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SCP 0731/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 27 de junio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
27 de junio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
53198-2023-107-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 38/22 de 22 de octubre de 2022, cursante de fs. 25 a 27 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décimo Segunda del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme lo desarrollado en los Fundamentaos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0731/2025-S4 Sucre, 27 de junio de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 53198-2023-107-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 38/22 de 22 de octubre de 2022, cursante de fs. 25 a 27 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mary Nelda Saucedo Gutiérrez en representación sin mandato de Carlos Erwin Gutiérrez Soruco contra María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Décimo Cuarta del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 21 de octubre de 2022, cursante de fs. 12 a 14 vta., la parte accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público a denuncia Francis Meza López contra Carlos Erwin Gutiérrez Soruco y otros por la supuesta comisión del delito de avallasamiento, radicado en el Juzgado de Instrucción en lo Penal Décimo Cuarto del departamento de Santa Cruz; notificados con la imputación, en su defensa presentaron incidentes y excepciones; los cuales, fueron resueltos por la Jueza –hoy accionada–, el 10 de mayo de 2022, con la inasistencia del Fiscal de Materia; puesto que, la que se conectó al link fue la Asistente Fiscal Verónica Rocha; la cual, después de escuchar la fundamentación de la defensa, cuando la Juez, le dio el uso de la palabra, se limitó a pedir que se suspenda la audiencia porque no habría sido notificada, posteriormente se desconectó; la Jueza rechazó los incidentes y excepciones; por lo que, la defensa de los imputados presentó recurso de apelación que fue concedido, suspendiéndose la audiencia de medidas cautelares, señalándose otra audiencia para el 24 de mayo del 2022; empero, se realizó recién el martes 31 de mayo del 2022, oportunidad en la que nuevamente participó la Asistente Fiscal señalada, sin estar habilitada para el efecto; en la audiencia cautelar, la Jueza María Alejandra Menacho Melgar, ordena la detención preventiva de Carlos Erwin Gutiérrez Soruco, pese a que desvirtuó los riesgos procesales, la defensa formuló Recurso de Apelación; sin embargo, para la remisión de los recursos de apelaciones, tuvo que presentar contra la Jueza y su Secretario, Acción de libertad de pronto despacho. El recurso de apelación de los incidentes y excepciones fue radicado en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a cargo de los Vocales, Julio Nelson Alba Flores y Ever Álvarez Orellana, quienes pronunciaron Auto de Vista de 7 de julio de 2022, determinando que la Jueza a quo, realizó acto procesal incorrecto, ordenándose la devolución de la referida causa para que la Jueza recurrida, concluya con su acto procesal y se corrija el acta, estableciendo de manera exacta por quien se ejerce defensa. El 21 de julio del 2022, el Auto de Vista fue remitido al Juzgado de Instrucción en lo Penal Décimo Cuarto del departamento de Santa Cruz, para su cumplimiento; sin embargo, hasta la fecha no se dio cumplimiento, lesionando de esta forma su derecho a la libertad y preceptos constitucionales de celeridad de Carlos Erwin Gutiérrez Soruco que se encuentra privado de libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, el debido proceso, defensa, celeridad y seguridad jurídica, citando los arts. 115.II, 119.II, 125, 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela de acción de libertad de pronto despacho, ordenando: Que la Jueza de Instrucción Penal Décimo Cuarta del departamento de Santa Cruz, proceda a dar cumplimiento al Auto de Vista de 7 de julio de 2022 sea en el plazo de veinticuatro horas de notificada con la procedencia de la presente acción de libertad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 22 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 24 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante a través de su abogado, en audiencia virtual ratificó inextenso los argumentos contenidos en la acción libertad