Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 20 de junio de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante formula acción de libertad en su modalidad pronto despacho, refiriendo que existe lesión de sus derechos a la libertad y a una justicia pronta y oportuna; toda vez que: i) Los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia ahora demandados dentro la detención preventiva con fines de extradición a solicitud de la Embajada de la República del Perú no respondieron al memorial presentado el 10 de enero de 2022, por el que solicita la ejecución diferida por haber sido beneficiado con libertad condicional dentro otro proceso penal por la comisión del delito de robo agravado, el cual de manera previa debe culminar; máxime si el plazo de sesenta días de cumplimiento de la medida extrema ordenado por el Auto Supremo 181/2019 se cumplió superabundantemente y existe riesgo para su salud por el COVID-19 en caso que se proceda su extradición; y, ii) El Ministro de Relaciones Exteriores y el Director Departamental de la INTERPOL de Santa Cruz -ahora demandados- no realizaron los trámites necesarios para que su persona sea “excarcelada” o se le conceda una ejecución diferida, y tampoco hicieron seguimiento al trámite de extradición solicitado por la Embajada de la República del Perú. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: a) La acción de libertad traslativa o pronto despacho; b) Sobre la dilación en solicitudes que involucran el derecho a la libertad. Jurisprudencia reiterada; y, c) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 20/22 de 8 de febrero de 2022, cursante de fs. 201 vta. a 205 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal y Sustancias Controladas, Liquidador Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, sin disponer la libertad del impetrante de tutela, ordenando que el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena resuelva la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada y sea en el término de cuarenta y ocho horas de notificado el presente fallo constitucional, salvo que la extradición del prenombrado ya hubiese sido efectivizada; y, 2° DENEGAR en relación al Ministro de Relaciones exteriores y Director
Departamental de la INTERPOL de Santa Cruz bajo los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0664/2023-S1 Sucre, 20 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 46175-2022-93-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 20/22 de 8 de febrero de 2022, cursante de fs. 201 vta. a 205 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Roberto Rolando Salinas Chumacero contra Ricardo Torres Echalar, María Cristina Díaz Sosa, Esteban Miranda Terán, José Antonio Revilla Martínez, Marco Ernesto Jaimes Molina, Juan Carlos Berrios Albizú y Carlos Alberto Egüez Áñez, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia; Rogelio Mayta Mayta, Ministro de Relaciones Exteriores; y, Víctor Eduardo Tineo Zeballos, Director Departamental de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).
Por memoriales presentados el 17, 25 de enero y 1 de febrero de 2022, cursantes de fs. 8 a 9 vta., 19 y vta. y 104 y vta., el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Mediante Auto Supremo 181/2019 de 27 de noviembre, dentro del proceso penal por la supuesta comisión del delito de robo agravado y tenencia ilegal de armas, se ordenó su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por el lapso de sesenta días, ello con fines de extradición solicitada por la Embajada de la República del Perú. Así su ejecución fue encomendada a la Jueza de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz quien emitió el respectivo mandamiento de detención preventiva con fines de extradición, el cual se le notificó el 18 de agosto de 2020 en el citado Centro Penitenciario. Agrega que en la actualidad se encuentra recluido por la comisión del delito de robo agravado donde se le sancionó con una pena de cuatro años de reclusión dentro del cual fue beneficiado con libertad condicional; motivo por el cual, el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz libró el respectivo mandamiento de libertad, sin embargo este no pudo ser ejecutado por el director del Penal al existir en los registros, otro mandamiento de detención preventiva con fines de extradición, no pudiéndose concretar su libertad. En razón a que el plazo para su detención preventiva establecido en el Auto Supremo 181/2019, ya había sobrepasado los sesenta días ahí dispuestos, mediante su abogado se pidió a los Magistrados demandados, se le conceda una ejecución diferida “hasta que el proceso que se me sigue en Bolivia en el cual fui beneficiado con Libertad Condicional concluya” (sic), empero, dicho memorial no fue respondido lesionándose sus derechos y garantías constitucionales. También señala que el Director Departamental de la INTERPOL de Santa Cruz no realiza los trámites necesarios para que su persona sea “excarcelada” o se le conceda una ejecución diferida, y tampoco hace nada al respecto el actual Ministro de Relaciones Exteriores, consecuentemente, formula acción de libertad de pronto despacho.
