Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 11 de julio de 2025
Concede la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa material, a la dignidad y a la legalidad; toda vez que, por intermedio del Juez de Instrucción contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, impetró examen de trabajo social, evaluación psicológica y la emisión del certificado de conducta y permanencia; con ese fin, dicha autoridad emitió los Oficios 54/2022, 55/2022 y 56/2022 todos de 3 de noviembre dirigidos a los Directores demandados. Los referidos documentos tenían como finalidad sustentar su solicitud de cesación de la detención preventiva; no obstante, lo requerido no le fue entregada inclusive hasta la presentación de esta acción de defensa. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 23-2022 de 30 de noviembre, cursante de fs. 40 vta., a 45 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: CONCEDER en todo la tutela CORRESPONDE A LA SCP 0735/2025-S3 (viene de pág. 7) solicitada en la modalidad de pronto despacho o traslativa de esta acción de defensa, en los mismos términos que la referida Sala Constitucional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0735/2025-S3 Sucre, 11 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 53282-2023-107-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 23-2022 de 30 de noviembre, cursante de fs. 40 vta. a 45, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Kevin Brando Alcon de la Quintana contra Mauricio Ariel Romero Catacora, Director Departamental de Régimen Penitenciario; y, Nicanor Oscar Corcuy Peredo, Director del Centro Penitenciario Palmasola, ambos de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 29 de noviembre de 2022, cursante de fs. 15 a 18, el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación, el 3 de octubre de 2022, impetró cesación de la detención preventiva. A ese efecto solicitó al Juez de su causa se oficie al Director Departamental y Director ahora demandados; emitiéndose las notas “54, 55 y 56” que fueron debidamente diligenciadas. Sin embargo, las mismas no fueron respondidas hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar; que es interpuesta en su modalidad de pronto despacho para obtener los certificados correspondientes.
Denunció como lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa material, a la dignidad y a la legalidad citando a ese efecto los arts. 22, 115, 119 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la remisión de los certificados de permanencia y conducta, así como el psicosocial.
Celebrada la audiencia virtual el 30 de noviembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 32 a 40, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela por intermedio de su abogado, ratificó el tenor íntegro del memorial de la acción tutelar y ampliándola indicó que: a) El 23 de noviembre de 2022, el Juez de la causa conminó a los demandados para que en el plazo de veinticuatro horas se emita los documentos solicitados; empero, no obtuvo respuesta; y, b) De manera indebida se dilató la remisión de los certificados solicitados que son necesarios para su solicitud de cesación de la detención preventiva.
Mauricio Ariel Romero Catacora, Director Departamental de Régimen Penitenciario de Santa Cruz; en audiencia de garantías, señaló que: 1) Se tiene una solicitud de informe social del accionante que ingresó el 24 de noviembre de 2022; 2) La abogada del prenombrado por referencia de los funcionarios se apersonó de manera prepotente y mal educada presentando una conminatoria en relación a “…un informe bio-social y bio-psicosocial…” (sic) que son de su atribución; y, 3) Solicitó que la trabajadora social y psicóloga a su cargo puedan informar respecto a la situación de los documentos. Ante la pregunta de los Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz de si podrían orientarles respecto al informe de la trabajadora social; contestó que, el mismo ya se encuentra en secretaría y que la parte accionante puede recogerlo; y, en cuanto a la interrogante de si obviando el protocolo se podría realizar de manera inmediata los informes, señaló que no habría ningún inconveniente. La psicóloga de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Santa Cruz en audiencia de garantías manifestó que: Se le notificó el 24 de noviembre de 2022, para realizar el informe del impetrante de tutela. Sin embargo, cuando convocó a éste a través de un funcionario policial, no se apersonó y posterior a ello recibió una conminatoria; empero, al manejar un rol de orden de ingreso de los internos, el informe solicitado estaba sujeto a su disposición de tiempo.
