Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 29 de agosto de 2024
Concede en parte la tutela
Las accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad personal y al debido proceso; puesto que, el Juez hoy accionado hasta la interposición de la presente acción de defensa, no señaló audiencia de consideración de salida alternativa de procedimiento abreviado según lo previsto por el art. 325 del CPP, permitiendo que transcurran aproximadamente tres meses de dilación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR en parte la Resolución 16/2022 de 25 de julio, cursante a fs. 9 y vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a los derechos a la libertad personal y al debido proceso; conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Disponer que Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, una vez notificado con el presente fallo constitucional, de manera inmediata señale audiencia de consideración de aplicación de salida alternativa de procedimiento abreviado, salvo que ese acto procesal ya hubiese sido efectuado. 2° DENEGAR la tutela solicitada, con relación a la solicitud de la condenación de costas y la calificación de daños y perjuicios, de acuerdo con los fundamentos jurídicos de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0730/2024-S3 Sucre, 29 de agosto de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 49293-2022-99-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 16/2022 de 25 de julio, cursante a fs. 9 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mery Olivera Rojas, Silvia Olivera Robles y Janette Olivera Rojas contra Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz.
Las accionantes mediante memorial presentado el 22 de julio de 2022, cursante de fs. 3 a 4, manifestaron lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Idalia Veizaga Rojas contra sus personas, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, previsto y sancionado por el art. 271 del Código Penal (CP), el 17 de mayo de 2022, la Fiscal de Materia presentó en su favor, la solicitud de salida alternativa de procedimiento abreviado ante el Juez ahora accionado; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de libertad no señaló audiencia dentro del plazo establecido por el art. 325.II y III del Código de Procedimiento Penal (CPP), permitiendo que transcurran aproximadamente tres meses de dilación, apartándose de los principios de razonabilidad y de celeridad.
Las accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad personal y al debido proceso; citando al efecto los arts. 22 y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitan se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga que en el plazo de veinticuatro horas señale día y hora de audiencia para considerar su salida alternativa de procedimiento abreviado, con expresa imposición de costas, calificación de daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia pública el 25 de julio de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 9, se produjeron los siguientes actuados:
Las accionantes no asistieron a la audiencia de consideración de la acción de libertad, pese a sus citaciones cursante a fs. 7.
Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, no se presentó en la audiencia de consideración de la acción tutelar, ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 8.
El Tribunal de Sentencia Penal Décimo Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 16/2022 de 25 de julio, cursante a fs. 9 y vta., resolvió “RECHAZAR” la tutela solicitada, bajo el argumento de que en la presente acción tutelar no se tiene claro si las accionantes se encuentran privadas de libertad, por lo cual no atendieron su solicitud, con base en la SC 0044/2010-R de 20 de abril.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 18 de mayo de 2022, ante Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz -hoy accionado-; la Fiscal de Materia solicitó la aplicación de la salida alternativa de procedimiento abreviado de Mery Olivera Rojas, Silvia Olivera Robles y Janette Olivera Rojas -ahora accionantes- (fs. 1 a 2 vta.).
Las accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad personal y al debido proceso; puesto que, el Juez hoy accionado hasta la interposición de la presente acción de defensa, no señaló audiencia de consideración de salida alternativa de procedimiento abreviado según lo previsto por el art. 325 del CPP, permitiendo que transcurran aproximadamente tres meses de dilación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SC 0465/2010-R de 5 de julio, estableció que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Del mismo modo la citada Sentencia Constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado, concluyó que: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras).
Las accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad personal y al debido proceso; puesto que, el Juez hoy accionado hasta la interposición de la presente acción de defensa, no señaló audiencia de consideración de salida alternativa de procedimiento abreviado según lo previsto por el art. 325 del CPP, permitiendo que transcurran aproximadamente tres meses de dilación.
