B.IA.LEGAL

SCP 0692/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 27 de junio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
27 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
46401-2022-93-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso vinculado al principio de celeridad; toda vez que, habiendo presentado memoriales el 4 y 10 de marzo de 2022 formulando desistimiento del recurso de apelación incidental, y solicitando la cesación a la detención preventiva; respectivamente, no fueron providenciados y menos se señaló audiencia de consideración de la cesación a la detención preventiva.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; ii) Sobre el principio de celeridad en las actuaciones procesales; iii) Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las leyes 1173 y 1226; y, iv) Análisis del caso en concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelven: CONFIRMAR la Resolución 20 de 16 de “febrero” de 2022 -siendo lo correcto marzo-, cursante de fs. 22 a 23, pronunciada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y 2° Disponer que la autoridad jurisdiccional demandada, en el plazo de veinticuatro (24) horas de notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, señale día y hora de audiencia para resolver la solicitud de cesación a la detención preventiva del accionante, si acaso a la fecha aún no hubiera sido resuelta. 3° Exhortar a la autoridad judicial demandada, a cumplir los plazos procesales establecidos en el CPP en todas las causas que tramite. 4° Se llama la atención al Tribunal de garantías, por no haber remitido el informe de la autoridad demandada, así como las piezas procesales pertinentes del cuaderno procesal.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  2. III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares
  3. III.3. Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las leyes 1173 y 1226
  4. III.4. Análisis del caso concreto
  5. III.5. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0692/2023-S1 Sucre, 27 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 46401-2022-93-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 20 de 16 de “febrero” -siendo lo correcto marzo- de 2022, cursante de fs. 22 a 23, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carlos Salvatierra Tapia, Simón Alberto Moreno Serataya, Fredy Peña Zabala y David Daniel Loayza Meza en representación sin mandato de Severo Laura López contra Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de marzo de 2022, cursante de fs. 15 a 17, el accionante por intermedio de sus representantes sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por el presunto delito de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito y conducción peligrosa, se encuentra con detención preventiva en el Centro de Readaptación Productiva Montero (CERPROM) del departamento de Santa Cruz. Mediante memorial de 4 de marzo de 2022 formuló desistimiento al recurso de apelación incidental interpuesto; asimismo, presentó otro escrito el 10 de marzo de 2022 solicitando cesación a la detención preventiva; sin embargo, hasta la presentación de la acción de libertad, no fueron providenciados, ni se fijó día y hora de audiencia para resolver la cesación a la detención preventiva, corriendo peligro su vida por los contagios del coronavirus COVID-19 y el hacinamiento en el que se encuentra la carceleta 110 de la Policía de Montero donde se encuentra detenido.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso vinculado al principio de celeridad; citando al efecto, los arts. 9, 13, 22, 23, 115, 120, 178 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE), y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se señale de inmediato día y hora de audiencia de consideración de la cesación a la detención preventiva.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad se realizó el 16 de marzo de “2021” -siendo lo correcto 2022-, según consta en acta cursante de fs. 21 a 22, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela por intermedio de sus abogados, ratificó íntegramente los términos de su demanda tutelar, y ampliándola manifestó que: a) Desconoce respecto a la fijación de audiencia, no fueron notificados con relación al mismo; y, b) Considerando lo establecido en el art. 239 parte in fine del Código de Procedimiento Penal (CPP), la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz debió señalar audiencia para la resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, si bien informó de manera escrita; sin embargo, el Tribunal de garantías no remitió dicho informe, por lo que, su contenido se extraerá de la Resolución del Tribunal de garantías en los términos que consta “Justifica que no habría dado cumplimiento a esos plazos procesales por cuanto no cuenta con secretaria en su juzgado en la localidad de Warnes”.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 20 de 16 de “febrero” de 2022 -siendo lo correcto marzo- cursante de fs. 22 a 23, concedió la tutela solicitada disponiendo que la autoridad demandada señale audiencia para la consideración de la cesación a la detención preventiva del imputado en el plazo de veinticuatro horas; bajo los siguientes fundamentos: 1) Lo informado por la autoridad demandada que no cuenta con Secretario titular, no es eximente de la responsabilidad que debe tener toda autoridad jurisdiccional; 2) Si bien el art. 56.3 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- establece que los Secretarios deben emitir las providencias de mero trámite; sin embargo, la autoridad en ausencia de ese funcionario debió dar cabal cumplimiento a los plazos establecidos en la Ley 1173 en su art. 239.I; y, 3) En el cuaderno procesal remitido por la autoridad demandada, si bien es cierto que existe el memorial de Severo Laura López de 10 de marzo de 2022, éste fue un día jueves; por lo tanto, tenia veinticuatro horas para decretar este memorial, sin embargo la providencia es de 14 de marzo, lo que evidencia que la autoridad ahora demandada no cumplió con lo establecido en el art. 239.I de la Ley 1173, además, no se notificó a las partes procesales con este señalamiento de audiencia.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Acta de Audiencia de Medida Cautelar de 3 de marzo de 2022 dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Severo Laura López por la presunta comisión de los delitos de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito y conducción peligrosa, previstos en los arts. 210 y 261 del Código Penal (CP) en la que después de emitir la resolución que dispone la detención preventiva del imputado, el abogado defensor en aplicación del art. 251 del CPP, interpone Recurso de Apelación Incidental; asimismo, consta la providencia de la autoridad demandada que dispone la remisión del recurso interpuesto (fs. 2 a 5 vta.). II.2. Mediante Memorial presentado por Severo Laura López el 4 de marzo de 2022, formula desistimiento del recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio de 3 de marzo de 2022 (fs. 7). II.3. Cursa escrito formulado por Severo Laura López el 10 de marzo de 2022 donde el accionante al amparo del art. 239.1 del CPP solicita la cesación a la detención preventiva (fs. 8 a 10 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso vinculado al principio de celeridad; toda vez que, habiendo presentado memoriales el 4 y 10 de marzo de 2022 formulando desistimiento del recurso de apelación incidental, y solicitando la cesación a la detención preventiva; respectivamente, no fueron providenciados y menos se señaló audiencia de consideración de la cesación a la detención preventiva.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; ii) Sobre el principio de celeridad en las actuaciones procesales; iii) Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las leyes 1173 y 1226; y, iv) Análisis del caso en concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, reiterada por la SCP 0787/2022-S1 de 12 de agosto, junio, asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se 1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2El FJ III.5, indica: “El primer (instructivo); hace referencia a los supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril y reiterada en la SCP 0787/2022-S1 de 12 de agosto, asumió el siguiente razonamiento: Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, señala que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria, se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad (…) eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 3 de la LOJ, pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su d garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. En cuanto a la aplicación del principio de celeridad exigido a toda autoridad judicial, que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también la seguridad jurídica, más aun, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que:

