Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 5 de julio de 2023
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad procesal y sin dilaciones; puesto que la Jueza ahora accionada hasta la interposición de la acción de defensa no remitió al Tribunal de alzada el recurso de apelación incidental que presentó contra la Resolución de 8 de abril de 2022 que denegó su solicitud de cesación de la detención preventiva efectuada al amparo del art. 239.1 del CPP. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2022 de 12 de abril, cursante de fs. 56 a 60, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0692/2023-S3 Sucre, 5 de julio de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 47082-2022-95-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 03/2022 de 12 de abril, cursante de fs. 56 a 60, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Franz Menacho Heredia en representación sin mandato de Víctor Alfonso Arembay Méndez contra María Alejandra Melgar Menacho, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz.
El accionante a través de su representante sin mandato, mediante memorial presentado el 11 de abril de 2022, cursante de fs. 19 a 20, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de secuestro previsto y sancionado por el art. 334 del Código Penal (CP), solicitó la cesación de su detención preventiva al amparo del art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por lo que la Jueza ahora accionada señaló audiencia para el 8 de abril de 2022, actuado procesal donde la citada Jueza negó su libertad, haciendo caso omiso a las Sentencias Constitucionales Plurinacional que son vinculantes y de cumplimiento obligatorio y a pesar que se presentó abundante documentación para desvirtuar el peligro de fuga y enervar el peligro de obstaculización, determinación contra la que interpuso recurso de apelación incidental en audiencia de forma oral, conforme establece el art. 251 del CPP, pero hasta la fecha -entiéndase a la interposición de esta acción de libertad- no se remitió el cuaderno procesal a la Sala Penal de turno, encontrándose su situación jurídica en incertidumbre en perjuicio de su persona, más aun cuando el plazo de su detención preventiva fue sobrepasado superabundantemente, habiéndose suspendido maliciosamente la audiencia programada para “ese día”, por el cumplimiento de su detención preventiva.
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad procesal y sin dilaciones, citando al efecto los arts. 15, 18, 21, 22, 23, 72, 115.II, 116, 117 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela y, en consecuencia, se ordene a la Jueza ahora accionada que remita al Tribunal de alzada todas las pruebas que ofreció en audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva, para que dicho Tribunal pueda valorar las mismas.
Celebrada la audiencia pública el 12 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 53 a 55 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo manifestó que: a) La acción de defensa que presentó es una acción de libertad traslativa o de pronto despacho; b) Horas antes tuvo una audiencia de acción de libertad contra la Jueza ahora accionada y el “Señor gobernador” para que se dé estricto cumplimiento al art. 239.2 del CPP; es decir, que no tiene el mismo sujeto, objeto, ni causa de la presente acción de defensa; c) La solicitud de cesación a la detención preventiva al amparo del art. 230.1 del CPP la realizó el 5 de abril de 2022 fue decretado el 6 de ese mes y año, señalándose audiencia para el 8 de igual mes y año; d) Solicitó que la audiencia sea de forma presencial y no virtual en cumplimiento al Instructivo 009/2022 de 27 de marzo, pero de forma negligente y maliciosa contraviniendo el referido instructivo señaló en audiencia virtual, vulnerando con ello su derecho a la defensa; e) Planteó recurso de apelación contra la resolución que denegó la cesación de su detención preventiva, en audiencia del “viernes”, por lo que tenía el sábado y domingo, ya que no se encontraba de turno para realizar el acta y el sorteo correspondiente y remitir al Tribunal de alzada el “día de ayer”, durante todo el día, siendo presentado esta acción de defensa a las 15:49 horas porque su recurso de apelación incidental no fue remitida ni sorteada; f) Transcurrieron noventa y un horas en los que la Jueza ahora accionada no remitió su impugnación; y, g) Extraña que se hubiese informado que se remitió dicho recurso.
María Alejandra Melgar Menacho, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe presentado el 12 de abril de 2022, cursante de fs. 36 a 38, manifestó que: 1) Es falso que llevó la audiencia del accionante desde su casa, contrariando el instructivo 009/2022, debido a que no lo que demostró; 2) La presenta acción de defensa no se adecua a lo que establece el art. 125 de la CPE; 3) La audiencia de 8 de abril de 2022 concluyó luego de las seis de la tarde, contando los días hábiles para la remisión; 4) El recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante se encuentra en el Tribunal de alzada para su análisis y resolución; 5) La audiencia de 11 de abril de 2022 fue suspendida por inasistencia del accionante a la plataforma virtual, extremo que consta en acta, procediéndose a reprogramar dicha audiencia para el 13 de ese mes y año, dentro del término que establece el art. 239 del CPP; 6) Se debe tomar en cuenta el Instructivo 43/2022 de 30 de marzo; 7) El hecho que lleve las audiencias de forma presencial o virtual no es por capricho como refiere el accionante, es un acto facultativo de decisión de la Jueza hoy accionada; 8) Solo reproduce palabras de ofensa a su persona, por lo que debe ser sancionado y ser declarada su acción como maliciosa y temeraria; y, 9) Se declare improcedente la presente acción de libertad, ya que el accionante no fundamentó su petición. En audiencia manifestó que las audiencias virtuales no fueron generadas debido a la pandemia por el Coronavirus (COVID-19), sino son parte de la jornada laboral, con la modificación del art. 113 del CPP, por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019-, que tiene como objeto agilizar el trabajo de la administración de justicia.
La Jueza de Sentencia Penal Decima de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 03/2022 de 12 de abril, cursante de fs. 56 a 60, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) Se dio una respuesta a la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante; ii) El nombrado presentó un recurso de apelación incidental, el cual, de acuerdo a las pruebas presentadas por la Jueza ahora accionada se tiene que se remitió el mismo en fotocopias legalizadas al Tribunal de alzada, siendo que la audiencia se llevó el 8 de abril de 2022 que era “viernes”, la apelación del accionante fue remitido el 12 de ese mes y año a las 10:00 horas ante los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del mencionado departamento, de acuerdo al oficio adjunto, si bien existe dilación por parte de la Jueza ahora accionada de unas horas, se debe tomar en cuenta que es un juzgado descentralizado que no cuenta con servicio de remisión, más aun si un día antes se llevó otra audiencia; y, iii) Respecto a la vulneración del derecho al debido proceso, el accionante se encuentra privado de su libertad, pero no fue a causa de la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, sino a causa de una audiencia de medidas cautelares que fue anterior a la de cesación, en cuanto al estado absoluto de indefensión se tiene que existe un recurso de apelación que se encuentra sorteado y pendiente de ser resuelto; es decir, que el accionante tuvo la oportunidad de impugnar el supuesto acto vulneratorio. En vía de complementación y enmienda, el accionante solicitó a la Jueza de garantías: a) Cuál es el plazo que su autoridad “maneja” para que una apelación de medidas cautelares sea remitida; y, b) Cuál es el Instructivo que rige a la administración de justicia, el 43/2022 o el 009/2022. En respuesta la Jueza de garantías, manifestó que: 1) Respecto al retardación o dilación de la instalación de la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva no se presentó prueba, y no es motivo de la presente acción de defensa; 2) En cuanto a la remisión fue clara en la resolución emitida y el accionante no está para cuestionarlo, el procedimiento se encuentra establecido en el Código de Procedimiento Penal; y, 3) Si bien existe el Instructivo 009/2022 existe un comunicado de 31 de marzo de 2022 que aclara el Instructivo CM-RRHH-SCZ. 16/2022 con relación a la suspensión de la modalidad de teletrabajo que aclara que las audiencias programadas se mantenían vigentes.
CONCLUSIONES De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial de 4 de abril de 2022, dirigido a María Alejandra Melgar Menacho, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy accionada-, Víctor Alfonso Arembay Méndez -ahora accionante- solicitó audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, conforme a lo que establece el art. 239.1 del CPP (fs. 42 a 43); recibiendo en respuesta el decreto de 5 de abril de 2022, que señaló audiencia para el 8 de igual mes y año a las 13:00 horas (fs. 44). II.2. Cursa caratula de reparto del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), de segunda instancia de 12 de abril de 2022 a las 8:41 horas, del proceso que se sigue contra autores por la presunta comisión del delito de secuestro (fs. 39). II.3. Por Oficio 723/2022 de 12 de abril, dirigido a los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, la Jueza ahora accionada remitió el cuaderno procesal del accionante en fotocopias legalizadas, el cual cuenta con cargo de recepción de 12 de igual mes de 2022 a las 12:38 horas de la Auxiliar de la citada Sala Penal (fs. 51).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad procesal y sin dilaciones; puesto que la Jueza ahora accionada hasta la interposición de la acción de defensa no remitió al Tribunal de alzada el recurso de apelación incidental que presentó contra la Resolución de 8 de abril de 2022 que denegó su solicitud de cesación de la detención preventiva efectuada al amparo del art. 239.1 del CPP. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que:“…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: 'La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…' (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.
En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (las negrillas nos corresponden).
El art. 251 del CPP, fue modificado por la Ley 1173, conforme el siguiente texto: “(APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad.
El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, estableció que: “La Constitución Política del Estado en su art 180.II, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; por lo que, dentro de un proceso judicial, una de las partes que no esté de acuerdo con una resolución emitida por el administrador de justicia o considere que la misma vulnera sus derechos o en alguna medida atenta contra sus intereses, tiene derecho a que dicha resolución sea revisada por un tribunal superior, en un plazo razonable y de forma oportuna; y éste determine si efectivamente el administrador de justicia obró correctamente. Para el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de alzada en el plazo de setenta y dos horas. En relación al plazo otorgado para la remisión de los antecedentes ante el Tribunal de alzada, una vez interpuesto el recurso de apelación incidental contra la resolución que imponga medidas cautelares” (las negrillas nos corresponden).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad procesal y sin dilaciones; puesto que la Jueza ahora accionada hasta la interposición de la acción de defensa no remitió al Tribunal de alzada el recurso de apelación incidental que presentó contra la Resolución de 8 de abril de 2022 que denegó su solicitud de cesación de la detención preventiva efectuada al amparo del art. 239.1 del CPP.
De la revisión de antecedentes, se tiene que mediante memorial de 4 de abril de 2022, el accionante solicitó a la Jueza ahora accionada, audiencia de cesación de la detención preventiva, conforme a lo que establece el art. 239.1 del CPP; recibiendo en respuesta, el decreto de 5 del mismo mes y año, que señaló audiencia para el 8 de igual mes y año a las 13:00 horas (Conclusión II.1.); asimismo, cursa caratula de reparto del SIREJ de segunda instancia de 12 de abril de 2022 a las 8:41 horas, del proceso que se sigue contra autores por la presunta comisión del delito de secuestro (Conclusión II.2.), como también el Oficio de 12 de dicho mes y año, a través de la cual, la Jueza ahora accionada remitió el cuaderno procesal del accionante en fotocopias legalizadas ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mismo que cuenta con cargo de recepción de 12 de igual mes y año a las 12:38 horas de la Auxiliar de la citada Sala (Conclusión II.3.).
Corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de este fallo constitucional, toda autoridad judicial que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física de una persona, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible o dentro de un plazo razonable, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, siendo una de esas solicitudes el planteamiento del recurso de apelación incidental contra resoluciones que disponen, modifican o rechazan una medida cautelar, trámite sumario que determina que una vez interpuesto este recurso sea de forma oral o escrita, las actuaciones deben ser remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia en el plazo de veinticuatro horas. Si bien no se cuenta con el acta de audiencia y la Resolución de 8 de abril de 2022; sin embargo, el hecho que el accionante apeló la citada Resolución fue corroborado en el informe presentado por la Jueza ahora accionada; es así que, se tiene que evidentemente en audiencia de 8 de abril de 2022 el accionante interpuso el recurso de apelación incidental contra la Resolución emitida en esa fecha -que denegó la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante-; por lo que, desde esa fecha corría el plazo de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, para la remisión del recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada, debiendo considerarse que se encontraba de por medio un fin de semana -9 y 10 de abril-, es así que al ser el 8 de igual mes y año, un día viernes y habiendo concluido la audiencia fuera del horario laboral (fs. 36) -aspecto que no fuere refutado por el accionante-, el término para efectivizar la remisión de la mencionada impugnación fenecía el 11 de abril de 2022 incluso luego de las 18:00 horas, pero la presente acción de libertad interpuesta denunciando la falta de remisión del legajo de apelación ante el Tribunal de alzada fue presentada el 11 de abril de 2022 a las 15:49 horas; es decir, cuando el plazo procesal determinado por el art. 251 del CPP modificado por la Ley 1173 aún se encontraba vigente; correspondiendo, por ello denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2022 de 12 de abril, cursante de fs. 56 a 60, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0692_2023-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): f53fe984886f0d82679c89efb86537749f694a4f5a313ce34d2923822cbd04d9
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