Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 13 de junio de 2025
Concede la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, habiendo solicitado se conceda mandamiento de libertad definitiva por cumplimiento de la condena de cuatro años, la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, no respondió a su petitorio. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; y, c) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 25 de 22 de noviembre de 2022, cursante de fs. 41 a 42 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela impetrada en los mismos términos dispuestos por el referido Tribunal de garantías y de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0657/2025-S1 Sucre, 13 de junio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 52937-2023-106-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 25 de 22 de noviembre de 2022, cursante de fs. 41 a 42 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Kevin Suárez contra Gabriela Suárez Vaca, Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 18 de noviembre de 2022, cursante de fs. 7 a 9 vta., el accionante, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que el 13 de noviembre de 2018, fue detenido preventivamente en la Carceleta Pública de Camiri del departamento de Santa Cruz, a partir de lo cual y hace cuatro años y cinco días, que se encuentra privado de su libertad, ello dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de robo. El 31 de agosto de 2020, fue emitido el mandamiento de condena por el Juzgado de Sentencia Penal Primero de Camiri del mismo departamento, fijando el cumplimiento de su codena para el 13 de noviembre de 2022, por lo que a la fecha de presentación de la acción tutelar cumplió con la pena que le impusieron por el ilícito atribuido. En virtud de ello, solicitó la emisión del mandamiento de libertad, el 15 de noviembre de 2022, ante el Juzgado de Ejecución Penal Cuarto del departamento de Santa Cruz, donde radica el proceso signado con Número de Registro Judicial (NUREJ) 70294751, el cual a la fecha no dio respuesta a su petitorio, por lo que deduce la presente acción de defensa de pronto despacho.
El impetrante de tutela señala como lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso, citando al efecto los arts. 115, 116, 125 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela y se disponga se libre el mandamiento de libertad correspondiente.
Celebrada la audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, el 22 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 35 a 36, produciéndose los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó los términos de la acción tutelar presentada y ampliando los mismos refirió: a) En el caso no existe un expediente físico, debido a que este se encontraría extraviado, contando únicamente con el mandamiento de condena; y, b) Sería abogado del accionante desde hace tres meses, quien no tendría otros antecedentes penales.
Gabriela Suárez Vaca, Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, presentó informe escrito de 22 de noviembre de 2022, cursante de fs. 33 a 34 vta., solicitando denieguen la tutela impetrada, en merito a los siguientes argumentos: 1) Dentro del cuaderno procesal el condenado Kevin Suarez -ahora accionante- fue sentenciado por el Juzgado de Sentencia Penal Primero de Camiri del mismo departamento por el delito de robo, caso signado con el NUREJ 70294751, quien fue condenado a cuatro (4) años de reclusión en el Centro de Custodia de Camiri; 2) De antecedentes hubo la radicatoria del proceso, en ejecución de sentencia de 11 de septiembre de 2020; respecto al memorial de solicitud de libertad, este fue presentado el 16 de noviembre de 2022, adjuntando al mismo fotocopia de una fotografía del Certificado de Permanencia y Conducta del Centro de Custodia de Camiri, lo que mereció la providencia de igual fecha, notificando al Director del indicado Centro a efectos de la remisión del mencionado Certificado, para realizar el computo correspondiente, por lo que actuó con la debida diligencia, tal es así que consta que el oficio 717/2022 de la misma fecha, de remisión de la comisión instruida, por lo que no es evidente que no se le hubiera respondido al accionante; 3) Ello en razón a que, al momento de dictar el auto de libertad definitiva por cumplimiento de la pena y librar el respectivo mandamiento de libertad, debía tener la seguridad y certeza de que el impetrante de tutela cumplió a cabalidad la totalidad de la condena que le fue impuesta; y, 4) Conforme lo dispuesto por el art. 125 de la CPE y la jurisprudencia constitucional de la SCP 0431/2017-S1 de 4 de mayo, no corresponde conceder la tutela, puesto que no vulneró el debido proceso de pronto despacho, ya que respondió de forma pronta y oportuna a la solicitud planteada, y si la respuesta no era del agrado del impetrante de tutela, tenía los mecanismos pertinentes que la ley prevé, por el principio de subsidiariedad en la acción de libertad, que sostiene que la vía ordinaria es la más idónea y eficaz para que sus derechos sean precautelados.
El Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 25 de 22 de noviembre de 2022, cursante de fs. 41 a 42 vta., “otorgó” -siendo correcto concedió- la tutela solicitada, disponiendo que la Jueza demandada valore la documentación arrimada en el cuaderno procesal, como el memorial de solicitud, el anterior computo de pena, el Certificado de Permanencia y Conducta, y la Sentencia dictada en el Juzgado de Sentencia Penal Primero de Camiri de igual departamento, en base a la cual realice el respectivo cómputo y libre el mandamiento de libertad en cumplimiento del art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2002-. Determinación asumida con los siguientes fundamentos: i) En el caso evidenció que no se tenía verosimilitud de la documentación que presentó el sentenciado, puesto que adjuntó un Certificado de Permanencia y Conducta en fotografía, no existiendo certeza que hubiera cumplido la totalidad de su condena de cuatro años de reclusión en el Centro de Custodia de Camiri, siendo de conocimiento público que esas instalaciones no cuentan con alta seguridad, y para disponer su libertad y emitir el mandamiento respectivo, había que tener certeza del referido certificado; ii) La acción de libertad de pronto despacho busca acelerar los trámite para definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, vinculado al principio de celeridad, disponiendo al respeto el art. 39 de la LEPS que, cumplida la condena el interno será liberado en el día sin necesidad de trámite alguno, y el funcionario que incumpla esta disposición sería pasible de responsabilidad penal, sin necesidad de aplicarse las sanciones disciplinarias pertinentes; iii) De la documental adjunta por la autoridad demandada, así como de la prueba que cursa en el cuaderno radicado en el Juzgado de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, se tiene el Certificado de Permanencia y Conducta de 14 de noviembre de 2022, expedido a solicitud verbal de Kevin Suarez, en el cual el Director del Centro de Custodia de Camiri certifica que el prenombrado actualmente se encuentra con mandamiento de condena de cuatro años que cumplió el 13 de noviembre de dicho año, orden emanada por Vivian Fabiola Torrez Suárez, Jueza de Sentencia Penal Primera de Camiri, siendo el tiempo de su permanencia a la emisión del indicado Certificado, cuatro años y un día, así mismo adjuntó una fotocopia del mandamiento de detención preventiva de 13 de noviembre de 2018 y el mandamiento de condena por cuatro años; y, iv) Del referido cuaderno procesal, advirtió que posteriormente fue suscrito el acuerdo de procedimiento abreviado por el delito de robo, en el que intervinieron el acusado y José Luis Flores Camiño, representante del Ministerio Público en el que aceptó la pena de cuatro años de reclusión, de igual forma cursa la Sentencia 01/2020, por la que condenaron a Kevin Suárez por el delito de robo, previsto y sancionado en el art. 331 del Código Penal (CP), debiendo cumplir la pena de cuatro años de reclusión en el Centro de Custodia de Camiri, indicando además que se computara la fecha su detección desde el 13 de noviembre de 2018, por lo que realizando el respectivo conteo de la pena, esta se cumplió el 13 de noviembre de 2022, subsiguientemente adjuntaron las tarjetas de control de personal del acusado desde noviembre de 2018, continuos hasta octubre de 2021, también cursa el Certificado de Permanencia y Conducta, en original de 22 de octubre de 2021, en el que hasta esa fecha el condenado llevaba dos años y veintitrés días, de igual forma consta el informe de computo de pena realizado por la Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Primero del departamento de Santa Cruz en suplencia legal, señalando que Kevin Suárez llevaba cumpliendo tres años, un mes y diez días de reclusión, al 23 de diciembre de 2021, actuados a partir de los cuales, podía inferirse que el acusado desde el 13 de noviembre de 2018 al 13 de noviembre de 2022 cumplió su condena, acreditándose en consecuencia dicho extremo, siendo suficiente dicha documentación para elaborar el computo de la pena y librar el mandamiento de libertad en cumplimiento del mandato contenido en el art. 39 de la LEPS.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa en original certificado de permanencia y conducta de 14 de noviembre de 2022, emitido por el Director del Centro de Custodia Camiri, Ponciano Quispe Limachi, a solicitud verbal del interno Kevin Suárez -ahora accionante-, afirmando que el prenombrado ingresó a ese Centro el 13 de noviembre de 2018 con mandamiento de detención preventiva emanada del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez Adolescencia de Partido del Trabajo Social e Instrucción Penal Primero de Lagunillas del departamento de Santa Cruz, por el supuesto delito de robo, con un mandamiento de condena de cuatro (4) años, mismo que cumplió el 13 de noviembre de 2022, siendo el tiempo de su permanencia a esa fecha de cuatro años y un día (fs. 4). II.2. Consta memorial presentado el 15 de noviembre de 2022 por Kevin Suárez -impetrante de tutela-, por el que solicita a la autoridad jurisdiccional -ahora demandada- se libre mandamiento de libertad por cumplimiento de condena (fs. 23). II.3. Mediante decreto de 16 de noviembre de 2022, la autoridad demandada, dispuso lo siguiente: “Previamente a resolver lo solicitado, se ordena que por secretaria se oficie en el día y se envié mediante comisión instruida al juzgado de turno de Camiri, para notificar al Director del Centro de Custodia de Camiri a efectos de que remita el CERTIFICADO DE PERMANENCIA Y CONDUCTA ACTUALIZADO del sentenciado KEVIN SUAREZ por la comisión del delito de ROBO, asimismo por secretaria se ordena realizar el computo de la condena del sentenciado una vez se tenga el correspondiente Certificado de permanencia y conducta y sea lo que por Ley corresponda…” (sic [fs. 24]).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, habiendo solicitado se conceda mandamiento de libertad definitiva por cumplimiento de la condena de cuatro años, la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, no respondió a su petitorio. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; y, c) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, reiterada por la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio -entre otras- asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.
Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.
Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0613/2018-S2 de 8 de octubre -entre otras-, asumió el siguiente razonamiento: En cuanto al principio de celeridad, el art. 178.I de la CPE, dispone que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respecto a los derechos”; asimismo, el art. 180.I de la CPE, expresa que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez”, ambos artículos se encuentran relacionados a lo establecido en el art. 115.II de la misma Norma Suprema al señalar que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas nos corresponden). Complementando lo señalado, la SC 0010/2010-R de 6 de abril, razonó que la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos, ratificado dicho entendimiento en la SC 0023/2013 de 4 de enero. Posteriormente, la SC 0953/2015-S3 de 6 de octubre, respecto a la aplicación del principio de celeridad en trámites judiciales, alegó que la celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia obliga a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimento de los plazos establecidos en la norma, en ese sentido el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial, determina que la celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. Asimismo, el citado principio como elemento del debido proceso se encuentra además interrelacionado con otros principios, derecho y garantías. Entendimiento reiterado en la SCP 1156/2016-S3 de 25 de octubre.
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; por cuanto no obstante que solicitó a la autoridad demandada la emisión del mandamiento de libertad por cumplimiento de la condena de cuatro años que le fue impuesta, esta no respondió a su pedido.
De los antecedentes del caso, se advierte que mediante Sentencia 01/20 de 15 de enero de 2020, emitida por Vivian Fabiola Torrez Saavedra, Jueza de Sentencia Penal Primera de Camiri del departamento de Santa Cruz, el accionante fue sancionado con una pena privativa de libertad de cuatro (4) años de reclusión en el Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, la cual ya ha sido cumplida en su totalidad.
Conforme a la certificación de permanencia y conducta de 14 de noviembre de 2022, emitida por el Director del Centro de Custodia de Camiri, se acredita que Kevin Suárez permanece en reclusión por cuatro (4) años y un día (Conclusión II.1). El 15 de noviembre de 2022, presentó solicitud de mandamiento de libertad, al haber cumplido la pena impuesta (Conclusión II.2); a cuyo efecto la autoridad -ahora demandada- emitió el decreto de 16 de igual mes y año, solicitando al Director del Centro de Custodia de Camiri la remisión de un Certificado actualizado (Conclusión II.3).
Ahora bien, es evidente que en merito a la solicitud de emisión del mandamiento de libertad, respaldado con el certificado de permanencia, la Jueza demandada, conforme lo señaló en su informe escrito, al día siguiente de conocer dicho pedido, mediante proveído de 16 de noviembre de 2022, dispuso que previamente a resolver lo solicitado, ordenó que por Secretaria se oficie en el día y por comisión instruida, para notificar al Director del Centro de Custodia de Camiri para que remita el Certificado de Permanencia y Conducta de Kevin Suárez, sin considerar que el prenombrado llevaba más de cuatro años privado de libertad, superando el tiempo de condena fijado en sentencia judicial.
Nótese que el art. 39 de la LEPS establece que una vez cumplida la pena, concedida la libertad condicional o cesada la detención preventiva, el interno debe ser liberado el mismo día, sin necesidad de trámite alguno. Esta disposición garantiza que la libertad no dependa de formalidades que puedan generar demoras indebidas.
De igual forma, el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional reafirma que cualquier trámite vinculado a la libertad debe resolverse con celeridad, ya que constituye un elemento esencial del debido proceso. En este sentido, las autoridades judiciales tienen el deber de actuar sin dilaciones indebidas para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales.
En el presente caso, el accionante cumplió íntegramente la pena de cuatro (4) años impuesta en su contra y presentó el certificado de permanencia que acreditaba su reclusión en el Centro de Custodia de Camiri. No obstante, a pesar de haber cumplido su condena, la Jueza demandada condicionó su liberación a la notificación previa al Director del Centro de Custodia de Camiri para que remita el Certificado de Permanencia y Conducta, en razón a que el presentado por el impetrante de tutela era una fotografía del documento original, lo que prolongó indebidamente su privación de libertad, puesto que conforme la normativa señalada, la liberación de un interno no puede supeditarse a trámites administrativos o actos procesales de comunicación ajenos a su responsabilidad. La notificación al Director del Centro de Custodia de Camiri es un procedimiento independiente que no puede retrasar la efectivización del derecho a la libertad, más aun si en el cuaderno procesal que radicaba en el despacho judicial de la Jueza demandada, se encontraban otros actuados procesales relativos a la permanencia en reclusión de Kevin Suárez, que le permitían a la indicada autoridad realizar el computo, conforme lo describió de forma detallada el Tribunal de garantías que tuvo acceso al expediente de origen.
Esta omisión generó una retención arbitraria del accionante, quien pese a haber cumplido su condena, permaneció privado de libertad por más tiempo que la imposición de su condena. Esta situación vulnera su derecho fundamental a la libertad, que no sólo puede originarse en una decisión judicial ilegítima, sino también en una demora injustificada en su ejecución.
En este contexto, la exigencia de notificación previa constituyó una dilación innecesaria y contraria al art. 39 de la LEPS, que ordena la liberación inmediata tras el cumplimiento de la pena. La demora en la tramitación de la solicitud transgredió el principio de celeridad y privó indebidamente de su libertad al accionante, afectando gravemente el debido proceso.
En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 25 de 22 de noviembre de 2022, cursante de fs. 41 a 42 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela impetrada en los mismos términos dispuestos por el referido Tribunal de garantías y de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
1 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las
formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a los supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
3 “…la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos…”
4 “La celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia compele a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimiento de los plazos establecidos en la norma y de no existir este dentro de un término razonable con el objetivo de que los trámites judiciales cumplan su finalidad de forma oportuna, en ese sentido, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que la celeridad “comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. En ese entendido, el principio de celeridad como elemento del debido proceso, se encuentra además interrelacionado con otros principios, derechos y garantías; es decir, que ante su inobservancia no solo se afecta el mismo sino también a la garantía del debido proceso, así por ejemplo la demora en dar una respuesta oportuna a los trámites judiciales vulnera los derechos de petición independientemente de que sea resuelta de forma positiva o negativa, de acceso a la justicia como la potestad de la persona para acudir ante la autoridad judicial competente demandando el restablecimiento de sus derechos de forma oportuna y el principio de seguridad jurídica que merecen las partes intervinientes en el proceso, motivos que hacen que sea objeto de protección constitucional”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0657_2025-S1.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): d31d6fca0f8edea63389805073fdbeff2ee6536507a69c697873beb4c882380d
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