Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 4 de julio de 2023
Deniega la tutela
El accionante alega la lesión de su derecho a la libertad, a la vida y a la dignidad humana; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el presunto delito de atentado contra la seguridad de los servicios públicos, se incurrieron en las siguientes irregularidades: i) El 14 de marzo de 2022, fue capturado bajo el argumento de que existiría una sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra que establece su privación de libertad por el lapso de cuatro años; esto, sin considerar que ya cumplió una detención preventiva por más de seis años; por lo que, debió convalidarse a efectos del cómputo de la pena; considerando además que, con el Auto de Vista que ratificó la sentencia de primera instancia nunca fue notificado; y, ii) Con su captura, fue incomunicado por más de veinticuatro horas, y no se le permitió realizar llamadas ni tomar contacto con nadie, siendo conducido desde el municipio de Villamontes hasta el departamento de La Paz en camisa, sin abrigo ni alimento, incurriendo en un trato inhumano y degradante. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes ejes temáticos: a) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad ante la existencia de medios recursivos; y, b) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 020/2022 de 17 de marzo, cursante de fs. 17 a 20, pronunciada por el Tribunal de Sentencia y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al fondo de lo planteado de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0728/2023-S1 Sucre, 4 de julio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 46754-2022-94-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 020/2022 de 17 de marzo, cursante de fs. 17 a 20, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jorge José Valda Daza en representación sin mandato de Felipe Alejandro Moza Segundo contra Hernán Eulogio Galier Quelali, Juez de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 16 de marzo de 2022, cursante de fs. 3 a 7 vta., el accionante a través de su representante sin madato expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de atentado contra la seguridad de los servicios públicos, fue detenido el 14 de marzo de 2022 bajo el argumento de que existiría sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra, que establece su privación de libertad por el lapso de cuatro años; esto, sin considerar que ya cumplió una detención preventiva de seis años; es decir, dos años más que los previstos en la supuesta condena más detención domiciliaria; por lo que, al realizarse el computo de la pena, el mismo debió convalidarse; existiendo además, un Auto de Vista que ratifica la sentencia de primera instancia, con la cual no fue notificado para poder interponer recurso de casación. Además de ello, refiere a ver estado incomunicado por más de veinticuatro horas, y su familia denunció que hasta “la noche del martes” no se le permitió realizar llamadas ni tomar contacto con nadie, siendo conducido desde el municipio de Villamontes hasta el departamento de La Paz en camisa, sin abrigo, ni alimento, incurriendo en un trato inhumano y degradante. En consecuencia se tiene que debió computarse el plazo de la detención preventiva y el plazo que estuvo con detención domiciliaria como parte del cumplimiento de la pena, que al ser de cuatro años, ya fue cumplida.
La parte impetrante de tutela alega la lesión de sus derechos a la libertad, a la vida y la dignidad humada citando al efecto a los arts. 13, 15 y 73 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se “…CONCEDA LA PRESENTE ACCIÓN DE LIBERTAD; OTORGUE TUTELA PARA REESTABLECER EL DERECHO A LA LIBERTAD FÍSCIA Y DE LOCOMOCIÓN, A LAS GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO CONCULCADOS, SE DEJE SIN EFECTO EL MANDAMIENDO DE CAPTURA DISPONIENDO QUE LA autoridad accionada ejerza el debido control jurisdiccional de conformidad con el Art. 73 del Código Penal y siguientes, debiendo COMPUTAR EL PLAZO DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA Y DOMICILIARIA como parte de la PENA IMPUESTA, sin perjuicio de disponer la nulidad de la ejecutoría en caso de no evidenciarse una notificación que Felipe Moza jamás tomó conocimiento. SE ORDENE LA LIBERTAD INMEDIATA. SE ORDENE EL CESE DE TODAS ACCIONES ILEGALES Y DE PERSECUCIÓN INDEBIDA QUE habrían desplegado contra Felipe Moza. Se califique daños y perjuicios.” (sic).
