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SCP 0660/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 27 de abril de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
27 de abril de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
54800-2023-110-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2023 de 24 de febrero, cursante de fs. 23 a 25 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Exhortar a Humberto Quispe Poma, abogado de la parte accionante, conforme a lo analizado en el Fundamento Jurídico III. 2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; bajo apercibimiento que, en caso de volver a incurrir en negligencia profesional respecto a sus defendidos o mala fe ante la administración de justicia, se remitirán antecedentes a las instancias disciplinarias pertinentes.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares
  2. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0660/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 54800-2023-110-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 03/2023 de 24 de febrero, cursante de fs. 23 a 25 vta. pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Humberto Quispe Poma en representación sin mandato de Ismael Bernardo Maita Fernández y Wilson Flores Loayza contra María Angélica Sánchez Rojas y Charlin Tapia Franco, Juezas del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. OBJETO PROCESAL

Los accionantes, a través de su representante, denuncian la lesión de sus derechos a la libertad, a una justicia pronta y oportuna; y, el principio de celeridad como elemento del debido proceso; toda vez que, que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación sexual, ante la solicitud de cesación de su detención preventiva, las autoridades demandadas en audiencia de consideración de medidas cautelares, mediante Auto Interlocutorio de 9 de febrero de 2023 rechazaron su pretensión; en consecuencia, interpusieron recurso de apelación incidental en la misma audiencia; sin embargo, desde esa fecha hasta la presentación de esta acción de libertad transcurrieron quince días sin que las autoridades demandadas remitan el legajo procesal al Tribunal de alzada; por lo que, consideran que están siendo sometidos a una dilación arbitraria en inobservancia del art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); razón por la cual, solicitan la concesión de la tutela y se disponga la remisión inmediata de los antecedentes ante el superior en grado. María Angélica Sánchez Rojas, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito cursante a fs. 21 y vta., señaló que: a) La Jueza Charlin Tapia Franco, se encuentra gozando de vacación; b) Una vez interpuesto el recurso de apelación incidental, se dispuso que el abogado de los accionantes, se apersone a estrados judiciales para que saquen las copias pertinentes a efectos de formar el legajo procesal y poder remitirlo al Tribunal de alzada; sin que hasta la fecha, hubiese observado lo dispuesto; por lo que, la dilación cuestionada es por negligencia de la parte accionante, causando su propia indefensión; y, c) A pesar de la actitud omisiva de los solicitantes de tutela y de no contar con fotocopiadora, su despacho judicial tuvo que conseguir las copias correspondientes para la remisión de su causa al Tribunal de apelación; siendo que, en primera instancia fue sortea a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que la devolvió por encontrarse en vacación judicial, teniendo que volver a ser sorteada a la Sala Penal Primera del Tribunal antes mencionado, la que recibió el legajo de impugnación. Yoselín Aracely Ayca Villca, Auxiliar del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Informe de 24 de febrero de 2023, dirigido a la autoridad judicial del referido Tribunal, cursante a fs. 20, manifestó que: 1) Celebrada la audiencia de consideración de la cesación de la detención preventiva de los accionantes, la Secretaria le ordenó obtener las respectivas copias, empero no pudo hacerlo debido a que la fotocopiadora se encontraba sin tóner, motivo por el cual, esperaron que se apersone el abogado de los accionantes; siendo que el 17 de igual mes y año, le solicitaron a la hermana de uno de los acusados proveer los recaudos correspondientes, pero alegó no contar con los recursos económicos necesarios para ello; es así que, el 22 del referido mes y año, intentó contactar al abogado en dos ocasiones mediante llamadas telefónicas, pero este no respondió; razón por la cual, no pudo enviar de forma física la apelación a la Sala Penal Tercera del mismo Tribunal; y, 2) El 24 de febrero de 2023, recién arreglaron la fotocopiadora, por lo que, procedieron a sacar las copias pertinentes; sin embargo, al momento de remitir el legajo correspondiente, la Sala Penal Tercera, no pudo recepcionar debido a que se encontraba de vacaciones; motivo por el cual, se tuvo que proceder a un nuevo sorteo de la causa por el Sistema Informático, recayendo en la Sala Penal Primera, que actualmente se encuentra conociendo el recurso de apelación. La Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 03/2023 de 24 de febrero, cursante de fs. 23 a 25 vta., denegó la tutela solicitada, sobre la base de los siguientes argumentos: i) Conforme lo dispuesto por el art. 143 del CPP en concordancia con la “Circular 62/2005”, la parte recurrente debe proporcionar las copias pertinentes para conformar el legajo procesal de apelación; lo que no fue observado por la parte accionante, a pesar que las autoridades demandadas le comunicaron oportunamente a su abogado, sobre su obligación de proveerlas; y, ii) Conforme al libro de envío de actuados procesales y al Oficio de remisión del recurso de apelación 71/2023 de 22 de febrero, este fue sorteado a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, cuyo legajo procesal se encuentra actualmente en dicha instancia de apelación; habiendo las autoridades demandadas cumplido con tal remisión. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre (fs. 31 a 33), se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistraturas, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Finalmente, mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 008/2026 de 11 de marzo, en el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, ha Establecido el uso obligatorio del Formato Corto de Resolución de Sentencias, aprobado en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, para todas las causas comprendidas en el referido Plan Piloto.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares

La jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, confirmada de manera uniforme por este Tribunal Constitucional Plurinacional, ha establecido que:

[…] toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud. En dicho orden, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, precisó que con la acción de libertad traslativa o de pronto despacho “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son añadidas).

Ahora bien, respecto al plazo que tienen las autoridades para remitir el recurso de apelación incidental de medidas cautelares al Tribunal de alzada, la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, en su Fundamento Jurídico III.3, sistematizó las siguientes subreglas:

«i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.

iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte» (las negrillas son agregadas).

III.3. Análisis del caso concreto

Los accionantes denuncian que existió una dilación indebida en la remisión de los antecedentes del recurso de apelación de medida cautelar que plantearon dentro del proceso penal seguido en su contra por el delito de violación sexual; por lo que, se ingresará a conocer el fondo a efectos de determinar, la responsabilidad o no, de quienes supuestamente omitieron la remisión oportuna del recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada.

Sobre el particular, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, las autoridades judiciales, deben remitir el recurso de apelación incidental de medidas cautelares ante el Tribunal de alzada, en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; y de forma excepcional, es posible su flexibilización, siempre y cuando exista una justificación razonable y fundada. En el presente caso, se advierte que: a) Las autoridades demandadas, una vez interpuesto el recurso de apelación incidental, dispusieron que, el abogado de los accionantes, se apersone a estrados judiciales para sacar las copias pertinentes, a efectos de formar el legajo procesal y poder remitirlo al Tribunal de alzada; empero, hasta la fecha de presentación de esta acción de libertad, no observó tal determinación; b) De acuerdo a los informes de las autoridades demandadas y del personal subalterno, el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, no contaba con fotocopiadora, no obstante, por disposición de la Secretaria, se ordenó sacar las copias en otra máquina, empero tampoco se pudo, por falta de tóner; razón por la cual, esperaron que el abogado de los solicitantes de tutela, se apersone ante el Tribunal, en cumplimiento de la orden de las autoridades judiciales, para proveer las copias de rigor; c) El 17 de febrero de 2023, le solicitaron a la hermana de uno de los acusados, proveer las copias, pero contar los recursos económicos suficientes, comprometiéndose informar al abogado; es así que, el 22 de igual mes y año, llamaron en dos oportunidades al abogado, pero este no contestó; d) El 24 de febrero de 2023, como consecuencia que recién arreglaron la fotocopiadora, sacaron las copias pertinentes para remitir el legajo procesal al Tribunal de alzada; y, e) Como consecuencia de estos antecedentes, se realizó un nuevo sorteo, recayendo el conocimiento del recurso de apelación incidental en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz desde el 24 de febrero de 2023. De lo expuesto, se tiene que la dilación en la remisión de los actuados procesales ante el Tribunal de alzada se encuentra justificada; toda vez que, las autoridades demandadas y su personal subalterno asumieron las medidas necesarias para la obtención de las fotocopias requeridas; empero, al no contar el despacho judicial con una máquina fotocopiadora propia y al no tener tóner la fotocopiadora de uso común del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, la remisión oportuna de los antecedentes ante el Tribunal de alzada se vio impedida por circunstancias ajenas a su voluntad; en consecuencia, no se advierte desidia o falta de diligencia en su actuación, para asumir responsabilidad en la dilación cuestionada. Todo lo contrario, las autoridades demandadas y su personal subalterno, ante la imposibilidad material de no poder sacar las copias para la remisión del legajo procesal, ordenaron y comunicaron al abogado de los accionantes en varias oportunidades, para que coadyuve con proveer los recaudos de ley necesarios para hacer efectivo este actuado procesal -lo cual no fue desvirtuado por el abogado de los accionantes en audiencia tutelar- sin que, hasta la fecha de