B.IA.LEGAL

SCP 0654/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 17 de julio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
17 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
47387-2022-95-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la libertad, alegando que, el 26 de abril de 2022, en mérito de una anterior acción de libertad que interpuso, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, remitió al Juzgado de Instrucción Penal Octavo de la Capital del mismo departamento, el Auto de Vista 182/2022 de 1 de abril, que resolvió su recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 76/2022 de 6 de marzo, que determinó cumpla detención preventiva; no obstante, el nombrado Juzgado no envió el señalado Auto de Vista al Juzgado de Instrucción Penal Tercero de El Alto del citado departamento, en el cual radica la causa penal de la cual emerge esta acción de libertad, en virtud de una declinatoria de competencia en razón de territorio.

En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2022 de 29 de abril, cursante de fs. 12 a 14 vta., pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada con base en los Fundamentos Jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de celeridad y su vinculación con el debido proceso
  2. III.2. Respecto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el debido proceso en las actuaciones procesales
  3. III.3. La legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional, en las acciones de libertad
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0654/2023-S2 Sucre, 17 de julio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 47387-2022-95-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 09/2022 de 29 de abril, cursante de fs. 12 a 14 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edwin Wilfredo Carlo Quenta contra Tito Champani Saavedra e Ilsén Carolina Mendoza Alcón, Secretario y Auxiliar respectivamente del Juzgado de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de abril de 2022, cursante de fs. 1 a 3, el accionante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, su defensa técnica interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 76/2022 de 6 de marzo, que determinó imponerle la medida cautelar de detención preventiva, la cual fue resuelta por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a través de Auto de Vista 182/2022 de 1 de abril. Añadió que el 26 de abril de 2022, interpuso una anterior acción de libertad en contra de Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de Cámara de la Sala Penal Segunda en suplencia legal su similar Primera, en la cual se determinó la remisión en el día del Auto de Vista 182/2022, al Juzgado de origen, dado que se encontraba en indefensión al no poder acudir al control jurisdiccional.

Por otro lado, aludió que el Juzgado de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, dictó Auto Definitivo 108/2022 de 6 de abril, declinando competencia en razón de territorio, ordenando que la causa penal referida sea sorteada por el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), al Juzgado de Instrucción Penal de turno de El Alto del citado departamento; el 13 de abril de 2022, se realizó el sorteo y se remitió el cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado de Instrucción Penal Tercero de El Alto del referido departamento. Señaló que el mismo día de interpuesta la anterior acción de libertad -26 de abril de 2022- la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, envió el Auto de Vista 182/2022, al Juzgado de Instrucción Penal Octavo de la Capital de ese departamento; sin embargo, este último, no remite el referido Auto de Vista al Juzgado de Instrucción Penal Tercero de El Alto de ese departamento, causándole indefensión y retardación de justicia, vulnerando el debido proceso; por lo que, activó esta acción de libertad de pronto despacho.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos al debido proceso y a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene que en el día el Juzgado de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, envíe los antecedentes al Juzgado de Instrucción Penal Tercero de El Alto del mismo departamento, instancia que tiene el control jurisdiccional de la causa penal instaurada en su contra.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 29 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 10 a 11 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; destacando que, en el proceso penal sustanciado en su contra, no existe celeridad ya que pasaron cuarenta días sin que una u otra autoridad puedan remitir un legajo de apelación ante el Juez de la causa que en la actualidad tiene el control jurisdiccional.

I.2.2. Informe de los demandados

Tito Champani Saavedra, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, presentó informe escrito el 29 de abril de 2022, cursante a fs. 9 y vta., indicando que: a) Su Juzgado tuvo conocimiento del legajo de apelación el 26 del mismo mes y año, inmediatamente después se pasó al despacho del Juez, quien emitió providencia de 27 de igual mes y año, señalando que se proceda a la remisión del referido legajo ante el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de El Alto del mencionado departamento, al que fue sorteado mediante el SIREJ, por una declinatoria de competencia en razón de territorio; b) Debido a no contarse con suficiente “supernumerarios”, no se pudo remitir el legajo de apelación al siguiente día de la emisión de la providencia citada; en tal razón, el 29 de similar mes y año, se designó personal para que cumpla con la remisión extrañada; y, c) Al estar en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz y la excesiva carga laboral, no tuvo tiempo para realizar personalmente el envío del legajo procesal. Ilsén Carolina Mendoza Alcón, Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 9 de abril de 2022, cursante a fs. 8 y vta., indicó que el legajo de apelación del proceso penal sustanciado contra el accionante se habría remitido al Juzgado de Instrucción Penal Tercero de El Alto del referido departamento, en virtud de una declinatoria de competencia en razón de territorio; el envío no pudo realizarse antes ya que el citado legajo fue recibido el 26 de igual mes y año, en horario de la tarde y no salió rápidamente del despacho; además, que se encuentra con horario de lactancia y no cuenta con el suficiente dinero para cubrir el pasaje de transporte; por lo que, se habría indicado al abogado del impetrante de tutela cubra el mismo; por otra parte, se encuentra con recargadas labores y solo tiene la ayuda de un pasante. En audiencia, a través de su abogado manifestó que, la parte accionante no fundamentó de manera fehaciente la forma en la que se hubieran vulnerado sus derechos para que proceda la acción de libertad, ya que en el art. 101 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) están claramente establecidas las funciones del auxiliar, como ser el coadyuvar con los secretarios el cumplimiento de la recepción de expedientes, memoriales y manejo de registros; además, según el art. 112 del Código de Procedimiento Penal (CPP), para la remisión de actuados, los gastos los debe correr la parte accionante.

