B.IA.LEGAL

SCP 0659/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 17 de julio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
17 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
47532-2022-96-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante mediante su representante denuncia la vulneración del principio de celeridad vinculado con su derecho a la libertad; alegando que, en etapa de ejecución de la Sentencia 50/2020 de 1 de diciembre, pronunciada en el proceso penal seguido en su contra por la comisión de los delitos de estafa y estelionato; encontrándose cumpliendo pena privativa de libertad y habiendo sobrepasado las dos quintas partes de su condena, planteó incidente de beneficio de redención de la pena; empero, al ser ineludible la presentación del certificado de permanencia y conducta respectivo ante la autoridad judicial; el 7 de abril de 2022, acudió ante el Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, requiriendo su extensión, pedido que reiteró el 21 de abril y 4 de mayo, ambos de 2022, sin obtener respuesta, provocándole una dilación injustificada y dilatoria, que impide pueda obtener su libertad por cuanto el acceso al beneficio precitado podría cambiar sustancialmente su condena y recobrar su libertad. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 28/2022 de 6 de mayo, cursante de fs. 19 a 20, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en el marco de lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

2° No disponer ninguna orden, emergente de la concesión de la tutela, constando ya la emisión del Certificado de Permanencia y Conducta 04376/2022 de 29 de mayo; y, la orden de su entrega al impetrante de tutela; no existiendo, por ende, disposición alguna que determinar.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad innovativa
  2. III.2. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho:
  3. III.3. Sobre el beneficio de la redención de penas y su vinculación con el derecho a la libertad
  4. III.4. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0659/2023-S2 Sucre, 17 de julio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 47532-2022-96-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 28/2022 de 6 de mayo, cursante de fs. 19 a 20, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gustavo Mario Laime Flores en representación sin mandato de César Justiniano Mercado Castro contra Franz Rodolfo Laura Berrios, Director Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz; y, David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 5 de mayo de 2022, cursante de fs. 5 a 7 vta., el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal instaurado en su contra, por los delitos de estafa y estelionato, que se encuentra en etapa de ejecución de la Sentencia 50/2020 de 1 de diciembre, se encuentra cumpliendo pena privativa de libertad, tiempo en el que se dedicó a “…trabajar de manera regular, demostrando siempre buena conducta dentro del Recinto Penitenciario de San Pedro” (sic). En ese orden, al haber cumplido más de las dos quintas partes de su condena, formuló incidente de beneficio de redención de la pena ante el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; empero, siendo uno de los requisitos regulados a ese fin, lo instituido en el art. 138 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), en sentido de no haber sido sancionado por faltas graves o muy graves en el último año dentro del señalado Penal, a cuyo efecto el documento idóneo y pertinente sería el certificado de permanencia y conducta correspondiente, requirió la extensión del mismo el 7 de abril de 2022, ante la Dirección del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz. Resalta que, pese a que su abogado de Defensa Pública realizó el seguimiento inherente a su solicitud, los funcionarios del Centro Penitenciario se limitarían a indicarle que no contarían con personal para la extensión de dichos certificados; por lo que, el 21 de abril y 4 de mayo, ambos de 2022, reiteró su pedido sin merecer consideración alguna, impidiendo con ello que pueda acceder al beneficio penitenciario de redención de la pena, al no poder exhibir ante el Juez precitado, la documental señalada, provocando con ello una dilación injustificada y dilatoria de su derecho a la libertad, tomando en cuenta que acceder al beneficio prenombrado podría cambiar sustancialmente su condena y recobrar su libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionado el principio de celeridad vinculado con su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, en virtud a la dilación injustificada de los demandados a objeto de emitir certificado de permanencia y conducta en su favor.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 6 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 17 a 18, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de sus abogados, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; destacando que, transcurrió más de un mes desde la solicitud que efectuó a objeto de la obtención del certificado de permanencia y conducta respectivo para adjuntar como requisito a objeto de obtener el beneficio de redención de la pena, no existiendo justificativo alguno para la dilación en la que incurrió la parte demandada, estableciendo la SCP 0061/2021-S2 de 20 de abril que dicho beneficio modifica sustancialmente el tiempo de condena, lo que, por ende, estaría vinculado con su derecho a la libertad, resultando viable la acción de libertad traslativa o de pronto despacho en su modalidad innovativa.

