B.IA.LEGAL

SCP 0657/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 20 de junio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
20 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
42805-2021-86-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso, a la libertad, a la justicia pronta oportuna y sin dilaciones; toda vez que, en audiencia en la cual se sometió a procedimiento abreviado solicitó el beneficio de la suspensión condicional de la pena cumpliendo los únicos dos requisitos, sin embargo, la autoridad demandada rechazó dicha solicitud con el argumento que la Sentencia no se encontraba ejecutoriada, por lo que mediante memorial de 27 de agosto de 2021 pidió se señale día y hora de audiencia de suspensión condicional de la pena, solicitud que fue rechazado debido a que se habría efectuado un anterior apersonamiento con otro abogado particular; por lo que, insta se conceda la tutela en el marco de los derechos vulnerados, y en consecuencia; la autoridad judicial señale día y hora de audiencia de suspensión condicional de la pena. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) La suspensión condicional de la pena en el Código de Procedimiento Penal; c) El derecho a la defensa técnica durante el desarrollo de todo el proceso penal; y, d) Análisis del caso en concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 201/2021 de 10 de septiembre, cursante de fs. 28 a 30, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Llamar la atención a Malena Lenny Cazana Apaza, Lidia Claudia Coronel Blanco y Claudia Clara Estrada Callisaya, Juezas del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituidas como Tribunal de garantías, por extralimitarse en sus atribuciones, de acuerdo a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  2. III.2. La suspensión condicional de la pena en el Código de Procedimiento Penal
  3. III.3. El derecho a la defensa técnica durante el desarrollo de todo el proceso penal
  4. III.4. Análisis del caso concreto
  5. III.5 Otras Consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0657/2023-S1 Sucre, 20 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 42805-2021-86-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 201/2021 de 10 de septiembre, cursante de fs. 28 a 30, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Joel Fernández Ortiz y Javier Callisaya Montoya, en representación sin mandato de José Arturo Cabrera Rojas contra Remedios Yujra Gabincha, Jueza de Sentencia Penal Quinta, en suplencia legal de su similar Primero, ambos de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 10 de septiembre de 2021, cursante de fs. 5 a 9 vta., el accionante a través de sus representantes sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal que le siguió el Ministerio Público, se emitió la Sentencia 08/2021 de 13 de agosto en procedimiento abreviado, condenándole a tres años de privación de libertad por el delito de robo agravado, en la audiencia desarrollada la misma fecha, solicitó el beneficio de la suspensión condicional de la pena conforme al art. 366 del Código de Procedimiento Penal (CPP); empero, la autoridad demandada rechazó con el fundamento de que la Sentencia no se encontraba ejecutoriada. Mediante memorial de 27 de agosto de 2021, solicitó se señale día y hora de audiencia a efectos de considerar la suspensión condicional de la pena; sin embargo, mediante decreto de 30 del mismo mes y año, la autoridad demandada rechazó su petitorio argumentando que por escrito de 26 del citado mes y año, se hubiera apersonado con abogado particular y de confianza.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la defensa, al debido proceso, a la libertad, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; citando al efecto los arts. 13.IV; 23.I; 24; 115; 120.II; 125; 178.I; 180; 256.