B.IA.LEGAL

SCP 0714/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 8 de agosto de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
8 de agosto de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
47554-2022-96-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, alegó como lesionados los derechos a la libertad vinculado con el debido proceso, seguridad jurídica; justicia plural, pronta, oportuna y sin dilaciones; debido a que, dentro del proceso penal que se le sigue a instancias del Ministerio Público, se le impuso detención preventiva; ante ello interpuso el recurso de apelación incidental de conformidad a lo establecido en el art. 251 del CPP; y siendo que, el memorial que contenía el recurso debió ser providenciado para luego ser remitido a una de las Salas Penales del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el Juez hoy demandado, no emitió la providencia al señalado memorial y por ende no se efectuó la remisión en alzada; inclusive hasta la fecha de presentación del presente recurso constitucional −9 de mayo de 2022−. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/22 de 9 de mayo de 2022, cursante de fs. 30 a 34, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de Yapacaní del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismo términos dispuestos por el Juez de garantías, prenombrado.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes del recurso de apelación incidental de medidas cautelares ante el Tribunal de alzada
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0714/2023-S4 Sucre, 8 de agosto de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 47554-2022-96-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 01/22 de 9 de mayo de 2022, cursante de fs. 30 a 34, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Luis Córdova Tastaca en representación sin mandato de Ornan Cussi Sillo contra Simón Alarcón Vásquez, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Primero de Yapacani de igual departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 06 de mayo de 2022, cursante de fs. 3 a 4 vta; el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra; el 11 de abril de 2022, de forma posterior a la audiencia de medidas cautelares realizada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz (en suplencia legal del Juzgado Primero de Instrucción Penal de Yapacani), se le impuso la detención preventiva en el Centro de Readaptación Productiva Montero “CEPROM”; ante ello interpuso apelación incidental conforme a lo establecido en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), recurso que debió ser remitido a una de las Salas Penales del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el plazo de veinticuatro horas; para que, dicho Tribunal de alzada, compulse los agravios denunciados en el referido acto procesal de alzada; empero, hasta la fecha –9 de mayo de 2022– su recurso de apelación no fue remitido ante la autoridad superior en grado y ni siquiera el memorial fue providenciado.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, alegó como lesionados los derechos a la libertad vinculado con el debido proceso, a la seguridad jurídica; a la justicia plural, pronta, oportuna y sin dilaciones, citando al efecto los arts. 13, 22, 23.I.III y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

El accionante, solicita se le conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene a la autoridad demandada, resuelva el memorial de 11 de abril de 2022 y consiguientemente se remita la apelación incidental del Auto Interlocutorio de medida cautelar impuesta en su contra, sea con costas para el demandado.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 9 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 26 a 29, presentes el solicitante de tutela a través de su representante sin mandato y la autoridad demandada; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El solicitante de tutela, a través de su abogado en audiencia, se ratificó en su demanda de acción de libertad cursante de fs. 3 a 4.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Simón Alarcón Vásquez, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, a través de informe escrito cursante de fs. 8 a 9, refirió que: a) La causa penal corresponde al Juzgado de Instrucción Penal Primero de Yapacaní, asiento judicial donde desarrolló funciones en suplencia legal por baja médica del titular; b) Esta y otras causas se encuentran en etapa de resolución, y cuando se traslada a la localidad de Yapacaní, distante a 30 km aproximadamente de la localidad de Buena Vista, de acuerdo a la disponibilidad de transporte y traslado por lo dificultoso de llegar a esta localidad se efectúa el trabajo –de gabinete-; c) Señala que se ve imposibilitado de constituirse a Yapacaní de forma diaria o fácilmente, pues al margen de la carga procesal con la que cuenta por ser un juzgado mixto en el cual es titular, se tienen procesos de orden penal con detenidos, ello implica que estas causas deben resolverse dentro de las veinticuatro horas, hechos que también imposibilitan al traslado diario al asiento judicial de Yapacaní; y, d) Aclara que no se está vulnerando ningún derecho del hoy accionante, pues al no haberse planteado la apelación en audiencia, y por el contrario hacerla “a los días” (sic), se debe tener presente que correrá el curso que corresponde, señalando que el imputado –hoy impetrante de tutela, se encuentra con la aplicación de medidas cautelares por surgir suficientes elementos de convicción en contra de este, por un hecho de tránsito en estado de ebriedad; en consecuencia, al haberse presentado el recurso por escrito, debe tenerse también en cuenta la presentación de otros memoriales, con igual o mayor urgencia; y concluye señalando que se despacharán conforme se den las posibilidades de su traslado hasta el asiento judicial de Yapacaní, en atención a la distancia y dificultades de traslado.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Primero de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 01/22 de 9 de mayo de 2022, cursante de fs. 30 a 34, concedió la tutela impetrada, ordenando resolver el memorial presentado en fecha 11 de abril de 2022 donde (el hoy solicitante de tutela) plantea apelación incidental, dentro de las veinticuatro horas a partir de su legal notificación, con base a los siguientes fundamentos: 1) De la revisión y análisis integral de la copia expediente penal principal arrimado a este legajo, se infiere que el reclamo guarda relación estrecha con el derecho a la libertad del accionante; por lo que, se debió atender con prioridad su solicitud al margen del agotamiento del principio de subsidiariedad que rige la materia; 2) El reclamo principal del impetrante de tutela es en relación a la falta de emisión de providencia al respecto del memorial de apelación y posterior remisión al tribunal de alzada, estableciendo que se trata de una solicitud de apelación incidental donde se encuentra comprometido el derecho a la libertad, y la dilación propiciada por el Juez demandado que ahora es identificada, violenta el principio de celeridad; 3) En ese sentido, y del análisis del expediente signado con el caso Transito 34/2022, se establece que el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, que ejerció suplencia del Juzgado de Instrucción Penal primero de Yapacaní de igual departamento, no resolvió el memorial presentado en fecha 11 de abril de 2022; consecuentemente, a la fecha trascurrieron diecinueve días hábiles desde el momento de su presentación y a hasta el desarrollo de la presente acción tutelar, sin considerar que el accionante se encontraba privado de libertad; y, 4) En todo caso y respecto a la identificación de la vulneración de los derechos fundamentales y garantías constitucionales que le asisten al accionante, respecto al pronto despacho vinculado con el principio de celeridad, conviene observar lo reglado por los arts. 128.1 y 132 ambos del CPP, que señalan que la providencias de mero trámite deben resolverse en el plazo de veinticuatro horas, aspecto que no sucedió.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Auto Interlocutorio de 8 de abril de 2022; por el cual, se dispuso la detención preventiva del hoy accionante, emitido por el Juez −ahora demandado−. (fs. 19 a 20) II.2. Se tiene el memorial de apelación incidental, presentada el 11 de abril de 2022 por el hoy solicitante de tutela, ante el Juzgado de Instrucción Penal primero de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, sin que conste respuesta alguna. (fs. 25 vta.)

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, alegó como lesionados los derechos a la libertad vinculado con el debido proceso, seguridad jurídica; justicia plural, pronta, oportuna y sin dilaciones; debido a que, dentro del proceso penal que se le sigue a instancias del Ministerio Público, se le impuso detención preventiva; ante ello interpuso el recurso de apelación incidental de conformidad a lo establecido en el art. 251 del CPP; y siendo que, el memorial que contenía el recurso debió ser providenciado para luego ser remitido a una de las Salas Penales del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el Juez hoy demandado, no emitió la providencia al señalado memorial y por ende no se efectuó la remisión en alzada; inclusive hasta la fecha de presentación del presente recurso constitucional −9 de mayo de 2022−. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes del recurso de apelación incidental de medidas cautelares ante el Tribunal de alzada

Al respecto la SCP 0998/2021-S4 de 6 de diciembre, reiterando el entendimiento de la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, concluyó que: “‘La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: «La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…» (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas’. Al respecto del plazo en el cual tiene que ser remitido el recurso de apelación planteado contra una resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, así como en relación al trámite que debe imprimir el Tribunal de alzada en dichos recursos la SCP 1866/2012 de 12 de octubre, señala: ‘En específico y en relación a la remisión al Tribunal de alzada de la apelación incidental interpuesta contra una Resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, la SC 0076/2010-R de 3 de mayo, refirió que: «…el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, que se muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del CPP, una vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior del Distrito (ahora Tribunal Departamental) en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones». A su vez en la SC 0387/2010-R de 22 de junio y ratificado por la SC 1181/2011-R de 6 de septiembre, se expresó: «…que a toda solicitud relativa o vinculada a la libertad de las personas, debe imprimírsele celeridad en su resolución sea positiva o negativamente para quien la pide, este mismo entendimiento es aplicable para los recursos de apelación sobre medidas cautelares, así como también para las de cesación de detención preventiva, las que pueden traducirse en la remisión de los antecedentes ante el superior en grado, para su resolución, más aún si existe un procedimiento establecido para ello en el que se fijan plazos para la emisión de la resolución correspondiente, como se estableció en la SC 0160/2005 de 23 de febrero»’.

La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, ha establecido que: ‘Sin embargo, la jurisprudencia constitucional contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entendió que, excepcionalmente es posible prolongar el plazo de remisión del recurso de apelación y sus antecedentes hasta un plazo adicional de tres días, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados. Así, la SCP 1907/2012, señaló:

Sintetizando, el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado’.

Consecuentemente, conforme a la jurisprudencia glosada, la regla es que la remisión del recurso de apelación y de los antecedentes sea efectuada en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP y sólo excepcionalmente y en situaciones debidamente acreditadas por el juzgador, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

(…)

Por otra parte, con relación al plazo previsto en el art. 251 del CPP, en los supuestos de impugnación oral, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, entendió que ‘Cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas y el tribunal de apelación resolver en el término de setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectúe el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación’.

Consiguientemente, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante dilaciones indebidas que van en menoscabo de la persona privada de libertad, es por ello que la importancia de esta acción tutelar, radica en la búsqueda de la efectividad del principio de celeridad, el cual se encuentra previsto en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, en concordancia con los arts. 8.1 de la CADH; y, 14.3 inc. c) del PIDCP, que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.

De acuerdo a la jurisprudencia descrita, todas las solicitudes relacionadas a la libertad del imputado deben ser tramitadas y resueltas, sin ninguna demora o dilación, atendiendo al principio de celeridad que obligan a toda autoridad jurisdiccional a sujetar su accionar a los plazos establecidos en la norma adjetiva penal’” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

En la presente acción de libertad, el impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, alegó como lesionados los derechos a la libertad vinculado con el debido proceso a la seguridad jurídica y a la justicia plural, pronta, oportuna y sin dilaciones; debido a que, dentro del proceso penal que se le sigue a instancias del Ministerio Público por el delito de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito; y luego de sustanciarse audiencia cautelar al efecto, y de forma ulterior al análisis de los elementos de convicción, se le impuso la medida extrema de la detención preventiva; ante ello interpuso el recurso de apelación incidental de conformidad a lo establecido en el art. 251 del CPP, recurso que debió ser en primera instancia providenciado y posteriormente remitido a ante el superior en grado de conformidad a los plazos previstos para este fin, términos que se encuentran previstos en el Código Adjetivo Penal; sin embargo, el Juez hoy demandado no emitió la providencia al señalado memorial y por ende no se efectuó la remisión dispuesta por ley; agravando este hecho, ya que inclusive hasta la fecha de presentación del presente recurso constitucional en fecha −9 de mayo de 2022− el memorial que contiene su recurso no fue atendido, ello corroborado por la propia justificación que el juez hoy demandado pretende señalar como válida. El objeto procesal de la problemática planteada radica precisamente en la falta de remisión del recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada, por parte de la autoridad demandada, dentro de los plazos procesales establecidos en la norma, que hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar, no fue efectivizada. De las precisiones descritas supra, se advierte que el Juez demandado incurrió en dilación indebida al no remitir el recurso de apelación al Superior en grado; toda vez que, no asumió las medidas necesarias para efectivizar dicha remisión en el plazo establecido por el art. 251 del CPP; pues si bien, no obstante la autoridad demandada en audiencia de esta acción de libertad, alegó que su persona solamente cumplía funciones en suplencia legal, y que su trabajo se dificultó por aspectos logísticos que le impedían desarrollar dicha suplencia con mayor efectividad, aspectos que pretende sean tomados como justificativos válidos para que se deniegue la tutela hoy impetrada. Así las cosas, la evidente inobservancia de las labores y obligaciones a las que se hallaba compelida el Juez hoy demandado; aún sea en suplencia legal, repercute negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; por lo que, lo alegado como justificativo, no enerva que el Juez como autoridad revestida además de jurisdicción y potestad deje al desamparo la dirección del juzgado que le fuera encomendada legalmente en suplencia, por cuanto le asiste también la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y hacer que estas sean cumplidas oportunamente, aspecto que no ocurrió. En ese entendido, se tiene que, los argumentos expuestos por la autoridad demandada en la omisión de remisión del recurso de apelación al Tribunal de alzada, no constituyen un justificativo válido para incurrir en dilación de la remisión de antecedentes al Tribunal superior; más aún, tomando en cuenta que en la misma se debía definir una solicitud vinculada al derecho a la libertad física y de locomoción del imputado –hoy solicitante de tutela–; y, si bien la autoridad demandada en audiencia manifestó, que las distancia y la sobrecarga laboral a la cual se halla reatado impidieron que el mismo pueda emitir la providencia respecto del memorial de 11 de abril de 2022 que corre en obrados; y por ende la remisión de obrados ante el superior en grado, contraviene lo que éste debió observar en todo momento; que era, la situación de privación de libertad que el imputado poseía; por lo que, debió tramitar su petición con la debida celeridad en resguardo de los derechos que hoy se reclaman como lesionados; en ese sentido, corresponde aplicar la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, y tomando en cuenta que la interposición del señalado recurso de apelación data del 11 de abril de 2022, y la fecha de la presentación de esta acción tutelar es del 9 de mayo de igual año, se tiene que transcurrió súper abundantemente al plazo de veinticuatro horas que establece el art. 251 del CPP en aproximadamente veintiocho días, pues una vez interpuesto el recurso precitado, las actuaciones pertinentes debieron ser remitidas ante el Tribunal superior, para resolver sin más trámite y en audiencia dentro de las veinticuatro horas siguientes de recibidas estas. Consecuentemente, la conducta asumida por el Juez demandado, al no haber remitido la apelación y los antecedentes ante el Tribunal de alzada dentro del plazo establecido por el art. 251 del Adjetivo Penal, resulta contraria al principio de celeridad previsto en los arts. 178 y 180.I de la CPE y en los instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad; 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH); 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en consonancia con el 30.3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); por lo expuesto, corresponde conceder la tutela solicitada, en aplicación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tipología de la acción de libertad, que busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas y se encuentra de por medio el derecho a la libertad y locomoción de las personas.

Finalmente se aclara que la concesión dispuesta, únicamente abarca en la modalidad de la acción de libertad traslativa o pronto despacho; es decir, solo respecto al cumplimiento del plazo previsto en el art. 251 del CPP, para la remisión de la apelación incidental y no en cuanto al fondo de la situación jurídica del accionante –libertad– pues dicho análisis corresponderá ser efectuado por la autoridad que conoce la causa, vale decir, la Sala Penal como Tribunal de alzada.

En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta, verificando los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/22 de 9 de mayo de 2022, cursante de fs. 30 a 34, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de Yapacaní del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismo términos dispuestos por el Juez de garantías, prenombrado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0714_2023-S4.pdf · páginas 1 a 10.

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