B.IA.LEGAL

SCP 0681/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 26 de junio de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
26 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
46329-2022-93-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

La demandante de tutela, a través de su abogado y representante sin mandato, considera lesionados sus derechos al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la libertad; toda vez que en la audiencia de 9 de febrero de 2022, interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 122/2022 de la misma fecha, que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva y amplío el plazo de su detención preventiva. Sin embargo, el Juez y Secretario -ahora demandados-hasta la interposición de la acción de libertad, no remitieron en alzada su apelación; por lo que solicita se conceda la tutela impetrada, disponiendo: a) Que las autoridades demandadas remitan el recurso de apelación en el día; y, b) Se remitan antecedentes al Ministerio Publico respecto al Juez demandado, por el reiterado incumplimiento de los actos propios de sus funciones. En consecuencia, con carácter previo, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a una apelación incidental de medidas cautelares; 2) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; 3) Análisis del caso concreto; y, 4) Otras consideraciones.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2022 de 17 de febrero, cursante de fs. 30 a 33, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto a Richard Sumi Poma, Secretario en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación a René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del mismo departamento;

3° Disponer que los demandados o quienes cumplan actualmente los cargos de Juez y Secretario del referido Juzgado, en el día de su notificación con el presente fallo constitucional cumplan con la remisión en alzada de la apelación incidental de la demandante de tutela, siempre y cuando no lo hayan efectuado anteriormente. 4° Llamar la atención a Nancy Nilda Flores Guzmán, Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de La Paz, que actuó como Jueza de garantías, para que en lo posterior cumpla a cabalidad lo establecido por el art. 126.I y IV de la Constitución Política del Estado, y arts. 38 y 49.1 del Código Procesal Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares
  2. III.2. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.4. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0681/2023-S1 Sucre, 26 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 46329-2022-93-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 07/2022 de 17 de febrero, cursante de fs. 30 a 33, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Michael Adolfo Riveros Revollo en representación sin mandato de Amanda Fabiola Conde Quispe contra René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz y Richard Sumi Poma, Secretario en Suplencia Legal del mismo Juzgado.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 14 de febrero de 2022, cursante de fs. 15 a 16, la accionante, por intermedio de su abogado y representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro el proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en su contra, por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica, se dispuso su detención preventiva por Auto Interlocutorio 357/2021 de 2 de diciembre de 2021. Solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva, misma que se desarrolló el 9 de febrero de 2022, en la cual el Juez ahora demandado, mediante Auto Interlocutorio 122/2022 de 9 de febrero, rechazó su solicitud y amplió el plazo de su detención preventiva, razón por la cual inmediatamente formuló apelación incidental, que hasta fecha de presentación de la acción de libertad no ha sido remitida en alzada.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La peticionante de tutela considera lesionados sus derechos al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la libertad; citando al efecto los arts. 22, 23.I y III, 24, 115, 116.I, 117.I y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 y 25 la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se le conceda la tutela impetrada; y en consecuencia se disponga: a) Que las autoridades demandadas remitan el recurso de apelación en el día; y, b) Se remitan antecedentes al Ministerio Publico respecto al Juez demandado, por el reiterado incumplimiento de los actos propios de sus funciones.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

La audiencia pública virtual, de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 17 de febrero de 2021, según consta en acta cursante de fs. 28 a 29 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante, a través de su abogado y representante sin mandato, se ratificó en el contenido íntegro de su demanda de acción tutelar, y ampliando los fundamentos de la misma, manifestó que le informaron del Juzgado, que en la Sala Penal Cuarta no querían recibir la apelación, persistiendo la dilación sin considerar su situación de madre de un lactante.