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1; 9; 13.3; 29 inc. b) de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); 9; 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada en el marco de los derechos vulnerados; y en consecuencia, se señale día y hora de audiencia de suspensión condicional de la pena.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Efectuada la audiencia pública virtual de consideración de la presente acción de libertad, el 10 de septiembre de 2021, según consta en acta cursante de fs. 24 a 27, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Joel Fernández Ortiz, Defensor Público del Servicio Plurinacional de Defensa Pública en representación sin mandato del accionante, se ratificó en los términos del memorial de acción de libertad, y ampliando los mismos, señaló que: a) La norma exige solo dos requisitos para el beneficio de la suspensión condicional de la pena, pero la autoridad demandada rechazó la solicitud en audiencia, porque la víctima solo estaba notificada para la audiencia de aplicación de procedimiento abreviado y no de suspensión condicional; b) En forma posterior, por escrito solicitó se señale audiencia de suspensión condicional, y nuevamente se le negó argumentando que había ya un apersonamiento con otro abogado, sin tomar en cuenta que la defensa es amplia e irrestricta y que incluso tramitó su reingreso como usuario de Defensa Pública; por lo que, solicita se conceda la tutela, se lleve a cabo la audiencia de suspensión condicional de la pena, bajo la modalidad de la acción de libertad traslativa y la autoridad demandada, señale día y hora de la audiencia referida.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Remedios Yujra Gabincha, Jueza de Sentencia Penal Quinta en suplencia legal de su similar Primero ambos de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia solicitó se deniegue la tutela e informó los siguientes aspectos: 1) En forma previa a dictarse Sentencia 08/2021 de 13 de agosto, el ahora accionante solicitó se determine la suspensión condicional de la pena y se dispuso que esté a procedimiento y se pasó a emitir la Sentencia citada; 2) Después de emitirse la referida Resolución hicieron renuncia al recurso de apelación los presentes, pero la Sentencia 08/2021, no se ejecutorío porque faltaba la notificación a la víctima, en cuanto a la suspensión condicional de la pena, así se le refirió a la demandante de tutela que la víctima no había sido notificada para una suspensión condicional de la pena; y, 3) Posteriormente, mediante memorial de 26 de agosto de 2021 el peticionante de tutela se apersonó con otro abogado particular, luego presentó otro escrito el 27 del mismo mes y año, que solicita la suspensión condicional de la pena, sin la firma del interesado, solo con la firma del abogado de SEPDEP, por ello no se podía considerar, además ante la providencia emitida a este reclamo se pudo haber presentado un recurso de reposición.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, mediante Resolución 201/2021 de 10 de septiembre, cursante de fs. 28 a 30, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la Juez demandada en el día de su notificación, resuelva la solicitud de suspensión condicional de la pena impetrada, debiendo expedir de forma inmediata el mandamiento de libertad respectivo; determinación asumida bajo el siguiente fundamento; i) La jurisprudencia estableció que para conceder la suspensión condicional de la pena no se requiere que la Sentencia este ejecutoriada y la Jueza de Sentencia Penal Quinta en suplencia legal de su similar Primero, ambos de El Alto del departamento de La Paz, debió aplicar el art. 365 del Código de Procedimiento Penal; y ii) Respecto a la Providencia de 30 de agosto del citado año, la autoridad demandada vulneró el procedimiento, teniendo en cuenta que el derecho a la defensa es amplio e irrestricto, el acusado puede tener pluralidad de defensores.

