Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 6 de julio de 2023
Concede en parte la tutela
El peticionante de tutela reclama la vulneración de su derecho al trabajo vinculado a su libertad, así como al principio de celeridad; por cuanto: a) El Juez accionado suspendió por segunda vez la audiencia de modificación de medidas cautelares personales -detención domiciliaria sin salida laboral- de 29 de abril de 2022, ello bajo el argumento de que la víctima no estaba conectada a la audiencia virtual; y, b) Además, habiendo fijado nueva audiencia para el 4 de mayo de igual año, la misma se encuentra fuera del plazo de las cuarenta y ocho horas, incurriendo de esa forma en una dilación indebida que le ocasiona perjuicio para obtener su salida laboral a efecto de cumplir con la asistencia familiar a favor de sus hijos. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2022 de 29 de abril, cursante de fs. 80 a 82, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, bajo la modalidad de acción de libertad de pronto despacho, en los términos dispuestos por el Tribunal de garantías; 2º DENEGAR la tutela solicitada respecto de la aplicación de salida laboral en los horarios establecidos y visitas a favor de sus hijos que a “la fecha” es más de un mes que no los puede ver, conforme los fundamentos expuestos; y, 3° Exhortar a Juan Carlos Flores Cangri, David Gonzalo Conde Chima y Sandra Marizol Rojas Salinas, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, de conformidad a las razones expuestas y descritas en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0705/2023-S3 Sucre, 6 de julio de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 47372-2022-95-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 13/2022 de 29 de abril, cursante de fs. 80 a 82, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Miguel Ángel Chura Flores contra Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 29 de abril de 2022, cursante de fs. 36 a 38, el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, ante la presentación de imputación formal, el 15 de marzo de 2022, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, en la que Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz -ahora accionado-, determinó su detención domiciliaria sin salida laboral, máxime que el riesgo de fuga contemplado en el art. 234.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en sus vertientes de trabajo, domicilio y familia, no fueron acreditados por el Ministerio Público; por otro lado, ante la necesidad de que su detención domiciliaria sea con salida laboral requirió -por segunda vez- audiencia de modificación de medidas cautelares, que fue señalada para el 29 de abril del indicado año a horas 10:00; empero, dicho acto por segunda vez fue suspendido por el Juez accionado, bajo el fundamento de que la víctima no se encontraba en audiencia ya que lo contrario sería dejarla en estado de indefensión. Finalmente aclara que, requiere su salida laboral precisamente con el fin de ayudar a la víctima (exesposa) con la asistencia familiar en un total Bs1 200.-(un mil doscientos bolivianos) a favor de sus dos hijos menores de edad; por tal motivo, resulta ser injusto que el Juez accionado haya suspendido su audiencia de manera indebida.
El impetrante de tutela considera lesionado su derecho al trabajo vinculado a su libertad, así como al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 22, 23, 46, 60 y 64 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga que: a) La autoridad accionada aplique la salida laboral en los horarios establecidos; y, b) Se conceda las visitas a favor de sus hijos que a “la fecha” es más de un mes que no los puede ver. En audiencia requirió que la autoridad accionada señale audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas.
Celebrada la audiencia pública virtual el 29 de abril de 2022, según consta en acta cursante de fs. 77 a 80, presente el peticionante de tutela asistido de su abogado y ausente el Juez accionado, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado reiteró los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad y añadiendo en audiencia refirió que, ante la solicitud de nueva audiencia de modificación de medidas cautelares, la audiencia fue fijada para el 29 de abril de 2022, pero la misma fue suspendida por la inasistencia de la víctima, ello a pesar de que todas las partes procesales se encontraban notificadas; no obstante, si bien cuenta con un nuevo señalamiento de audiencia fijada para el 4 de mayo de 2022 a horas 15:00, la misma se encuentra fuera del plazo de cuarenta y ocho horas, que establece el art. 113 del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; por tal motivo, al encontrarse en total indefensión interpone la presente acción de libertad bajo la modalidad de pronto despacho, a efecto de que se pueda restituir “…su derecho al trabajo y no se vulnere los derechos de dos menores de edad…” (sic).
Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, por informe escrito cursante a fs. 51 y vta., manifestó lo siguiente: 1) El accionante solicitó audiencia de modificación de medidas cautelares el 11 de abril -se entiende de 2022-, pero el mismo fue retirado el 13 de dicho mes y año, siendo dejado sin efecto mediante decreto de 14 de ese mes y año, emitido por el Juez de su similar Segundo, en suplencia legal; posteriormente, requirió nueva audiencia de modificación de medidas cautelares que fue señalada para el 29 de abril de 2022, siendo la misma suspendida por falta de asistencia de la parte denunciante quien presentó memorial pidiendo una medida más gravosa para el imputado ahora accionante, situación que impidió pueda llevar a cabo la audiencia sin la presencia de la víctima, quien no se conectó a la audiencia virtual; y, 2) De otra parte, alegó que su persona emite sus resoluciones con perspectiva de género, dando cumplimiento a lo establecido en la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo; por lo que, al estar ilegítimamente accionada solicitó se deniegue la tutela impetrada.
El Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 13/2022 de 29 de abril, cursante de fs. 80 a 82, concedió “en parte” la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad accionada, realice la audiencia el día y hora señalado una vez verificado el cumplimiento legal de las diligencias, no siendo óbice para la suspensión de la misma la inasistencia del representante del Ministerio Público o la parte víctima, determinación asumida bajo la siguiente fundamentación: i) En la problemática planteada existen dos motivos para sostener la presente acción de libertad, la primera radica principalmente en el hecho de que la autoridad accionada suspendió la audiencia de modificación de medidas cautelares sustitutivas a la detención preventiva fijada para el 29 de abril de 2022 a horas 10:00, bajo el fundamento de que la víctima no se encontraba presente, y que la misma hubiera presentado un memorial en el que pidió la agravación de las medidas impuestas; y, como segundo motivo es de que se hubiera señalado audiencia para el 4 de mayo de ese año, fuera del plazo, ya que conforme prevé el art. 113 CPP, debió programarse dentro de las cuarenta y ocho horas; ii) Bajo ese entendido, en relación al primer motivo es necesario tener presente que la SCP 0078/2010-R de 3 de mayo, estableció que existen varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativo o de pronto despacho; vale decir, que determina sus reglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación a la detención preventiva cuando: “…a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de audiencia y notificar a las partes se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley, b) Se fije la audiencia de una fecha alejada más allá de lo razonable o lo prudencial y c) Se suspenda la audiencia de consideración por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante si es que fueron notificados legalmente y no comparecen a la audiencia…” (sic); iii) En el caso, el accionante solicitó audiencia de modificación de medidas cautelares de carácter personal con salida laboral a efectos de poder cubrir las necesidades económicas para empozar el monto de la asistencia familiar hacia sus hijos de Bs1 200.-, la cual fue fijada para el 29 de abril de 2022; sin embargo, la misma fue suspendida porque la víctima no se encontraba presente; al respecto, de la revisión de obrados se puede establecer que la víctima y el representante del Ministerio Público se encontraban notificados para ese acto procesal, conforme se desprende de las notificaciones realizadas el 27 de abril de 2022, en ese entendido se considera que habiéndose cumplido las diligencias necesarias para la audiencia de modificación de medidas cautelares, dicha audiencia no podía haber sido suspendida en función a que debe considerarse que se trata de determinar la situación del imputado hoy accionante tomando en cuenta de que la detención domiciliaria es la segunda medida cautelar más gravosa para el imputado y cualquier modificación debe ser tramitada con debida diligencia y garantizando que la audiencia de modificación deba llevarse a cabo; iv) Por consiguiente, no existían motivos para suspender la audiencia de modificación de medidas cautelares, máxime si se considera que se trata es un aspecto relativo a otorgar un permiso de salida laboral a efectos de cubrir con la asistencia familiar; por tal motivo, corresponde la concesión de la tutela al respecto; y, v) En relación al segundo motivo relativo al señalamiento de la audiencia para el 4 de mayo de 2022, que a su consideración se encontraría fuera del plazo de cuarenta y ocho horas, debe tenerse en cuenta que a efectos de la modificación, no tratándose de la situación jurídica del imputado propiamente, no cuenta sábado, domingo y el día lunes feriado siendo hábiles para la realización de esta audiencia el día martes y miércoles; de ahí que, al haberse señalado la audiencia para el 4 de mayo del 2022, se encuentra dentro de las cuarenta y ocho horas que señala la norma procesal, acto para el cual el Juez accionado debe garantizar la prosecución de la audiencia de modificación de medidas cautelares tomando en cuenta que debe tramitarse la misma con la debida diligencia correspondiente y procurando que la audiencia se lleve a cabo -se reitera- siempre y cuando se hayan notificado a todas las partes procesales conforme a procedimiento; por lo tanto, sobre esta segunda cuestión no corresponde su tutela.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 22 de abril de 2022, por el cual Miguel Ángel Chura Flores -ahora impetrante de tutela- dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito violencia familiar o doméstica, solicitó a Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz -ahora accionado- audiencia de modificación de las medidas cautelares de carácter personal con salida laboral; ante ello, se emitió el proveído de 26 de igual mes y año, fijando audiencia para el 29 de similar mes y año a horas 10:00, de manera virtual; a cuyo efecto cursan las respectivas diligencias de notificación a los sujetos procesales realizadas el 27 del indicado mes y año (fs. 65 a 70). II.2. Por memorial presentado el 28 de abril de 2022, la víctima dentro del proceso precitado, pidió se mantenga la “RESOLUCIÓN 89/22”, y ante el incumplimiento de la misma se imponga una medida más gravosa para el imputado -ahora accionante-; al efecto, el Juez accionado emitió el proveído de 29 de igual mes y año, disponiendo que lo impetrado se considerará en audiencia de consideración de medidas cautelares (fs. 75 a 76).
El peticionante de tutela reclama la vulneración de su derecho al trabajo vinculado a su libertad, así como al principio de celeridad; por cuanto: a) El Juez accionado suspendió por segunda vez la audiencia de modificación de medidas cautelares personales -detención domiciliaria sin salida laboral- de 29 de abril de 2022, ello bajo el argumento de que la víctima no estaba conectada a la audiencia virtual; y, b) Además, habiendo fijado nueva audiencia para el 4 de mayo de igual año, la misma se encuentra fuera del plazo de las cuarenta y ocho horas, incurriendo de esa forma en una dilación indebida que le ocasiona perjuicio para obtener su salida laboral a efecto de cumplir con la asistencia familiar a favor de sus hijos. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela.
Sobre el particular, la SCP 0803/2020-S3 de 5 de noviembre, citando la SCP 0545/2019-S1 de 16 de julio, que recoge a su vez la jurisprudencia constitucional sobre este tópico, señaló que: «La SCP 0849/2017-S3 de 1 de septiembre, citando la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, estableció que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.
Asimismo, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, desarrollando la doctrina que reconoce a la acción traslativa o de pronto despacho, sostuvo que: ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’, de donde se extrae que cuando una persona privada de libertad realiza una solicitud en la que pretenda la resolución de su situación jurídica, el Estado a través del Juez de la causa debe tramitar dicha solicitud en los plazos que señala la norma, o en su caso a la brevedad posible y dentro de un plazo razonable, en razón de la naturaleza del derecho que se pretende se tutele”.
Por su parte la SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, estableció que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).
Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Del mismo modo el referido fallo constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado, en su Fundamento Jurídico III.4 determinó que: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (…)
De lo que se concluye que, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, esto precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos, así lo entendió el extinto Tribunal Constitucional y el actual Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese entendido, la SCP 0766/2014 de 21 de abril, citando a la SCP 0011/2014 de 3 de enero, hizo énfasis en que: “…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)”» (el énfasis es agregado).
Conforme los antecedentes expuestos por el accionante, el acto lesivo que ahora es objeto de análisis consiste en que: 1) El Juez accionado suspendió por segunda vez la audiencia de modificación de medidas cautelares personales -detención domiciliaria sin salida laboral- de 29 de abril de 2022, ello bajo el argumento de que la víctima no estaba conectada a la audiencia virtual; y, 2) Además, habiendo fijado nueva audiencia para el 4 de mayo de igual año, la misma fue programada fuera del plazo de las cuarenta y ocho horas, incurriendo de esa forma en una dilación indebida que le ocasiona perjuicio para obtener su salida laboral a efecto de cumplir con la asistencia familiar a favor de sus hijos.
En ese marco, y conforme se tiene de antecedentes y de lo referido por el impetrante de tutela, así como de lo considerado por el Tribunal de garantías que tuvo a su alcance el cuaderno de control jurisdiccional, se tiene que el peticionante de tutela está siendo procesado por la presunta comisión del delito violencia familiar o doméstica, dentro del cual fue beneficiado con medidas cautelares de carácter personal -detención domicilia sin salida laboral-; no obstante, el accionante al no contar con la salida laboral por memorial presentado el 22 de abril de 2022, solicitó al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz -ahora accionado- la modificación de tales medidas; ante ello, por proveído de 26 de igual mes y año, se fijó audiencia para el 29 de similar mes y año a horas 10:00, de manera virtual; a cuyo efecto cursan las respectivas diligencias de notificación a los sujetos procesales realizadas el 27 del indicado mes y año. Posteriormente, la víctima por escrito presentado el 28 de ese mes y año, pidió se mantenga la “RESOLUCIÓN 89/22”, y ante el incumplimiento de la misma se imponga una medida más gravosa para el imputado accionante; al efecto, el Juez accionado emitió el proveído de 29 de igual mes y año, disponiendo que lo impetrado se considerará en audiencia de consideración de medidas cautelares (Conclusiones II.1 y II.2); de ahí que, instalado el acto procesal fue suspendido, bajo el argumento de que la nombrada víctima no estaba conectada a la audiencia virtual, situación ante la cual la autoridad accionada reprogramó nueva audiencia para el 4 de mayo de 2022 a horas 15:00, cuyo señalamiento a decir del accionante se encontraba fuera del plazo de las cuarenta y ocho horas, conforme prevé el art. 113 del CPP modificado por la Ley 1173. Frente a lo referido, el Juez accionado manifestó que, la audiencia de modificación de medidas cautelares fijada para el 29 de abril de 2022, fue suspendida ante la inasistencia de la denunciante a la audiencia virtual, quien presentó memorial pidiendo una medida más gravosa para el peticionante de tutela, situación que impidió pueda llevar a cabo dicho acto, además, que su autoridad emite sus resoluciones con perspectiva de género, dando cumplimiento a lo establecido en la SCP 0017/2019-S2.
Al respecto, la SCP 0124/2018-S1 de 16 de abril, entre sus fundamentos sostuvo que, las audiencias de cesación o modificación de medidas cautelares, al implicar un derecho fundamental como es la libertad se encuentran sujetas al principio de celeridad y sobre todo, conforme lo estipula la norma adjetiva penal con las modificaciones efectuadas por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, misma que establece plazos procesales con el objeto de dinamizar los procesos penales a efectos de una justicia sumaria, eficiente y eficaz para ambas partes procesales, dinámica que incluye plazos y trámite procesal que, dentro del régimen de medidas cautelares, tiene como fin que el privado de libertad cuente con una resolución que luego del análisis y evaluación de su solicitud defina en el menor tiempo posible su situación jurídica.
En el marco de lo expuesto, con relación a la primera denuncia identificada supra, cabe precisar que, de acuerdo a los datos del proceso y del análisis cronológico que efectuó el Tribunal de garantías, advirtió la notificación realizada a la víctima el 27 de abril de 2022, a quien se le hizo conocer la realización de la audiencia el 29 de igual mes y año; sin embargo, la prenombrada no se hizo presente a la audiencia virtual, presentando un día antes de dicho acto procesal un escrito por el que requirió se imponga una medida más gravosa para el imputado hoy accionante; y no obstante ello, la mencionada autoridad judicial decidió suspender dicha audiencia; de ahí que, la autoridad accionada de diferir la audiencia de modificación a la medida cautelar arguyendo la inasistencia de la víctima, no resulta un justificativo válido para dicha prórroga; ya que para ello no consideró la naturaleza jurídica de las medidas cautelares, pues de modo alguno el desarrollo y resolución de una audiencia de continuación o modificación de medidas cautelares vincula necesariamente a la presencia de la víctima, ya que no se está determinando la culpabilidad o inocencia del acusado; sino que por su naturaleza, tienen un carácter instrumental a los fines del proceso y no del fondo mismo de este; además, los derechos de la víctima -cuando se trata de medidas cautelares para el procesado- se encuentran debidamente garantizados cuando la formalidad de su notificación fue efectivamente realizada, ello implica entonces que su inasistencia no puede ser considerada como un motivo que justifique la suspensión, constituyéndose por el contrario dicha determinación en una dilación indebida que vulnera los derechos de quien solicita la cesación o modificación de medidas cautelares; máxime, si en el caso la víctima fue notificada con la debida anticipación e incluso presentó un memorial pidiendo una medida más gravosa para el imputado ahora impetrante de tutela; por lo que, no se advierte que en el caso hubiese existido una causal justificada que amerite la suspensión de la audiencia ya fijada y más aún si se considera que la misma debió celebrarse con la urgencia requerida, considerando que, de cuya realización dependía su salida laboral, a fin de cumplir la obligación de la asistencia familiar en favor de sus dos hijos menores de edad, repercutiendo dicha reprogramación en dilación a su derecho a la libertad de locomoción, y por ende el tratamiento de su solicitud. Con relación a la segunda denuncia en sentido de que la autoridad judicial accionada habiendo suspendido la audiencia de modificación de medidas cautelares de 29 de abril de 2022, fijó nueva audiencia para el 4 de mayo de igual año; es decir, cinco días después, señalamiento que a criterio del accionante se encuentra fuera del plazo de cuarenta y ocho horas; al respecto, conforme al lineamiento jurisprudencial glosado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, y de la interpretación sistemática del art. 250 del CPP, al no existir un plazo procesal establecido para el señalamiento de la audiencia de modificación de medida cautelar de carácter personal, es pertinente precisar que una vez solicitada dicha audiencia, corresponde al Juez de la causa fijar a la brevedad posible y dentro de un plazo razonable la audiencia de consideración de modificación de medida cautelar en la que se definirá la concesión o no de modificar la situación de detención domiciliaria del accionante, lo que no ocurrió en el caso en análisis, más aún cuando -se reitera- desde un inicio el trámite del accionante fue indebidamente dilatado, considerando que la anterior suspensión de la audiencia no fue por causa atribuible al accionante sino por inasistencia de la víctima a pesar de haber sido legalmente notificada. Por consiguiente, este Tribunal concluye que tal reprogramación optada por el Juez accionado de la audiencia de modificación de medidas cautelares solicitada por el impetrante de tutela, constituye un acto dilatorio que le provoca incertidumbre respecto a su pretensión concerniente a una eventual autorización de salida laboral, y que al encontrarse con detención domiciliaria se halla vinculado a la libertad de locomoción; de manera que, en ese marco de orden fáctico y considerando los entendimientos jurisprudenciales vertidos en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, corresponde en el caso aplicar la acción de libertad traslativa o de pronto despacho que se constituye en el mecanismo procesal idóneo en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, como en efecto se verificó en el presente caso primero al haberse dispuesto la suspensión de la audiencia de manera indebida y posteriormente ante su determinación fijar en un término poco razonable en consideración a la situación de privación de libertad del impetrante de tutela; por lo que, en ese marco corresponde conceder la tutela solicitada. Finalmente, en cuanto a lo solicitado por el accionante respecto a la aplicación de salida laboral en los horarios establecidos y visitas a favor de sus hijos que a “la fecha” es más de un mes que no los puede ver, es un aspecto que no puede ser dilucidado por este Tribunal sino por la autoridad accionada conforme corresponda.
Resuelta la problemática planteada, dentro de la atribución establecida en el art. 202.6 de la CPE, es preciso referirse a la actuación del Tribunal de garantías, concerniente a la tramitación de esta acción tutelar, estableciéndose que la misma fue gestionada ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, en la que si bien conforme el acta de audiencia de consideración de esta acción tutelar, consta la participación incluso su intervención en el desarrollo de dicha actuación de los tres Jueces que componen dicho Tribunal como un ente colegiado (fs. 77 a 80); no obstante, la Resolución 13/2022 motivo de revisión, fue firmada únicamente por Juan Carlos Flores Cangri, Presidente del indicado Tribunal de Sentencia, sin explicar los motivos de la omisión de las rúbricas de los otros dos Jueces que constituyeron el Tribunal de garantías -David Gonzalo Conde Chima y Sandra Marizol Rojas Salinas-, aspecto que no se puede obviar, dado que la conformación de un Tribunal de Sentencia compuesto por tres jueces, converge en un Tribunal colegiado de garantías para resolver una acción de libertad, lo cual debe encontrarse plasmado mediante las firmas respectivas, pues a través de ellas se dota de validez al propio fallo que fue pronunciado, formalidad que no amerita en el caso una eventual anulación de obrados de la acción tutelar, dado que la competencia material -Juez miembro de un Tribunal de Sentencia- concurre y está vigente; por tal razón, corresponde exhortar al Tribunal de garantías, a fin de que en futuras actuaciones dentro de esta jurisdicción constitucional, se haga constar no solo la intervención de las autoridades que conocen y resuelven la acción de defensa sino también sus respectivas firmas, formalidad que halla su justificación en identificar, asegurar o autentificar la identidad de un autor o remitente, o como una prueba del consentimiento y verificación de la integridad y aprobación de la información contenida en un documento, y que tiene carácter legal. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder “en parte” la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2022 de 29 de abril, cursante de fs. 80 a 82, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, bajo la modalidad de acción de libertad de pronto despacho, en los términos dispuestos por el Tribunal de garantías; 2º DENEGAR la tutela solicitada respecto de la aplicación de salida laboral en los horarios establecidos y visitas a favor de sus hijos que a “la fecha” es más de un mes que no los puede ver, conforme los fundamentos expuestos; y, 3° Exhortar a Juan Carlos Flores Cangri, David Gonzalo Conde Chima y Sandra Marizol Rojas Salinas, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, de conformidad a las razones expuestas y descritas en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0705_2023-S3.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): cb8c47bb2e1725bc5f0ef2ed70bd15163dcefac85fc383ab5df01a0a1f6b9538
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