La trabajadora social de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Santa Cruz en audiencia de garantías expreso que: Fue notificada en dos oportunidades el 4 y 24 de noviembre de 2022, y que al igual que su colega que le precedió también maneja un cronograma; y cuando ingresó al Centro Penitenciario Palmasola del referido departamento, e hizo buscar al peticionante de tutela con otros dos internos este no fue encontrado; pese a ello, más adelante pudo realizar su trabajo y remitir el informe correspondiente. Nicanor Oscar Corcuy Peredo, Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por informe escrito presentado el 30 de noviembre d 2022, cursante de fs. 28 a 29, y a través de su abogado en audiencia de garantías sostuvo que: i) Que el 3 de noviembre de 2022, fueron notificados con un oficio signado como 56/2022 del Juez de la causa que en la parte pertinente de ese documento se consignó “…solicita certificado de permanencia y conducta...” (sic); no obstante, en el contenido del documento se pedía un examen psicológico aspecto que era imposible cumplir ya que no cuentan con un equipo multidisciplinario; y, ii) Esa irregularidad fue puesta a conocimiento de la abogada del impetrante de tutela, quien en reiteradas oportunidades se apersonó, explicándole que podía solicitar al juzgado que conoce su causa emita un nuevo oficio con los datos correctos o presentar una solicitud de forma individual al tenor del art. 24 de la CPE. Ante la pregunta de la precitada Sala Constitucional, respecto a si ¿cuentan con un protocolo o manual de procedimiento?; señaló que se rigen conforme la Ley de Ejecución Penal y Supervisión así como su Reglamento; y, respecto a si se dio alguna respuesta al oficio en cuestión manifestó que, no existe aún ninguna conminatoria para expedir el certificado.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 23-2022 de 30 de noviembre, cursante de fs. 40 vta. a 45 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que las autoridades en el día remitan y realicen los exámenes de informe ordenados por el Juez de Instrucción contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; con base en los siguientes fundamentos: a) El Juez de la causa emitió el Oficio 54/2022 examen de trabajo social, Oficio 55/2022 en cuya referencia dispuso se realice la evaluación psicológica, asimismo en el Oficio 56/2022 -todos de 3 de noviembre-, consignó en la referencia certificado de permanencia y conducta; sin embargo, en su contenido dispone realizar el examen psicológico al accionante; b) El prenombrado por memorial de 17 de noviembre de 2022, impetró se conmine a los demandados a efectos de que cumplan los Oficios de 3 del señalado mes y año y remitan los certificados y exámenes solicitados; c) La Ley de Ejecución Penal y Supervisión es precisa al establecer las funciones que cumplen el director de régimen penitenciario, así como el director del establecimiento penitenciario en los arts. 54 y 58; d) Si bien existió un error de congruencia en el Oficio 56/2022, el mismo podía superarse bajo el principio de informalismo que impera en todo funcionario administrativo a eliminar los obstáculos innecesarios en el desarrollo del procedimiento procurando que el asunto sea definido con la mayor celeridad posible; y, e) Conforme las funciones que cumple el Director del Centro Penitenciario Palmasola codemandado, en el día debía emitir el certificado de permanencia y conducta. Vía complementación y enmienda, el solicitante de tutela, impetró que le extiendan fotocopias legalizadas del acta para presentar en una audiencia de consideración de la cesación de la detención preventiva por si no recabara los certificados faltantes; en respuesta el Director del Régimen Penitenciario de Santa Cruz -demandado-, señaló que podía entregar el informe psicológico a partir de las 16:25 y que podrían recogerlo. En sustanciación y resolución la Sala Constitucional habiendo dispuesto que no había nada más que complementar y ordenó se expida las fotocopias legalizadas, puntualizando que ante el compromiso de la autoridad demandada de entregar los informes solicitados el accionante debía constituirse al Centro Penitenciario Palmasola de ese departamento antes de su hora de cierre.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursan Oficio 54/2022 y Oficio 55/2022 de 3 de noviembre, expedido por Uby Saúl Suarez Sánchez, Juez de Instrucción Penal contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz dirigido a la “DIRECCION DE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO ʽPALMASOLA SCZʼ” (sic) a objeto de que se realice trabajo social y examen psicológico a Kevin Brando Alcón de la Quintana -accionante- ambos con sello de recepción de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Santa Cruz de 3 de noviembre de 2022 (fs. 9 y 10). II.2. Consta Oficio 56/2022 de 3 de noviembre emitido por la mencionada autoridad judicial dirigido al “…GOBERNADOR DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO ʽPALMASOLA SCZ…” (sic) con la referencia: “SOLICITA CERTIFICADO DE PERMANENCIA Y CONDUCTA.-” (sic) y en el contenido señala “…realizar un EXAMEN PSICOLOGICO…” a favor del impetrante de tutela (fs. 11). II.3. Por Oficio 86/2022 y Oficio 87/2022 de 23 de noviembre, el supra citado Juez dispuso la conminatoria para efectuar el examen de trabajo social y la evaluación psicológica a la “DIRECCION DE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO ʽPALMASOLA SCZ” (sic) ambas con sello de recepción de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Santa Cruz de 24 del señalado mes de 2022 (fs. 13 y 14).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa material, a la dignidad y a la legalidad; toda vez que, por intermedio del Juez de Instrucción contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, impetró examen de trabajo social, evaluación psicológica y la emisión del certificado de conducta y permanencia; con ese fin, dicha autoridad emitió los Oficios 54/2022, 55/2022 y 56/2022 todos de 3 de noviembre dirigidos a los Directores demandados. Los referidos documentos tenían como finalidad sustentar su solicitud de cesación de la detención preventiva; no obstante, lo requerido no le fue entregada inclusive hasta la presentación de esta acción de defensa. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SC 0465/2010-R de 5 de julio, estableció que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras). En lo concerniente al principio de celeridad y la acción de libertad traslativa, la señalada Sentencia Constitucional, sostuvo que: “Por previsión del art. 8.II de la CPE, el Estado se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo el cual resulta ser el vivir bien. En este sentido, el constituyente ha previsto no sólo los valores generales entre los cuales figura como se mencionó la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se fundamenta la jurisdicción ordinaria entre los cuales se encuentra la celeridad, así se tiene previsto en el art. 180.I de la CPE; es por ello que precisamente la potestad de impartir justicia según el art. 178.I de la CPE, emana del pueblo boliviano y se sustenta en la seguridad jurídica, en la celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes. Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrollo en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos pertenecen).