I.2.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Decreto Constitucional de 10 de octubre de 2022, cursante a fs. 43, la Comisión de Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo por Decreto Constitucional de 12 de junio del 2023, cursante a fs. 125; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del plazo legal previsto por el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa fotocopia del Acta de Audiencia de consideración de procedimiento abreviado de 13 de agosto de 2021, en el cual consta que en las intervenciones de Javier Callisaya Montoya, Abogado de Defensa Pública del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, tuvo problemas en la grabación de la audiencia pues se consigna en parte de sus intervenciones (sin audio); consta también que después a la emisión de la Sentencia existe una renuncia a la apelación de parte de la defensa y del Ministerio Público; y la Jueza demandada en lo pertinente señala “..supongo que la defensa de la parte acusada está solicitando la suspensión condicional de la pena, sin embargo cabe aclararle al mismo de que esta aun no procede; toda vez, que si bien no se ha ejecutoriado la sentencia respectiva, la audiencia que se ha señalado para la presente fecha y hora ha sido para el procedimiento abreviado únicamente y con ese señalamiento y disposición ha sido corrido en traslado a la víctima” [sic (fs. 13 a 15)]. II.2. Mediante Sentencia 08/2021 de 13 de agosto, se condena al solicitante de tutela a la pena de tres años en reclusión, por la comisión del delito de robo agravado (fs. 16 a 18). II.3. A través de memorial de 26 de agosto de 2021, el peticionante de tutela se apersona con nuevo patrocinio particular; solicita, se notifique con la referida Resolución a la víctima y la expedición de fotocopias; se adjunta también el Decreto correspondiente de 27 del mismo mes y año, por el cual se da lugar a los petitorios (fs. 19 a 20). II.4. Por escrito presentado el 27 de agosto de 2021, suscrito solo por Javier Callisaya Montoya, Abogado del Servicio Plurinacional de Defensa Pública y la leyenda que dice: “Y por el impedido conforme el Art. 109 C.P.P. Art. y Art. 10 de la Ley 463”, se solicita señalamiento de día y hora de audiencia de suspensión condicional de la pena; se adjunta Decreto de 30 del citado mes y año, por el que, la autoridad demandada dispone no ha lugar a o solicitado debido al apersonamiento anterior con abogado particular (fs. 21 a 22). II.5. Por Auto Interlocutorio 93/2021 de 13 de septiembre, la autoridad demandada otorgó el beneficio de suspensión condicional de la pena a favor de José Arturo Cabrera Rojas; y, entre otras medidas, ordenó expedir el mandamiento de libertad provisional a favor del solicitante de tutela (fs. 90 a 91).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso, a la libertad, a la justicia pronta oportuna y sin dilaciones; toda vez que, en audiencia en la cual se sometió a procedimiento abreviado solicitó el beneficio de la suspensión condicional de la pena cumpliendo los únicos dos requisitos, sin embargo, la autoridad demandada rechazó dicha solicitud con el argumento que la Sentencia no se encontraba ejecutoriada, por lo que mediante memorial de 27 de agosto de 2021 pidió se señale día y hora de audiencia de suspensión condicional de la pena, solicitud que fue rechazado debido a que se habría efectuado un anterior apersonamiento con otro abogado particular; por lo que, insta se conceda la tutela en el marco de los derechos vulnerados, y en consecuencia; la autoridad judicial señale día y hora de audiencia de suspensión condicional de la pena. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) La suspensión condicional de la pena en el Código de Procedimiento Penal; c) El derecho a la defensa técnica durante el desarrollo de todo el proceso penal; y, d) Análisis del caso en concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida.

Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, 1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo, una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.

El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido, pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.

El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2El FJ III.5, indica: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.

Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.

Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

III.2. La suspensión condicional de la pena en el Código de Procedimiento Penal

El art. 366 de Código de Procedimiento Penal, respecto a la suspensión condicional de la pena, señala:

La jueza o el juez o tribunal, previo los informes necesarios y tomando en cuenta los móviles o causas que hayan inducido al delito, la naturaleza y modalidad del hecho, podrá suspender de modo condicional el cumplimiento de la pena cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la persona haya sido condenada a pena privativa de libertad que no exceda de tres años de duración;

2. Que el condenado no haya sido objeto de condena anterior, por delito doloso en los últimos cinco años. La suspensión condicional de la pena no procede en delitos de corrupción.

De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la suspensión condicional de la pena, busca reorientar el comportamiento del condenado, reinsertándolo a la sociedad, otorgándole oportunidades de enmienda en ejercicio de su libertad -SC 0528/2010-R de 12 de julio-; entendimiento que tiene su antecedente en la SC 1614/2005-R de 9 de diciembre, que hizo el análisis del perdón judicial como una medida de política criminal, destinada a paliar los efectos de la llamada contaminación penitenciaria; y, de la desvinculación del recluso con su familia y la colectividad.

En la referida SC 1614/2005-R, el Tribunal Constitucional entendió que no se justifica la continuación de la detención preventiva hasta que se ejecutoríe la sentencia, de quien fue favorecido con el perdón judicial, argumentando en el Fundamento Jurídico III.2, que:

…el sacrificio del valor libertad sería injustificado al haber desparecido la utilidad procesal en la que se sustenta la medida cautelar personal, y es más, no guardaría congruencia con el principio de intervención penal mínima que caracteriza al derecho sancionador en todo Estado democrático de derecho, en el que la imposición de toda medida restrictiva de la libertad se justifica solamente en casos de estricta necesidad, por la utilidad que la misma representa para la consecución de otros fines, que como se dijo, que también sean constitucionalmente legítimos.

Conforme a ese entendimiento, el imputado condenado que cumpla con los requisitos previstos por el art. 366 del CPP, puede acogerse al beneficio de la suspensión condicional de la pena, aun se encuentre pendiente de resolución el recurso de apelación restringida contra la sentencia que se hubiere pronunciado.

El razonamiento respecto al perdón judicial, fue aplicado también a la suspensión condicional de la pena a través de la SC 0797/2006-R de 15 de agosto, al señalar que:

3El FJ III.4, señala: “El trámite y efectivización del beneficio de suspensión condicional de la pena establecido en el procedimiento penal, responde a la naturaleza y finalidad de dicho beneficio, que como un elemento de la nueva concepción de la política criminal concordante con el sistema penal vigente en el país, busca reorientar el comportamiento del condenado reinsertándolo en la sociedad, otorgándole oportunidades de enmienda pero en ejercicio y goce de su libertad, situación que garantiza la eficacia de la prevención especial de la pena que es la reinserción y el reencauce del comportamiento social; este entendimiento es concordante con lo establecido por la jurisprudencia constitucional que al respecto indica: `la suspensión condicional de la pena, al igual que el perdón judicial, constituye un beneficio instituido por el legislador como una medida de política criminal con similar finalidad a la que persigue el perdón judicial, encuentra su fundamento en la necesidad de privar de los efectos negativos de las penas privativas de libertad de corta duración, por ello es un instituto de carácter sustantivo que se encuentra condicionado al cumplimiento de los requisitos que el legislador ha previsto´ (SC 0797/2006-R de 15 de agosto).”. 4El FJ III.1, indica: “El perdón judicial es una medida de política criminal adoptada por el legislador, destinada a paliar los efectos negativos de la llamada contaminación penitenciaria así como desvinculación del recluso con su familia y la colectividad, causada por la ejecución de una pena de corta duración, que precisamente por su escaso tiempo, no llega a cumplir los fines de enmienda y readaptación social destinados a evitar su reincidencia, que se le atribuye de manera general a la pena privativa de libertad. Conforme a esto, el perdón judicial beneficia al condenado con una pena de corta duración por un primer delito (…)”. 5El FJ III.2, refiere: “Los razonamientos jurisprudenciales adoptados por el Tribunal Constitucional en la Sentencia glosada precedentemente, son aplicables a la problemática planteada; por cuanto, el recurrente denuncia que dictada la Sentencia condenatoria en su contra dentro del procedimiento abreviado solicitó la suspensión condicional de la pena, la misma que fue concedida por dicha autoridad, previo cumplimiento de ciertos requisitos, los cuales fueron efectivizados debidamente; sin embargo, el demandado se negó a librar el mandamiento de libertad a su favor con el argumento de que la Sentencia no se encuentra ejecutoriada, encontrándose detenido cuando el justificativo por el cual se ordenó su detención preventiva ha desaparecido en virtud de la Sentencia condenatoria y del beneficio de suspensión condicional de la pena con la cual fue favorecido.

En ese orden, la suspensión condicional de la pena, al igual que el perdón judicial, constituye un beneficio instituido por el legislador como una medida de política criminal con similar finalidad a la que persigue el perdón judicial, encuentra su …la suspensión condicional de la pena, al igual que el perdón judicial, constituye un beneficio instituido por el legislador como una medida de política criminal con similar finalidad a la que persigue el perdón judicial, encuentra su fundamento en la necesidad de privar de los efectos negativos de las penas privativas de libertad de corta duración, por ello es un instituto de carácter sustantivo que se encuentra condicionado al cumplimiento de los requisitos que el legislador ha previsto (Fundamento Jurídico III.2). Este entendimiento fue reiterado por las Sentencias Constitucionales 0509/2016-S2 de 23 de mayo y 1099/2016-S2 de 3 de noviembre, entre otras; esta última, en su Fundamento Jurídico III.3, indica:

…a efectivización del beneficio de suspensión condicional de la pena, dada su naturaleza jurídica, no puede estar supeditada o condicionada a la ejecutoria de la resolución que lo concedió, ya que implicaría ir contra la finalidad de dicho beneficio, cual es la necesidad de evitar los efectos negativos de las penas privativas de libertad de corta duración; por lo que, una vez otorgada la suspensión condicional de la pena su efecto inmediato, cual es dejar en suspenso la ejecución de la condena, la misma que únicamente podrá ser revocada por la autoridad que la concedió, conforme lo precisado en el art. 367 del CPP, que establece los efectos del beneficio de la suspensión condicional de la pena.

III.3. El derecho a la defensa técnica durante el desarrollo de todo el proceso penal

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional fue uniforme al establecer el carácter irrenunciable del derecho a la defensa técnica, determinando que las autoridades judiciales no deben permitir que el imputado asista a una audiencia sin la asistencia técnica de su abogado; y en caso de darse este supuesto, tienen la obligación de nombrarle un defensor de oficio; en ese marco, se desarrolló la siguiente línea jurisprudencial. Así, la SC 1556/2002-R de 16 de diciembre, señaló que el derecho a la fundamento en la necesidad de privar de los efectos negativos de las penas privativas de libertad de corta duración, por ello es un instituto de carácter sustantivo que se encuentra condicionado al cumplimiento de los requisitos que el legislador ha previsto.

El instituto de la suspensión condicional de la pena se encuentra previsto en la norma contenida en el art. 366 CPP cuando prevé que `El juez o tribunal, previo los informes necesarios, tomando en cuenta los móviles o causas que hayan inducido al delito, la naturaleza y modalidad del hecho, podrá suspender de modo condicional el cumplimiento de la pena y cuando concurran los siguientes requisitos: 1) Que la persona haya sido condenada a pena privativa de libertad que no exceda de tres años de duración y, 2) que el condenado no haya sido objeto de condena anterior, por delito doloso en los últimos cinco años´.

Por su parte el art. 367 del indicado Código, al referirse a los efectos de este beneficio señala que:

`Ejecutoriada la sentencia que impone condena de ejecución condicional, el beneficiado deberá cumplir las obligaciones impuestas de conformidad con el art. 24 de este Código. Vencido el período de prueba la pena quedará extinguida.

Si durante el período de prueba el beneficiario infringe, sin causa justificada, las normas de conducta impuestas, la suspensión será revocada y deberá cumplir la pena impuesta´”. 6 El FJ III.1, señala: “El sistema acusatorio que fisonomiza al Código de procedimiento penal vigente, tiene como una de sus características la oralidad; conforme a esto, la determinación judicial sobre la aplicación de medidas cautelares debe realizarse en audiencia pública para que las partes, en igualdad de condiciones, puedan ampliamente asumir defensa y hacer valer sus derechos; fundamentalmente el derecho a la defensa que es inviolable por mandato del art. 16.IV CPE, el cual tiene dos dimensiones: a) la defensa material: que reconoce a favor del imputado el derecho a defenderse por sí mismo y le faculta a defensa es inviolable; indicando además que tiene dos dimensiones: 1) El derecho a la defensa material; y, 2) El derecho a la defensa técnica. Entendimiento asumido también por las Sentencias Constitucionales 347/2002-R de 2 de abril y 1272/2002-R de 21 de octubre, entre otras. Con el fin de hacer efectiva la garantía de contar con un defensor y materializar el derecho a la defensa técnica, mediante Ley de Creación del Servicio Nacional de la Defensa Pública -Ley 2496 de 4 de agosto de 2003-, se creó el Servicio Nacional de Defensa Pública, con la finalidad de garantizar la inviolabilidad de la defensa del imputado; posteriormente, esta Ley fue abrogada por la Ley 463 de 19 de diciembre de 2013, que lo sustituyó por el Sistema Plurinacional de Defensa Pública. El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0155/2012 de 14 de mayo, haciendo mención al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Constitución Política del Estado, estableció que la defensa técnica no está constituida como una facultad o potestad, sino más bien, es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar la defensa del imputado; por lo cual, debe contar con su abogado de confianza o con un defensor de oficio designado por la autoridad competente.

intervenir en toda la actividad procesal -desde el primer acto del procedimiento-, de modo que siempre pueda realizar todos los actos que le posibiliten excluir o atenuar la reacción penal estatal; principio que está garantizado por la existencia del debate público y contradictorio; b) la defensa técnica, consistente en el derecho irrenunciable del imputado de contar con asistencia de un abogado desde el inicio del procedimiento hasta el final de la ejecución de la condena. Así lo ha reconocido este Tribunal a través de las SSCC 347/2002-R y 1272/2002-R”. 7 El FJ III.1, refiere: “Antes de ingresar al análisis de la problemática planteada en el presente caso, es preciso referir que dentro del sistema jurídico diseñado por la Constitución Política del Estado, se ha establecido el reconocimiento del bloque de constitucionalidad integrado por los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos (arts. 256 y 410.II de la CPE), entre ellos se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por Bolivia mediante Decreto Supremo (DS) 18950 de 17 de mayo de 1982, (elevado a rango de Ley 2119 promulgada el 11 de septiembre de 2000), establece el derecho fundamental de toda persona sometida a proceso, sujeto a una serie de garantías mínimas, entre las que se encuentra reconocida la defensa material, expresada como el derecho: “A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección, a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo; y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo.

Por otra parte, la Constitución Política del Estado en su art. 119.II, dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa; es decir, que el Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en casos que no cuenten con los recursos económicos necesarios y según los arts. 8 y 9 del CPP y la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional a través de la SC 1556/2002-R de 16 de diciembre, el derecho a la defensa: “…tiene dos dimensiones: a) La defensa material: que reconoce a favor del imputado el derecho a defenderse por sí mismo y le faculta a intervenir en toda la actividad procesal -desde el primer acto del procedimiento-, de modo que siempre pueda realizar todos los actos que le posibiliten excluir o atenuar la reacción penal estatal; principio que está garantizado por la existencia del debate público y contradictorio; y, b) La defensa técnica, consiste en el derecho irrenunciable del imputado de contar con asistencia de un abogado desde el inicio del procedimiento hasta el final de la ejecución de la condena…” (las negrillas son nuestras). Asimismo y con el fin de hacer efectiva la garantía de contar con un defensor, mediante Ley 2496 de 4 de agosto de 2003, se ha creado el Servicio Nacional de Defensa Pública, con la finalidad de garantizar la inviolabilidad de la defensa del imputado. (…)

En ese entendido, se puede establecer que la defensa técnica y la defensa material, se encuentran estrechamente relacionadas, puesto que para asumir el derecho a la defensa, el imputado tiene la posibilidad de que ambas puedan concurrir al mismo tiempo durante el desarrollo de todo el proceso penal, pues nadie puede ser condenado, sin ser previamente oído y juzgado en proceso legal; sin embargo, la defensa técnica es un derecho que no está constituido como una facultad o potestad, sino más bien, es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar el derecho a la defensa del imputado, razón por la cual, mínimamente debe contar con la asistencia de una persona con conocimiento jurídico, ya sea el abogado de su confianza o el defensor de oficio designado por la autoridad competente, pues el incumplimiento de la parte in fine del art. 94 del CPP, no permite utilizar bajo ninguna circunstancia la información obtenida contra el imputado, situación que conforme el art. 169 inc. 3) del CPP, constituye actividad procesal defectuosa.