I.2.2. Informe de los demandados

David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, brindó informe en audiencia, mediante el que solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: a) En el Centro Penitenciario que preside, las Secciones de Kárdex y Archivo se encuentran a cargo de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario, no siendo el personal que trabaja en las secciones precitadas, funcionarios policiales, sino dependientes de la Dirección aludida. En ese sentido, se hallaría imposibilitado a exponer los motivos por los que se habría incurrido en la dilación en la extensión del certificado prenombrado; y, b) En la fecha en la que fue citado con la acción de libertad, efectuando una revisión del pedido del demandante de tutela, constató que el 29 de abril de 2022, ya fue emitido el Certificado denunciado de omitido; encontrándose “…para su recojo de la división de kárdex y archivo…” (sic). Franz Rodolfo Laura Berrios, Director Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, no compareció a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, tampoco presentó informe escrito alguno, pese a su legal citación cursante de fs. 11 a 12.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 28/2022 de 6 de mayo, cursante de fs. 19 a 20, denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: 1) Si bien la jurisprudencia constitucional establece que todo pedido en el que se encuentre involucrado el derecho a la libertad debe ser tramitado, diligenciado y ejecutado con la mayor celeridad posible; conforme a la documentación adjunta a la acción de defensa, se observa que el Certificado de Permanencia y Conducta requerido por el peticionante de tutela, fue elaborado con fecha de emisión de 29 de abril de 2022; y, 2) En el marco de lo expuesto en el punto anterior, la acción de libertad interpuesta no se ajustaría a los alcances previstos en el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. El 22 de noviembre de 2021, César Justiniano Mercado Castro -hoy accionante-, formuló ante el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, incidente de beneficio de redención de la pena dentro del proceso penal que le siguió el Ministerio Público por la comisión de los delitos de estafa y estelionato, en etapa de ejecución de la Sentencia 50/2020 de 1 de diciembre; invocando que fue condenado a cuatro años de privación de libertad, siendo la data de su detención el 11 de julio de 2019, estando por ende, a esa fecha, dos años, cuatro meses y once días con restricción de su libertad, cumpliendo las dos quintas partes de su condena (fs. 3 a 4). II.2. El 7 de abril de 2022, el impetrante de tutela impetró al Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, la extensión del certificado de permanencia y conducta. Pedido reiterado el 21 de ese mes y el 4 de mayo, ambos de igual año, constando estos con sello de recepción de la Dirección General de Régimen Penitenciario de la Dirección Departamental de La Paz del Ministerio de Gobierno (fs. 2 y vta.). II.3. Cursa Certificado de Permanencia y Conducta 04376/2022 de 29 de abril, suscrito por David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz; y, el Encargado de Archivo y Kardex a.i. de dicha Dirección; estableciendo la permanencia del impetrante de tutela en el Penal por dos años, nueve meses y dieciocho días (fs. 15 a 16). No consta sello de recepción o firma que demuestre la entrega del mismo al demandante de tutela. II.4. La presente acción de libertad fue interpuesta el 5 de mayo de 2022 (fs. 5 a 7 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante mediante su representante denuncia la vulneración del principio de celeridad vinculado con su derecho a la libertad; alegando que, en etapa de ejecución de la Sentencia 50/2020 de 1 de diciembre, pronunciada en el proceso penal seguido en su contra por la comisión de los delitos de estafa y estelionato; encontrándose cumpliendo pena privativa de libertad y habiendo sobrepasado las dos quintas partes de su condena, planteó incidente de beneficio de redención de la pena; empero, al ser ineludible la presentación del certificado de permanencia y conducta respectivo ante la autoridad judicial; el 7 de abril de 2022, acudió ante el Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, requiriendo su extensión, pedido que reiteró el 21 de abril y 4 de mayo, ambos de 2022, sin obtener respuesta, provocándole una dilación injustificada y dilatoria, que impide pueda obtener su libertad por cuanto el acceso al beneficio precitado podría cambiar sustancialmente su condena y recobrar su libertad. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La acción de libertad innovativa