y ampliando agregó: a) Que el accionante se encuentra detenido desde el 31 de mayo de 2022, habiendo presentado incidente de nulidad de imputación que fue rechazado por la Jueza de la causa; por lo que, se planteó recurso de apelación, mismo que fue radicado ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que emitió el Auto de Vista de 7 de julio de 2022, observando que la Jueza accionada había aplicado incorrectamente el procedimiento; por lo que, se ordenó la devolución de los actuados procesales para que se corrija el procedimiento y aclare quienes eran las partes apelantes; b) Habiéndose devuelto la causa al Juzgado de origen; sin embargo, el Auto de Vista no fue cumplido por la Jueza accionada, pese a los reiterados reclamos verbales y por escrito mediante memoriales de 21 de agosto, 6 de septiembre y 17 de octubre de 2022; c) Lo que implica vulneración al debido proceso, celeridad, defensa, tomando en cuenta que se agotaron los recursos; por lo que, se presentó recursos de apelación ante la Sala Penal Tercera para que resuelva el incidente de nulidad de imputación; lo cual, no ha sido resuelto por la Juez accionada, que tiene que dar cumplimento al Auto de Vista de 7 de julio de 2022 para que se prosiga con la tramitación y se pueda llegar a establecer si la imputación será o no anulada; y, d) Debido a la omisión e infundado silencio por más de cuatro meses y medio, sin dar cumplimiento al Auto de Vista de 7 de julio de 2022, se encuentra pendiente de Resolución al incidente de nulidad de imputación y la excepción de falta de acción, por parte de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; por todo ello, se vulneró su derecho de libertad de locomoción vinculado al principio de celeridad y la garantía del debido proceso, de una justicia pronta y oportuna sin dilaciones de ninguna naturaleza, se presenta la acción de libertad de pronto despacho a objeto que la Jueza accionada, cumpla con el Auto de Vista mencionado.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

María Alejandra Menacho Melgar, no presentó informe alguno ni asistió a la audiencia virtual, pese haber sido notificada conforme consta a fs. 17 y 18.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia en lo Penal Décimo Segunda del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 38/22 de 22 de octubre de 2022, cursante de fs. 25 a 27 vta., denegó la tutela solicita, de acuerdo a los siguientes argumentos: 1) Analizada la prueba aportada y lo expresado en audiencia, se infiere que la parte accionante no agotó en la vía ordinaria, al no haber acudido a dicha instancia, implica que su derecho a la libertad o garantías sean precautelados por esta vía constitucional; en razón a que, no se puede activar la vía constitucional cuando no se activó la vía ordinaria o cuando no hizo uso de la misma; máxime, teniendo en cuenta que la autoridad accionada no fue requerida para dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de alzada, 2) No existe certeza si la demora del acto sea atribuible a la accionada; la misma pretende que sea reparada, lo que implica que la desidia u omisión de la parte accionante no puede ser reencausada a través de la acción de libertad, al contrario, significa vulnerar el principio de seguridad jurídica y resolver hechos sobre los cuales la vía ordinaria no se pronunció; y, 3) El accionante no acompaño prueba alguna; por la cual, se evidencie la vulneración o no de sus derechos, aspecto que hace que este Tribunal, no ingrese a analizar los supuestos actos vulneratorios cometidos por la autoridad demandada, por falta de prueba en la que pueda basar su decisión.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Acta de audiencia de medidas cautelares, realizada el martes 10 de mayo de 2022 a las 12:00 am, ante el Juzgado de Instrucción en lo Penal Décimo Cuarto del departamento de Santa Cruz a cargo de la Jueza María Alejandra Menacho Melgar, dentro de la investigación seguida por el “Ministerio Público contra Gilberto Saldaña Suarez, Javier Enrique Nava Romero, Cirilo Ricardez Vidal, Agapito Tapia Flores y Carlos Edwin Gutiérrez” (sic), por la presunta comisión del delito de avasallamiento; en la cual, se consideró los incidentes presentados por escrito y de forma verbal sobre nulidad de imputación e incidente de actividad procesal defectuosa y falta de acción que fueron declaradas infundadas; por