B.IA.LEGAL

SCP 0683/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 2 de julio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
2 de julio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
73823-2025-148-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de su representante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; alegando que, en la causa penal seguida por el Ministerio Público en su contra, por la comisión del delito de violación -con NUREJ 201713518-, encontrándose cumpliendo condena de quince años de privación de libertad; el 14 de mayo de 2025, la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, libró mandamiento de libertad en su favor. Empero, hasta la fecha de interposición de su acción de defensa, el 15 de ese mes y año, no se ejecutó el mismo, permaneciendo restringida su libertad, a causa de un certificado de permanencia y conducta mal elaborado. Resultando viable la garantía constitucional deducida, en su modalidad traslativa o de pronto despacho. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/25 de 16 de mayo de 2025, cursante de fs. 58 vta. a 63 vta., pronunciada por la Jueza de Pérdida de Dominio Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela, únicamente en relación al Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, conforme a los términos y alcances dispuestos por la Jueza de garantías; y, DENEGAR la tutela en cuanto al funcionario policial codemandado, en el marco de lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho:
  2. III.2. Sobre la efectivización de los mandamientos de libertad y el deber de las autoridades encargadas de recintos penitenciarios de brindar celeridad para el cumplimiento y ejecución inmediata de decisiones judiciales que ordenen la libertad
  3. III.3. Análisis en el caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0683/2025-S3 Sucre, 2 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 73823-2025-148-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 15/25 de 16 de mayo de 2025, cursante de fs. 58 vta. a 63 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alfredo Cossio García en representación sin mandato de Víctor Nilson Deluque Peinado contra Nicanor Oscar Corcuy Peredo, Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; y, “Sargento Paredes”.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de mayo de 2025, cursante de fs. 8 a 9 vta., el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal instaurado por el Ministerio Público en su contra, por la comisión del delito de violación -con Número de Registro Judicial (NUREJ) 201713518-, fue condenado a la pena de quince años de privación de libertad. En dicha causa, el 14 de mayo de 2025, la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, libró mandamiento de libertad en su favor, del que tuvo conocimiento en esa data a horas 17:58, encontrándose cumpliendo condena en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, sin haber sido puesto en libertad. El referido penal “…en su permanencia y conducta [le] ha creado 2 procesos diferentes con dos números de expediente de FELCC 047/2016 Y FELCC 029/2015, pero no ha puesto [su] número de NUREJ, habiendo solo una sentencia de fecha 24 de mayo de 2016, del juez miguel Borjas Borjas, pero por error voluntario mandaron dos mandamientos de condena con el caso de FELCC 029/2015 Y 047/2016, el cual es el mismo caso (…), en el cual significa que es un solo proceso no son dos procesos como lo ha certificado el penal de palmasola” (sic). Así, se realizó “…una mala certificación a su permanencia y conducta si supuestamente fueran dos delitos debió poner primer ingreso, y segundo ingreso, en el cual no hay dicha información…” (sic). Por otro lado, en el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), no se encuentra otro NUREJ, respecto a su persona, solo la causa por violación que se le siguió, registrada con el número 201713518, ocasionando la mala interpretación de la información del registro de su permanencia y conducta en el Centro Penitenciario Palmasola. Resaltó que, a horas 22:30, su abogado consultó “…si es el sargento paredes cuando salía del penal de palmasola (…) y responde con una forma agresiva sin respeto que no [era] el sargento paredes y no quiso dar[les] información alguna, al ver la mala actitud del sargento paredes procedi[ó] a preguntar a los policías de portería y [l]e confirma que él es el sargento paredes…” (sic). Lo que demuestra que esperó desde las 18:00 hasta las 22:00 horas, sin darle información adecuada respecto a qué observación existiría para no materializar el mandamiento de libertad. Por lo expuesto, sería viable la concesión de la tutela otorgada por esta acción de defensa, en su modalidad traslativa o de pronto despacho.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 13, 23, 115.II, 180.I, 256.I y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, ordenar que los demandados ejecuten los mandamientos de libertad “…a que modifique su registro de permanencia y conducta de acuerdo a procedimiento y cumpla con el mandamiento de libertad emitido por la juez SINDY ROMERO PADILLA de forma inmediata” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 16 de mayo de 2025, según consta en acta cursante de fs. 56 a 58, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de sus abogados, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar.