interposición de esta acción de libertad, se haya apersonado al despacho judicial o contestado las llamadas telefónicas o el mensaje de la propia hermana de uno de los accionantes. Por lo señalado, se advierte que el abogado de los accionantes hizo caso omiso al llamamiento de las autoridades judiciales, generando una dilación atribuible a su propia conducta; es decir, a su negligencia en su actividad procesal, dentro de su labor de asumir defensa a favor de los impetrantes de tutela; incurriendo en desidia, inercia o desinterés en la obligación de proveer las copias ante las llamamiento judicial y justificación válida por parte de las autoridades demandadas; en todo caso, se espera de quien apela, sobre todo, de la defensa técnica, diligencia en su propia causa, es decir, la labor de gestionar con celeridad y buena fe, toda tramitación que favorezca a su defendido y coadyuve con el impulso procesal y el cumplimiento de los plazos procesales; sin embargo, el abogado de los impetrantes de tutela dejó transcurrir el plazo pretendiendo que la justicia constitucional sancione a las autoridades demandadas como las responsables de su propia inacción frente a la necesidad de asumir defensa a favor de los accionantes; pues, no se apersonó a estrados judiciales para coadyuvar con las copias del legajo procesal, a pesar del llamamiento judicial; empero, interpuso una acción de libertad en lugar de proveer oportunamente las copias que únicamente favorecen a sus defendidos. Además, se debe tomar en cuenta que efectivamente el principio de gratuidad de la justicia, debe ser observado por el Estado; lo que no implica que los servidores judiciales tengan la obligación de soportar con esa carga, afectando su economía; en todo caso, quien es responsable de proveer las copias necesarias para la confección del legajo procesal, es quien tiene el interés legítimo para que su causa sea resuelta en alzada, más, cuando se encuentra privado de libertad; y no así, el servidor público, quien no tiene la obligación de cargar con los costos de las copias para la materialización de la tramitación del recurso de apelación del legítimo interesado, cuando los recursos destinados para lograr que la justicia sea gratuita resulta insuficiente. En consecuencia, el presente caso no se subsume a lo dispuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; en sentido que, no corresponde conceder la tutela impetrada, porque la dilación en la remisión de actuados procesales ante el Tribunal de alzada; no fue a causa de la negligencia de las autoridades judiciales -tal cual, se analizó precedentemente-; pues no se advirtió la dejadez negligencia en el tratamiento de una solicitud vinculada con la libertad; por el contrario, la dilación fue como consecuencia de la desidia del abogado de los accionantes, situación por la cual corresponde la denegatoria de la tutela impetrada. Cabe aclarar que, si bien la jurisprudencia establece que no corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada, al cumplimiento de la provisión de recaudos; y menos que, se cumpla el plazo establecido en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorgue dichos recaudos; empero, no implica que el legítimo interesado en que se resuelva su recurso de apelación incidental, no provea las copias necesarias para la materialización de los plazos procesales; siendo que, la jurisprudencia constitucional, claramente prohíbe que, tanto las autoridades judiciales como el personal subalterno, deben recibir dinero en efectivo para realizar las copias pertinentes, lo que no significa, que se prohíba que las partes procesales interesadas pueda proveer las copias en sí, es decir, en su propia causa, para la remisión del recurso de apelación incidental. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2023 de 24 de febrero, cursante de fs. 23 a 25 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Exhortar a Humberto Quispe Poma, abogado de la parte accionante, conforme a lo analizado en el Fundamento Jurídico III. 2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; bajo apercibimiento que, en caso de volver a incurrir en negligencia profesional respecto a sus defendidos o mala fe ante la administración de justicia, se remitirán antecedentes a las instancias disciplinarias pertinentes. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0660_2026-S3.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7dd140622c4d3584308c9ebdba5e3c0d41701a000997d7be16232f4122cbd650

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