Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 27 de abril de 2026
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 26/2023 de 3 de mayo, cursante de fs. 21 a 24, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1° Conceder la tutela impetrada en relación a la Jueza demandada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo que esta autoridad, de forma inmediata, haga cumplir la efectivización del Mandamiento de libertad ordenado, siempre y cuando no se hubiera ya realizado tal actuación a la fecha; y, 2° Exhortar a Fabiola Roxana Martínez Torrez, Oficial de Diligencias del Juzgado de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Huanuni del Departamento de Oruro, que, en lo sucesivo, aplique la máxima celeridad en el trámite y diligenciamiento de las órdenes judiciales a favor de los privados de libertad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0665/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 55420-2023-111-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 26/2023 de 3 de mayo, cursante de fs. 21 a 24, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Cristhian Jhoset Ayllon Revollo contra Aida Claudia Chávez Vargas, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Huanuni del Departamento de Oruro.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y a la seguridad jurídica; toda vez que, dentro del proceso penal que se sustancia en su contra por la presunta comisión de los delitos de robo agravado y lesiones, la autoridad judicial demandada mantiene su detención preventiva desde el 13 de abril de 2023 en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, a pesar de que la víctima solicitó extinción de la acción penal por reparación del daño, resuelta mediante Auto Definitivo de 2 de mayo de igual año y que las partes renunciaron al término de apelación, quedando la resolución ejecutoriada; es así que, la autoridad omitió la emisión inmediata del mandamiento de libertad; esta dilación indebida, motiva la interposición de la presente acción tutelar, ya que el impetrante de tutela permanece privado de su libertad de forma injustificada al momento de activar la acción tutelar. Aida Claudia Chávez Vargas, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Huanuni del departamento de Oruro, mediante informe escrito presentado el 3 de mayo de 2023, cursante a fs. 17 y vta., señaló que, el mandamiento de libertad se emitió de forma inmediata tras el Auto Definitivo, la demora en la ejecución material fue responsabilidad del personal de apoyo, cuyas diligencias y tarjetas de salida constan en copias obtenidas vía WhatsApp; y, en el informe de Secretaría, subrayó que, al haberse ejecutado ya la libertad, no subsiste vulneración alguna, por lo que solicitó que se deniegue la tutela. La Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 26/2023 de 3 de mayo, cursante de fs. 21 a 24, concedió la tutela solicitada, argumentando que, existió irregularidad en la ejecución del mandamiento, el cual solo presentaba el sello del Juzgado de Sentencia que omitía la hora de ejecución; asimismo, constató que pese a haber sido presentado ante el Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro de Oruro el 3 de mayo a horas 17:00, dicho mandamiento no fue ejecutado, vulnerando así los derechos del peticionante de tutela. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 008/2026 de 11 de marzo, en el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal estableció el uso obligatorio del Formato Corto de Resolución de Sentencias Constitucionales, aprobado en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, para todas las causas comprendidas en el referido Plan.
La jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que:
[…] toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a la Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud. En ese orden, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus -ahora acción de libertad- haciendo referencia al hábeas corpus restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad, instructivo cuando se trata del derecho a la vida, y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son añadidas).
De los antecedentes del presente fallo constitucional, se corrobora que la Jueza demandada libró el Mandamiento de libertad de 2 de mayo de 2023 a favor del impetrante de tutela, de acuerdo con el Auto Definitivo por el que dispuso la extinción de la acción penal por reparación del daño; el cual, registra sello de recepción de 2 de mayo de 2023 sin consignación de hora por el Juzgado de Ejecución Penal del mismo Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, recibido el 3 del mismo mes y año por el Centro Penitenciario San Pedro del mismo departamento a horas 17:00 (fs. 11).
Además, consta informe presentado por Flora Sandra Loroma Rojas, Secretaria del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Huanuni del citado departamento, quien señaló que dicho Mandamiento de libertad fue librado a las 16:27 del 2 de mayo de 2023 y puesto a disposición de la Oficial de Diligencias para que sea entregado en la ciudad de Oruro en el referido recinto penitenciario (fs. 15). Pese a que esta funcionaria inició dicho traslado a las 16:36 de ese mismo día, su arribo al mencionado recinto se produjo después de las 18:00, lo que impidió la recepción del documento por cierre de ventanilla administrativa; en consecuencia, la orden judicial, según lo informado por Fabiola Roxana Martinez Torrez, Oficial de Diligencias del juzgado referido, fue formalmente recepcionada en el recinto penitenciario recién el 3 de mayo de 2023 a horas 08:39 (fs. 12). Conforme se ha explicado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene la modalidad de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, como garantía idónea para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando se incurre en una demora indebida e injustificada, ocasionando retardación en la definición de la situación jurídica del impetrante de tutela, con la consecuente vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso, al no respetarse ni justificar los plazos establecidos por el Código de Procedimiento Penal (CPP).