I.2.2. Informe de los demandados

Nicanor Oscar Corcuy Peredo, Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, a través de informe escrito presentado el 16 de mayo de 2025, cursante de fs. 52 a 55, solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: a) Es evidente que fue notificado con el mandamiento de libertad expedido a favor del accionante, el 14 de ese mes y año, a horas 17:58; empero, el mismo no se hizo efectivo, considerando que como bien indicó el mencionado, “…según su misma certificación (…), se tiene que registra dos mandamientos de codena de diferentes años y números de caso” (sic [las negrillas son añadidas]); b) Conforme a la SC 0323/2003-R de 17 de marzo, si bien existe la obligación de materializar el mandamiento de libertad, se halla también implícito el deber jurídico del director del centro penitenciario, en sentido de tomar las previsiones necesarias para evitar que alguien pueda ser puesto en libertad teniendo otros mandamientos pendientes o que el existente pueda contener alguna falsedad material o ideológica, lo que exige tener que verificar y requerir la información pertinente y revisar previamente los registros antes de dar curso al mandamiento; c) El impetrante de tutela cuenta con mandamientos de condena con diferentes números de caso y de año, lo que no puede ser modificado por la Dirección que preside; constando a dicho efecto, de una autoridad que “…libró dichos mandamientos de condena y cualquier modificación a dichos mandamientos deben ser realizados por la autoridad que libro, conforme a procedimiento” (sic); d) En el marco de lo expuesto, en ningún momento transgredió derecho alguno del privado de libertad, menos incumplió sus funciones; más al contrario, explicó a su abogado las observaciones que existían “…por parte del encargado de las libertades” (sic [las negrillas son agregadas]); y, e) En forma previa a acudir a la justicia constitucional, el demandante de tutela debió activar el art. 40 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), o en su defecto, acudir ante la autoridad judicial o de origen para hacer prevalecer sus derechos. En audiencia de garantías, indicó que no obstante que recibió el mandamiento de libertad, advirtió la existencia de “…distintos números de casos y distintos años a ambos mandamientos de condena que han sido remitidos a esta dirección el mismo día y a la misma hora que se recepcionó…” (sic); por lo que, consideró que sería violentar los procedimientos al querer pretender modificar los mandamientos de condena, más aún si el mandamiento de libertad no consignaba el número de casos “…ni de una condena ni de la otra, más al contrario, lleva un Nurej, Mandamiento de libertad que ha llegado a las 18:53, es decir 6 de la tarde…” (sic), trabajando ellos solo hasta las 16:00. Así, pese a que, el art. 39 de la LEPS, establece que se debe dar cumplimiento de los mandamientos de libertad en el día, debe también efectuar las verificaciones pertinentes al existir dudas y la existencia de dos mandamientos de condena, realizando una verificación minuciosa a efectos de no incurrir en errores administrativos dentro del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz. Finalmente, refirió que el peticionante de tutela pudo acudir al Juez de origen “…a efectos de hacer una complementación, una enmienda o pedir un decreto de aclaración con relación a los dos mandamientos de condena y el mandamiento de libertad, o en su defecto acudir ante el director del establecimiento penitenciario…” (sic). El codemandado “Sargento Paredes”, no compareció a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, tampoco presentó informe escrito alguno, pese a su legal notificación cursante a fs. 16 y 17.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Pérdida de Dominio Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 15/25 de 16 de mayo de 2025, cursante de fs. 58 vta. a 63 vta., concedió parcialmente la tutela solicitada, en relación al Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz y la denegó en cuanto al funcionario policial codemandado; disponiendo que el citado Director requiera de forma inmediata información ante los juzgados que correspondan, “…en este caso el Juzgado de origen en San Matías, con la finalidad de corroborar los datos del interno o, en su defecto, informar al Juez de Ejecución Penal sobre las razones por las cuales no se estaría dando cumplimiento a una orden emanada por dicha autoridad” (sic). Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) Conforme a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la autoridad competente de viabilizar las solicitudes vinculadas a la libertad de una persona detenida, sea por una orden de detención preventiva o como efecto de un fallo condenatorio ejecutoriado deben considerarlas y resolverlas de forma pronta y oportuna, de modo que en el plazo legal o en el prudencial, el imputado o condenado adquiera certeza sobre su pretensión; y, en caso de considerar lesiva las decisiones respecto a ella pueda efectuar los reclamos ante las autoridades competentes a través de los mecanismos de impugnación idóneos, ya sean ordinarios o extraordinarios; 2) En relación a mandamientos de libertad, la “…Sentencia Constitucional No.303/2003…” (sic), reiteró el lineamiento en sentido que, conforme al art. 39 de la LPES, el interno debe ser liberado sin necesidad de trámite alguno. No obstante, resulta implícito el deber jurídico que recae sobre el director del centro penitenciario de adoptar las medidas necesarias a fin de evitar que alguien sea puesto en libertad teniendo otros mandamientos pendientes, o el mandamiento emitido tenga alguna falsedad material o ideológica. Revisión que debe efectuarse de manera inmediata; 3) En el caso de examen, el Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz -demandado-, recibió el mandamiento de libertad expedido a favor del accionante, el 14 de mayo de 2025, a horas 17:58; debiendo considerarse que, si bien la normativa vigente prevé que debe darse cumplimiento inmediato al mismo, la autoridad demandada debía efectuar las verificaciones pertinentes y ante la duda, solicitar información prontamente, más si constaban dos mandamientos de condena con los números 029/2015 y 047/2016, “…que bien se tiene constancia de que es emitido por la misma autoridad judicial, emitida en la misma fecha, ordenada por la misma sentencia por el mismo delito y la misma pena, sin embargo no es menos cierto que consta dos mandamientos de condena con dos datos diferentes respecto al caso 047/2016 en uno y 029/2015…” (sic); 4) En ese marco, el citado demandado tenía que requerir de forma oportuna la información ineludible sobre los referidos mandamientos, “…que si bien ha pasado a las 4 de la tarde, sin embargo, se tiene que el mismo fue emitido el 14 de mayo y la fecha de la presente audiencia es 16 de mayo, es decir que tuvo el 15 de mayo desde la primera hora durante todo el día en toda la jornada laboral para poder requerir esta información, para poder verificar sobre la presentación de dos mandamientos de condena y solicitar la información o en caso de no dar cumplimiento al mandamiento de libertad…” (sic). Así, tuvo la jornada laboral del 15 del indicado mes y año, sin que hubiera procedido a verificar la existencia de los otros mandamientos de condena, o informar al juez que emitió el mandamiento de libertad los motivos por los que no se cumplió la orden expedida a fin de subsanar los errores existentes, “…que se puede inferir que existe un error de parte de la funcionaria judicial del juzgado de origen en la localidad de San Matías mismo que se debe corroborar…” (sic); 5) El impetrante de tutela debió informar a la autoridad de ejecución penal a efectos que sea dicha instancia la que corrija, no así el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; sin embargo, resulta viable la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, habiéndose lesionado su derecho a la libertad, por la falta de diligencia pronta y oportuna; y, 6) En cuanto al “Sgto. Paredes” -codemandado-, carece de legitimación pasiva, siendo facultad exclusiva de ejecutar el mandamiento de libertad, del Director del penal demandado. En forma posterior, ante la solicitud de explicación y complementación requerida por el accionante, en sentido de precisar si se estaría disponiendo su libertad; la Jueza de garantías emitió Auto de la misma fecha, reiterando que para ejecutar un mandamiento de libertad debe existir certeza sobre su validez, respondiendo la concesión parcial de la tutela, a la falta de celeridad del Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz -demandado-, respecto a verificar las cuestiones necesarias antes las dudas emergentes sobre la existencia de dos mandamientos de condena, o informar a la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, dicha situación, para que sea esa autoridad la que determine la validez del referido mandamiento. En ese sentido, la tutela otorgada estaría dirigida a que se dé curso al procedimiento de forma inmediata, tanto por parte de las autoridades del recinto penitenciario como por la autoridad del referido Juzgado de Ejecución Penal Tercero de ese departamento.