El accionante alega la lesión de sus derechos a la libertad y a una justicia pronta y oportuna; citando al efecto, los arts. 23.1 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH); y, el 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la acción de libertad de pronto despacho; y en consecuencia, se ordene a las autoridades demandadas “…gestionar de inmediato su ejecución diferida solicitada a los Magistrados demandados o en su caso su excarcelación a la República del Perú…” (sic).
La audiencia virtual de consideración de la presente acción de defensa, se realizó el 8 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 200 a 201 vta., produciéndose los siguientes actuados:
El impetrante de tutela mediante su abogado en audiencia se ratificó en los términos del memorial de acción de libertad presentado y ampliando señaló: a) El Director Departamental de la INTERPOL de Santa Cruz, tiene la obligación de realizar el seguimiento de todo el proceso de extradición, pero en su caso existe un abandono del proceso iniciado en su contra debido a que la detención preventiva debió tener una duración de sesenta días sin que el Estado requirente haya formalizado la extradición habiendo transcurrido un año y seis meses de sufrir la privación de libertad; b) Por escrito de 10 de enero de 2022 presentado ante los miembros de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia solicito la ejecución diferida prevista en el art. “53” del Código de Procedimiento Penal (CPP) -Ley 1970 de 25 de marzo de 1999- informando que se le otorgó la libertad condicional donde se le impuso como medida cautelar la presentación a firmar un libro de asistencia entre otras medidas a cumplir, disposición judicial que impediría su extradición por el momento; y, c) Al verificarse una detención preventiva indebida conforme lo establecen los arts. 3, 115.II y 125 de la CPE; 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo); y, 8.4 del Tratado de Extradición suscrito entre Perú y Bolivia de 27 de agosto del 2003 “…se ordene la ejecución la presente orden de extradición del señor Roberto Rolando Salinas ordenando a los magistrado de Tribunal Supremo de Justicia la Libertad al señor Roberto Rolando Salinas su merced tal como lo establece el artículo 8 numeral 4 del tratado de extradición de Bolivia, Es así también se le ordene al señor Ministro de relaciones exteriores el que está encargada de supervisar y de velar los casos de extradición puedan ser resueltos en el plazo establecido…” (sic); asimismo, al Director Departamental de la INTERPOL de Santa Cruz a fin que cumpla con su obligación de hacer el seguimiento correspondiente y establezcan si aún sigue siendo de interés o no la extradición de su persona.
Ricardo Torres Echalar, María Cristina Díaz Sosa, Esteban Miranda Terán, José Antonio Revilla Martínez, Marco Ernesto Jaimes Molina, Juan Carlos Berrios Albizú y Carlos Alberto Egüez Áñez, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia presentaron informe escrito de 8 de febrero de 2022, cursante de fs. 176 a 179, indicando lo siguiente: 1) Mediante Auto Supremo 181/2019, la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, dispuso la detención preventiva del ahora accionante con fines de extradición, cumpliéndose así con el art. VIII del "Tratado de Extradición entre la República de Bolivia y la República de Perú", suscrito el 27 de agosto de 2003, ratificado en Bolivia mediante Ley 2776 de 7 de julio de 2004 y en Perú mediante Decreto Supremo 005-2007-RE de 18 de enero de 2007, así también se consideró los arts. 149 al 159 del Código de Procedimiento Penal (CPP); 2) La Embajada de la República de Perú y la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, por Notas 5-7-M/144 de 21 de abril de 2021 y GM-DGAJ-UAJI-Cs 812/2021 de 26 de abril, presentaron ante el Tribunal Supremo de Justicia el cuaderno de extradición, así como también la Resolución Suprema 023- 2021-JUS de 10 de febrero de 2021, que resuelve acceder a la extradición; por lo que mediante providencia de 11 de mayo de 2021, se tiene por formalizada la solicitud de extradición; 3) Se debe considerar que el trámite de extradición, conlleva no solamente la detención del extraditurus, sino el requerimiento del Ministerio Público y la remisión de informes de los nueve Tribunales Departamentales de Justicia, para que pueda adquirirse conocimiento de la existencia o no, de procesos penales vigentes o con sentencia condenatoria ejecutoriada contra éste; 4) En razón de los trámites necesarios para dar curso a la extradición, no es posible fijar un plazo máximo de detención preventiva para el sujeto extraditable, situación que se encuentra considerada en el "Tratado de Extradición entre la República de Bolivia y la República de Perú", puesto que su artículo VIII únicamente abre la posibilidad de liberar al sujeto extraditable ante la ausencia de formalización de la solicitud de extradición, sin determinar un plazo máximo de detención en el Estado Parte requerido, es así que el plazo previsto en la referida norma está destinada a regular una actuación del Estado requirente y no así a delimitar el tiempo máximo que puede encontrarse detenido el sujeto extraditable; y, 5) Las diligencias necesarias para la tramitación de la solicitud de extradición de Roberto Rolando Salinas Chumacero