Como se establece, el 2 de mayo de 2023 a horas 09:00, la autoridad judicial demandada, mediante Auto Definitivo 151/2023, resolvió la solicitud de extinción de la acción penal por reparación del daño, resolución que aceptó la petición de la víctima y ordenó la emisión del Mandamiento de libertad para el mismo día en favor del accionante; no obstante, se observan las siguientes irregularidades: a) Mediante informe de 3 de mayo de 2023, la Secretaria del precitado juzgado señaló que se libró el Mandamiento de libertad el 2 de mayo a horas 16:27, entregándolo en la misma fecha a la Oficial de Diligencias; y, b) Por su parte, la misma manifestó haber recibido el documento en dicha fecha, pero argumentó que por factores de distancia geográfica impidieron su ingreso al Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, concretando la notificación recién el 3 de mayo a horas 08:39; sin embargo, se corrobora que dicho Mandamiento de libertad cuenta con dos sellos de recepción, uno del Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del citado departamento, de 2 de mayo de 2023 sin consignación de hora, y el otro del mencionado recinto penitenciario, de 3 de mayo a horas 17:00.
En ese contexto, se advierte que la autoridad demandada, en su condición de directora del proceso, no se cercioró que el personal de su juzgado cumpliera a cabalidad con las funciones e instrucciones asignadas; al contrario, omitió negligentemente la supervisión de sus propias órdenes; pues, si bien el referido mandamiento fue ordenado el 2 de mayo de 2023, al concluir la audiencia de extinción de la acción penal, este se extendió al personal de apoyo jurisdiccional casi al finalizar la tarde; asimismo, se evidencia contradicciones en el informe de la Oficial de Diligencias, mismo que fue desvirtuado por el sello del señalado recinto penitenciario, que registra el ingreso a horas 17:00 del 3 de mayo de 2023 y no a las 08:39 como informó; a esto se suma que, según la notificación para la audiencia de la presente acción tutelar, el accionante fue notificado en el recinto penitenciario ese día a horas 11:38 (fs. 10), verificándose que incluso durante el desarrollo de dicho acto, continuaba detenido.
Ante tales irregularidades, resulta evidente la falta de control por parte de la Jueza demandada, quien pretende eximirse de responsabilidad bajo el único argumento de haber extendido el mandamiento, cuando este no fue debidamente ejecutado, por cuanto no basta confirmar y argumentar que ya lo extendió; sino, su deber le exige vigilar que la orden se materialice de forma efectiva y oportuna; por lo tanto, se vulneró la seguridad jurídica porque el aparato judicial actuó de forma negligente, desorganizado y sin fiscalización interna, lo que provocó como efecto directo la vulneración del derecho a la libertad, al mantener a una persona detenida sin causa legal justificada debido a la burocracia y negligencia del propio juzgado.
En este contexto, corresponde la aplicación de acción de libertad traslativa y de pronto despacho, que abre su ámbito de protección cuando existen dilaciones indebidas en la tramitación de órdenes que afectan la libertad, con la finalidad de restituir la celeridad del procedimiento, garantizando que el proceso se desarrolle sin dilación y la celeridad correspondiente; motivo por el cual, en el presente caso, al haberse evidenciado una dilación indebida corresponde conceder la tutela impetrada.
Finalmente, se identificó que la Oficial de Diligencias, personal de apoyo de dicho juzgado, informó que recibió el Mandamiento de libertad el mismo día, 2 de mayo de 2023, y que habría arribado al recinto penitenciario después de las 18:00, por lo que no pudo presentarlo; cuando en realidad, la diligencia de presentación la realizó recién al día siguiente a horas 17:00; en consecuencia, en virtud de la primacía del derecho a la libertad, dicha funcionaria tenía la obligación de dar cumplimiento al mandamiento el mismo 2 de mayo de 2023; de ahí, se advierte una dilación injustificada atribuible también al personal de apoyo y una falta de constancia que respalde su informe; no obstante, al haberse interpuesto la acción tutelar únicamente contra la autoridad judicial y no contra la Oficial de Diligencias, esto impide conceder la tutela contra la misma, evitando así colocarla en un estado de indefensión. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 26/2023 de 3 de mayo, cursante de fs. 21 a 24, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1° Conceder la tutela impetrada en relación a la Jueza demandada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo que esta autoridad, de forma inmediata, haga cumplir la efectivización del Mandamiento de libertad ordenado, siempre y cuando no se hubiera ya realizado tal actuación a la fecha; y, 2° Exhortar a Fabiola Roxana Martínez Torrez, Oficial de Diligencias del Juzgado de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Huanuni del Departamento de Oruro, que, en lo sucesivo, aplique la máxima celeridad en el trámite y diligenciamiento de las órdenes judiciales a favor de los privados de libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0665_2026-S3.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): b1fcdaec9eb408bb976f3e9d4cf3c31ec3a59e2a2a22826f192b4ebf62b5981d
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