I.2.2. Informe de la autoridad y funcionario judicial demandados

René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, no presentó informe escrito; sin embargo, asistió a la audiencia tutelar sin que conste su intervención en ella. Richard Sumi Poma, Secretario en Suplencia Legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 17 de febrero de 2022, cursante a fs. 27 y vta. presente en audiencia informó que: 1) La auxiliar del juzgado renunció el 9 de similar mes y año, dejándolo sólo en el juzgado; 2) Él no tenía el usuario del sistema para poder sortear la causa a la Sala Penal de turno, y recién le asignaron usuario el 12 de febrero de 2022; 3) El Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, donde cumple funciones como Secretario titular, no cuenta con Juez titular y actualmente la auxiliar se encuentra con baja médica, lo que le genera una carga procesal inhumana; razones por las cuales solicita se deniegue la tutela; y, 4) Se cumplió con la remisión en alzada a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 07/2022 de 17 de febrero, cursante de fs. 30 a 33, denegó la tutela en relación al Juez demandado y concedió la tutela respecto al Secretario bajo los siguientes fundamentos: i) El 12 de febrero de 2022 se habilitó en el sistema informático recién al servidor judicial de apoyo -ahora codemandado-, a fin que cumpla sus funciones en suplencia legal, como el sorteo de las apelaciones para su recepción ante el Tribunal de alzada; ii) Existió una demora, considerando que la remisión se efectuó el día de la audiencia de la presente acción de libertad; y iii) El Juez no tiene entre sus funciones remitir la apelación. En vía de enmienda y complementación, la parte accionante solicitó que el Secretario codemandado presente la constancia de remisión de los antecedentes de la apelación ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Ante ello, la Jueza de garantías indicó que en descargo de lo manifestado por el funcionario de apoyo codemandado, se apersonen al despacho judicial del caso a los fines de su comprobación material.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 357/2021 de 2 de diciembre, emitido por René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, por el cual dispone la detención preventiva de Amanda Fabiola Condori Quispe en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz (fs. 7 a 10).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La demandante de tutela, a través de su abogado y representante sin mandato, considera lesionados sus derechos al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la libertad; toda vez que en la audiencia de 9 de febrero de 2022, interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 122/2022 de la misma fecha, que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva y amplío el plazo de su detención preventiva. Sin embargo, el Juez y Secretario -ahora demandados-hasta la interposición de la acción de libertad, no remitieron en alzada su apelación; por lo que solicita se conceda la tutela impetrada, disponiendo: a) Que las autoridades demandadas remitan el recurso de apelación en el día; y, b) Se remitan antecedentes al Ministerio Publico respecto al Juez demandado, por el reiterado incumplimiento de los actos propios de sus funciones. En consecuencia, con carácter previo, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a una apelación incidental de medidas cautelares; 2) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; 3) Análisis del caso concreto; y, 4) Otras consideraciones.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0026/2018-S2 de 28 de febrero, asumió el siguiente razonamiento: El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-“…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación.

Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del (Código de Procedimiento Penal (CPP); decreto a partir del cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en su Fundamento Jurídico III.3:

i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.

iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.

III.2. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, entre otras, asumió el siguiente entendimiento: Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 0691/01-R de 9 de julio de 2001definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción.

Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o contra un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto.

Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento señalado, y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción.

Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre ratificada posteriormente por 4El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 5El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus-: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 6El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.

En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”. 7El FJ III.2, indica: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, que establece: Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”. 8El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional.

En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tienen legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.

como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado… (las negrillas son añadidas).