…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud (las negrillas nos pertenecen). Jurisprudencia reiterada en numerosas Sentencias Constitucionales, como las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010-R de 10 de agosto. Por consiguiente, debe entenderse que si bien la privación de libertad es dispuesta por una orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y el juez o tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R.

III.3. Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las leyes 1173 y 1226

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0787/2022-S1 de 12 de agosto, asumió el siguiente razonamiento:

La Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, implementó procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales, descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia; en su Capítulo III, específicamente el art. 8 incluyó modificaciones y sustituciones a las normas del Código de Procedimiento Penal, entre las que se encuentran el art. 239, que en lo relativo al pedido de cesación de la detención preventiva por las causales que se hallaban previstas en los numeras 1 y 4 de dicha norma, establecía que se debía señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco días.

Si bien hasta antes de la promulgación de la Ley 586, este Tribunal estableció que para la procedencia de la protección que brinda la acción de libertad, ante la falta de pronunciamiento oportuno dentro de una solicitud de medidas cautelares que afecta el derecho a la libertad física del imputado, dicha petición debía ser atendida dentro del plazo razonable de tres días, en el que debía fijarse día y hora de realización de la audiencia correspondiente y procederse con las notificaciones respectivas -SCP 0110/2012 de 27 de abril-; con la modificación efectuada al art. 239 del CPP por la referida Ley 586, dicho plazo fue regulado a cinco días.

Sin embargo, el plazo en el que debe llevarse a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva, así como el trámite que debe imprimirse a dicho pedido de acuerdo a la causal invocada, ha sido modificado mediante la Ley 1173, que entró en vigencia el 4 de noviembre de igual año, e introdujo las modificaciones al art. 239 del CPP; empero, dicha Ley a su vez fue modificada por la Ley de Modificación a la Ley 1173 -Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019- y esta a su vez fue modificada por la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, 3La detención preventiva cesará:

1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;

2. Cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;

3. Cuando su duración exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, asesinato, violación a infante, niña, niño, adolescente, e infanticidio; y,

4. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad terminal. Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco (5) días.

En el caso de los Numerales 2 y 3, la o el Juez o Tribunal dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, correrá traslado a las partes quienes deberán responder en el plazo de tres (3) días. Con contestación o sin ella, la o el Juez o Tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los Numerales 2, 3 y 4 del presente Artículo, la o el Juez o Tribunal aplicará las medidas sustitutivas que correspondan, previstas en el Artículo 240 de este Código (las negrillas son añadidas). 4El FJ III.3, dispone que: “…tratándose de señalamientos de día y hora de audiencia para considerar este beneficio [cesación de la detención preventiva], debe ser conceptuada como un término brevísimo, de tres días hábiles como máximo, pues el imputado se encuentra privado de su libertad. En este entendido, el plazo razonable para la realización de la audiencia de análisis, consideración y resolución del beneficio de la cesación de la detención preventiva, será el término máximo antes señalado, incluidas las notificaciones pertinentes, lo contrario constituye vulneración del derecho a la libertad, en el entendido en que los jueces no pueden obrar contra los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad (art. 73 y ss de la CPE), bajo el argumento de existencia de `sobrecarga procesal´ para justificar una negligencia e incumplimiento de un deber de servicio a la sociedad”.

Niña, Niño y Adolescente, de manera tal que el texto vigente del art. 239 del citado Código, es el siguiente:

Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:

1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;

2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;

3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;

4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas.

5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o,

6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas.

Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.

En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.

En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código.

La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente.

Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código (las negrillas son añadidas).

Por lo tanto, el precepto vigente del art. 239 del CPP, establece que ante la petición de cesación de las medidas cautelares personales basada en la existencia de nuevos elementos o se torne conveniente que sea sustituida por otra medida; así como cuando se funda en las causales previstas en los numerales 2, 5 y 6 de dicha norma, el juez o tribunal que conozca de tal solicitud deberá señalar audiencia para la resolución de la solicitud de cesación de la detención preventiva dentro de las cuarenta y ocho horas, debiendo tramitarla con la mayor celeridad posible en el nuevo plazo estipulado.

Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, debe tramitarla con celeridad y dentro del plazo establecido por el art. 239 del CPP, puesto que el incumplimiento de esta obligación impuesta por dicha norma, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud.

Respecto del plazo en el cual debe ser providenciadas las peticiones efectuadas mediante los memoriales presentados, de conformidad con el art. 132.1 del CPP, salvo disposición contraria de dicho Código, el juez o tribunal, deberá dictarlas cuando se traten de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme lo entendió la SCP 0110/2012, ya que en el caso de retrasar o aplazar su emisión, no solo se lesiona el derecho a la libertad del impetrante de tutela, sino que el juzgador incurrirá en una falta grave, debido a la demora culpable en la que incurre; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán providenciar los escritos que presenten los imputados dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar las audiencias respectivas dentro del término establecido, a efecto de no lesionar el derecho a la libertad de los detenidos preventivamente, sin que sea una excusa para el incumplimiento de esta obligación la excesiva carga procesal, pues su inobservancia, atenta el derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad.