lo que, en audiencia se presentó recurso de apelación en contra de esa determinación, por vulneración al debido proceso, aclarando que en audiencia la Secretaria del Juzgado, informó que el Ministerio Púbico no se encontraba en audiencia virtual (fs. 2 a 7 Vta.) II.2. Mandamiento de detención preventiva contra del imputado Carlos Erwin Gutiérrez Soruco, ordenado por la Jueza de Instrucción Penal Décimo Cuarta del departamento de Santa Cruz, librado el 31 de mayo de 2022 (fs. 8). II.3. Acta de audiencia de apelación incidental, celebrada el 7 de julio de 2022, por los Vocales de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, integrada por Julio Nelson Alba Flores y Ever Álvarez Orellana a objeto de tratar el recurso de apelación incidental contra la Resolución de 10 de mayo de 2022 dentro del proceso penal seguido contra Gilberto Saldaña Suárez y otros, por presunta comisión del delito de avasallamiento. Audiencia en la que se resolvió mediante Auto de la misma fecha, disponiendo se devuelva la Resolución venida en apelación de 10 de mayo de 2022, emitida por el Juzgado de Instrucción en lo penal Décimo Cuarto del departamento de Santa Cruz, a objeto que la autoridad mencionada continúe con el acto procesal hasta concluir con la aplicación de las medidas cautelares a fin que concluya con el acto procesal, se convoque a las partes, si consideran ser agraviadas hagan uso del medio de impugnación conforme a procedimiento (fs. 9 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad de locomoción, vinculado al principio de celeridad y al debido proceso; por cuanto, la autoridad accionada no dio cumplimiento a lo dispuesto en el Auto de Vista de 7 de julio de 2022 que ordenó a la accionada, continuara con el acto procesal hasta concluir con la aplicación de las medidas cautelares y la parte que se considere agraviada haga uso del medio de impugnación; empero, transcurrieron más de cuatro meses; no obstante, las reiteradas solicitudes, la autoridad accionada no dio cumplimiento al Auto de Vista mencionado. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Sobre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad.

Jurisprudencia reiterada Respecto a la subsidiaridad, la SCP 0369/2024-S4 de 23 de julio, citando a su vez a la SCP 0629/2023-S4 de 18 de julio, estableció que: “El art. 125 de la CPE, establece que la acción de libertad tiene por objeto tutelar los derechos a la vida, a la libertad física y de locomoción, en los casos en que aquélla se encuentre en peligro y cuando ésta sea objeto de persecución ilegal, indebido procesamiento u objeto de privación de libertad en cualquiera de sus formas, pudiendo toda persona que considere encontrarse en tales situaciones, acudir ante el juez o tribunal competente en materia penal y solicitar se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Sin embargo, tratándose especialmente del derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, para que sea viable esta acción de defensa, con carácter previo se deben agotar los mecanismos de defensa que tenga expeditos el justiciable conforme al ordenamiento procesal común, haciendo uso de los medios y recursos legales que sean idóneos, eficientes y oportunos para el restablecimiento de este su derecho, de donde la acción de libertad operará solamente en los casos de no haberse reparado efectivamente las lesiones invocadas pese a la utilización de estas vías. Sobre el principio de subsidiariedad excepcional del hábeas corpus –ahora acción de libertad–, la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, estableció lo siguiente: ‘…como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus’. En el mismo sentido, la SC 0008/2010-R de 6 de abril, referido a la acción de libertad determinó que: ‘…esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas’. De lo expresado, se establece que si bien la acción de libertad, por su naturaleza jurídica y configuración procesal es el medio idóneo y eficaz para restituir cualquier vulneración que atente derechos fundamentales vinculados a la vida, a la libertad y persecución o procesamiento indebido; sin embargo, bajo el principio de subsidiariedad, en caso de existir medios procesales específicos tendientes a su defensa que sean idóneos y oportunos para restituir los derechos afectados, corresponde ser utilizados antes de activar una acción tutelar; lo que implica