la interposición de esta acción tutelar, se advierte que los accionantes denunciaron la lesión de su derecho al debido proceso, en razón a la dilación indebida por parte del Juez demandado; toda vez que, no hubiera cumplido con la remisión de la apelación al Tribunal de Alzada; sin embargo, el día de la audiencia de la acción tutelar, en horas de la mañana, según copia de la nota se cumplió con la remisión del cuaderno procesal (Conclusión II.2.) pero dicho acto no tiene vínculo directo con el ejercicio de su derecho a la libertad, ya que no opera como causa directa para su presunta restricción o supresión; toda vez que, los accionantes no se encuentran privados de libertad, aspecto suficiente para denegar la tutela impetrada, no obstante en caso de reclamar una dilación indebida, en condición de querellantes tienen la acción de amparo constitucional, la instancia idónea para reparar lesiones al debido proceso que no se encuentran vinculadas a la libertad; por lo que, al no haberse cumplido con los presupuestos de concurrencia que hubieran permitido a este Tribunal analizar la denuncia de lesiones al debido proceso vía acción de libertad, corresponde denegar la tutela solicitada sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Asimismo, se aclara que la remisión del cuaderno de apelación no se efectúo por disposición del Juez de garantías, por lo que la denegatoria de esta acción no tiene ningún efecto sobre el eventual Auto de Vista.
En consecuencia, Sala Constitucional al haber concedido la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 19 de octubre de 2023, cursante de fs. 20 a 21, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0741_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): edc972534d77b3a2c4ddaa0d6acb34cccef360c137b5160bbe8fe1f21f3dde5a
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