se han efectuado debidamente, encontrándose a la fecha el expediente en proceso de firmas de la resolución que resuelve la solicitud de extradición presentada por la Embajada de la República de Perú, lo que acredita que la situación jurídica del sujeto extraditable se encuentra pronta a resolverse. Juan Felipe Pinilla Tellería en representación legal de Rogelio Mayta Mayta, Ministro de Relaciones Exteriores, en audiencia de consideración de la presente acción tutelar, puntualizó lo siguiente: i) La solicitud de extradición ya fue formalizada por la Embajada de la República del Perú mediante nota 5-7-M/144 de 21 de abril del 2021; ii) El art. 8.4 de la Ley 2776, no establece un plazo máximo de sesenta días como pretende hacer ver el accionante; y, iii) El impetrante de tutela se encuentra bajo control jurisdiccional por la supuesta comisión de robo agravado y también se encuentra perseguido en la República de Perú por los delitos de robo agravado y portación de arma, aspectos que deben ser considerados a momento de interpretar la normativa aplicable. Víctor Eduardo Tineo Zeballos, Director Departamental de la INTERPOL de Santa Cruz, por informe presentado el 8 de febrero de 2022, cursante de fs. 174 a 175 vta., refirió lo siguiente; a) A esa fecha la INTERPOL se encontraba a la espera de la notificación formal con el mandamiento de excarcelación por parte de la autoridad que tiene el control jurisdiccional y de esta manera dar inicio a las coordinaciones con su similar de la República del Perú y así tener itinerario para la entrega y posterior traslado internacional del ahora accionante; b) Se desconoce formalmente si la situación jurídica del extraditable cambió como ser el diferimiento de su extradición u otra disposición legal; y, c) Debe denegarse la acción de libertad de pronto despacho con relación a su persona, puesto que no se encuentra en sus atribuciones resolver la situación jurídica de Roberto Rolando Salinas Chumacero.
El Tribunal de Sentencia Penal y Sustancias Controladas, Liquidador Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 20/22 de 8 de febrero de 2022, cursante de fs. 201 vta. a 205 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes argumentos: 1) El plazo de la detención preventiva que observa el accionante debe ser tomada en función al Tratado de Extradición suscrito entre la República de Bolivia y la República del Perú, suscrito el 27 de agosto de 2003; 2) El plazo de detención preventiva se convierte en indefinida a momento de la solicitud formal de extradición que en el caso de autos sucedió el 10 de febrero de 2021; 3) El art. 153 del CPP, invocado por el accionante no es aplicable al presente caso, puesto que de una revisión de los datos del proceso de extradición, se tiene que la República del Perú solicita la extradición del accionante por la supuesta comisión de delitos de robo agravado y tenencia ilegal de armas, lo que impediría la aplicación de la ejecución diferida solicitada; 4) La respuesta al merituado memorial observado por el accionante ha sido totalmente negativa por no ajustarse a lo previsto en el Tratado de Extradición, como tampoco darse los presupuestos del art.- 153 del CPP; también indican que no se demostró por el impetrante de tutela la existencia de una omisión formal a la consideración del memorial presentado, ya que no se adjuntó memorial alguno de reclamo, presumiéndose que sí existe pero que por la carga laboral aún no fue notificado; y, 5) Finalmente, en relación al Ministro de Relaciones Exteriores, el actual Director Departamental de INTERPOL de Santa Cruz y el ex - Director, este Tribunal considera que estos no tienen ninguna competencia en la dilucidación del trámite referido de extradición, siendo la única autoridad competente la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a los arts. 184 de la CPE y 38 inciso 2) del CPP.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Auto Supremo 181/2019 de 27 de noviembre, referido al proceso de detención preventiva con fines de extradición a solicitud de la Embajada de la República del Perú, respecto a Roberto Rolando Salinas Chumacero, disponiéndose la detención de dicho ciudadano por el plazo de sesenta días; asimismo, se ordenó la notificación al impetrante de tutela con dicho Auto Supremo para que asuma defensa y finalmente, que los nueve Tribunales Departamentales de Justicia remitan informe sobre procesos activos contra el mencionado ciudadano a fines del art. 440 del CPP (fs. 3 a 5). II.2. Cursa mandamiento de detención preventiva con fines de extradición librado contra Roberto Rolando Salinas Chumacero, mismo que fue notificado en dependencias del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz el 18 de agosto de 2020, firmando el ahora accionante en constancia (fs. 6 y vta.). II.3. Se adjuntó memorial presentado el 10 de enero de 2022, por Roberto Rolando Salinas Chumacero ante los Magistrados de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, por el que solicita ejecución diferida por tres razones, i) Aún existe un proceso penal que sigue el Estado Boliviano contra su persona el de manera previa a su extradición debe culminar; ii) Los sesenta días dispuesto por el Auto Supremo 181/2019, ya se cumplieron de manera súper abundante; y, iii) No puede proceder la extradición por cuestiones del COVID-19, existiendo por ende un riesgo para su salud (fs. 7 y vta.). II.4. Por Auto Interlocutorio 03/2022 de 7 de enero, el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, determina en virtud de la solicitud realizada por el ahora peticionante de tutela probada la demanda incidental de libertad condicional (fs. 188 a 190)
El accionante formula acción de libertad en su modalidad pronto despacho, refiriendo que existe lesión de sus derechos a la libertad y a una justicia pronta y oportuna; toda vez que: i) Los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia ahora demandados dentro la detención preventiva con fines de extradición a solicitud de la Embajada de la República del Perú no respondieron al memorial presentado el 10 de enero de 2022, por el que solicita la ejecución diferida por haber sido beneficiado con libertad condicional dentro otro proceso penal por la comisión del delito de robo agravado, el cual de manera previa debe culminar; máxime si el plazo de sesenta días de cumplimiento de la medida extrema ordenado por el Auto Supremo 181/2019 se cumplió superabundantemente y existe riesgo para su salud por el COVID-19 en caso que se proceda su extradición; y, ii) El Ministro de Relaciones Exteriores y el Director Departamental de la INTERPOL de Santa Cruz -ahora demandados- no realizaron los trámites necesarios para que su persona sea “excarcelada” o se le conceda una ejecución diferida, y tampoco hicieron seguimiento al trámite de extradición solicitado por la Embajada de la República del Perú. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: a) La acción de libertad traslativa o pronto despacho; b) Sobre la dilación en solicitudes que involucran el derecho a la libertad. Jurisprudencia reiterada; y, c) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0752/2018-S2 de 8 de noviembre, asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23; establece que, toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos;
1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.
El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.
El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´.Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2El FJ III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.
Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)
Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad. Sin embargo de lo mencionado, donde solo hace referencia a la libertad física, no se debe olvidar que el objeto de la acción de libertad, como finalidad última persigue concretizar el valor de libertad, entendido este no solo a la protección del derecho a la libertad personal; sino garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad de circulación o de locomoción, este último como condición indispensable para el libre desarrollo de la personas, de tal manera que toda solicitud que involucre dicho derecho debe ser atendida con prontitud y alejado de formalismos.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente razonamiento: En relación a la obligación que tienen los administradores de justicia, ante los pedidos en los que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, este Tribunal en su jurisprudencia estableció el deber que se tiene de tramitar dichas solicitudes en la brevedad posible o por lo menos dentro de los plazos establecidos en la legislación, así la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, establece que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud”.
Por otra parte bajo este mismo razonamiento, la SCP 0759/2012 de 13 de agosto, estableció que: “…tratándose de una solicitud en la que se halla involucrado el derecho a la libertad de una persona, la autoridad jurisdiccional en observancia de los valores y principios constitucionales contenidos en el art. 8.II de la CPE con relación al 180.I del mismo cuerpo legal y en aplicación del principio procesal de celeridad, cuando conozca una solicitud de un privado de libertad, se encuentra obligado a tramitar la misma dentro del menor tiempo posible (…) toda vez que actuar en contrario implicaría la afectación de los derechos y garantías del imputado” (las negrillas son añadidas).
El accionante alega la vulneración de sus derechos a la libertad y a una justicia pronta y oportuna; toda vez que: 1) Los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia ahora demandados dentro la detención preventiva con fines de extradición a solicitud de la Embajada de la República del Perú no respondieron al memorial presentado el 10 de enero de 2022, por el que solicita la ejecución diferida por haber sido beneficiado con libertad condicional dentro otro proceso penal por la comisión del delito de robo agravado, el cual de manera previa debe culminar; máxime si el plazo de sesenta días de cumplimiento de la medida extrema ordenado por el Auto Supremo 181/2019 se cumplió superabundantemente y existe riesgo para su salud por el COVID-19 en caso que se proceda su extradición; y, 2) El Ministro de Relaciones Exteriores y el Director Departamental de la INTERPOL de Santa Cruz -ahora demandados- no realizaron los trámites necesarios para que su persona sea “excarcelada” o se le conceda una ejecución diferida, y tampoco hicieron seguimiento al trámite de extradición solicitado por la Embajada de la República del Perú.