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-01/2022 de 4 de febrero, la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, dispuso la priorización del sorteo y resolución de causas referentes a acciones de defensa relativas o vinculadas a violencia feminicida que se encuentren en trámite en la Comisión de Admisión o en alguna de las Salas de esta entidad. En ese sentido, habiéndose procedido en dicho sentido, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Víctor Nilson Deluque Peinado -accionante-, por la comisión del delito de violación -con NUREJ 201713518-, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de San Matías del departamento de Santa Cruz, pronunció la Sentencia 02-2016 de 24 de mayo, declarándolo autor y culpable del referido delito, condenándolo a la pena privativa de libertad de quince años, a cumplir en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz (fs. 1 a 3 vta.). II.2. El 24 de mayo de 2016, el Juez de la causa, expidió mandamiento de condena contra el peticionante de tutela, consignando que se trataba del caso “…FELCC 047/2016…” (sic [fs. 4]). II.3. Consta mandamiento de condena de 24 de mayo de 2016, suscrito por el Juez antes citado, refiriendo ser emitido dentro del proceso penal instaurado por el demandante de tutela, por el delito de violación, signado con el caso “FELCC 029/2015” (fs. 48). II.4. Conforme a Certificación de Permanencia y Conducta de 19 de julio de 2024, suscrita por el Director y el Encargado de la Sección de Archivos, ambos del Centro Penitenciario de Palmasola de Santa Cruz, el peticionante de tutela se encontraría privado de libertad, por orden del referido Juez, dentro de los casos de violación “FELCC 047/2016” y “029/2015”; encontrándose a esa data ocho años, un mes y diecinueve días cumpliendo su condena (fs. 7). II.5. El 14 de mayo de 2025, la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, expidió mandamiento de libertad condicional a favor del demandante de tutela (fs. 50).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; alegando que, en la causa penal seguida por el Ministerio Público en su contra, por la comisión del delito de violación -con NUREJ 201713518-, encontrándose cumpliendo condena de quince años de privación de libertad; el 14 de mayo de 2025, la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, libró mandamiento de libertad en su favor. Empero, hasta la fecha de interposición de su acción de defensa, el 15 de ese mes y año, no se ejecutó el mismo, permaneciendo restringida su libertad, a causa de un certificado de permanencia y conducta mal elaborado. Resultando viable la garantía constitucional deducida, en su modalidad traslativa o de pronto despacho. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho:

Procede respecto a solicitudes vinculadas al derecho a la libertad y su relación con el principio de celeridad

Dentro de la tipología de la acción de libertad, se identifica la traslativa o de pronto despacho, desarrollada por la jurisprudencia constitucional emitida por el antes denominado Tribunal Constitucional, como el medio procesal idóneo para las partes tendente a lograr la aceleración de los trámites judiciales o administrativos en caso de constatar la existencia de dilaciones indebidas en restricción del principio de celeridad y en consecuencia, del derecho a la libertad cuando se advierta retardación en la solución de la situación jurídica de la persona privada de este derecho; todo ello en consideración de la obligación que constriñe a las autoridades sean éstas judiciales o administrativas, de aplicar y concretizar los valores y principios constitucionales insertos en la Norma Suprema. En ese marco, la presente garantía constitucional, se viabiliza a fin de precautelar los derechos que tutela, para así evitar y reparar conductas que incurren en demora en desmedro de las personas cuya libertad está privada; las que a su vez, lesionan el principio de celeridad; cuestiones que deben ser consideradas por toda autoridad que conozca pedidos vinculados a la libertad física y de locomoción, otorgándoles la debida celeridad e impulso para su efectivización; tomando en cuenta que, el art. 178.I de la Ley Fundamental, prevé: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”. A su vez, el art. 180.I del texto constitucional, establece que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez”; determinando el art. 115.II de la CPE, por su parte, la