Más tarde, este entendimiento fue precisado por la SCP 0045/2014-S3 de 14 de octubre, indicando que las autoridades judiciales no deben permitir que, durante el desarrollo del proceso, el imputado asista a la audiencia sin asistencia técnica, de lo contrario, deberán nombrar un defensor de oficio; siendo la exigencia de la defensa técnica determinante para sus decisiones durante el desarrollo de la audiencia. En ese entendido, se puede establecer que la defensa técnica es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar el derecho a la defensa del imputado; razón por la cual, mínimamente debe contar con la asistencia de una persona con conocimiento jurídico, ya sea el abogado de su confianza o el defensor de oficio designado por autoridad competente; por lo que, el juez o tribunal no puede permitir que el imputado asista a una audiencia sin el acompañamiento de su abogado, y si se diera este caso, el juez debe nombrar de inmediato a un defensor de oficio, caso contrario, vulneraria sus derechos a la igualdad y a la defensa técnica. Este entendimiento fue asumido en las SSCC 0299/2018-S2 de 18 de junio y 0665/2021-S1 de 17 de noviembre, entre otras.

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante alega la lesión de sus derechos a la defensa, al debido proceso, a la libertad, y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; toda vez que, en la audiencia en la cual se sometió a procedimiento abreviado pidió el beneficio de la suspensión condicional de la pena cumpliendo los únicos dos requisitos, sin embargo, la Jueza demandada rechazó la petición con el argumento que la Sentencia no estaría ejecutoriada, por lo que posteriormente mediante memorial de 27 de agosto de 2021 reiteró se señale día y hora de audiencia de suspensión condicional de la pena, pedido que fue rechazado debido a que se habría efectuado un anterior apersonamiento con otro abogado particular; por lo que, solicita se conceda la tutela en el marco de los derechos vulnerados y en consecuencia, se señale día y hora de audiencia de suspensión condicional de la pena. En principio, cabe referir a los antecedentes que informan el presente caso; así, se tiene de las conclusiones y actuados contenidos en el expediente que, dentro del proceso penal seguido en contra del impetrante de tutela, en audiencia de 13 de agosto de 2021, se emitió la Sentencia 08/2021, por la comisión del delito de robo agravado, condenándole a la pena de tres años en reclusión (Conclusión II.2); una vez emitida la sentencia en la misma audiencia el accionante solicitó la aplicación del beneficio de suspensión condicional de la pena, petitorio que es rechazado por no estar ejecutoriada la referida Resolución con el argumento que la audiencia solo fue programada para la aplicación del procedimiento abreviado y únicamente para ese actuado que se notificó a la víctima (Conclusión II.1). Conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; dado que, es obligación que toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad. Dicha obligación debe ser cumplida durante todo el desarrollo del proceso y con relación a todos los trámites en los que se halle involucrado el derecho a la libertad; como es el caso del referido a la suspensión condicional de la pena. Precisamente respecto de este trámite, tal como se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el Juez o Tribunal que dictó la sentencia condenatoria, puede disponer la suspensión condicional de la pena cuando concurren los requisitos previstos por disposición el art. 366 de CPP, previos los informes necesarios y tomando en los móviles o causas que hayan inducido al delito, la naturaleza y modalidad del hecho; por lo que, puede acogerse al beneficio de la suspensión condicional de la pena aún se encuentre pendiente de resolución el recurso de apelación restringida contra la sentencia que se hubiere pronunciado; asimismo, este beneficio puede ser dispuesto por la jueza, juez o tribunal una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, lo que implica que esta puede ser dispuesta incluso de oficio, en el mismo sentido lo establece el art. 365 del CPP, cuando refiere el contenido de la Sentencia Condenatoria, en el segundo párrafo señala:

La sentencia fijará con precisión las sanciones que correspondan, la forma y lugar de su cumplimiento y, en su caso, determinará el perdón judicial, la suspensión condicional de la pena y las obligaciones que deberá cumplir el condenado. En el contexto de lo señalado, se tiene que evidentemente la autoridad demandada desde la audiencia de aplicación de procedimiento abreviado debió otorgar el trámite correspondiente para resolver sobre la procedencia o no del beneficio de la suspensión condicional de la pena.