Celebrada la audiencia pública el 17 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 11 a 16, se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela a través de su abogado en audiencia ratificó íntegramente el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliándoló el mismo, refirió que: a) Fue detenido ilegalmente producto de un mandamiento de captura emitido por la autoridad ahora demandada, disponiendo que sea conducido al Centro Penitenciario de San Pedro del departamento de La Paz, esto en razón a que se emitió la Sentencia 40/2015 de 17 de noviembre por el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, dictandose también el Auto de Vista 18/2019 de 14 de febrero, y existiendo además un mandamiento de condena de 23 de abril de 2021, aclarando que sobre el Auto de Vista no asumió conocimiento; b) El fondo de la acción de libertad, radica en el incumplimiento de una obligación emergente de la labor jurisdiccional; puesto que, el Juez de Ejecución Penal no consideró que el plazo de la detención preventiva, debe computarse como parte de la pena y la sanción determinada fue por el plazo de cuatro años; sin embargo, se encontró detenido por más de ese tiempo; y, c) Se debe establecer que el Juez de Ejecución Penal, antes de emitir cualquier mandamiento, debe elaborar el computo de la pena, no siendo una opción facultativo o un componente opcional, sino una obligación de la autoridad jurisdiccional; por lo que, el ahora demanadado debió verificar los antecedentes del proceso antes de librar un mandamiento de captura.
Nancy Flores Guzmán, Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal del Juzgado de Ejecución Penal Segundo del mismo departamento, mediante informe escrito cursamte a fs. 10 y vta., manifestó que, la autoridad ahora demandada ya no se encontraría en ese despacho judicial a consecuencia de las intervenciones realizadas por el Consejo de la Magistratura y la comisión de fiscales, siendo su persona únicamente suplente conforme consta del Memorandum 480/2022 de 8 de marzo; por lo que, su persona desconoce del proceso.
El Tribunal de Sentencia y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 020/2022 de 17 de marzo, cursante de fs. 17 a 20, denegó la tutela impetrada “…en la Acción de Libertad interpuesta por el ciudadano Felipe Alejandro Moza Segundo contra el Dr. Hernan Galier Quelalu (…) y se concede bajo el elemento de la Acción de Libertad Innovativa, en sentido que el Juez de Ejecución Penal Segundo de la causa (o autoridad en suplencia legal), en base a sus facultades, considere el reconocimiento del cumplimiento del tiempo de condena de la detención preventiva y/o domiciliaria, previa acreditación de presupuetos procesales a ser cumplidos por el accionante” (sic). Determinación asumida, en consideración a los siguientes fundamentos: 1) El ahora accionante hace referencia que en la gestión 2008 fue detenido y recluido en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, que años después, se benefició con detención domiciliaria y siete años más tarde se habría ejecutado una captura para cumplir una condena de cuatro años, cuando estuvo detenido preventivamente más de seis años. Dicho fallo fue confirmado por el Auto de Vista 18/2019 de 14 de febrero, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, que al confirmar la sentencia condenatoria de primera instancia, se expide el correspondiente mandamiento de condena de 23 de abril de 2021. Finalmente, la autoridad ahora demandada mediante Auto de 29 de abril de 2021, ordenó se expida el mandamiento de captura a efectos de dar cumplimiento a los fallos ejecutoriados; 2) Ahora bien, se tiene que el ahora peticionante de tutela no acreditó con elementos objetivos, que la autoridad ahora demandada, hubiese incurrido en la comisión de acto ilegal u omisión indebida en sus actuaciones o que haya colocado en un estado de persecución ilegal o indebida al prenombrado; 3) Por otro lado, el ahora impetrante de tutela debe tomar en cuenta, los mecanismos procesales para el proceso del computo del plazo de la detención preventiva y domiciliaria, es decir las peticiones que considere pertinentes para dicho cometido, más que, dentro de ese despliegue procesal, el ahora accionante tiene la posibilidad de activar otros mecanismos que considere pertinentes para el resguardo y protección de sus derechos que ahora invoca como conculcados, lo cual conlleva a su vez a que agotados los referidos mecanismos de persistir la afectación de sus derechos, pueda acudir a la justicia constitucional. Pues, este Tribunal queda impedido para ingresar al análisis de fondo de la problemática formulada al presente, que tampoco el ahora impetrante de tutela acreditó de forma objetiva tal conculcación o su vinculación o en su caso la omisión reclamada en el caso de haberlo hecho, haciendo referencia únicamente a que no se habría computado el plazo de la detención preventiva y domiciliaria por la autoridad jurisdiccional; y, 4) El ahora accionante debe acudir, primariamente, ante la autoridad jurisdiccional que conoce su caso, el cual es el que tiene competencia para ejercer el control del proceso y quien debe repararlas, pues solo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional, si correspondiere. Entonces, existiendo mandamiento de condena contra el ahora peticionante de tutela, el ahora demandado conforme su competencia dispuso se expida orden de captura, al