obligación del Estado de garantizar: “…el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas fueron añadidas). Por lo expuesto, los administradores de justicia y otros en el ámbito de sus funciones, están obligados a evitar retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias, en desmedro del derecho a la libertad física y de locomoción, en aquéllos casos en los que estén vinculados al mismo, más aun considerando que por lógica, las personas que intervienen en un proceso, esperan la pronta definición de su situación jurídica -sea en caso de la imposición de medidas cautelares, apelaciones, efectivización de la libertad, peticiones de cesación a la detención preventiva, o cualquier pedido relacionado con la libertad-. En ese sentido, lo dispuesto en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero. Destaca, por ende, que, para la procedencia de este tipo de acción de libertad, la resolución de solicitudes cuya dilación es denunciada debe estar relacionada con la libertad; caso contrario, no existiendo la vinculación señalada, la falta de celeridad en su consideración debe ser demandada vía acción de amparo constitucional, previo agotamiento de los medios intra procesales de reclamo regulados a dicho efecto. Por otra parte, cabe remarcar que, la SCP 0188/2018-S2 de 14 de mayo, indicó que, además de los supuestos de procedencia instituidos en la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, respecto a los casos en los que procede la acción de libertad traslativa o de pronto despacho: “Complementando dicho entendimiento, la SC 1349/2013 de 15 de agosto incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en la ejecución inmediata de las decisiones jurisdiccionales, que dispongan detenciones domiciliarias o mandamientos de libertad, o cualquier demora en el diligenciamiento del cumplimiento eficaz de una decisión judicial, que implica una afectación del derecho a la libertad; el cual podrá ser tutelado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En este entendido, se tiene que la acción de libertad expeditiva o de pronto despacho, en una interpretación evolutiva del art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), tiene la finalidad de tutelar una garantía sustantiva y esencial, como es la celeridad procesal vinculada a la libertad física o de locomoción. Por lo que, en una interpretación acorde con el bloque de constitucionalidad imperante y en el marco del objeto de protección de la denominada acción de libertad expeditiva o de pronto despacho; es preciso establecer que la activación de este mecanismo tutelar, para su eficacia, no necesita el agotamiento previo de mecanismos intraprocesales de defensa y puede ser interpuesta de manera directa por los afectados o cualquier persona a su nombre, cuando su libertad física o de locomoción se encuentre afectada por dilaciones indebidas, provocadas por autoridades públicas o particulares” (las negrillas y el subrayado son nuestras).

III.2. Sobre la efectivización de los mandamientos de libertad y el deber de las autoridades encargadas de recintos penitenciarios de brindar celeridad para el cumplimiento y ejecución inmediata de decisiones judiciales que ordenen la libertad

En coherencia con lo expuesto en la parte final del Fundamento Jurídico anterior, corresponde señalar que, el art. 23.VI de la CPE, prevé que: “Los responsables de los centros de reclusión deberán llevar el registro de personas privadas de libertad. No recibirán a ninguna persona sin copiar en su registro el mandamiento correspondiente. Su incumplimiento dará lugar al procesamiento y sanciones que señale la ley”. Por su parte, el art. 58 de la LEPS, estipula que el Director del establecimiento penitenciario, será responsable del manejo del recinto a su cargo. En coherencia con dichas normas y considerando la responsabilidad que tienen los Directores de los establecimientos penitenciarios, el art. 39 de la misma Ley, regula que: “Cumplida la condena, concedida la Libertad Condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno. El funcionario que incumpla esta disposición, será pasible de responsabilidad penal, sin perjuicio de aplicarse las sanciones disciplinarias que correspondan” (las negrillas y el subrayado nos corresponden). En concordancia con las normas precitadas, la SCP 0201/2018-S2 de 22 de mayo, determinó que: “El Tribunal Constitucional anterior reconoció que deben existir las condiciones para que se ejecuten los mandamientos de libertad, al respecto, la SC 0323/2003-R de 17 de marzo, indicó de