En ese marco, a partir del análisis de los diferentes argumentos expuestos sobre los actos desarrollados por ambas partes, se puede concluir que: i) Ante la solicitud realizada por el Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia en base a la nota remitida por la Embajada de la República del Perú, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia pronunció el Auto Supremo 181/2019, por el que dispone la detención preventiva por sesenta días de Roberto Rolando Salinas Chumacero, ello con fines de extradición (Conclusión II.1); ii) Posteriormente, el Juzgado Público de Instrucción en lo Penal Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, libró el 18 de marzo de 2020, mandamiento de detención preventiva en el marco de lo determinado por el Auto Supremo 181/2019, mismo que fue notificado al ahora impetrante de tutela en instalaciones del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz el 18 de agosto de 2020 (Conclusión II.2); iii) El 10 de enero de 2022, Roberto Rolando Salinas Chumacero, presentó ante el Pleno del Tribunal Supremo de Justicia, memorial pidiendo la ejecución diferida de la extradición solicitada por la República del Perú, así también observa que al haber transcurrido más de los sesenta días no corresponde seguir detenido tornándose su detención en indebida lesionando su derecho a la libertad de locomoción (Conclusión II.3); y, iv) Al haberse cumplido las 2/3 partes de la condena impuesta, Roberto Rolando Salinas Chumacero, formuló ante el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, demanda incidental de libertad condicional, misma que fue declarada como fundada (Conclusión II.4).
De lo expresado se puede establecer que el ahora accionante se encuentra cumpliendo detención preventiva con fines de extradición desde el 18 de agosto de 2020, ello en cumplimiento del Auto Supremo 181/2019, y que al haber sido beneficiado con libertad condicional dentro un otro proceso que se le siguió por los delitos de robo agravado, tenencia y porte o portación ilícita de armas y asociación delictuosa en nuestro país presentó ante el Pleno del Tribunal Supremo de Justicia la ejecución diferida de la solicitud de extradición expresando los antecedentes precedentemente señalados y que sobrepasó los sesenta días de cumplimiento de la detención preventiva ordenada por dicho Auto Supremo, memorial que no fue atendido hasta la fecha de interposición y celebración de la presente acción tutelar.
Bajo ese entendido, corresponde señalar previamente que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene la obligación de responder de forma célere o cuando menos dentro de un plazo razonable, esto en razón a no provocar una restricción indebida al derecho a la libertad precisándose que no siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud impetrada sino que su pronunciamiento dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso conforme se verifica del desarrollo del Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. Al respecto, conforme los antecedentes referidos si bien la petición de extradición se genera dentro de un trámite administrativo, y por ello sujeto a determinada normativa entre ellas las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y con carácter subsidiario a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal o en su caso por las reglas de reciprocidad acorde a lo establecido por el art. 149 del CPP; sin embargo, en el caso particular dicho procedimiento se halla íntimamente relacionado con la privación de libertad; puesto que, esta fue dispuesta por el plazo máximo de seis meses, a fin de que la Embajada de la República del Perú formalice su solicitud. Bajo ese entendido, al cuestionarse la permanencia de restricción a la libertad, corresponde enfocarnos en tal actuación.
Así en el caso de análisis existió una dilación injustificada en la respuesta a la solicitud presentada por el impetrante de tutela para resolver su situación jurídica como persona privada de libertad por disposición del Auto Supremo 181/2019; puesto que, los Magistrados ahora demandados conociendo los motivos que sustentan el pedido realizado por memorial de 10 de enero de 2022, entre los que se encuentra que el impetrante de tutela se encuentra beneficiado con una libertad condicional y que se observaba el plazo de su detención preventiva dispuesta al haber sobrepasado los sesenta días dispuestos correspondía que se resuelva de forma inmediata su petición, máxime si hasta la presentación de la demanda tutelar no se cumplió con dicha obligación. Circunstancia que se agrava cuando de los diferentes argumentos postulados en su informe escrito, los Magistrados demandados se limitaron a relatar cuestiones que gravitan en torno al Tratado de Extradición suscrito con la República del Perú señalando que a partir de la formalización de la solicitud de extradición por el país requirente, la detención preventiva se convierte en indefinida sin explicar ni fundamentar en qué normativa se sustenta dicha afirmación.