Así también se tiene de los antecedentes, que mediante memorial de 27 de agosto de 2021, suscrito por el abogado de Defensa Pública que patrocinó al peticionante de tutela en la audiencia de aplicación del procedimiento abreviado solicita se señale día y hora de audiencia de suspensión condicional de la pena, cabe resaltar que el escrito se presenta haciendo uso de la facultad establecida en el art. 10 de la Ley 463 Ley del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Representación sin mandato) y la autoridad ahora demandada mediante decreto de 30 del mismo mes y año, observa el hecho de que el impetrante de tutela se hubiera presentado con un abogado particular en otro memorial (Conclusión II.4). Si bien es evidente que cursa un memorial presentado por el accionante de 26 de agosto de 2021 con una defensa particular, no es menos cierto que conforme a los fundamentos vertidos en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo Constitucional, el procesado en materia penal tiene derecho mínimamente a estar asistido por un abogado, lo que implica que es posible que el mismo cuente con uno o varios abogados. Por todo lo expuesto, se concluye que la autoridad demandada, al no tramitar la solicitud de suspensión condicional de la pena impetrada por el solicitante de tutela, soslayado sus funciones y atribuciones, apartándose de la norma procesal penal, que garantiza una justicia pronta y oportuna; evidentemente, ha provocado una dilación indebida en la tramitación del referido beneficio, que conlleva la vulneración de los derechos alegados por el demandante de tutela a través de su representante sin mandato.

III.5 Otras Consideraciones

En cuanto a la actuación del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, en su calidad de Tribunal de garantías concedió la tutela solicitada, sin embargo, ordenó de manera directa y cual, si se tratase de una autoridad de la jurisdicción ordinaria, no solo que se resuelva la solicitud de suspensión condicional de la pena, sino de manera ultra petita dispuso que se deba expedir de forma inmediata el mandamiento de libertad respectivo, es decir, de manera arbitraria tomó atribuciones que son propias de la jurisdicción ordinaria, en este caso, de la autoridad que emitió la Sentencia 08/2021 de 13 de agosto, es decir de la autoridad demandada. Lo desarrollado anteriormente, ha ocasionado que la Jueza demandada sin la compulsa de los antecedentes y pruebas presentadas por el accionante haya resuelto en forma directa la suspensión condicional de la pena (Conclusión II.5), sin el análisis y compulsa correspondiente; por lo que, corresponderá llamar la atención al Tribunal de garantías; manteniendo los efectos de lo resuelto. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta, pero se extralimito en las disposiciones emergentes de la resolución.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 201/2021 de 10 de septiembre, cursante de fs. 28 a 30, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Llamar la atención a Malena Lenny Cazana Apaza, Lidia Claudia Coronel Blanco y Claudia Clara Estrada Callisaya, Juezas del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituidas como Tribunal de garantías, por extralimitarse en sus atribuciones, de acuerdo a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

8 El FJ III.3, indica: “Ahora bien es preciso puntualizar que la SCP 0155/2012, a través de una interpretación desde y conforme a la Constitución interpretó el carácter irrenunciable de la defensa técnica determinando que, las autoridades judiciales no deben permitir durante el desarrollo del proceso, que el imputado asista a la audiencia sin la necesaria asistencia técnica, de lo contrario, deberán nombrar un defensor de oficio. Ello significa que, la exigencia de la defensa técnica determina las decisiones de las autoridades judiciales durante el desarrollo de una audiencia”.

Más sobre Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0657_2023-S1.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 993e179ef6c6ab3e798f9633dae46c9d5c0c555136ca79e500129ced921dda07

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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