En antecedentes, cursa Oficio 54/2022 y Oficio 55/2022 ambos de 3 de noviembre dirigidos a la “DIRECCION DE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO ʽPALMASOLA SCZ” (sic) a objeto de que se realice examen de trabajo social y examen psicológico al accionante; con sello de recepción de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Santa Cruz de 3 de noviembre de 2022 (Conclusión II.1); por otra parte consta, Oficio 56/2022 de 3 de noviembre dirigido al “GOBERNADOR DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO ʽPALMASOLA SCZ.-” (sic) con la referencia: “SOLICITA CERTIFICADO DE PERMANENCIA Y CONDUCTA” (sic) y en el contenido señala “…realizar un EXAMEN PSICOLOGICO…” a favor del impetrante de tutela” (Conclusión II.2); asimismo, por Oficio 86/2022 y Oficio 87/2022 de 23 de noviembre el Juez de Instrucción contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz causa dispuso la conminatoria para efectuar el examen de trabajo social y la evaluación psicológica a la “DIRECCION DE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO ʽPALMASOLA SCZ” (sic) ambas con el referido sello de recepción de 24 del señalado mes de 2022 (Conclusión II.3). La problemática traída a revisión por el impetrante de tutela, versa en que, a través del Juez de su causa solicitó a los demandados, distintas documentales para sustentar su pedido de cesación de la detención preventiva entre ellas examen de trabajo social, evaluación psicológica y certificado de conducta y permanencia; sin embargo, ninguno de esos informes le fue entregado.
Ahora bien, conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, constituye el medio eficaz para interponer en oposición a la transgresión al debido proceso en su elemento de celeridad, cuando esté relacionada a la libertad producto de demoras indebidas en los trámites administrativos o judiciales tendientes a resolver la situación jurídica del procesado. Bajo ese marco, se tiene que pese a recibir los Oficios 54/2022, 55/2022 y 56/2022, pronunciados por Uby Saúl Suarez Sánchez Juez de Instrucción contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; los exámenes y certificados no fueron expedidos. En mérito a ello, el peticionante de tutela impetró al citado Juez pueda conminar a los demandados a fin de que cumplan con lo ordenado, de ese modo el 23 de noviembre de 2022, se expidieron los Oficios 86/2022 y 87/2022, conminando a la Dirección de Régimen Penitenciario de Santa Cruz a cumplir lo instruido; aspecto que demuestra que desde el 3 de noviembre de 2022 hasta el momento de formulada esta acción de defensa el 29 de mismo mes y año, no se extendió los certificados y exámenes solicitados. Ahora bien, respecto a lo afirmado por la trabajadora social y la profesional psicóloga de la referida Dirección de Régimen Penitenciario, quienes manifiestan que, en el caso de la primera tuvo dificultades en encontrar al impetrante de tutela; empero, pudo realizar la labor encomendada, habiendo elaborado el informe pertinente estando pendiente su recojo; y en cuanto a la segunda, que pese a que hizo llamar al prenombrado con un funcionario policial no pudo hallarlo; estos extremos no constan de manera documental; es decir, al estar emanada la orden por el Juez de la causa y de encontrarse obstáculos generados por el propio solicitante de tutela quien aparentemente no concurrió al llamado de la psicóloga, tal situación debió ser puesta en conocimiento de la citada autoridad. En lo concerniente a que en el Oficio 56/2022 la referencia o suma de esta literal no coincidía con su contenido ya que se hacía alusión en la suma a un certificado de permanencia y conducta pero en el cuerpo de la nota se impetraba se realice un examen psicológico. El Gobernador codemandado, debió aplicar un criterio de proactividad ciñéndose a sus funciones y expedir el certificado de permanencia y conducta que estaba facultado a brindar o caso contrario informar al Juez que emitió esa instructiva, las razones que le inhibían a cumplir lo ordenado. Por lo expuesto, se advierte una dilación indebida desde el 3 de noviembre de 2022 al 29 de mismo mes y año, en la obtención de documentos consistentes en examen de trabajo social, evaluación psicológica; y, certificado de permanencia y conducta que tenían como destino reforzar el pedido de cesación de la detención preventiva, que si bien tiene un tratamiento especial y aquellos documentos no aseguraban por si solos se modifique su situación jurídica si debieron ser entregados oportunamente; lo cual no aconteció; por lo que, es posible otorgar la protección solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido en parte la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 23-2022 de 30 de noviembre, cursante de fs. 40 vta., a 45 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: CONCEDER en todo la tutela CORRESPONDE A LA SCP 0735/2025-S3 (viene de pág. 7) solicitada en la modalidad de pronto despacho o traslativa de esta acción de defensa, en los mismos términos que la referida Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0735_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 69e30b2fb1a6bc7fbb80d6693ac546a9b0bcdc492e09b968cf2b4389c19d3779
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →