B.IA.LEGAL

SCP 0692/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 2 de julio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
2 de julio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
53202-2023-107-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

La impetrante de tutela, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad, a la igualdad, seguridad jurídica, y, a los principios de celeridad y legalidad; toda vez que, el Juez demandado no realizó el control jurisdiccional del proceso penal seguido en su contra, dilatando su deber de realizar la conminatoria al Fiscal de Materia, para que emita la Resolución conclusiva de la etapa preliminar, dejando transcurrir más de treinta días de la fecha de ampliación de plazo solicitado por la autoridad Fiscal; por lo que solicita se conceda la tutela y se ordene a la Juez demandado, dentro de las veinticuatro horas, conmine al Fiscal de Materia, emita la Resolución conclusiva de investigación preliminar. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 012/2023 de 18 de enero, cursante de fs. 15 a 16, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz y, en consecuencia; 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, con relación a la debida diligencia y celeridad, por no haber realizado oportunamente el control jurisdiccional del plazo de la etapa preliminar, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° DENEGAR la tutela, respecto al debido proceso, a la libertad, igualdad, seguridad jurídica y legalidad, por los fundamentos expuestos ut supra. 3° Exhortar lo siguiente:

i. A Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz autoridad demandada, que, en futuros casos de violencia en razón de género, puestos a su conocimiento, actúe con la debida diligencia y celeridad, dentro de los plazos procesales establecidos por Ley, bajo advertencia de remitirse actuados ante el Consejo de la Magistratura; y, ii. Al Juez de Sentencia Penal Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, a observar los precedentes constitucionales establecidos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el principio de la debida diligencia como deber inherente del Estado Boliviano
  2. III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.4. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0692/2025-S3 Sucre, 2 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 53202-2023-107-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 012/2023 de 18 de enero, cursante de fs. 15 a 16, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María Olga Osco Mariaca contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 18 de enero de 2023, cursante a fs. 3 y vta., la accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Eusebia Cristina Mariaca Jiménez en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; el Fiscal de Materia, el 10 de octubre de 2022, solicitó al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, ampliación de plazo de sesenta días para realizar la complementación de las diligencias preliminares dentro del citado proceso, solicitud otorgada por la autoridad jurisdiccional, mediante decreto de la referida fecha. Transcurrido el referido plazo, al no existir pronunciamiento por el Fiscal de Materia, el 13 de enero de 2023, solicitó al Juez ahora demandado, se emita Auto de control jurisdiccional, en el marco de lo establecido en los arts. 130, 134; y, 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP), referente al cómputo de plazos, extinción de la acción en la etapa preparatoria y control jurisdiccional.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad jurídica, al principio de celeridad y legalidad, citando al efecto los arts. 23.I, 24; y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se ordene; el Juez demandado, emita Auto de control jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas, conminando al Fiscal de Materia, emita Resolución conclusiva de investigación preliminar, del proceso seguido en su contra.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 18 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 13 a 14, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su representante, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: a) Desde la ampliación del plazo de la etapa preliminar, a la fecha de interposición de la presente acción tutelar, transcurrieron más de noventa días sin que el Fiscal de Materia presente la Resolución de rechazo o imputación formal; b) El Juez demandado, incumplió realizar el control jurisdiccional de la causa, toda vez que, al no conminar a la autoridad fiscal, provocó que su persona se encuentre en un estado de indefensión; y, c) Debe aplicarse la aceptación tácita de su solicitud, ante la ausencia de informe e inasistencia a la audiencia de consideración de la acción tutelar de la autoridad demandada.

I.2.2. Informe del demandado

Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, no presentó informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 5. Sin embargo, remitió el expediente de la causa ante el Juez de garantías fs. 12.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 012/2023 de 18 de enero, cursante de fs. 15 a 16, denegó la tutela solicitada. Determinación asumida con base a los siguientes fundamentos: 1) No se encontró vinculación directa con el derecho a la libertad física o de locomoción de la accionante, toda vez que su reclamo versa sobre la falta de control jurisdiccional del Juez demandado, por no realizar la conminatoria al Fiscal de Materia, una vez cumplido el plazo de la etapa preliminar, por cuanto no podía ingresar analizar el fondo de la problemática planteada; 2) No cumplió con los presupuestos de activación para la presente acción tutelar; y, 3) Si bien no se hizo presente la autoridad demandada, no puede soslayarse y desconocerse los presupuestos de activación de la acción de libertad, bajo el principio de presunción de veracidad de los hechos denunciados. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el accionante a través de su abogado, señaló que: i) La acción tutelar presentada, es traslativa o de pronto despacho, toda vez que se solicitó únicamente que el Juez de la causa cumpla su trabajo - exista seguridad jurídica de sus actos-, no que se la deje en libertad; y, ii) Solicita aclare en qué norma basó su decisión para declarar improcedente la misma. En sustanciación y resolución de lo impetrado, el Juez de garantías mediante Auto de igual fecha, determinó no ha lugar la solicitud de complementación y enmienda toda vez que consideró que los fundamentos por los cuales se asumió la determinación, fueron expresaron de manera clara.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Eusebia Cristina Mariaca Jiménez, contra María Olga Osco Mariaca -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 10 de octubre de 2022; el Fiscal de Materia asignado al caso, solicitó a Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado- la ampliación de plazo de sesenta días, para realizar la complementación de las diligencias preliminares, dentro del citado proceso; otorgada por la autoridad jurisdiccional, mediante decreto de la referida fecha (fs. 8 y vta.). II.2. Por memorial de 13 de enero de 2023, la accionante solicitó a la autoridad judicial, emita Auto de control jurisdiccional, en el marco de lo establecido en los arts. 130, 134 y 279 del CPP, considerando que a esa fecha, se cumplió el plazo de ampliación requerido por el Ministerio Público, el mismo que mediante decreto de la misma fecha, el Juez ahora demandado, determinó se notifique al Fiscal adscrito al caso, con Auto de control jurisdiccional, a objeto que, en el término de cinco días, presente la resolución de imputación formal o rechazo de denuncia, bajo alternativa de hacer conocer la negativa al Fiscal Departamental (fs. 10 y vta.).

II.3. Mediante Auto de Conminatoria de Etapa Preliminar CITE 01/2023 de 18 de enero, la autoridad jurisdiccional, por intermedio del Fiscal Departamental de La Paz, conminó al Fiscal de Materia o al Fiscal a cargo del presente caso, para que, en el plazo de cinco días hábiles, computables a partir de su notificación, emita la resolución conclusiva de la investigación preliminar, conforme a los numerales 1, 3; y, 4 del art. 301 del CPP (fs. 11).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La impetrante de tutela, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad, a la igualdad, seguridad jurídica, y, a los principios de celeridad y legalidad; toda vez que, el Juez demandado no realizó el control jurisdiccional del proceso penal seguido en su contra, dilatando su deber de realizar la conminatoria al Fiscal de Materia, para que emita la Resolución conclusiva de la etapa preliminar, dejando transcurrir más de treinta días de la fecha de ampliación de plazo solicitado por la autoridad Fiscal; por lo que solicita se conceda la tutela y se ordene a la Juez demandado, dentro de las veinticuatro horas, conmine al Fiscal de Materia, emita la Resolución conclusiva de investigación preliminar. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre el principio de la debida diligencia como deber inherente del Estado Boliviano

La debida diligencia se constituye en un estándar para evaluar si un Estado miembro cumple o no con sus obligaciones de protección de los derechos de las mujeres a gozar de una vida libre de violencia, así quedó establecido en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas, de 20 de diciembre de 1993. La Convención de Belém do Pará, de 9 de junio de 1994, a su vez determina como un deber inherente de los Estados signatarios el actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Dicha Convención fue ratificada por el Estado Boliviano mediante Ley 1599 de 18 de agosto de 1994. Consecuentemente, la debida diligencia obliga al Estado y a todas sus autoridades públicas a cumplir un rol de protección proactiva, cuando llega a su jurisdicción un caso en el que se denuncie violencia de género; por lo que, en este tipo de problemáticas debe buscarse en la medida de lo posible la justicia material dentro de las tareas de investigar, sancionar y reparar los daños sufridos por las víctimas. Así quedó determinado en la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, que estableció el siguiente precedente constitucional:

[E]n el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la mujer, la prohibición de revictimización, y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima. En dicho contexto, la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, refiriéndose a normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género, resalta que la citada norma, en el Título IV, Persecución y Sanción Penal, Capítulo I, hace referencia a la denuncia, establece en el art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellos, (3) el acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia, (7) la protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato que pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atención, tratamiento o de la investigación del hecho, (8) la averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia. La misma Ley, en el Capítulo II, hace referencia a la investigación, señalando en el art. 59, que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante, norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razón género dentro del ámbito público y no privado; por ello, conforme ha concluido la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo:

[A]ún la víctima desista o abandone la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la FELCV o del Ministerio Público, pues dichas afirmaciones vulneran no sólo la norma expresa contenida en el art. 59 de la Ley 348, sino también el principio de la debida diligencia, y las obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres, y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En el contexto señalado, el Capítulo III de la Ley 348, Persecución Penal, en el art. 61, establece que además de las atribuciones comunes que dispone la Ley Orgánica del Ministerio Público, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones, entre otras, las siguientes medidas: 1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito. 2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad. 3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción. Asimismo, la referida sentencia constitucional describió los principios procesales que rigen los hechos de violencia contra las mujeres, desarrollados en el art. 86 de la Ley 348; para después señalar que en el marco del art. 87.4 de la mencionada Ley, en todos los procedimientos administrativos, judiciales e Indígena Originario Campesinos (IOC), se aplicará la directriz de obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres, añadiendo que esta obligación se complementa con el art. 90 se la referida Ley 348, que determina que todos los delitos contemplados en el referido cuerpo normativo son de acción pública, cuya investigación y sanción es de oficio, alcance que según la jurisprudencia desarrollada, se refuerza con el art. 94 de la Ley 348 al disponer que: Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización. En el orden de ideas señalado, el alcance de la debida diligencia obliga a que las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, encuadren su actuación a la debida diligencia desde el momento que se presenta una denuncia o se conoce sobre un hecho de violencia en razón de género, esto implica que se actúe en el marco de los principios de celeridad, verdad material, economía procesal, protección efectiva y demás principios que se encuentran previstos en la Ley 348.

En dicho contexto, los Fiscales de Materia y demás autoridades, a quienes por ley se les ha conferido la facultad de disponer medidas de protección, deberán de actuar no sólo con la celeridad debida, sino también de manera proactiva, sin esperar el impulso de la víctima; por ello, no resulta conducente con la normativa nacional e internacional en vigencia, circunscribir su actuación únicamente a lo que la parte denunciante pueda o no solicitar, debido a que en estos casos no solo corresponde actuar con una debida diligencia, sino también utilizar una perspectiva de género, lo que obliga a investigar los casos de violencia, identificando: a) Las relaciones asimétricas de poder; y, b) La identificación de las posibles víctimas involucradas, entre ellos, niñas, niños o adolescentes que pueden estar afectados dentro de un ambiente familiar en situación de violencia, respecto de los cuales se deben adoptar las medidas de protección necesarias en el marco de su interés superior, adoptando una perspectiva especializada también en niñez y adolescencia.

III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción procesales: 1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortos, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas. 2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento. 3. Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales. 4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad. 5. Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima. 6. Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos. 7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia. 8. Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización. 9.Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables. 10. Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente.11. Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. 12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público. 13. Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas. 14. Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho. 15. Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia (resaltado fuera del texto). 4 Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género del Órgano Judicial de Bolivia. 5El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”.

de libertad- reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida. Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, incorporó otras modalidades protectoras haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, libertad, igualdad, seguridad jurídica, a los principios de celeridad y legalidad; toda vez que, Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, no realizó el control jurisdiccional del proceso penal seguido en su contra, pese a que habiendo ordenado la ampliación del plazo de la etapa preliminar, vencido el mismo dejó transcurrir más de treinta, sin emitir el Auto de control jurisdiccional, para que se el Fiscal de Materia emita la Resolución conclusiva de la investigación preliminar. Conforme los datos consignados en el presente fallo constitucional, identificada la problemática traída en revisión, se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la solicitante de tutela, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 10 de octubre de 2022, el Fiscal de Materia, solicitó a la autoridad jurisdiccional, ampliación de plazo por sesenta días, a objeto de realizar los actos investigativos dentro del citado proceso, solicitud que fue concedida por la autoridad jurisdiccional, mediante decreto de la misma fecha (Conclusión II.1). Posteriormente el 13 de enero de 2023, la impetrante de tutela solicitó al Juez ahora demandado, emita Auto de control jurisdiccional, en el marco de lo establecido en los arts. 130, 134; y, 279 del CPP, disponiéndose por la autoridad judicial mediante decreto de la misma fecha, que se notifique al Fiscal adscrito al caso, para que, en el término de cinco días, presente la Resolución de imputación formal o rechazo de la denuncia (Conclusión II.2). En ese contexto de la revisión de antecedentes, se advierte que mediante Auto de Conminatoria de Etapa Preliminar CITE 01/2023 de 18 de enero de 2023, la autoridad jurisdiccional, por intermedio del Fiscal Departamental de La Paz, conminó al Fiscal de Materia o al Fiscal a cargo del presente caso, para que, en el plazo de cinco días hábiles, computables a partir de su notificación, emita la resolución conclusiva de la investigación preliminar (Conclusión II.3), conforme a los numerales 1, 3; y, 4 del art. 301 del CPP.

Al respeto la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1, de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, establece que la debida diligencia, obliga a que las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, desde el momento que se presenta una denuncia o se conoce sobre un hecho de violencia en razón de género, implica que se actúe en el marco de los principios de celeridad, verdad material, economía procesal, protección efectiva y demás principios que se encuentran previstos en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-. Asimismo, el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, ha establecido que la acción de libertad de pronto despacho, busca que las actuaciones procesales dentro de cada proceso, se realicen en los plazos procesales previstos por Ley; por lo que, se advierte que en el presente caso, el Juez demandado, inobservó su deber de realizar el control jurisdiccional del proceso seguido contra la accionante, dejando transcurrir treinta y tres días, sin realizar la conminatoria a la autoridad Fiscal, para que emita la resolución conclusiva de la investigación preliminar, situación que vulneró los derechos denunciados por la impetrante de tutela En ese entendido, se advierte responsabilidad del Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, quién tenía el deber de realizar el control jurisdiccional de la causa, dentro de los plazos establecidos por Ley, considerando que en lo casis que se aborda un delito de género debió actuarse con la debida diligencia y celeridad corresponde, a efecto que se resuelva la situación jurídica de la impetrante de tutela, por lo que en el marco de la jurisprudencia glosada corresponde conceder en parte la tutela solicitada con relación únicamente al principio de celeridad que se debe actuar con la debida diligencia en los casos en los que se aborde un delito de género. Finalmente, la accionante también planteó la vulneración de sus derechos a la libertad, igualdad, seguridad jurídica y principio de legalidad; empero, no expuso los argumentos suficientes que tengan nexo de causalidad que permitan analizar la supuesta transgresión a los referidos derechos; por lo que, tal reclamo no amerita pronunciamiento alguno al respecto; y, por ende, se debe denegar la tutela en relación a la denuncia señalada, sin ingresar al fondo de la pretensión.

III.4. Otras consideraciones

Por otra parte, corresponde referirse a la actuación del Juez de garantías, que denegó la tutela impetrada, sin ingresar al fondo de la problemática planteada, por no encontrar vinculación directa con el derecho a la libertad física o de locomoción de la accionante, siendo uno de los requisitos esenciales para activar la acción de libertad. Por lo que el suscrito Magistrado relator, no comparte el referido razonamiento, dado que el proceso realizado en contra de la impetrante de tutela, es por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, en los cuales se debe actuar con la debida diligencia, que radica en el rol de protección proactivo que debe tener el Estado, a través de sus autoridades públicas cuando se pone a su conocimiento este tipo de problemáticas, siendo deber del Juez o Tribunal de garantías, verificar si ha existido vulneración del derecho denunciado por el impetrante de tutela, lo cual no aconteció en el presente caso, conforme se ha evidenciado; razón por la cual el razonamiento y actuación realizada por el Juez de garantías, no fue acorde con el desarrollo jurisprudencial en vigencia. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 012/2023 de 18 de enero, cursante de fs. 15 a 16, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz y, en consecuencia; 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, con relación a la debida diligencia y celeridad, por no haber realizado oportunamente el control jurisdiccional del plazo de la etapa preliminar, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° DENEGAR la tutela, respecto al debido proceso, a la libertad, igualdad, seguridad jurídica y legalidad, por los fundamentos expuestos ut supra. 3° Exhortar lo siguiente:

i. A Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz autoridad demandada, que, en futuros casos de violencia en razón de género, puestos a su conocimiento, actúe con la debida diligencia y celeridad, dentro de los plazos procesales establecidos por Ley, bajo advertencia de remitirse actuados ante el Consejo de la Magistratura; y, ii. Al Juez de Sentencia Penal Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, a observar los precedentes constitucionales establecidos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993; Art. 4 inc. c).

2 Convención de Belém do Pará, de 9 de junio de 1994; Art. 7 inc. b).

3 El Capítulo III, la Ley 348 establece los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías

6 El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.

7 La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0692_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): fe83980b6853f3528f466b87982cebebfa06550a06df2d9023a0405b23087882

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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