III.3. Análisis del caso concreto

La solicitante de tutela, a través de su abogado y representante sin mandato, considera lesionados sus derechos al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la libertad; toda vez que en la audiencia de 9 de febrero de 2022, interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 122/2022 de la misma fecha, que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva y amplío el plazo de su detención preventiva; sin embargo, el Juez y Secretario -ahora demandados- hasta la interposición de la acción de libertad no remitieron en alzada su apelación, incurriendo en dilaciones indebidas; por lo que solicita se conceda la tutela impetrada, disponiendo: a) Que las autoridades demandadas remitan el recurso de apelación en el día; y, b) Se remitan antecedentes al Ministerio Publico respecto al Juez demandado, por el reiterado incumplimiento de los actos propios de sus funciones. Con carácter previo al análisis de la problemática planteada, cabe señalar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el personal de apoyo jurisdiccional asume legitimación pasiva en la acción de libertad, cuando la vulneración de los derechos tutelados emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas por ley; así como de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, por consiguiente en el caso presente corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática en relación al Juez y Secretario demandados. De la revisión de los antecedentes cursantes en el expediente constitucional, se advierte que en audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva de 9 de febrero de 2022, el Juez -ahora demandado- pronunció el Auto Interlocutorio 122/2022, por el cual rechazó la solicitud de cesación impetrada por la peticionante de tutela y dispuso ampliar el plazo de su detención preventiva. A tal efecto, la prenombrada en la misma audiencia, formuló recurso de apelación oralmente; hecho alegado en la demanda tutelar y confirmado en el informe del Secretario codemandado. Ahora bien, de igual modo se verifica que de acuerdo a lo manifestado por dicho funcionario de apoyo jurisdiccional, la actuación extrañada se cumplió el 17 de febrero de 2022 -día de la audiencia de acción de libertad- con la remisión en alzada de la apelación incidental ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, afirmación que a mayor abundamiento fue desmentida por la impetrante de tutela. Precisar que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, entre las causas de procedencia de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra la dilación en la remisión de la apelación incidental vinculada a las medidas cautelares, al efecto las Sentencias Constitucionales Plurinacionales (SSCCPP) 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, establecieron la posibilidad de flexibilizar el plazo previsto en el art. 251 del CPP hasta tres días, cuando exista una justificación razonable y fundada. En el caso objeto de análisis, el funcionario de apoyo jurisdiccional -codemandado- intentó justificar la demora denunciada en las recargadas labores que cumple tanto en su Juzgado como en el que asiste en suplencia legal desde el 3 de febrero de 2022, sumado a ello la renuncia de la auxiliar del citado juzgado, habilitándose recién su usuario el 12 de similar mes y año. De tales hechos, se tiene que evidentemente el Secretario codemandado no remitió oportunamente el cuaderno de apelación incidental ante el Tribunal de apelación, dicha dilación impidió que se revise en alzada el Auto Interlocutorio apelado respecto a la situación jurídica de la demandante de tutela en su condición de privada de libertad; omisión que demuestra que se contravino lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional respecto a los principios de celeridad, probidad, eficiencia e inmediatez con la cual debe ejercer sus funciones, lesionando consecuentemente los derechos de la solicitante de tutela, a la libertad de locomoción y al acceso a una justicia plural, pronta, oportuna, efectiva y sin dilaciones. Por otro lado, cabe mencionar -en cuanto a la forma de tramitación de la presente demanda tutelar -que conforme a la resolución de admisión de 16 de febrero de 2022, que señala “…Audiencia de Libertad para el día 17 DE FEBRERO DE 2022 a hrs. 16:00, debiendo notificar a la parte recurrida y al recurrente en su domicilio virtual…” (sic). Pese a ello, no existe en antecedentes constancia alguna de notificación a las partes del proceso, sino solamente un Informe del mismo día 17 de febrero de 2022 del funcionario de apoyo jurisdiccional codemandado. Asimismo, en el acta de audiencia de acción de libertad se hizo constar la presencia del Juez -ahora demandado- para luego de forma contradictoria en la resolución de garantías señalarse “…sin la presencia e informe de la autoridad demandada del Juez Rene Eduardo Foronda Escobar…” (sic). Bajo ese entendido, el presupuesto indispensable del cumplimiento de las formalidades procesales consistentes en la citación y notificación a las partes, a efecto de que puedan ejercer libremente su derecho a la defensa y al debido proceso; no fue cumplido en relación a la autoridad jurisdiccional, ahora demandada; por lo que, al haber dado aplicación mecánica a lo previsto en el art. 126.II de la CPE, sin realizar una adecuada interpretación de sus alcances, se vulneró el derecho a la defensa del referido Juez, a quien una vez notificado, se le otorgó la oportunidad de presentar prueba de descargo a efecto de la denegatoria de la acción presentada en su contra. Omisión que correspondería disponer la anulación de obrados, ya que hubiera correspondido a la Jueza de garantías reprogramar la audiencia, notificando de manera inmediata a la citada autoridad jurisdiccional demandada. Como contrapartida a lo señalado, resulta también necesario indicar que el principio de informalismo, y de acceso a la justicia constitucional forman parte de la naturaleza jurídica de esta acción tutelar. En la que claramente estas características tienen su razón de ser en los derechos que esta acción tutelar tiene como propósito proteger, que son el derecho a la vida y a la libertad, cuando la peticionante de tutela asuma que se encuentra ilegalmente perseguido o privado de su libertad personal. En el presente caso, al advertirse de manera objetiva la demora denunciada por parte del secretario de Juzgado -ahora codemandado- es necesario que prevalezca el derecho material sobre el formal, lo que implica, por un lado que en el caso particular dicha falta debe subsanarse de manera inmediata y por otro, al no constar notificación alguna al Juez demandado a los fines de no vulnerar su derecho a la defensa, se debe denegar la tutela respecto al prenombrado. Un razonamiento en contrario, traería como consecuencia la anulación de obrados, obligando a la Jueza de garantías a subsanar las formalidades omitidas, para llevar a cabo una audiencia cuyo resultado previsiblemente sería la dilación en la resolución de la acción de libertad, por los motivos anteriormente anotados.

III.4. Otras consideraciones

De la revisión del expediente objeto de análisis resulta que, presentada la demanda tutelar, la Jueza de garantías mediante decreto de 14 de febrero de 2022 refiere “Previamente el recurrente deberá aclarar en qué recinto penitenciario se encuentra la parte recurrente”, cuando conforme al art. 126.I de la CPE y art. 49.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo) debió en forma directa señalar la audiencia de acción de libertad en el plazo de las veinticuatro horas, evidenciándose que el decreto emitido sólo dilató la resolución de la acción de libertad, máxime cuando de acuerdo a la documental que la impetrante de tutela acompañó a su demanda de acción de libertad se encuentra el Auto Interlocutorio 357/2021 de 2 de diciembre (Conclusión II.1), el cual establece con claridad el Centro Penitenciario en el que se encontraba la recurrente. Por otra parte, en el expediente constitucional, no se encuentran adjuntos las diligencias de notificación a los sujetos procesales con el Auto de admisión de 16 de febrero de 2022, incumpliéndose lo dispuesto por los arts. 126.IV de la CPE y 38 del CPCo. Finalmente, la acción de libertad fue resuelta el 17 de febrero de 2022 y los antecedentes recién fueron remitidos el 11 de marzo del mismo año conforme acredita la guía del courier cursante a fs. 35; es decir, con posterioridad al plazo establecido por los arts. 38 del CPCo y 126.IV de la CPE, incumpliendo de esta manera las normas señaladas.

En consecuencia, la Jueza de garantías al conceder en parte la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2022 de 17 de febrero, cursante de fs. 30 a 33, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto a Richard Sumi Poma, Secretario en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación a René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del mismo departamento;

3° Disponer que los demandados o quienes cumplan actualmente los cargos de Juez y Secretario del referido Juzgado, en el día de su notificación con el presente fallo constitucional cumplan con la remisión en alzada de la apelación incidental de la demandante de tutela, siempre y cuando no lo hayan efectuado anteriormente. 4° Llamar la atención a Nancy Nilda Flores Guzmán, Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de La Paz, que actuó como Jueza de garantías, para que en lo posterior cumpla a cabalidad lo establecido por el art. 126.I y IV de la Constitución Política del Estado, y arts. 38 y 49.1 del Código Procesal Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación

indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”. 2El FJ III.4, refiere: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”. 3El FJ III.4, indica: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0681_2023-S1.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): cc30111159cb59a9c1b24ef4a47042209a39753166914972d016d0bc0239cf24

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