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, debido proceso y el principio de celeridad; toda vez que, habiendo presentado memoriales el 4 y 10 de marzo de 2022 formulando desistimiento del recurso de apelación incidental, y solicitando la cesación a la detención preventiva, respectivamente, no fueron providenciados y menos se señaló audiencia de consideración de la cesación a la detención preventiva. De los antecedentes anotados en las Conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Severo Laura López por la supuesta comisión de los delitos de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito y conducción peligrosa previstos en los arts. 210 y 261 del CP, el 3 de marzo de 2022 se realizó la audiencia de medidas cautelares, en la que se dispuso la detención preventiva del imputado por el plazo de seis meses a ser cumplido en el Centro de Readaptación Productiva de Montero (CERPROM) del departamento de Santa Cruz, asimismo consta que el abogado defensor al amparo del art. 251 del CPP interpuso recurso de apelación incidental y la autoridad jurisdiccional, dispuso su remisión (Conclusión II.1). En forma posterior mediante Memorial presentado por el ahora accionante de tutela el 4 de marzo de 2022 formuló desistimiento del recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio de 3 de marzo de 2022 (Conclusión II.2); y finalmente, el 10 del mismo mes y año el peticionante de tutela presentó escrito solicitando la cesación a la detención preventiva al amparo de lo dispuesto por el art. 239.1 del CPP (Conclusión II.3). Ahora bien, de la secuencia de actuaciones suscitadas en el caso concreto y del informe de la autoridad demandada, se constata que una vez presentados los memoriales de desistimiento del recurso de apelación y de solicitud de cesación a la detención preventiva, estos fueron providenciados fuera del plazo legal de veinticuatro (24) horas previsto por el art. 132.1 del CPP; toda vez que, en antecedentes a los que tuvo acceso el Tribunal de garantías, se evidenció la existencia de la providencia de 14 de marzo de 2022, señalándose la audiencia de consideración a la cesación de la detención preventiva para el 16 de marzo de igual año a horas 11:30; es decir, fue providenciada más allá de las cuarenta y ocho (48) horas establecidas por el art. 239 del CPP, sin siquiera haber notificado a las partes. En ese marco, conforme el entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, las actuaciones procesales deben ser efectuadas por los servidores judiciales con la mayor celeridad posible, dado que tratándose de aquellos casos vinculados con la libertad de las personas, deben llevarse adelante sin dilaciones indebidas; en el caso en particular, la Jueza ahora demandada, tanto en la emisión de la providencia de 14 de marzo de 2022 así como el señalamiento de la audiencia de consideración de la cesación a la detención preventiva, los realizó fuera de los plazos establecidos por el art. 239 del CPP; no siendo justificable el no contar con secretario titular, cuando la autoridad demandada se encontraba en la obligación de providenciar los memoriales con la debida diligencia y bien pudo habilitar la suplencia legal del Secretario y en el peor de los casos habilitar a un funcionario de su despacho a efectos de que asuma ese rol, así prever el despacho normal de las causas a su cargo y efectivizarse la audiencia de cesación a la detención preventiva, al tratarse de una persona que se encuentra privada de la libertad. En consecuencia, resulta evidente la denuncia del peticionante de tutela que la autoridad demandada, ocasionó una dilación indebida en la providenciación de las solicitudes realizadas, así como por la demora en la efectivización de la consideración de la audiencia de la cesación a la detención preventiva, causándole una vulneración en su derecho a la libertad vinculado al debido proceso y al principio de celeridad a causa de la dilación incurrida, incumpliendo con la jurisprudencia constitucional señalada en los Fundamentos Jurídicos III.2 y 3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

III.5. Otras consideraciones

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz constituido en Tribunal de garantías, omitió remitir el informe escrito de la autoridad demandada, así como los antecedentes pertinentes presentados consistentes en la providencia de 14 de marzo de 2022, incumpliendo con la obligación dispuesta en el art. 29.4.d) y e) del Código Procesal Constitucional; por lo que, se le llama la atención, conminándolo a que, en lo futuro dé cumplimiento a las previsiones normativas que regulan la tramitación de las acciones tutelares. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelven: CONFIRMAR la Resolución 20 de 16 de “febrero” de 2022 -siendo lo correcto marzo-, cursante de fs. 22 a 23, pronunciada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y 2° Disponer que la autoridad jurisdiccional demandada, en el plazo de veinticuatro (24) horas de notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, señale día y hora de audiencia para resolver la solicitud de cesación a la detención preventiva del accionante, si acaso a la fecha aún no hubiera sido resuelta. 3° Exhortar a la autoridad judicial demandada, a cumplir los plazos procesales establecidos en el CPP en todas las causas que tramite. 4° Se llama la atención al Tribunal de garantías, por no haber remitido el informe de la autoridad demandada, así como las piezas procesales pertinentes del cuaderno procesal. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).

5 El FJ III.3, expresa: “…ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento”.

Más sobre Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0692_2023-S1.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 07a9391bfe846e84221da812f118f745bc5e3da677fb4fa34ac8423eb52c9ade

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