En lo inherente a la acción de libertad innovativa y su ámbito de protección, la jurisdicción constitucional se ha pronunciado, entre otras, en la SCP 0448/2018-S2 de 27 de agosto, fallo constitucional que haciendo alusión a su vez, a la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, indicó en lo pertinente que: “…‘…entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias. (…) Sobre el razonamiento antecedido y haciendo referencia a la antes citada SCP 2491/2012, la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre refirió que: ‘Dicho entendimiento se justifica plenamente si se considera que la justicia constitucional tiene como una de sus funciones el precautelar el respeto y vigencia de los derechos y las garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado y en las diferentes normas en materia de derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad, y, por ende debe imprimir todos los mecanismos necesarios que permitan el ejercicio real y efectivo de los mismos. En ese contexto, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente el de reparar o disponer el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden constitucional y, por consiguiente, son susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, así, el acto lesivo haya desaparecido’. (…) De lo que se colige que el mecanismo idóneo para la reclamación de derechos fundamentales, aun cuando estos hayan cesado, es la acción de libertad innovativa, que tiene como propósito evitar lesiones sucesivas causadas por acciones u omisiones similares, ya sea de parte de agentes públicos como de personas particulares” (las negrillas y el subrayado son nuestros). De la jurisprudencia glosada precedentemente, se extrae que la acción de libertad innovativa, es el mecanismo idóneo para reparar la ilegalidad restrictiva del derecho a la libertad; no obstante, de haber cesado la misma, aquello con el fin de determinar la responsabilidad del caso.

III.2. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho:

Procede respecto a solicitudes vinculadas al derecho a la libertad y su relación con el principio de celeridad Dentro de la tipología de la acción de libertad, se identifica la traslativa o de pronto despacho, desarrollada por la jurisprudencia constitucional emitida por el antes denominado Tribunal Constitucional, como el medio procesal idóneo para las partes tendente a lograr la aceleración de los trámites judiciales o administrativos en caso de constatar la existencia de dilaciones indebidas en restricción del principio de celeridad y en consecuencia, del derecho a la libertad cuando se advierta retardación en la solución de la situación jurídica de la persona privada de este derecho; todo ello en consideración de la obligación que constriñe a las autoridades sean éstas judiciales o administrativas, de aplicar y concretizar los valores y principios constitucionales insertos en la Norma Suprema. En ese marco, la presente garantía constitucional, se viabiliza a fin de precautelar los derechos que tutela, para así evitar y reparar conductas que incurren en demora en desmedro de las personas cuya libertad está privada; las que a su vez, lesionan el principio de celeridad; cuestiones que deben ser consideradas por toda autoridad que conozca pedidos vinculados a la libertad física y de locomoción, otorgándoles la debida celeridad e impulso para su efectivización; tomando en cuenta que, el art. 178.I de la Ley Fundamental, prevé: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”.

A su vez, el art. 180.I de la Norma Suprema, establece que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez”; determinando el art. 115.II de la CPE, por su parte, la obligación del Estado de garantizar: “…el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas nos corresponden). De las normas constitucionales glosadas, se establece claramente que, los administradores de justicia y otros en el ámbito de sus funciones, están obligados a evitar retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias, en desmedro del derecho a la libertad física y de locomoción, en aquéllos casos en los que estén vinculados al mismo, más aun considerando que por lógica, las personas que intervienen en un proceso, esperan la pronta definición de su situación jurídica -sea en caso de la imposición de medidas cautelares, apelaciones, efectivización de la libertad, peticiones de cesación a la detención preventiva, o cualquier pedido relacionado con la libertad-. En ese sentido, lo dispuesto en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero. Debiendo resaltar, por ende, que, para la procedencia de este tipo de acción de libertad, la resolución de solicitudes cuya dilación es denunciada debe estar relacionada con la libertad; caso contrario, no existiendo la vinculación señalada, la falta de celeridad en su consideración debe ser demandada vía acción de amparo constitucional, previo agotamiento de los medios intraprocesales de reclamo regulados a dicho efecto.

III.3. Sobre el beneficio de la redención de penas y su vinculación con el derecho a la libertad

Al respecto, la SCP 0579/2018-S4 de 28 de septiembre, de un análisis de la normativa aplicable; señaló que: “…en lo que respecta a los beneficios a los que pueden optar las personas privadas de libertad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas, refirió que: ‘(…) varios Estados de la región han adoptado leyes por medio de las cuales se descuentan días de la condena por días de trabajo y/o estudio (llamadas leyes de ’2x1‘ o ‛3x1‛), como incentivo al desarrollo de estas actividades. La CIDH considera que este tipo de iniciativas legislativas son definitivamente positivas y que, de ser implementadas adecuadamente, pueden constituir herramientas valiosas para el logro de los fines de la pena’1. Si bien de manera general, puede afirmarse que los beneficios penitenciarios son mecanismos que permiten reducir la permanencia en prisión de un condenado a pena privativa de libertad efectiva, así como a mejorar sus condiciones de detención; la materialización de tales beneficios importan en contrapartida la obligación positiva de los Estados de adoptar las medidas que fueren necesarias tendientes a garantizar la reinserción del penado en la sociedad; finalidad que convencionalmente encuentra su fundamento en el principio de reinserción social, (…).

Consiguientemente, si bien dichos beneficios no constituyen per se, en un derecho fundamental, sino más bien una opción político criminal, en determinados casos, dada su trascendental incidencia en el derecho a la libertad de las personas privadas de éste, pues su procedencia podría modificar sustancialmente su situación, en aplicación de los principios pro homine y reinserción social, se asume que éstos tienen una directa vinculación con el derecho a la libertad personal, de ahí que los aspectos procedimentales de su consideración y tratamiento por parte de las autoridades llamadas por ley, pueden, ante eventuales vulneraciones al debido proceso, ser tutelables a través de la acción de libertad, cuya configuración constitucional tiene por la finalidad la protección y garantía del derecho a la libertad física y o de locomoción de las personas ante actos u omisiones que restrinjan o amenacen el pleno ejercicio de este derecho, –sin perjuicio de la tutela del derecho a la vida e integridad física–. Por tanto, con base en el razonamiento precedente, se tiene que el beneficio de redención, tiene una vinculación directa con el derecho a la libertad personal, cuyo accesibilidad –previo de los requisitos establecidos por ley– se convierte a su turno, en un derecho exigible, por lo que, los aspectos relativos a su consideración y tramitación pueden ser tutelados a través de la acción de libertad, consagrada en el art. 125 de la CPE; y, 46 del CPCo, ello sin perjuicio del principio de subsidiariedad excepcional previsto por la jurisprudencia constitucional” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

III.4. Análisis del caso concreto

Lo expuesto en el Fundamento Jurídico precedente, es aplicable a la problemática de exégesis, en la que el accionante a través de su representante denuncia la vulneración del principio de celeridad vinculado con su derecho a la libertad, conforme a los hechos fácticos debidamente precisados en el apartado correspondiente, ceñidos en lo esencial a que, en ejecución de la Sentencia 50/2020 de 1 de diciembre, emitida dentro del proceso penal instaurado en su contra por los delitos de estafa y estelionato; habiendo sobrepasado las dos quintas partes de su condena privativa de libertad, formuló incidente de beneficio de redención de la pena. No obstante, siendo indispensable la presentación del certificado de permanencia y conducta ante la autoridad judicial; el 7 de abril de 2022, requirió su extensión ante el Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, solicitud que reiteró el 21 de abril y 4 de mayo, ambos de 2022, sin conseguir respuesta alguna, causándole una dilación injustificada y dilatoria, que imposibilita pueda obtener su libertad considerando que el acceso al beneficio señalado podría cambiar sustancialmente su condena y recobrar su libertad.