respecto los arts. 55 y 428 del Codigo de Procedimiento Penal (CPP), establecen que los Jueces tienen la atribución de controlar la ejecución de sentencias y resolver entre otros, todos los incidentes que produjeran en esta etapa. Por su parte, el art. 432 de la Norma Adjetiva Penal, determina que tanto la Fiscalía como el condenado podrán plantear incidentes relativos a la ejecución de la pena, y que el mismo será resuelto por dicho Juez en audiencia oral y pública, convocada dentro de los cinco días siguientes a su promoción y que la Resolución pronunciada podrá ser apelada ante el Tribunal Departamental de Justicia y que, de todo lo anterior, deduce que la pretensión juridica del ahora peticionante de tutela no se encuentra dentro de los alcances, finalidad y ámbito de protección de la acción de libertad.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta copia del Mandamiento de Captura de 8 de julio de 2021, emitida por la autoridad ahora demandada, a través de la cual, ordenó a cualquier funcionario no impedido de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), la Ejecución del mandamiento en contra de Felipe Alejandro Moza Segundo, quien una vez capturado deberá ser conducido al Centro Penitenciario de San Pedro del departamento de La Paz, a efectos de dar cumplimiento a los fallos ejecutoriados en su contra; es decir, la Sentencia 40/2015 de 17 de noviembre, Auto de Vista 18/2019 de 14 de febrero y Mandamiento de Condena de 23 de abril de 2021, dentro del proceso penal seguido en su contra por el presunto delito de atentado contra la seguridad de los servicios públicos y daño calificado (fs. 2).
El accionante alega la lesión de su derecho a la libertad, a la vida y a la dignidad humana; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el presunto delito de atentado contra la seguridad de los servicios públicos, se incurrieron en las siguientes irregularidades: i) El 14 de marzo de 2022, fue capturado bajo el argumento de que existiría una sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra que establece su privación de libertad por el lapso de cuatro años; esto, sin considerar que ya cumplió una detención preventiva por más de seis años; por lo que, debió convalidarse a efectos del cómputo de la pena; considerando además que, con el Auto de Vista que ratificó la sentencia de primera instancia nunca fue notificado; y, ii) Con su captura, fue incomunicado por más de veinticuatro horas, y no se le permitió realizar llamadas ni tomar contacto con nadie, siendo conducido desde el municipio de Villamontes hasta el departamento de La Paz en camisa, sin abrigo ni alimento, incurriendo en un trato inhumano y degradante. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes ejes temáticos: a) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad ante la existencia de medios recursivos; y, b) Análisis del caso concreto.
Respecto de la subsidiariedad excepcional aplicable en acciones de libertad, el Tribunal Constitucional a partir de la SC 0160/2005-R de 23 de febrero en su Fundamento Jurídico III.1. , estableció los 1(…) En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria.
El entendimiento interpretativo aludido guarda compatibilidad con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. En efecto, lo que exigen tales instrumentos, es que los países partes, provean en sus ordenamientos, un medio de defensa efectivo; esto es pronto y eficaz, contra actos que lesionen los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la libertad. Conforme a esto, el art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclama que “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”. En lo regional, el art. 7.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, con más especificidad, proclama que 'Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.
Como se puede apreciar, lo que persiguen los pactos internacionales sobre derechos humanos, es garantizar la existencia de un recurso sumario, pronto y eficaz, al que pueda acudir toda persona, para que ésta sin demora, decida sobre la lesión a la libertad alegada, recurso que no necesariamente tiene que ser, el hábeas corpus.
lineamientos sobre la mencionada y precisó que en los supuestos en los que la norma prevea medios de defensa idóneos para reparar de manera oportuna el derecho a la libertad física lesionado, estos deben ser utilizados previamente a acudir a la justicia constitucional por medio de la acción de libertad.
Este entendimiento fue modulado y precisado por el Tribunal Constitucional en la SC 0008/2010-R de 6 de abril, refiriendo que:
“I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas.”
Por su parte, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, determinó que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria.
En el marco precedentemente citado, se establece que cuando las partes dentro un proceso penal, consideren que su derecho a la libertad se ve lesionado, de forma previa a acudir a la acción de libertad, deben previamente agotar la vía intraprocesal si existe en dicha vía medios idóneos para reparar dicha lesión; por lo tanto, en el supuesto de activar Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus. 2El FJ III.3, indica: “En ese sentido, para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”
directamente el camino constitucional, dicha pretensión no podrá ser atendida en atención a la subsidiariedad excepcional.
El accionante alega la lesión de su derecho a la libertad, a la vida y a la dignidad humana; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el presunto delito de atentado contra la seguridad de los servicios públicos, se incurrieron en las siguientes irregularidades: 1) El 14 de marzo de 2022, fue capturado bajo el argumento de que existiría una sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra que establece su privación de libertad por el lapso de cuatro años; esto, sin considerar que ya cumplió una detención preventiva por más de seis años; por lo que, debió convalidarse a efectos del cómputo de la pena; considerando además que, con el Auto de Vista que ratificó la sentencia de primera instancia nunca fue notificado; y, 2) Con su captura, fue incomunicado por más de veinticuatro horas, y no se le permitió realizar llamadas ni tomar contacto con nadie, siendo conducido desde el municipio de Villamontes hasta el departamento de La Paz en camisa, sin abrigo ni alimento, incurriendo en un trato inhumano y degradante.
De las conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, el 8 de julio de 2021, el ahora demandado, emitió mandamiento de captura en contra del ahora peticionante de tutela, ordenando que el mismo sea remitido al Centro Penitenciario San Pedro de departamento de La Paz, a efectos de dar cumplimiento a la Sentencia 40/2015 de 17 de noviembre, Auto de Vista 18/2019 de 14 de febrero y Mandamiento de Condena de 23 de abril de 2021 (Conclusión II.1). Definida la problemática y antecedentes, con carácter previo se debe analizar la procedencia de esta acción tutelar, teniendo en cuenta que el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; estableció que, en los supuestos que la norma prevéa medios de defensa idóneos para reparar de manera pronta y oportuna el derecho a la libertad física del lesionado, estos deben ser utilizados previamente a acudir a la justicia constitucional por medio de la acción de libertad. Ahora bien, en ese marco jurisprudencial, se puede observar que el ahora demandado, evidentemente emitió un mandamiento de captura contra el ahora impetrante de tutela; y, es por esta situación que el prenombrado plantea la presente acción de libertad, esperando que esta instancia constitucional deje sin efecto tal mandamiento; sin embargo, se debe tener presente, que el Código de Procedimiento Penal, prevé una vía a la que puede acceder el sentenciado en caso de que surjan situaciones inherentes a la ejecución de la pena; es decir, se puede observar que el art. 432 de la referida norma, señaló:
“Artículo 432º.- (Incidentes). La Fiscalía o el condenado podrán plantear incidentes relativos a la ejecución de la pena. El incidente será resuelto por el juez de ejecución penal, en audiencia oral y pública, que será convocado dentro de los cinco días siguientes a su promoción. El auto podrá ser apelado ante la Corte Superior de Justicia.” Entonces, si el ahora accionante consideraba que el mandamiento de captura fue indebidamente emitido o que su captura lesionó de alguna manera cualquier otro derecho tutelado; con carácter previo a acudir a la instancia constitucional, debió hacer conocer de esta situación al Juez ahora demandado, por la vía incidental de conformidad al citado artículo, pues es él, quien se encuentra a cargo del control y supervisión de la ejecución de la pena establecida en su contra; aclarando que, incluso la determinación emitida por esta autoridad jurisdiccional, es impugnable vía apelación incidental conforme establece el art. 403 del CPP que determina:
“Artículo 40. (RESOLUCIONES APELABLES). El recurso de apelación incidental procederá contra las siguientes resoluciones: (…) 2. La que resuelve una excepción o incidente; (…).”
Por lo descrito, es que el ahora peticionante de tutela al recurrir de forma directa a la justicia constitucional no cumplió con el principio de subsidiariedad excepcional que rige para esta acción tutelar, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada, sin ingresar al fondo de lo planteado. Aclarando que, si bien el prenombrado alegó una lesión de su derecho a la vida, no existe constancia de que tal situación fuera evidente y menos por la autoridad ahora demandada.
En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, actuó de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 020/2022 de 17 de marzo, cursante de fs. 17 a 20, pronunciada por el Tribunal de Sentencia y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al fondo de lo planteado de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0728_2023-S1.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 138a12b5dd9b7145c93c366919c0b8a64afd17036f059957939d10749d2de945
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