Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 13 de junio de 2025
Concede la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física, de locomoción y al debido proceso; puesto que, el Juez ahora accionado, hasta la interposición de esta acción de defensa de 28 de diciembre de 2022, no fijó día y hora de audiencia para considerar la cesación de las medidas cautelares que le fueron impuestas; no obstante que se emitió en su favor Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento OAMC 10/2022 de 12 de enero, que fue confirmado por la Fiscal Departamental mediante Resolución FDLP/ARVM/S- 498/2022 de 15 de junio, que dispuso entre otros aspectos, la conclusión del proceso y la cesación de las medidas cautelares. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para fijar fecha y hora de audiencia de consideración de medidas cautelares; y, b) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 319/2022 de 29 de diciembre, cursante de fs. 25 a 26 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0661/2025-S1 Sucre, 13 de junio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 52838-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 319/2022 de 29 de diciembre, cursante de fs. 25 a 26 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Harold Humer Choqueticlla Vásquez en representación sin mandato de Dardo Ángel Gómez Lattus contra William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz.
El accionante a través de su representante sin mandato, mediante memorial presentado el 28 de diciembre de 2022, cursante de fs. 4 a 6, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al estado y conducta antieconómica previstos y sancionados por los arts. 221 y 224 del Código Penal (CP), signado con el Código Único de Denuncia (CUD) 201102012000812; en el que se dispuso su detención domiciliaria y arraigo. Una vez culminada la etapa de investigación se emitió en su favor el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento OAMC 10/2022 de 12 de enero, el cual fue confirmado por la Fiscal Departamental mediante Resolución FDLP/ARVM/S- 498/2022 de 15 de junio; en consecuencia, se dispuso la conclusión del proceso, la cesación de las medidas cautelares impuesta y la cancelación de antecedentes policiales con relación a dicho proceso penal.
El art. 324 del Código de Procedimiento Penal (CPC), establece que ante la ratificación de un sobreseimiento se debe disponer de manera inmediata la cesación de todas las medidas cautelares impuestas; sin embargo, hasta la fecha -se entiende de interposición de esta acción de defensa-; a pesar de que solicitó la cesación de la medida cautelar no obtuvo una respuesta favorable, ya que el Juez ahora accionado se encuentra de turno por vacación judicial; vulnerándose de esa manera su derecho a la libertad física y de locomoción.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física, de locomoción y al debido proceso -tal como indicó en audiencia de consideración de esta acción de libertad-; sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene al Juez hoy accionado que resuelva su situación jurídica en el plazo de veinticuatro horas, debiendo entregarles los oficios correspondientes; así como, que se levanten las medidas cautelares dispuestas.
Celebrada la audiencia virtual el 29 de diciembre de 2022, cursante de fs. 21 a 22, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) El día de ayer -se entiende 28 de diciembre de 2022-, se apersonó ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, donde le informaron que al no ser el Juzgado titular, es posible que no se dé curso a lo pedido; y, b) El Juez ahora accionado debió responder a lo solicitado, al ser su obligación por encontrarse de turno -por vacación judicial-; en ese sentido, ante la resistencia de otorgar una respuesta y dar curso al mismo, se le vulneró su derecho a la libertad física y de locomoción; ya que, se encontraba con detención domiciliaria y arraigo.
William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe de 29 de diciembre de 2022, cursante de fs. 8 a 9, manifestó que: 1) El 21 de igual mes y año, la Oficina Gestora de Procesos de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, remitió al mencionado Juzgado un memorial de solicitud de levantamiento de medidas cautelares conforme al Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento OAMC 10/2022, que fue ratificado mediante Resolución FDLP/ARVM/S- 498/2022; 2) No se evidenció solicitud de señalamiento de audiencia, tal como lo estableció la SCP 0094/2021-S3 de 26 de abril; no obstante, a lo mencionado de antecedentes cursa memorial de 11 de noviembre de 2022, presentado por el accionante quien solicitó cesación de todas las medidas cautelares, mereciendo el decreto de 12 de igual mes y año, que dispuso que los obrados pasen a despacho; sin embargo, no se pudo advertir si el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; emitió la correspondiente “resolución”, omisión que no es atribuible a su autoridad; 3) El Juzgado que se encuentra a su cargo estaba de turno por -vacación- de fin de año, y conforme a la Circular “19/2022” los Juzgados que gozaban de vacación tenían hasta el 5 de diciembre de 2022, para la remisión de los antecedentes referentes a los procesos penales con imputados que cuenten con detención domiciliaria, detención preventiva y declarados rebeldes ante los Juzgados de turno; sin embargo, el 15 de igual mes y año, la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del citado departamento remitió los antecedentes correspondientes del accionante; 4) El 21 de ese mes y año, el nombrado mediante memorial reiteró la solicitud de levantamiento de medidas cautelares, mereciendo el decreto de 22 del indicado mes y año, por el que se dispuso que se notifique a la indicada Secretaria a efectos de que informe respecto al memorial de 11 de noviembre de ese año; en cuanto a la “resolución” que no cursaba en obrados; asimismo, se solicitó que la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del citado departamento informe sobre dicha situación, quien indicó que al momento de la remisión del mencionado proceso no cursaba la resolución extrañada, y que de acuerdo a la consulta a su similar Cuarta, se le indicó que el Juez en suplencia legal de ese Juzgado “Dr. Román” no le hubiese entregado la misma para que así pudiese arrimarla al cuaderno de control jurisdiccional; y, 5) Si bien el accionante solicita el levantamiento de todas las medidas cautelares que le fueron impuestas; no obstante, no se puede ignorar la referida resolución; ya que, se crearía susceptibilidad en las partes procesales; puesto que, su autoridad no puede emitir una resolución cuando se encuentra pendiente la resolución que tenía que ser pronunciada por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; por lo tanto, pidió que la tutela solicitada sea denegada y sea con costas en su favor.
El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 319/2022 de 29 de diciembre, cursante de fs. 25 a 26 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Juez ahora accionado resuelva la solicitud -del accionante-conforme a la normativa penal y sea de manera inmediata; todo ello bajo los siguientes fundamentos: i) En el presente caso se interpuso acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la cual tiene por finalidad acelerar los trámites judiciales y administrativos frente a dilaciones indebidas cuando se encuentren personas privadas de libertad para resolver su situación jurídica; es decir, está vinculada al principio de celeridad; ii) En lo sustancial el accionante reclamó que habiéndose emitido la Resolución de Sobreseimiento en su favor, que fue confirmada por la Fiscal Departamental que dispuso la cesación de las medidas cautelares que le fueron aplicadas, su solicitud de levantamiento de medidas cautelares, no fue atendida por el Juez hoy accionado que se encontraba en turno por vacación judicial; en ese sentido, se evidenció que en cuanto al decreto de 12 de noviembre de 2022, no refiere de manera expresa que se emitirá resolución, si no únicamente ordena que los antecedentes sean pasados a despacho, lo cual pudo ser para cualquier revisión o pronunciamiento; iii) No se desconoció lo establecido por la SCP 0094/2021-S3 con relación a la consideración de modificación de medidas cautelares, las cuales deben ser resueltas en audiencia; empero, esa subsidiariedad no puede ser aplicada al presente caso; ya que, se encuentra directamente relacionada al derecho a la libertad del accionante, es más, el nombrado reiteró su solicitud de levantamiento de medidas cautelares; no obstante, el Juez hoy accionado se pronunció ordenando una notificación para que se presente un informe, cuando conforme al art. 128.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), se determina la prohibición de emitir decretos relacionados a solicitudes de informes de los actuados que cursan en el cuaderno de control jurisdiccional; asimismo, el citado Juez cuenta con control jurisdiccional y no puede esperar a que la resolución extrañada esté aparejada, debe otorgar una respuesta pronta y oportuna a las partes procesales, tomando en cuenta que la Circular “19/2022-SP-TDJLP” dispuso que se debió garantizar la continuidad del servicio judicial en todas las materias, a efectos de garantizar al público litigante una tutela efectiva de sus derechos y garantías constitucionales, motivo por el que se constituyeron los Juzgados y Tribunales de turno; y, iv) En el presente caso el accionante cuenta con la segunda medida cautelar más gravosa como es la detención domiciliaria; ya que, tiende a restringir el derecho a la libertad que tiene todo ciudadano; así como, el derecho a la locomoción; por lo tanto, el accionante cuenta con resolución de sobreseimiento ratificada y no se le otorgó una respuesta pronta y oportuna a su pretensión, lo que hace viable esta acción de libertad.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Resolución FDLP/ARVM/S- 498/2022 de 15 de junio, emitida por la Fiscal Departamental de La Paz en suplencia legal, ratificó el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento OAMC 10/2022 de 12 de enero, emitido en favor de Dardo Ángel Gómez Lattus -ahora accionante-, disponiendo la conclusión del proceso y la cesación de las medidas cautelares que se le hubiesen impuesto; además, de la cancelación de antecedentes policiales con relación al proceso penal iniciado contra el nombrado por la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al estado y conducta antieconómica (fs. 12 a 15 vta.).
II.2. Mediante memorial presentado el 11 de noviembre de 2022, ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, el accionante solicitó la cesación de las medidas cautelares impuestas; así como, el levantamiento de todo antecedente policial a consecuencia del proceso penal iniciado contra su persona, debiendo por Secretaría extenderse los respectivos oficios para la Dirección General de Migración (DIGEMIG) del Estado Plurinacional de Bolivia, con la finalidad de que se levante el arraigo para la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) con el fin de que se levanten los correspondientes registros (fs. 10 vta. a 11); mereciendo en respuesta el decreto de 12 de igual mes y año, por el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del indicado departamento, en suplencia legal, ordenó que se pasaran obrados a despacho (fs. 11 vta.). II.3. A través de memorial presentado el 21 de diciembre de 2022, ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, el accionante reiteró la solicitud del levantamiento de medidas cautelares y que se dispongan los oficios correspondientes a la DIGEMIG y a la FELCC (fs. 17 y vta.); mereciendo en respuesta el decreto de 22 de igual mes y año, por el que William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez del citado Juzgado -hoy accionado- dispuso la notificación de la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del referido departamento, a efecto de que informe sobre el decreto de 12 de noviembre de ese año; asimismo, que la Secretaria del despacho que se encuentra a su cargo informe con relación a la remisión del proceso penal correspondiente al accionante (fs. 18).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física, de locomoción y al debido proceso; puesto que, el Juez ahora accionado, hasta la interposición de esta acción de defensa de 28 de diciembre de 2022, no fijó día y hora de audiencia para considerar la cesación de las medidas cautelares que le fueron impuestas; no obstante que se emitió en su favor Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento OAMC 10/2022 de 12 de enero, que fue confirmado por la Fiscal Departamental mediante Resolución FDLP/ARVM/S- 498/2022 de 15 de junio, que dispuso entre otros aspectos, la conclusión del proceso y la cesación de las medidas cautelares. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para fijar fecha y hora de audiencia de consideración de medidas cautelares; y, b) Análisis del caso concreto.
La SCP 0269/2018-S2 de 25 de junio, estableció que: “El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-‘…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’.
A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R; la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último ‘…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’.
Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir, que determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia.
A través de la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, razonó a partir del principio ético-moral ama quilla -no seas flojo-, vinculándolo con el de celeridad procesal, estableciendo que las autoridades judiciales, en virtud a dichos principios, tienen el deber procesal de dirigir y resolver, sin dilaciones indebidas, las solicitudes de cesación de la detención preventiva.
La SCP 0112/2012 de 27 de abril recogió los supuestos de dilaciones injustificadas en el tratamiento de solicitudes vinculadas con la libertad; resaltando el respeto al principio de celeridad, su carácteres normativo y vinculante; y, su aplicación necesaria en supuestos en los que la situación jurídica de las personas deba ser definida” (las negrillas son nuestras).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física y de locomoción y al debido proceso, puesto que el Juez ahora accionado, hasta la interposición de esta acción de defensa de 28 de diciembre de 2022, no fijó día y hora de audiencia para considerar la cesación de las medidas cautelares que le fueron impuestas; no obstante, que se emitió a su favor Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento OAMC 10/2022 de 12 de enero, que fue confirmado por la Fiscal Departamental mediante Resolución FDLP/ARVM/S- 498/2022 de 15 de junio, que dispuso entre otros aspectos, la conclusión del proceso y la cesación de las medidas cautelares. Establecido el problema jurídico a resolver, de antecedentes se tiene que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al estado y conducta antieconómica, se emitió la Resolución FDLP/ARVM/S-498/2022 de 15 de junio, por la que se ratificó el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento OAMC 10/2022 de 12 de enero, en favor del nombrado, disponiendo la conclusión del proceso y la cesación de las medidas cautelares que se le hubiesen impuesto, además de la cancelación de antecedentes policiales con relación al proceso penal de referencia (Conclusión II.1.). Posteriormente, mediante memorial presentado el 11 de noviembre de 2022, ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, el accionante solicitó la cesación de las medidas cautelares impuestas así como el levantamiento de todo antecedente policial a consecuencia del proceso penal iniciado contra su persona, debiendo por Secretaría extenderse los respectivos oficios para la DIGEMIG del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de que se levante el arraigo y para la FELCC con la finalidad de que se levanten los correspondientes registros; mereciendo en consecuencia el decreto de 12 de igual mes y año, por el que el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del indicado departamento, en suplencia legal, ordenó que se pasaran obrados a despacho (Conclusión II.2.). De la misma manera, mediante memorial presentado el 21 de diciembre de 2022, ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, el accionante reiteró la solicitud de levantamiento de medidas cautelares y que se dispongan los oficios correspondientes a la DIGEMIG y a la FELCC (fs. 17 y vta.); mereciendo en respuesta el decreto de 22 de igual mes y año, por el que el Juez hoy accionado dispuso la notificación de la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del referido departamento, a efectos de que informe sobre el decreto de 12 de noviembre de ese año; asimismo, que la Secretaria de su despacho informe con relación a la remisión del proceso penal correspondiente al accionante (Conclusión II.3.). Ahora bien, de conformidad con la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho es el mecanismo ideal de defensa ante dilaciones indebidas que evitan que la situación jurídica del accionante sea resuelta; por lo que, en respeto del principio de celeridad se establecieron subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, siendo uno de ellos, cuando en lugar de fijar directamente fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; entendimiento que es completamente aplicable al presente caso, tomando en cuenta que la detención domiciliaria es una medida cautelar de carácter personal que restringe el derecho a la libertad. Por consiguiente, en ese marco de antecedentes y entendimiento jurisprudencial mencionados precedentemente, se tiene que el Juez hoy accionado ante la presentación del memorial de 21 de diciembre de 2022, por el que, el accionante solicitó el levantamiento de las medidas cautelares impuestas; debido a que, fue emitido en su favor la Resolución FDLP/ARVM/S- 498/2022 que ratificó el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento OAMC 10/2022, que dispuso, entre otras, la conclusión del proceso penal y la cesación de las medidas cautelares impuestas, emitió el decreto de 22 de igual mes de 2022, ordenando la notificación de la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, a efectos de que informe sobre el decreto de 12 de noviembre de ese año; asimismo, que la Secretaria del despacho que se encuentra a su cargo informe con relación a la remisión del proceso penal correspondiente al accionante; actuación que es contraria al principio de celeridad con el que debe ser tratada toda solicitud que tenga involucrado el derecho a la libertad; en consecuencia, el Juez ahora accionado en vez de emitir un decreto y solicitar informes, debió señalar día y hora de audiencia de cesación de las medidas cautelares impuestas al accionante, en procura de resolver su situación jurídica, considerando que el nombrado tenía en su favor una resolución de sobreseimiento; razón por la cual, corresponde conceder la tutela solicitada, en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, con la aclaración que no se dispone la libertad del accionante; ya que, eso dependerá de la autoridad judicial competente. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 319/2022 de 29 de diciembre, cursante de fs. 25 a 26 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0661_2025-S1.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6264cce20e238d7567c6d35f81017f170898374c79981f32aef7610e5d7f096c
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