En ese orden de ideas, se evidencia que, en etapa de ejecución de la Sentencia 50/2020, emitida dentro del proceso penal seguido contra el demandante de tutela por la comisión de los delitos de estafa y estelionato; el 22 de noviembre de 2021, el precitado planteó ante el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, incidente de beneficio de redención de la pena, aduciendo haber cumplido las dos quintas partes de su condena de cuatro años de privación de libertad (Conclusión II.1). En forma posterior, el 7 de abril de 2022, cursó solicitud de extensión de certificado de permanencia y conducta ante el Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, pedido que reiteró el 21 de igual mes y el 4 de mayo, ambos del indicado año (Conclusión II.2). En ese sentido, se tiene que, no obstante a haber cursado los requerimientos antes descritos, de 7 y 21 de abril; y, 4 de mayo, todos de 2022, ante el Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz y a la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, respectivamente; solicitudes dirigidas a obtener el certificado de permanencia y conducta como requisito a ser presentado por el impetrante de tutela para poder beneficiarse con la redención de la pena que cumplía en virtud a la Sentencia 50/2020; dicho Certificado fue emitido por el Director del Recinto Penitenciario precitado y el Encargado de Archivo y Kardex a.i. de dicha Dirección, recién el 29 de abril del año mencionado (Conclusión II.3); es decir, con evidente dilación en desmedro del principio de celeridad invocado como transgredido vinculado con el derecho a la libertad del accionante (Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional), teniendo relación directa las incidencias en la tramitación del beneficio de redención con la libertad personal del condenado (Fundamento Jurídico III.3).

Conforme a lo desarrollado, resulta evidente para este Tribunal la demora en la que se incurrió en la otorgación del Certificado de Permanencia y Conducta requerido por el peticionante de tutela el 7 de abril de 2022, a fin de logar ser beneficiado con la redención de la pena que cumplía; debiendo concederse la tutela requerida invocada a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho (Fundamento Jurídico III.2), más aún, si además de lo referido no consta sello de recepción o firma que acredite la entrega del Certificado aludido al impetrante de tutela, constando afirmación del Director del Penal demandado en sentido que, el mismo se encontraba “…para su recojo de la división de kárdex y archivo…” (sic); no siendo justificativo tampoco lo argumentado por el demandando mencionado, quien en el informe oral que brindó en audiencia, indicó que las Secciones de Kárdex y Archivo se encontrarían a cargo de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario, no siendo el personal que trabaja en las Secciones precitadas, funcionarios policiales, sino dependientes de la Dirección aludida; siendo precisamente a dicha autoridad a quién se dirigió el pedido de extensión de la Certificación requerida, y quien además suscribió la misma, se reitera, el 29 de abril de 2022. Finalmente, cabe precisar que, no obstante que el demandante de tutela planteó la presente acción tutelar, el 5 de mayo de 2022 (Conclusión II.4); es decir, supuestamente en forma posterior a la extensión del Certificado de Permanencia y Conducta 04376/2022; el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé que: “Aún habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan” (negrillas y subrayado son nuestros); por lo que, aquello no resulta óbice alguno para pronunciarse sobre la problemática planteada, más si conforme se anotó, a la fecha de interposición de la acción de defensa no se tenía constancia de su entrega y conocimiento del mismo por parte del accionante. En ese sentido, en las acciones de libertad no puede eludirse la consideración de fondo del asunto en cuestión, por cuanto, ante los derechos que tutela esta acción de defensa, la jurisdicción constitucional debe emitir un pronunciamiento en el fondo, aunque deba abstenerse de impartir orden alguna por las razones anotadas; respondiendo ello al hecho que no puede permitirse o confirmarse, acciones o conductas, reñidas contra el orden público constitucional, que ciertamente transgredieron derechos fundamentales o garantías constitucionales; no pudiendo quedarse este Tribunal al margen de una resolución concreta, siendo la finalidad máxima la tutela de derechos fundamentales y evitar que a posterioridad, se incurran en los mismos actos ilegales que produjeron dicha restricción. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela, actuó de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 28/2022 de 6 de mayo, cursante de fs. 19 a 20, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en el marco de lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

2° No disponer ninguna orden, emergente de la concesión de la tutela, constando ya la emisión del Certificado de Permanencia y Conducta 04376/2022 de 29 de mayo; y, la orden de su entrega al impetrante de tutela; no existiendo, por ende, disposición alguna que determinar. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

Notas al pie

1 Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.

Más sobre Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0659_2023-S2.pdf · páginas 1 a 11.

Huella digital del PDF (SHA-256): d894b7e7e0660c4fe86f87a1e6803f46fc8ec5236ac486a306a13bce9d95b912

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →