B.IA.LEGAL

SCP 0667/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 30 de junio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
30 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
47178-2022-95-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, alega la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso -invocado también como garantía- en su vertiente de celeridad procesal; toda vez que, habiendo pedido la cesación de la medida extrema a través de memorial de 14 de marzo de 2022, amparado en la causal prevista en el art. 239.3 del CPP, hasta la interposición de la presente acción tutelar -18 de abril del indicado año- el Juez accionado no respondió a lo impetrado, cuando correspondía a dicha autoridad emitir decreto corriendo en traslado a las partes procesales dicha solicitud, para luego del vencimiento del plazo de contestación pronunciar una resolución resolviendo su situación jurídica conforme prevé la norma procesal penal, debiendo procederse de oficio con las diligencias correspondientes, pues de acuerdo al art. 108 del CPP, concordante con el art. 12.IV de la Ley 463, el SEPDEP se encuentra exento de cualquier recaudo económico para diligenciar notificaciones a las partes procesales. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 4 de 19 de abril de 2022, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en este fallo constitucional, disponiendo que el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, de forma inmediata tramite y resuelva conforme corresponda en derecho, la solicitud de cesación de la detención preventiva presentada por el accionante el 14 de marzo de 2022, aplicando los plazos establecidos en la norma procesal penal -concretamente el procedimiento establecido en el art. 239 del Código de Procedimiento Penal-; siempre y cuando, ello no hubiese ya ocurrido o se hubiese modificado la situación jurídica del impetrante de tutela.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho: alcance del debido proceso y la celeridad en el marco de la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0667/2023-S3 Sucre, 30 de junio de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 47178-2022-95-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 4 de 19 de abril de 2022, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jaime Daniel Campos Villanueva en representación sin mandato de Marco Antonio Paco Umaña contra Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 18 de abril de 2022, cursante de fs. 6 a 8, el accionante a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado, en el caso signado con el Código FELCC-La Guardia 448/18, el 4 de mayo de 2018, el representante del Ministerio Público presentó Resolución de imputación formal; por lo que, se encuentra cumpliendo detención preventiva desde el 7 de igual mes y año. En ese sentido, el 14 de marzo de 2022, al amparo del art. 239.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP), solicitó la cesación de dicha medida extrema, debiendo el Juez accionado, conforme a lo previsto por el art. 132 inc. 1) del mismo cuerpo legal, emitir el respectivo decreto de traslado al Ministerio Público y a la parte civil en el plazo de veinticuatro horas; posteriormente, vencido el término de cuarenta y ocho horas del plazo para la contestación de la parte contraria, pronunciar el correspondiente Auto Interlocutorio de acuerdo al señalado art. 239 “párrafo tercero” del adjetivo penal, sea aceptando o rechazando su petición; sin embargo, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, la referida autoridad judicial no dio cumplimiento a los indicados tiempos procesales, no habiendo sido notificado con ninguna resolución judicial, vulnerándose así su derecho a la libertad y la garantía constitucional del debido proceso en su vertiente de celeridad procesal.

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, alega la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso -invocado también como garantía- en su vertiente de celeridad procesal, citando al efecto los arts. 22 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene; a) Que la autoridad accionada, de forma inmediata emita el decreto de traslado y proceda de oficio a realizar las diligencias correspondientes a los sujetos procesales en el proceso penal de referencia; toda vez que, el art. 108 del CPP, concordante con el art. 12.IV de la Ley del Servicio Plurinacional de Defensa Pública -Ley 463 de 19 de diciembre de 2013-, determina que el servicio de defensa estatal está exento de proporcionar fotocopias de los actuados procesales para la notificación de las demás partes procesales; y, b) En el plazo establecido por el art. 239 “párrafo tercero” del CPP, se emita el respectivo Auto Interlocutorio.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual de 19 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 15 a 16; presente la parte accionante, y ausente la autoridad accionada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, ratificó in extenso los argumentos contenidos en su demanda tutelar, y ampliándolos, en audiencia indicó que: 1) Se adjuntó como prueba documental una fotografía del libro diario obtenida el 12 de abril de 2022; así como, copia simple “…del memorial de otro proceso penal señalando que en el 12 de abril mi persona se hizo presente en dicho juzgado para tener algún conocimiento, lo cual no cursa registrado en el libro diario ni fuimos notificados, esos son los elementos que se han adjuntado en esta acción…” (sic); y, 2) La SCP 0643/2012 de 23 de julio, establece que las solicitudes y trámites del privado de libertad deben ser atendidas con la mayor celeridad por encontrarse de por medio la libertad de las personas; por lo que, al no haber sido notificado con la respuesta a su solicitud de cesación de la detención preventiva, se vulneraron sus derechos invocados en este mecanismo de defensa protegidos por los arts. 22 y 115.II de la CPE, concordante con los arts. 7.III y 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-; por lo que, activa la presente acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, a fin de que el Juez accionado emita respuesta al memorial de 14 de marzo de 2022, mediante decreto judicial, y de oficio realice las diligencias correspondientes tanto al Ministerio Público como a la parte civil de la causa penal de referencia, debiendo tener en cuenta que, de acuerdo al art. 108 del CPP, concordante con el art. 12.IV de la Ley 463, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) es una entidad pública que otorga servicios de defensa técnica a las personas de escasos recursos; por lo cual, se encuentra exento de cualquier recaudo económico para las diligencias pertinentes a las partes procesales, debiendo la autoridad accionada, dentro Del plazo de cuarenta y ocho horas de realizadas las notificaciones, emitir la correspondiente resolución, sea aceptando o rechazando su solicitud de cesación de la detención preventiva.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, por informe escrito cursante de fs. 13 a 14, señaló que: i) Mediante memorial de 14 de marzo de 2022, el accionante pidió la cesación de la medida extrema, el cual mereció decreto de 15 de igual mes y año “…tal como se evidencia a fs. 73” (sic); ii) Con referencia a que se incumplió los plazos procesales establecidos por el art. 239 del CPP, si bien dicho artículo en su párrafo tercero estipula que dentro de las veinticuatro horas se deberá correr traslado a las partes procesales para que respondan en el término de cuarenta y ocho horas, y luego con contestación o sin ella se debe dictar la resolución correspondiente; no es menos cierto que, la notificación a los sujetos procesales con el traslado decretado está condicionado al cumplimiento del art. 112 del adjetivo penal, el cual es atribuible a la parte que solicita la cesación de la detención preventiva; es decir, a la provisión de las copias suficientes para cumplir con dicha diligencia; puesto que, el Juzgado de origen es mixto, y no cuenta con los recursos o medios suficientes para generar las fotocopias respectivas y proceder a la notificación pertinente; y, iii) Ni el accionante o algún otro interesado se apersonaron al despacho judicial a su cargo con el fin de proveer las fotocopias necesarias; por lo que, no puede atribuirse esa negligencia a su autoridad o a algún funcionario de apoyo judicial; en consecuencia, habiendo actuado conforme a procedimiento, solicita se deniegue la tutela impetrada, al no evidenciarse vulneración a ningún derecho o garantía constitucional que esté directamente vinculada con el derecho a la libertad del accionante.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 4 de 19 de abril de 2022, cursante de fs. 16 a 17 vta., concedió la tutela solicitada, sin costas, disponiendo que la autoridad accionada cumpla con el procedimiento dispuesto por la norma procesal penal y precautele los principios de celeridad y gratuidad, debiendo acatar los plazos procesales y proceder con la notificación de oficio con lo resuelto al memorial de solicitud de cesación de la detención preventiva efectuada por el impetrante de tutela; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) La acción de libertad esta instituida como mecanismo de defensa de naturaleza tutelar y sumarísima, que tiene la finalidad de brindar protección inmediata y efectiva a los derechos fundamentales como la vida y la libertad; los cuales, están consagrados por la Norma Fundamental y los instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad, cuando los mismos sean ilegal o indebidamente restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión por actos u omisiones ilegales; asimismo, respecto a la garantía del debido proceso, cuando exista vinculación directa con el derecho a la libertad en absoluto estado de indefensión, y a la libertad de locomoción en relación con la física o personal, con el derecho a la vida o a la salud (SCP 0031/2012 de 16 de marzo); b) En el presente caso, conforme a los datos del proceso, el accionante alega que se encuentra indebidamente procesado, debido a una dilación indebida generada por el Juez accionado, pues no resolvió la solicitud de cesación de la detención preventiva que realizó a través del memorial de 14 de marzo de 2022, lesionando con ello su derecho al debido proceso en su vertiente de celeridad; y, c) La autoridad accionada no indica que hubiera resuelto dicha petición ni que se haya efectuado la notificación correspondiente; por lo que, considerando que todas las personas que se encuentran privadas de libertad tienen derecho a que las diferentes diligencias sean promovidas de manera gratuita, se tiene que el Juez accionado, al haber expresado que no se realizaron las diligencias por ausencia de fotocopias y apersonamiento -al Juzgado- de los interesados, en efecto se transgredió el debido proceso en su elemento de celeridad, incumpliendo dicha autoridad con lo dispuesto por el art. 115.II de la CPE, el cual establece que: “’El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, trasparente y sin dilaciones’” (sic); consecuentemente, se evidencia la existencia de una dilación provocada por el Juez accionado al no haber promovido de oficio la notificación establecida en la norma; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Marco Antonio Paco Umaña -hoy accionante-, por la presunta comisión del delito de robo agravado, por memorial presentado el 14 de marzo de 2022, el