manera textual que: ‘…el art. 39 LEPS, cuando señala que el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno, se refiere a que el detenido con la sola presentación del mandamiento será dejado en libertad, empero, resulta implícito el deber jurídico que recae sobre la Gobernación de la Cárcel, de tomar las debidas previsiones para evitar que alguien pueda ser puesto en libertad teniendo otros mandamientos pendientes o que el mandamiento de libertad pueda contener alguna falsedad material o ideológica, lo cual le impele a tener que verificar y solicitar la información pertinente y revisar previamente los registros antes de dar curso al mandamiento… (…) por lo tanto los encargados de las prisiones al momento de recibir un mandamiento de libertad emanado de autoridad competente, están obligados a su cumplimiento inmediato, para no vulnerar los derechos y garantías del detenido; empero, deberán analizar también, de manera inmediata y sin que ello origine una demora indebida: a) Si existen o no otros mandamientos contra el imputado; y, b) Determinar si el mandamiento de libertad presentado es auténtico, para lo cual deberán solicitar sin dilación alguna la información pertinente y revisar previamente los registros antes de dar curso al mismo. Reglas que no son limitativas, pues al margen de velar porque se respeten los derechos y garantías del detenido, tienen también la alta responsabilidad que les asigna la ley, de evitar que el interno que estuviese detenido por orden de otras autoridades se evada, burlando a la justicia, lo que le generaría igualmente responsabilidad’. Criterio seguido por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0819/2014, 1050/2015-S1 y 0775/2015-S2, entre otras” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen). Por lo que, el fallo constitucional precitado, concluyó que: “…la efectivización de la libertad de un detenido mediante el mandamiento de libertad, si bien debe ser efectuada inmediatamente, los funcionarios encargados de los recintos penitenciarios deben verificar si existen otros mandamientos en contra del privado de libertad y determinar la autenticidad de la orden que compele al imputado a ser liberado” (las negrillas y el subrayado son adicionados). A su vez, la SCP 0322/2018-S2 de 9 de julio, agregó que: “Esta verificación de medidas de seguridad, debe responder a una eficaz y eficiente labor de coordinación entre el órgano jurisdiccional que emitió dicha orden y el centro penitenciario a cargo de su ejecución -SCP 0381/2015-S3 de 8 de abril-.

La SCP 1349/2013 de 15 de agosto2 señaló que las autoridades encargadas de centros penitenciarios, tienen la obligación ineludible de procurar con celeridad y diligencia la observancia de una decisión jurisdiccional; y en caso de duda o imposibilidad de cumplimento, no atribuible al privado de libertad, tienen el deber de procurar con celeridad y diligencia su acatamiento, en el marco de una interpretación favorable y extensiva del derecho a la libertad; postulado que tiene sustento jurídico-constitucional, en una pauta específica de interpretación de derechos fundamentales, como es el principio de favorabilidad. Conforme a lo anotado, las autoridades encargadas de los recintos penitenciarios deben dar cumplimiento y ejecutar inmediatamente las decisiones judiciales que ordenen la detención domiciliaria o la libertad del privado de libertad; para lo cual, inmediatamente después de haber sido notificados deben: a) Verificar si existen o no, otros mandamientos contra el privado de libertad; b) Determinar si el mandamiento de libertad presentado es auténtico, en consecuencia, realizar la verificación correspondiente; c) En caso de duda o imposibilidad de cumplimento por causas no atribuibles al privado de libertad, el Director del Régimen Penitenciario debe procurar con celeridad y diligencia, el acatamiento de la decisión jurisdiccional; y, d) El Director del establecimiento penitenciario a su cargo, es responsable del manejo del mismo y de los registros que existen en él, bajo la responsabilidad penal y/o disciplinaria que corresponda. Las reglas anotadas, tienen la finalidad de velar porque se respeten los derechos fundamentales y garantías constitucionales del detenido; así como evitar que el interno que estuviese detenido por orden de otras autoridades, evada burlando la justicia y la verificación de la autenticidad del mandamiento de libertad; situaciones que le generarían responsabilidad al encargado del recinto penitenciario” (las negrillas y el subrayado son nuestros).

III.3. Análisis en el caso concreto

El impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la libertad; encontrándose identificada la problemática a resolverse en el primer párrafo de los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; ceñida en lo esencial a que, en el proceso penal instaurado por el Ministerio Público en su contra, por el delito de violación -con NUREJ 201713518-, cumpliendo condena de quince años de privación de libertad; el 14 de mayo de 2025, la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, expidió mandamiento de libertad en su favor. No obstante, hasta la fecha que formuló su acción de defensa, el 15 de igual mes y año, no se materializó el mismo, permaneciendo restringida su libertad, emergente de un certificado de permanencia y conducta mal elaborado. En ese marco, alude que sería viable la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho. En ese orden de ideas, se evidencia que, en la causa penal seguida por el Ministerio Público contra el demandante de tutela, por la comisión del delito de violación -con NUREJ 201713518-, se dictó la Sentencia 02-2016 de 24 de mayo, declarándolo autor y culpable del indicado, condenándolo a la pena privativa de libertad de quince años, a cumplir en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; constando la existencia de dos mandamientos de condena que reflejan la misma fecha, refiriendo, sin embargo, dos casos “FELCC 047/2016” y “FELCC 029/2015”. Se advierte también la existencia de la Certificación de Permanencia y Conducta de 19 de julio de 2024, signada por el Director y el Encargado de la Sección de Archivos, ambos del Centro Penitenciario de Palmasola del referido departamento, acreditando que el accionante a esa fecha se encontraba privado de libertad, por orden del referido Juez, dentro de los casos de violación “FELCC 047/2016” y “029/2015”; a esa data ocho años, un mes y diecinueve días cumpliendo su condena -Conclusiones II.1 a 4 del presente fallo constitucional-. Ahora bien, se tiene que, el 14 de mayo de 2025, la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, libró mandamiento de libertad condicional a favor del peticionante de tutela -Conclusión II.5 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional-. En ese marco, conforme a lo expuesto en la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico anterior, si bien el art. 39 de la LPES, prevé que ante la existencia de un mandamiento de libertad el interno debe ser liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno; también resalta que, es deber jurídico del Director del Centro Penitenciario, el asumir las debidas previsiones a fin de evitar que alguien pueda ser puesto en libertad teniendo otros mandamientos pendientes o que el mandamiento tenga alguna falsedad material o ideológica, a cuyo objeto debe verificar y solicitar la información pertinente y revisar previamente los registros antes de dar curso al mandamiento expedido. En este punto, corresponde remarcar que dicho deber no debe generar una demora indebida, concerniendo que el Director del Centro Penitenciario donde se encuentre cumpliendo detención preventiva o condena el privado de libertad, solicite con la debida diligencia y prontitud la información necesaria e ineludible revisando los registros para dar curso al mandamiento de libertad; obrando así con una eficaz y eficiente labor de coordinación entre el órgano jurisdiccional que emitió dicha orden y el centro penitenciario a cargo de su ejecución. Obrar en forma contraria, justificando la demora en la materialización de un mandamiento de libertad, con la excusa de existir cuestiones que verificar o revisar, en relación a la existencia o no de otros mandamientos, o si el mismo sería auténtico; desconoce y constituye una vulneración del derecho a la libertad. Por cuanto, la autoridad referida, debe obrar en todo momento con la celeridad respectiva, respetando los derechos fundamentales y garantías constitucionales del detenido. Conforme a lo expuesto, corresponde considerar que, en el caso el mandamiento de libertad condicional fue expedido el 14 de mayo de 2025, teniéndose evidencia que hasta el 16 de ese mes y año, data en la que se desarrolló la audiencia de consideración y resolución de la presente acción de defensa, a horas 10:00; no se efectivizó el mismo y tampoco el Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz -demandado-, adjuntó prueba alguna de haber requerido o acudido ante la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, a fin de verificar la información existente y materializarlo con la celeridad y prontitud constreñibles en respeto del derecho a la libertad del indicado. Por lo expuesto, concierne conceder la tutela solicitada, en parte, según dispuso la Jueza de garantías de forma correcta, solo en lo inherente al Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, abriéndose la protección que otorga la acción de libertad traslativa o de pronto despacho -Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional-. Por otra parte, denegarla en lo referente al “Sargento Paredes” -funcionario policial codemandado-, quien no cuenta con legitimación pasiva en el caso, no siendo su atribución la ejecución del mandamiento de libertad, respondiendo en todo caso, a las órdenes superiores jerárquicas otorgadas por el referido Director demandado. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido parcialmente la tutela impetrada, en relación al Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz y denegado respecto al funcionario policial codemandado, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/25 de 16 de mayo de 2025, cursante de fs. 58 vta. a 63 vta., pronunciada por la Jueza de Pérdida de Dominio Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela, únicamente en relación al Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, conforme a los términos y alcances dispuestos por la Jueza de garantías; y, DENEGAR la tutela en cuanto al funcionario policial codemandado, en el marco de lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Notas al pie

1 El FJ III.3, menciona: “En el marco de los postulados propios del Estado Constitucional de Derecho, se tiene que las autoridades encargadas de recintos penitenciarios, se encuentran sometidos a las decisiones jurisdiccionales que emanen de las autoridades competentes; en ese orden, a partir de la premisa antes señalada, debe establecerse que dichas autoridades, tienen un deber funcionario ineludible: El cumplimiento eficaz, inmediato y sin dilación alguna de decisiones jurisdiccionales en los términos plasmados en las órdenes expedidas por autoridades competentes y en caso de duda o imposibilidad de cumplimiento no atribuible al privado de libertad, las autoridades encargadas de centros penitenciarios, tienen el deber ineludible de procurar con celeridad y diligencia un cumplimiento de la decisión jurisdiccional en el marco de una interpretación lo más favorable y extensiva a la libertad, postulado que tiene sustento jurídico-constitucional en una pauta específica de interpretación de derechos fundamentales como es el pro-libertatis, cuya génesis constitucional se encuentra en los arts. 13.I, y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese contexto, se concluye que cualquier dilación en la ejecución inmediata de decisiones jurisdiccionales que dispongan detenciones domiciliarias o la libertad de personas privadas de libertad; o cualquier dilación en la procura y diligencia del cumplimiento eficaz de una decisión judicial en el marco del principio pro-libertatis, implicará una afectación al derecho a la libertad, la cual podrá ser tutelada a través de la acción de libertad en su modalidad expeditiva o de pronto despacho en el marco de los argumentos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional” (negrillas adicionadas).

2 El FJ III.3, refiere: “En el marco de los postulados propios del Estado Constitucional de Derecho, se tiene que las autoridades encargadas de recintos penitenciarios, se encuentran sometidos a las decisiones jurisdiccionales que emanen de las autoridades competentes; en ese orden, a partir de la premisa antes señalada, debe establecerse que dichas autoridades, tienen un deber funcionario ineludible: El cumplimiento eficaz, inmediato y sin dilación alguna de decisiones jurisdiccionales en los términos plasmados en las órdenes expedidas por autoridades competentes y en caso de duda o imposibilidad de cumplimiento no atribuible al privado de libertad, las autoridades encargadas de centros penitenciarios, tienen el deber ineludible de procurar con celeridad y diligencia un cumplimiento de la decisión jurisdiccional en el marco de una interpretación lo más favorable y extensiva a la libertad, postulado que tiene sustento jurídico-constitucional en una pauta específica de interpretación de derechos fundamentales como es el pro-libertatis, cuya génesis constitucional se encuentra en los arts. 13.I, y

29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Más sobre Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0683_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 30264e6c2ecebe05c54319ad3fc17423036c135dd83d7f9d855f85a8caadd8b3

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