De la revisión de antecedentes que cursan en obrados se tiene que el 18 de mayo de 2022, la Fiscal de Materia solicitó ante el Juez ahora accionado, la aplicación de la salida alternativa de procedimiento abreviado de las accionantes (Conclusión II.1.). Bajo esas circunstancias, se advierte que si bien no se tiene la certeza de que las accionantes se encuentren privadas de libertad, no es menos evidente que ninguna de las partes se hicieron presentes en la audiencia de consideración de esta acción tutelar con la finalidad de realizar la argumentación respectiva sobre el acto lesivo denunciado, razón por la cual, tampoco se tiene la constancia del señalamiento de audiencia de consideración de aplicación de salida alternativa de procedimiento abreviado; por lo que en aplicación al principio de informalismo que caracteriza esta acción de libertad, por el que rige la inversión de la carga de prueba, se concluye que la autoridad judicial hoy accionada no cumplió con lo establecido por el art. 325.II y III del CPP, que fue modificado por el art. 12 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; que señala lo siguiente: “II. En caso de presentarse requerimiento conclusivo para la aplicación de salidas alternativas, la jueza o el juez deberá resolver sin necesidad de audiencia los criterios de oportunidad, siempre que se hubieran presentado los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes, dentro del plazo de cinco (5) días siguientes de solicitadas; cuando se hubiera requerido la aplicación de la suspensión condicional del proceso, el procedimiento abreviado o que se promueva la conciliación, deberá resolverse en audiencia a llevarse a cabo dentro de los diez (10) días siguientes. III. En caso de que el imputado guarde detención preventiva, el plazo máximo será de cuarenta y ocho (48) horas para la realización de la audiencia, bajo responsabilidad, debiendo habilitar horas y días inhábiles” (las negrillas fueron agregadas). En ese sentido, se concluye que el Juez hoy accionado, desde la presentación de la solicitud de aplicación de salida alternativa de procedimiento abreviado -18 de mayo de 2022- por las accionantes, hasta la interposición de la presente acción de defensa -22 de julio de igual año-, no resolvió dicha solicitud; es decir que, el citado Juez incumplió con la normativa aplicable al caso, incurriendo en dilación indebida e injustificada al permitir que transcurran dos meses y cuatro días de demora para el señalamiento de la audiencia correspondiente, vulnerando con ello los derechos a la libertad -si es que estuvieran privadas de libertad-, al debido proceso y al principio de celeridad y razonabilidad de las accionantes; puesto que, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde conceder la tutela solicitada en su modalidad traslativa o de pronto despacho, constituida en un mecanismo procesal idóneo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad vinculado con el derecho a la libertad; ya que toda autoridad judicial tiene el deber de tramitar cualquier asunto vinculado a la libertad de las personas con la mayor celeridad posible y dentro de los plazos establecidos por la normativa o en uno razonable y prudencial según corresponda, una actuación contraria implica una dilación injustificada e indebida que vulnera de manera directa la libertad de las personas, correspondiendo por ello, conceder la tutela solicitada. Finalmente, en cuanto a la solicitud de la condenación de costas y la calificación de daños y perjuicios, estas no pueden ser consideradas en razón al alcance de la tutela concedida y la regulación potestativa establecida por el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo), razón por la cual, corresponde denegar la tutela sobre este punto. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al “rechazar” la tutela solicitada aunque con terminología incorrecta, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR en parte la Resolución 16/2022 de 25 de julio, cursante a fs. 9 y vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a los derechos a la libertad personal y al debido proceso; conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Disponer que Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, una vez notificado con el presente fallo constitucional, de manera inmediata señale audiencia de consideración de aplicación de salida alternativa de procedimiento abreviado, salvo que ese acto procesal ya hubiese sido efectuado. 2° DENEGAR la tutela solicitada, con relación a la solicitud de la condenación de costas y la calificación de daños y perjuicios, de acuerdo con los fundamentos jurídicos de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0730_2024-S3.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8808ecb5923993a318fdfaa8d7a064514d2493eb2f46e285bb4d0a75e7251bcb
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