prenombrado solicitó ante Rodrigo Aldo Vedia Umaña, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz -hoy accionado-, la cesación de su detención preventiva, invocando la causal prevista en el art. 239.3 del CPP (fs. 2 a 3 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, alega la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso -invocado también como garantía- en su vertiente de celeridad procesal; toda vez que, habiendo pedido la cesación de la medida extrema a través de memorial de 14 de marzo de 2022, amparado en la causal prevista en el art. 239.3 del CPP, hasta la interposición de la presente acción tutelar -18 de abril del indicado año- el Juez accionado no respondió a lo impetrado, cuando correspondía a dicha autoridad emitir decreto corriendo en traslado a las partes procesales dicha solicitud, para luego del vencimiento del plazo de contestación pronunciar una resolución resolviendo su situación jurídica conforme prevé la norma procesal penal, debiendo procederse de oficio con las diligencias correspondientes, pues de acuerdo al art. 108 del CPP, concordante con el art. 12.IV de la Ley 463, el SEPDEP se encuentra exento de cualquier recaudo económico para diligenciar notificaciones a las partes procesales. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho: alcance del debido proceso y la celeridad en el marco de la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha

Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-

Sobre esta tipología de la acción de libertad, que involucra la celeridad como elemento del debido proceso vinculado a la libertad, y la normativa procesal penal establecida al respecto, la SCP 0547/2020-S3 de 15 de septiembre, sostuvo que: «La Norma Suprema ha instituido al debido proceso en su triple dimensión, como derecho, garantía y principio, a partir de lo cual los jueces y tribunales tienen la obligación de proteger oportuna y efectivamente a toda persona en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos y la de garantizar las partes procesales el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones (art. 115 de la CPE); a cuyo efecto, la propia Norma Fundamental, reconoce que la potestad de impartir justicia y el cimiento de la jurisdicción ordinaria, se basa, entre otros, en los principios procesales de celeridad, eficiencia, eficacia, como componentes esenciales a su vez del debido proceso, (art. 178.I y 180.I de la CPE). Es en ese sentido, que la jurisprudencia constitucional ha ido construyendo una sólida jurisprudencia en cuanto a la celeridad dentro de los procesos judiciales, que conlleva el cumplimiento de los plazos procesales cuando estos estén fijados por la norma, y en su defecto de no existir los mismos, el cumplimiento de actuaciones procesales en el plazo razonable y más breve posible, máxime si se trata del ámbito penal y de por medio se encuentran solicitudes vinculadas a la libertad del procesado. En ese marco constitucional y de garantías procesales, se tiene la acción de libertad en su dimensión de pronto despacho, misma que fue precisada por la SCP 0127/2018-S1 de 16 de abril, que efectuando una sistematización de la jurisprudencia y denotando la connotación de la celeridad como valor y principio inherente al debido proceso como base de la potestad de impartir justicia, señaló: “La SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, estableció que: ‘…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. Del mismo modo, el referido fallo constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado en su Fundamento Jurídico III.4, determinó que: ‘Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. Entonces, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, esto precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos, así lo entendió el extinto Tribunal Constitucional y el actual Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese entendido, la SCP 0766/2014 de 21 de abril, citando a la SCP 0011/2014 de 3 de enero, hizo énfasis en que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’”. Es a partir de esta sólida línea jurisprudencial que propende al cumplimiento del principio de celeridad en la tramitación de toda solicitud de cesación de la detención preventiva y con la finalidad de la resolución pronta y oportuna de los conflictos penales, que el legislador implementó procedimientos para agilizar y dinamizar la tramitación de las causas penales, a efecto de descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia para garantizar una justicia pronta, oportuna, en el marco de los principios consolidados en la Constitución Política del Estado; en ese sentido se promulgó la Ley 1173 -Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, de 3 de mayo de 2019-, que introduce modificaciones al Código de Procedimiento Penal, concretamente al art. 239 de la citada norma referido al plazo que se tiene para resolver la cesación de la detención preventiva, cuando señala: “(CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio;

5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria y crímenes de guerra. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código”» (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, alega que habiendo solicitado la cesación de su detención preventiva por memorial de 14 de marzo de 2022, invocando la causal prevista en el art. 239.3 del CPP, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar -18 de abril de igual año- el Juez accionado no respondió a lo impetrado, cuando correspondía a dicha autoridad emitir decreto corriendo en traslado a las partes procesales aquella petición para que luego del vencimiento del plazo de contestación, pronuncie una resolución resolviendo su situación jurídica, conforme prevé la norma procesal penal, debiendo proceder de oficio con las diligencias correspondientes, pues de acuerdo al art. 108 del CPP, concordante con el art. 12.IV de la Ley 463, el SEPDEP se encuentra exento de cualquier recaudo económico para diligenciar notificaciones a las partes procesales. Descrito el objeto procesal que motiva la interposición de esta acción de defensa, en el marco argumentativo de la reclamación formulada por el impetrante de tutela, se tiene que la problemática central radica en la dilación en la que presuntamente incurrió el Juez accionado, al omitir resolver su solicitud de cesación de la detención preventiva; lo que, conlleva a la omisión de aplicación de los plazos dispuestos por el art. 239 del CPP, y la consecuente prolongación de definición de su situación jurídica que incide en la restricción de su derecho a la libertad. Al respecto, la autoridad accionada, dentro del informe presentado en este mecanismo de defensa, alega que la solicitud de cesación de la medida extrema realizada por el ahora accionante el 14 de marzo de 2022, mereció el decreto de 15 de igual mes y año “…tal como se evidencia a fs. 73” (sic); sin embargo, sostiene que si bien el art. 239 del CPP, en su “párrafo tercero” dispone que dentro de las veinticuatro horas se deberá correr traslado a las partes procesales para que respondan en el término de cuarenta y ocho horas, y vencido ese plazo con contestación o sin ella, se debe dictar la resolución correspondiente; empero, la señalada autoridad indica que la notificación a los sujetos procesales con el traslado decretado está condicionada al cumplimiento del art. 112 del adjetivo penal, en cuanto a la provisión de las copias suficientes para cumplir con dichas diligencias; toda vez que, al tratarse de un Juzgado mixto, no cuenta con los recursos para generar las fotocopias respectivas y proceder a la notificación pertinente; por lo que, al no proveerse las fotocopias necesarias, no podría atribuirse esa negligencia a su autoridad o a algún funcionario de apoyo judicial. En ese marco, e ingresando al análisis de la problemática constitucional planteada, se tiene que invocada por el accionante la causal prevista en el art. 239.3 del CPP, para sustentar su solicitud de modificación de su detención preventiva, correspondía al Juez accionado, aplicar el procedimiento establecido en el señalado art. 239 de dicho Código -modificado por el art. 11 de la Ley 1173-, el cual dispone que: “En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos”. En ese entendido, la observancia a ese procedimiento cobra relevancia a efectos del cumplimiento de los plazos previstos por la normativa penal en procura de imprimir celeridad y evitar la retardación de justicia en la jurisdicción ordinaria penal cuando se trata de solicitudes vinculadas a la libertad de los procesados; por consiguiente, subsumiendo la actuación del mencionado Juez en las disposiciones que regulan el referido procedimiento de cesación a la detención preventiva, cuando se invoca las causales contempladas en los numerales 3 y 4 del art. 239 del CPP, se advierte que evidentemente inobservó el mismo; toda vez que, dicha autoridad pretende justificar su falta de pronunciamiento y resolución de la situación jurídica del peticionante de tutela, alegando que mediante providencia de 15 de marzo de 2022, determinó correr en traslado la solicitud de cesación de la medida extrema en el plazo de veinticuatro horas; empero, aquella petición no fue dada a conocer a las partes procesales, atribuyendo esa negligencia a la parte peticionante de tutela por no haber proporcionado las fotocopias necesarias para cumplir con las diligencias correspondientes a los demás sujetos procesales. Argumento que, de ninguna manera resulta válido para justificar su accionar; puesto que, no se puede condicionar la revisión de la situación jurídica del privado de libertad a la provisión de las fotocopias para las notificaciones con los actuados procesales; pues más allá que dicho aspecto, correspondía -en su caso-, ser verificado a tiempo de la recepción del memorial de tal solicitud; puesto que, impele a las autoridades judiciales, a fin de garantizar la respuesta y tramitación a los planteamientos referidos al régimen de medidas cautelares personales con la celeridad debida, tomar las previsiones y acciones para que la otorgación de fotocopias no sea una condicionante para cumplir con la atención y resolución de las peticiones vinculadas a la situación jurídica de los procesados dentro de los plazos procesales debido a que está de por medio el derecho fundamental a la libertad, pudiendo inclusive de manera excepcional ante la ausencia de dicha provisión, o los recaudos necesarios u otras circunstancias que de alguna manera puedan afectar esa tramitación, valerse de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) y ordenar la notificación con los actuados pertinentes mediante algún medio digital idóneo, salvando la dificultad material o impedimento objetivo sobreviniente por alguna causal ajena al Órgano Judicial, máxime considerando el principio de gratuidad que rige en la administración de justicia establecido en la Norma Suprema a través de su art. 180.I; no pudiendo soslayarse además que, conforme fue aducido por el representante sin mandato del accionante, en su condición de abogado del SEPDEP, de acuerdo a la Ley 463, dicha institución descentralizada que se encuentra bajo tuición del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, está encargada del régimen de defensa penal pública gratuita de los denunciados, imputados o procesados penalmente, en los casos en los que precisamente éstas personas no cuentan con los recursos económicos necesarios.

En ese contexto, la normativa citada y las circunstancias fácticas referidas precedentemente, no fueron consideradas por la autoridad accionada; por el contrario, conforme los argumentos esgrimidos en su propio informe, se evidencia una actuación pasiva y negligente, además del desconocimiento e incumplimiento de la norma adjetiva penal que resulta clara y precisa al establecer los plazos procesales para resolver las solicitudes de cesación de la medida extrema de los detenidos preventivos; lo que, finalmente desembocó en la irresolución de la solicitud efectuada por el impetrante de tutela y la consecuente dilación en la definición de su situación jurídica; razones por las cuales, resultan aplicables los intelectos del Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, referidos a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que en lo relevante señala que: “…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. En ese orden, es evidente la actuación omisiva y dilatoria de la autoridad accionada, quien lejos de prever alguna medida, medio o herramienta tecnológica u otra decisión fáctico-procesal para vencer la situación que impedía continuar con la tramitación inherente a la solicitud de la cesación de detención preventiva del accionante, se limitó a señalar que no contaba con las fotocopias necesarias para la notificación a las partes procesales con tal petición, transcurriendo más de un mes -desde la indicada solicitud- en esa incertidumbre y presunta espera de provisión de recaudos, sin resolver la cesación impetrada; incumpliendo con esa actitud pasiva las disposiciones normativas del art. 239 del CPP, e inobservando los principios de celeridad, idoneidad, eficacia y eficiencia que le son inherentes como administrador de justicia; lo que, derivó en la lesión del derecho al debido proceso en su elemento de celeridad, vinculado con la libertad del accionante; consecuentemente, corresponde conceder la tutela pretendida, aclarándose que la misma no implica un criterio de fondo, sino que únicamente se concede en procura de acelerar el trámite judicial ante la dilación indebida emergente de la falta de diligenciamiento oportuno del Juez accionado, quien omitió resolver la situación jurídica del peticionante de tutela, incurriendo en una demora sin justificativo válido, siendo que dicha autoridad judicial debía dar continuidad al trámite pertinente; y en función a ello, emitir la resolución que corresponda resolviendo la situación jurídica del accionante, en función a la solicitud de 14 de marzo de 2022, y en aplicación del trámite y plazos establecidos en la norma procesal penal -concretamente el procedimiento establecido en el art. 239 del CPP-, pero de ninguna forma dejar al prenombrado en incertidumbre sobre su situación jurídica vinculada a su libertad; razones que -se reitera-, impelen a conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, aunque en parte con distintos argumentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 4 de 19 de abril de 2022, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en este fallo constitucional, disponiendo que el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, de forma inmediata tramite y resuelva conforme corresponda en derecho, la solicitud de cesación de la detención preventiva presentada por el accionante el 14 de marzo de 2022, aplicando los plazos establecidos en la norma procesal penal -concretamente el procedimiento establecido en el art. 239 del Código de Procedimiento Penal-; siempre y cuando, ello no hubiese ya ocurrido o se hubiese modificado la situación jurídica del impetrante de tutela. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0667_2023-S3.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6088e764cf4b3bb8789e4d9d0578e4ddaa89ebb18d97fc7bd1736ad399dfadd2

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