que toda persona que considere la existencia de una acción u omisión que lesione su derecho a la libertad, debe inexcusablemente, con carácter previo, activar estos medios de impugnación antes de acudir a la tutela constitucional” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante representado por su abogada sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad de locomoción, vinculado al principio de celeridad y al debido proceso; por cuanto, la autoridad accionada no dio cumplimiento a lo dispuesto en el Auto de Vista de 7 de julio de 2022 que ordenó a la autoridad accionada, continuara con el acto procesal hasta concluir con la aplicación de las medidas cautelares y la parte que se considere agraviada, haga uso del medio de impugnación; empero, transcurrieron más de cuatro meses y pese a sus reiteradas solicitudes, la accionada no dio cumplimiento al Auto de Vista mencionado. Precisada la problemática planteada de la presente acción tutelar, analizados los aspectos fácticos y lo manifestado por el abogado de la defensa; se tiene que, la presente causa emerge de un proceso penal iniciado por el Ministerio Público contra Carlos Erwin Gutiérrez Soruco y otros, por la presunta comisión del delito de avasallamiento; por el cual, fue imputado y detenido preventivamente en el Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”. El 10 de mayo de 2022, en audiencia de aplicación de medidas cautelares, el ahora accionante, planteó incidentes de nulidad de imputación y falta de acción, argumentado que la imputación fue presentada fuera de plazo y por vulnerar el derecho al debido proceso al haberse ventilado el mismo caso en otro Juzgado de materia civil en el que habría vencido. Sin embargo, del Acta de la audiencia de aplicación de medidas cautelares de 10 de mayo de 2022, se advierte que el Ministerio Público, no estuvo representado por el Fiscal de Materia y la que actuó como tal fue la “auxiliar de fiscalía”, quien solicitó la reprogramación de la audiencia por supuesta falta de notificación, no obstante de aquello, continuó la audiencia, concluyendo con la emisión del Auto de 10 de mayo de 2022 que dispuso declarar infundados los incidentes conforme dispone el art. 315 del Código de Procedimiento Penal (CPP); por lo que, en la misma audiencia se interpuso recurso de apelación incidental contra la mencionada determinación, remitiéndose los obrados al Tribunal de alzada, que recayó ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, conforme se tiene descrito en Conclusiones II.1 del presente fallo constitucional. El 7 de julio de 2022, en audiencia de apelación incidental contra el Auto de 10 de mayo del mismo año, celebrada por los Vocales de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, integrada por Julio Nelson Alba Flores y Ever Álvarez Orellana; los cuales, determinaron la devolución de antecedentes al Juzgado de Instrucción en lo Penal Décimo Cuarto del departamento de Santa Cruz, a objeto que esa autoridad, ahora accionada, continúe con el acto procesal y concluya con la aplicación de las medidas cautelares, convocando a las partes y estas, si se consideran agraviadas puedan hacer uso de los medios de impugnación; además, se corrija el acta estableciendo de manera clara, quien ejerce defensa, conforme establecen los arts. 396.3, 398, 399, 404 y 406 del CPP; sin embargo, el accionante denuncia que transcurrieron más de cuatro meses sin que la autoridad ahora accionada, hubiera cumplido lo dispuesto por el Tribunal de alzada, vulnerándose su derecho al debido proceso vinculado a la libertad de locomoción y principio de celeridad. Ahora bien; el impetrante de tutela denunció, la lesión de su derecho a la libertad de locomoción, vinculado al principio de celeridad y al debido proceso; en ese entendido, de acuerdo a la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, la acción de libertad es un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; en este caso, se advierte que la detención del accionante es resultado de un proceso penal que sigue el Ministerio Público a denuncia de Francis Meza López contra Carlos Erwin Gutiérrez Soruco y otros, consiguientemente fue imputado como presunto autor del delito de avasallamiento previsto y sancionado por el art. 351 del Código Penal (CP), habiéndose dictado en su contra detención preventiva a cumplirse en el Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, que según datos del proceso y descritos en Conclusiones II.1, hubiera sido apelada y remitida al Tribunal de alzada, radicada ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del Santa Cruz, donde se realizó la audiencia de apelación incidental a efecto de resolver el recurso planteado contra el Auto de 10 de mayo de 2022, éste Tribunal al advertir errores en el procedimiento y en el acta de la fecha, conforme establece el art. 396.3 del CPP, ordenó la devolución de antecedentes al Juzgado de origen; es decir, ante la Jueza de Instrucción Penal Décimo Cuarta del departamento de Santa Cruz, a objeto que subsane y corrija los errores procedimentales dispuestos en el Auto de 7 de julio de 2022, mismo que no habría sido cumplido por la autoridad ahora accionada. Al respeto es necesario precisar que conforme el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, no se puede activar la vía constitucional cuando existe pendiente la resolución de un recurso por otra jurisdicción, por tanto: “…para que sea viable esta acción de defensa, con carácter previo se deben agotar los mecanismos de defensa que tenga expeditos los justiciables conforme al ordenamiento procesal común, haciendo uso de los medios y recursos legales que sean idóneos, eficientes y oportunos para el restablecimiento de este derecho, de donde la acción de libertad operará solamente en los casos de no haberse reparado efectivamente las lesiones invocadas pese a la utilización de estas vías”; en este caso, se advierte que al momento de la tramitación de la presente acción tutelar se encontraba pendiente de resolución las observaciones realizadas por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, quienes en oportunidad de celebrarse la audiencia de apelación incidental contra del Auto de 10 de mayo de 2022, que resolvió declarar improcedentes los incidentes planteados por el accionante; el Tribunal de alzada, al haber constatado errores y omisiones en el procedimiento, cometidos por la Jueza a quo, emitió el Auto de Vista de 7 de julio de 2022, disponiendo devolver la causa penal y los antecedentes que fueron enviados, como resultado de la apelación incidental a efecto que la Jueza de Instrucción Penal Décimo Cuarta del departamento de Santa Cruz (Jueza de origen) “concluya con su acto procesal y corrija el acta, estableciendo de manera exacta por quien se ejerce defensa”; sin embargo, revisado el expediente constitucional, se advierte que esa determinación se encuentra pendiente al no haberse resuelto ni subsanado los defectos procesales de acuerdo a lo previsto en los arts. 396.3 y 399 del CPP; asimismo, no se tiene evidencia que el imputado o su defensa técnica se hubieran apersonado al Juzgado de origen para formular reclamo alguno; consecuentemente, al existir pendiente la subsanación o corrección de errores procesales en el acta de medidas cautelares de 10 de mayo de 2022 y la resolución de la misma por la Juez a quo, este Tribunal Constitucional Plurinacional, se ve impedido de efectuar un análisis de fondo, bajo el principio de subsidiariedad; pues, a decir de la jurisprudencia citada en el presente fallo constitucional, en caso de existir medios procesales específicos tendientes a su defensa que sean idóneos y oportunos para restituir los derechos afectados, corresponde ser utilizados antes de activar una acción tutelar; lo que implica que, toda persona que considere la existencia de una acción u omisión que lesione su derecho a la libertad, debe con carácter previo, activar estos medios de impugnación antes de acudir a la tutela constitucional; en este caso, correspondía que previamente sea resuelta por la Jueza accionada y no activar de manera paralela la jurisdicción constitucional; pues ello, podría generar la emisión de fallos contradictorios y por consiguiente una disfunción procesal; correspondiendo denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 38/22 de 22 de octubre de 2022, cursante de fs. 25 a 27 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décimo Segunda del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme lo desarrollado en los Fundamentaos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0731_2025-S4.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7302cbd00479612a42aaa0b4228b0c0d1edf0b12f3eda5f8b9d67afdaa519907

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