Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 24 de junio de 2025
Concede en parte la tutela
Los accionantes a través de su representante sin mandato denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y al trabajo, así como al principio de celeridad; puesto que, mediante Auto Interlocutorio de 20 de diciembre de 2022, la Jueza ahora accionada dispuso, entre otras medidas cautelares, el arresto domiciliario con escolta; motivo por el cual, se interpuso recurso de apelación incidental contra el referido Auto Interlocutorio, de conformidad con el art. 251 del CPP; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de defensa de 14 de enero de 2023, los respectivos antecedentes no fueron remitidos ante el Tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Del plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; ii) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; iii) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, iv) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 01-23 de 15 de enero de 2023, cursante de fs. 72 a 75, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Vigésima del Distrito Municipal Noveno de Palmasola del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1o CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a los derechos al debido proceso en sus elementos de derecho a la defensa y al principio de celeridad, con vinculación con el derecho a la libertad, en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2o DENEGAR la tutela solicitada en cuanto al derecho al trabajo, conforme con los fundamentos jurídicos expuesto en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0706/2025-S1 Sucre, 24 de junio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 53125-2023-107-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 1-23 de 15 de enero de 2023, cursante de fs. 72 a 75, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Darwin Vásquez Moreno en representación sin mandato de Carlos Villca Cáceres y Ridel Contreras Macedo contra María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Los accionantes a través de su representante sin mandato, mediante memorial presentado el 14 de enero de 2023, cursante de fs. 2 a 5, manifestaron lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra sus personas por la presunta comisión del delito de violación previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP); el 20 de diciembre de “2021” -siendo lo correcto 2022- se celebró la audiencia de cesación de la detención preventiva, en la que se interpuso recurso de apelación incidental conforme al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, hasta la interposición de esta acción de defensa transcurrieron diecisiete días sin que los actuados procesales sean remitidos a la “…Sala Penal Tercera de Turno…” (sic), cuando el plazo para hacerlo era de veinticuatro horas; por lo que, al incumplir el plazo previsto para tal efecto, se vulneraron sus derechos.
Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa, así como al principio de celeridad; además, del derecho al trabajo -tal como lo señaló en audiencia de consideración de esta acción de defensa-; citando al efecto los arts. 23, 46, 115, 119, 120 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que, la Jueza ahora accionada remita en el día del cuaderno procesal en original, por el principio de gratuidad ante la Sala Penal “Tercera” del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a efecto de que se resuelva el recurso de apelación incidental interpuesto.
Celebrada la audiencia virtual el 15 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 71 a 72, se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su abogado, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliando, manifestaron que: a) La SCP 0397/2015-S1 -de 22 de abril-, establece el principio de presunción de la verdad ante el silencio de la Jueza hoy accionada; ya que, bajo dicho principio se debe dar por válidos los derechos denunciados como vulnerados; b) Transcurrieron más de veinticinco días y no se cumplió con lo previsto por el art. 251 del CPP; y, c) Se vulneró el derecho al trabajo establecido por los arts. 46 de la CPE y 23 de la “Corte Interamericana de Derechos Humanos” -siendo lo correcto Convención Interamericana sobre Derechos Humanos-; y, d) El proceso penal de referencia se encuentra a cargo de la Jueza de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz; no obstante, por motivo de la vacación judicial la audiencia de cesación de la detención preventiva fue celebrada en el Juzgado de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del indicado departamento, que se encuentra a cargo de la Jueza ahora accionada.
María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, no asistió a audiencia de consideración de esta acción de defensa, ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 12.
La Jueza de Sentencia Penal Vigésima del Distrito Municipal Noveno de Palmasola del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 01-23 de 15 de enero de 2023, cursante de fs. 72 a 75, concedió la tutela solicitada, ordenando la remisión inmediata del cuaderno procesal relativo al proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los accionantes, al Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del indicado departamento -Juzgado de origen-, para que en el día por Secretaría de ese Juzgado se eleve de manera inmediata el recurso de apelación incidental al Tribunal de turno correspondiente, previo sorteo en el sistema “NUREJ” -se entiende Sistema de Registro Judicial (SIREJ)- no pudiéndose direccionar la remisión del indicado recurso directamente a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, como pretenden los accionantes; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) De los datos adjuntos y de la revisión del sistema “NUREJ” -se entiende SIREJ-, se tiene que el cuaderno procesal relativo a los accionantes tendría como Juzgado de origen al Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, en ese sentido siendo las vacaciones judiciales del 6 al 31 de diciembre de 2022, dichos antecedentes fueron remitidos al Juzgado de Instrucción Penal Decimocuarto de la Capital del citado departamento, donde se celebró la correspondiente audiencia de cesación de la detención preventiva el 20 de igual mes y año, donde se ordenó la detención domiciliaria con escolta de los nombrados, situación que vulneró su derecho a la libertad de locomoción; motivo por el que, se interpuso recurso de apelación incidental contra la merituada disposición; sin embargo, de la revisión del SIREJ se evidenció que el citado recurso no fue sorteado ni remitido ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; 2) Al no contar con las copias del cuaderno procesal, ni el informe de la Jueza ahora accionada donde se pueda explicar el motivo por el que no se dio cumplimiento a lo previsto por el art. 251 del CPP, se aplicó el principio de presunción de veracidad; 3) De la revisión de los escasos antecedentes que fueron puestos en su conocimiento, se evidenció que la Jueza hoy accionada actuó en suplencia legal durante las vacaciones judiciales, y concluida esa suplencia el 3 de enero de 2023, una vez retomando sus funciones debió ordenar la devolución del respectivo cuaderno procesal al Juzgado de origen; sin embargo, continuó dictando decretos dentro del mismo proceso penal tal como se advirtió del mandamiento de libertad de 6 de igual mes y año, emitido en favor de uno de los accionantes, sin tener antes el cuidado de revisar el cuaderno procesal y ordenar la respectiva remisión de antecedentes a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Santa Cruz, así como la devolución de los mismos al Juzgado de origen a efecto de evitar cualquier carga procesal; por lo que, ese accionar no permitió que la legitimación pasiva de esta acción tutela recaiga sobre los funcionarios de apoyo jurisdiccional en virtud del principio de generalidad; y, 4) Por lo mencionado, se advirtió que la Jueza ahora accionada incumplió con el principio de celeridad, sea por comisión u omisión, generando la paralización de la causa penal; ya que, se debió remitir el recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada, extremo que merece pronunciamiento de la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad en su modalidad de pronto despacho y conceder la tutela solicitada tomando en cuenta la calidad de los derechos que se encuentran en potencial riesgo.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de audiencia de cesación de la detención preventiva de 20 de diciembre de 2022, elaborado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Carlos Villca Cáceres y Ridel Contreras Macedo -hoy accionantes- por la presunta comisión del delito de violación, en la que María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy accionada- mediante Auto Interlocutorio de 20 de diciembre de 2022 ordenó entre otras medidas cautelares, el arresto domiciliario con escoltas; por consiguiente, los accionantes interpusieron recurso de apelación incidental contra el referido Auto Interlocutorio conforme a lo establecido por el art. 251 del CPP (fs. 13 a 19).
Los accionantes a través de su representante sin mandato denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y al trabajo, así como al principio de celeridad; puesto que, mediante Auto Interlocutorio de 20 de diciembre de 2022, la Jueza ahora accionada dispuso, entre otras medidas cautelares, el arresto domiciliario con escolta; motivo por el cual, se interpuso recurso de apelación incidental contra el referido Auto Interlocutorio, de conformidad con el art. 251 del CPP; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de defensa de 14 de enero de 2023, los respectivos antecedentes no fueron remitidos ante el Tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Del plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; ii) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; iii) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, iv) Análisis del caso concreto.
El art. 251 del CPP, modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 mayo de 2019-, establece que: “(Apelación). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”.
La SCP 0012/2018-S2 de 28 de febrero, señala que: “De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación. (…)
En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; decreto a partir del cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP.
La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en su Fundamento Jurídico III.3:
i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.
ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto.
iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. (…) 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.
iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.
v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.
vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte” (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 0633/2019-S2 de 1 de agosto, establece que: “…la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad; más aún cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante”.
La SC 0465/2010-R de 5 de julio, señala que: “…Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Del mismo modo la citada Sentencia Constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial señalado, concluyó que: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras).
Los accionantes a través de su representante sin mandato denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y al trabajo, así como al principio de celeridad; puesto que, mediante Auto Interlocutorio de 20 de diciembre de 2022, la Jueza ahora accionada dispuso, entre otras medidas cautelares, el arresto domiciliario con escolta; motivo por el cual, se interpuso recurso de apelación incidental contra el referido Auto Interlocutorio, de conformidad con el art. 251 del CPP; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de defensa de 14 de enero de 2023, los respectivos antecedentes no fueron remitidos ante el Tribunal de alzada.
Bajo esos antecedentes, se tiene que de conformidad con la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, ante la interposición del recurso de apelación incidental de medidas cautelares, los antecedentes serán remitidos de manera improrrogable y bajo responsabilidad, en el plazo de veinticuatro horas al Tribunal de alzada, lo contrario significaría una dilación indebida que conllevaría a la vulneración del derecho a la libertad, tal como establece del art. 251 del CPP. Bajo ese entendimiento jurisprudencial y normativo, de antecedentes que cursan en obrados se constata que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los accionantes por la presunta comisión del delito de violación, en la audiencia de cesación de la detención preventiva celebrada el 20 de diciembre de 2022, la Jueza ahora accionada emitió el Auto Interlocutorio de igual fecha, ordenó entre otras medidas cautelares, el arresto domiciliario con escoltas; por consiguiente, los accionantes interpusieron recurso de apelación incidental conforme a lo establecido en el art. 251 del CPP (Conclusión II.1.). Ahora bien, es necesario aclarar que los accionantes mediante esta acción de defensa denunciaron que posterior a la interposición del recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 20 de diciembre de 2022, hasta la interposición de esta acción de defensa de 14 de enero de 2023, la Jueza ahora accionada no remitió los antecedentes ante el Tribunal de alzada, permitiendo que transcurran aproximadamente veinticinco días, cuando el plazo previsto para la remisión de los antecedentes procesales es de veinticuatro horas, conforme a lo previsto por el art. 251 del CPP, extremo que no fue desvirtuado por dicha autoridad judicial; ya que, no presentó informe alguno ni asistió a la audiencia de consideración de esta acción de defensa, lo cual era su obligación al ser una funcionaria pública; por lo que, de acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, resulta aplicable el principio de presunción de veracidad, dando por válido y certero lo denunciado por la parte accionante. Por consiguiente, de acuerdo a lo desarrollado líneas arriba, ante la evidente dilación indebida por la falta de remisión de antecedentes del recurso de apelación incidental de medidas cautelares interpuesto por los accionantes ante el Tribunal de alzada, se ocasionó que la situación jurídica de los nombrados no sea resuelta y los mismos no puedan ejercer defensa en segunda instancia; por lo que, corresponde activar la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, al ser el medio idóneo y efectivo en caso de existir la vulneración al principio de celeridad como elemento del derecho al debido proceso con relación al derecho a la libertad, debiendo hacerse hincapié en que en la situación concreta en análisis la Jueza ahora accionada asumiera una conducta pasiva ante la dilación ocasionada respecto a la remisión de los antecedentes del referido recurso de apelación, lo que provocó que la mencionada Jueza omitiera actuar bajo los principios constitucionales de celeridad, eficacia y eficiencia previstos por el art. 180.I de la CPE; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada respecto al derecho al debido proceso en su elementos de defensa y al principio de celeridad, vinculado con el derecho a la libertad de los accionantes. Al respecto es pertinente aclarar que la concesión de la tutela solicitada únicamente corresponde en el marco del ámbito de protección de una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones a través de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, lo cual no implica que se disponga la libertad de los accionantes; ya que, esa decisión concierne ser asumida por la autoridad judicial competente, de acuerdo a los antecedentes del caso. Finalmente, en cuanto a la denuncia de la vulneración del derecho al trabajo, corresponde denegar la tutela solicitada; ya que, el mismo no se encuentra dentro del ámbito de protección de la acción de libertad; asimismo, los accionantes se limitaron a citar tal derecho sin identificar de qué manera hubiese sido vulnerado y la relación con la Jueza hoy accionada; correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela solicitada al respecto. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 01-23 de 15 de enero de 2023, cursante de fs. 72 a 75, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Vigésima del Distrito Municipal Noveno de Palmasola del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1o CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a los derechos al debido proceso en sus elementos de derecho a la defensa y al principio de celeridad, con vinculación con el derecho a la libertad, en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2o DENEGAR la tutela solicitada en cuanto al derecho al trabajo, conforme con los fundamentos jurídicos expuesto en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0706_2025-S1.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 39bde329757d1d0f44121fbc16e68fe3a388a7401447e2e46fcbdaa85a0be274
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