En ese contexto, como ya se indicó, de la lectura del memorial presentado el 10 de enero de 2022, se puede extraer que lo que se está pidiendo es el cese o suspensión de la detención preventiva dispuesta por esas autoridades, por cuanto dichas autoridades tenían la competencia para atender tal pedido, en ese sentido se razonó en la SCP 0407/2021-S4 de 17 de agosto -por mencionar alguna-, al señalar que: “…la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que fue la instancia que dispuso su detención preventiva con fines de extradición, y es a la que le corresponde determinar si corresponde o no su cesación…” (sic), por cuanto, efectivamente los Magistrados demandados contaban con la potestad para pronunciarse y resolver la situación jurídica del ahora accionante; y, al no haber justificado la falta de resolución de la cesación invocada en algún hecho, incurrieron en una dilación indebida que vulneró el principio de celeridad debiéndose otorgar la tutela por el análisis realizado. Así, se demuestra que con su silencio y la falta de diligencia para atender una solicitud realizada el 10 de enero de 2022 y que al 8 de febrero de ese mismo año, data en la que celebró la audiencia de la presente acción tutelar, aún no existía pronunciamiento, extremo que se sustenta en el informe presentado por dichas autoridades judiciales en la que se omite informar sobre la existencia o no de una respuesta o si la misma se encontraría posiblemente pendiente de notificación, existiendo evidentemente una lesión a los derechos invocados.
Finalmente, respecto a los codemandados Rogelio Mayta Mayta, Ministro de Relaciones Exteriores y Víctor Eduardo Tineo Zeballos, Director Departamental de la INTERPOL de Santa Cruz, en sentido, del presunto incumplimiento del seguimiento del trámite para la formalización del pedido de extradición, es preciso señalar por una parte que la privación de su libertad, surgió de un mandamiento de detención preventiva con fines de extradición, emitido por autoridad competente y por otro, conforme se tiene del tratado de extradición, mismo que fue ratificado por nuestro Estado a través de la Ley 2776 en cuyo ARTÍCULO VIII numeral 1, refiere que: “En casos de urgencia, el Estado requirente podrá solicitar la detención preventiva de la persona reclamada en tanto se presente la solicitud de extradición. La solicitud de detención preventiva deberá tramitarse por conducto diplomático, o directamente entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y culto de la República de Bolivia y el Ministerio de Justicia del Perú”. Asimismo, en el numeral 4 establece que: “La persona detenida preventivamente, podrá ser puesta en libertad si la autoridad competente del estado requerido, vencido el plazo de sesenta días a partir de la fecha de la detención preventiva de acuerdo a este Tratado, no hubiera recibido la solicitud de extradición y los documentos justificativos previsto en el Artículo VI” (negrillas propias); en tal sentido, se comprende que el responsable principal de formalizar y continuar con el trámite de extradición -dentro el marco de cooperación internacional entre Bolivia y la República del Perú- es el Estado requirente; caso contrario existe la posibilidad de que el Estado requerido pueda disponer la cesación de la detención preventiva de una persona reclamada con fines de extradición al cumplimiento de la detención preventiva por sesenta días. En consecuencia, se puede establecer que las autoridades de la INTERPOL y del Ministerio de Relaciones Exteriores, carecen de facultad alguna para solicitar la materialización de la extradición solicitada; así como, jurisdiccionales para poder determinar su situación jurídica siendo otro el ámbito y naturaleza de sus funciones debiéndose denegar la tutela sobre estos funcionarios públicos. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 20/22 de 8 de febrero de 2022, cursante de fs. 201 vta. a 205 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal y Sustancias Controladas, Liquidador Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, sin disponer la libertad del impetrante de tutela, ordenando que el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena resuelva la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada y sea en el término de cuarenta y ocho horas de notificado el presente fallo constitucional, salvo que la extradición del prenombrado ya hubiese sido efectivizada; y, 2° DENEGAR en relación al Ministro de Relaciones exteriores y Director
Departamental de la INTERPOL de Santa Cruz bajo los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
3 Art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, comentado en el documento de las Naciones Unidas. (1999). Comité de Derechos Humanos. Comentario general núm. 27, libertad de circulación, CCPR/C/21/Rev.1/Add.9. Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1400.pdf
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0664_2023-S1.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): ca64930f57e975ea5ee904dd0376415bd791bb12240982e8146ae36f29f7bc83
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