I.2.3. Resolución

El Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 09/2022 de 29 de abril, cursante de fs. 12 a 14 vta., denegó la tutela solicitada; expresando para ello los siguientes fundamentos: 1) El reclamo formulado en la presente acción de libertad, es la falta de remisión del legajo de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 76/2022, que determinó la detención preventiva del impetrante de tutela, hacia el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de El Alto del citado departamento, donde radica la causa penal en virtud de una declinatoria de competencia en razón de territorio, siendo que el mismo hubiera sido devuelto por el Tribunal de alzada al Juzgado de Instrucción Penal Octavo de la Capital del mencionado departamento, en cumplimiento a una anterior acción de libertad; y, 2) En mérito al principio de certeza que rige a la acción de libertad, la parte accionante tiene que demostrar objetivamente el acto ilegal que vulnera y restringe el derecho y demandar a la autoridad que conculcó el mismo; en ese sentido, bajo el principio de oralidad se realizó la consulta al peticionante de tutela, misma que en aplicación del principio de lealtad procesal, respondió que el Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital de ese departamento, no tiene conocimiento de la devolución o no del legajo de apelaciones; en ese sentido, se debe considerar que el proceso penal de referencia fue sorteado a un “Juzgado de la ciudad de El Alto”; es decir, a un Juzgado diferente al de origen y que la autoridad judicial debió ser informada de alguna omisión del personal bajo su cargo, extremo que no se dio en el caso concreto, al no haberse demostrado que se realizó una petición o reclamo para la devolución del legajo requerido a un Juzgado distinto.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa copia de nota de 29 de abril de 2022 con cargo de recepción de la misma fecha, dirigida al Juzgado de Instrucción Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz; por la que, se remiten antecedentes del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Edwin Wilfredo Carlo Quenta -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas (fs. 6).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la libertad, alegando que, el 26 de abril de 2022, en mérito de una anterior acción de libertad que interpuso, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, remitió al Juzgado de Instrucción Penal Octavo de la Capital del mismo departamento, el Auto de Vista 182/2022 de 1 de abril, que resolvió su recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 76/2022 de 6 de marzo, que determinó cumpla detención preventiva; no obstante, el nombrado Juzgado no envió el señalado Auto de Vista al Juzgado de Instrucción Penal Tercero de El Alto del citado departamento, en el cual radica la causa penal de la cual emerge esta acción de libertad, en virtud de una declinatoria de competencia en razón de territorio.

En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. El principio de celeridad y su vinculación con el debido proceso

Al respecto, la SCP 1555/2013 de 13 de septiembre, realizó el siguiente desarrollo: “De conformidad a lo establecido en los arts. 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), la administración de justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia, se sustenta entre otros principios, en el de celeridad, el cual también ha sido reconocido por los arts. 3.11) de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP); 3.7) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y art. 3.4 del Código Procesal Constitucional (CPCo); conforme a dicho principio, la administración de justicia, debe ser oportuna y sin dilaciones, buscando efectivizar los derechos y las garantías reconocidos por el texto constitucional. El principio de celeridad, persigue como principal objetivo conseguir que el proceso se concrete a las etapas esenciales y que cada una de ellas se cumpla dentro de los plazos perentorios dispuesto por la norma legal, razonamiento del cual puede inferirse que a partir de la observancia de este principio, no es posible concebir la adición de términos de manera unilateral a una determinada etapa del proceso, situación que podrá darse, sin embargo en los casos en los que estos plazos surgen como resultado de prórrogas o ampliaciones legalmente dispuestas; por lo que, este principio lleva implícita la obligación de llevar adelante los actos procesales de la manera más sencilla posible a efectos de evitar dilaciones innecesarias; es decir, la administración de justicia debe ser rápida y oportuna en la tramitación de las causas puestas en su conocimiento, una actuación contraria, conlleva no sólo a la vulneración de derechos y garantías, sino también al fomento del crecimiento de uno de los mayores problemas de la administración de justicia cual es la retardación. En este contexto, es preciso mencionar que el principio de celeridad se encuentra relacionado con los principios procesales de eficacia y eficiencia como componentes de la seguridad jurídica, toda vez que, conforme razonó el Tribunal Constitucional mediante la SC 0010/2010-R de 6 de abril, la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos; estos elementos forman parte del concepto de seguridad jurídica pues es a partir de ellos que logra alcanzarse la estabilidad de las instituciones y la vigencia auténtica de la ley, que se materializan en la oportunidad y prontitud de la administración de justicia a cuyo efecto deberá ser el administrador de justicia el encargado de impulsar el proceso y garantizar la celeridad procesal. Ahora bien, conforme se ha establecido, la celeridad que debe caracterizar las actuaciones judiciales no se constituye en un fin, sino en el medio o mecanismo necesario para garantizar la efectivización o materialización de otros dos derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y que forman parte de su esencia por su naturaleza social, democrática y de derecho: el debido proceso y el acceso a la justicia. En este contexto y al tenor del art. 115.I constitucional, se hace manifiesto el vínculo de conexitud existente entre el principio de celeridad y el debido proceso, cuando dicho precepto postula que toda persona será protegida en el ejercicio de sus derechos e intereses oportuna y efectivamente por jueces y tribunales; por otra parte, del contenido del parágrafo segundo del mismo artículo, que sostiene que el Estado garantiza el debido proceso y el acceso a una justicia pronta y oportuna ‘sin dilaciones’, se establece la directa relación que existe entre el principio de celeridad estudiado y el derecho de acceso a la justicia; de donde puede inferirse que cuando los administradores de justicia no cumplen con la tarea que se les ha encomendado dentro de los plazos previstos en el ordenamiento jurídico, provocando la extensión indefinida de los procesos sometidos a su conocimiento, ocasionan, con la falta de decisión sobre el litigio, lesiones a la seguridad jurídica, toda vez que la administración de justicia no puede ser entendida en sentido formal, sino que, debe trasuntarse en una realidad accesible y veraz, garantizada por el Estado a través de la CPE, para que quien busca la solución de un problema jurídico, pueda obtener respuesta oportunamente; dicho de otra forma, una decisión judicial tardía, aún cuando los conflictos hayan sido resueltos, resulta una injusticia, toda vez que: ‘La justicia que se demanda a la autoridad judicial a través del derecho público abstracto de la acción, o de la intervención oficiosa de aquélla, se haya rodeada de una serie de garantías constitucionales -entre las cuales se encuentran-. (…) la garantía de la celeridad en los procesos judiciales (…) la garantía de acceso a la administración de justicia, que no sólo implica la ejecución de los actos de postulación propios para poner en movimiento el aparato jurisdiccional, sino igualmente la seguridad del adelantamiento del proceso, con la mayor economía de tiempo y sin dilaciones injustificadas, y la oportunidad de una decisión final que resuelva de mérito o de fondo la situación controvertida…´; en otras palabras, es ‘…parte integrante del derecho al debido proceso y de acceder a la administración de justicia, el «derecho fundamental de las personas a tener un proceso ágil y sin retrasos indebidos»’. Similar entendimiento ha asumido éste Tribunal, cuando en la SCP 0110/2012 de 27 de abril, manifestó: ‘En el entendido que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas constituye una garantía, el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que una demora injustificada e irrazonable en la tramitación del proceso penal, implica el desconocimiento de la garantía del debido proceso y la violación del principio de celeridad procesal, que puede dar lugar incluso, a la conclusión del proceso cuando los jueces y tribunales de justicia no dirigen e impulsan su tramitación hacia su conclusión dentro de un plazo razonable; toda vez que ellos tienen la obligación de dirigir el proceso y concluir el mismo en tiempo oportuno y conforme a ley, pues obrar en forma tardía o lenta en contra de las normas estatuidas no es administrar justicia; por lo que el impulso procesal, entendido como la acción de llevar adelante el proceso hacia la sentencia definitiva, no es de responsabilidad exclusiva de las partes litigantes, sino principalmente de los propios órganos jurisdiccionales, cuyo incumplimiento da lugar a la retardación de justicia, lo cual amerita se adopten las medidas necesarias encaminadas a evitar la paralización del proceso o su dilación indebida a través de la ejecución de actuados procesales en plazos demasiados prolongados, cuando, por ejemplo, no están expresamente normados en nuestra economía procesal, tal como ocurre en los señalamientos de audiencias para considerar el beneficio de la cesación de la detención preventiva’. En este orden de ideas, es posible concluir que, si bien es obligación legítima y constitucional del Estado, a través del Órgano Legislativo, prever la implementación de mecanismos legales o instrumentos jurídicos que permitan hacer más ágiles los procesos judiciales, no menos evidente es que, las autoridades que imparten justicia deben acatar el principio de celeridad en el cumplimiento de sus funciones a fin de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, pues la inobservancia de este principio procesal, deriva ineludiblemente en la vulneración al debido proceso y, por ende, conforme al sustento expuesto anteriormente, al acceso a la justicia y la seguridad jurídica que deben considerarse como los principales elementos garantes del proceso penal’” (las negrillas son nuestras).

III.2. Respecto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el debido proceso en las actuaciones procesales

Con relación a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0673/2013 de 3 de junio, señaló que: “El Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad a lo establecido en los arts. 8.II y 180.I de la CPE, se sustenta entre otros valores en el de libertad, así como también en principios procesales específicos en los cuales se cimienta la jurisdicción ordinaria y entre los que se encuentra la celeridad, postulados constitucionales de donde se desprende el contenido del art. 178.I de la Ley Fundamental y que prescribe que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de seguridad jurídica, celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes y para cuya concreción el constituyente ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, máxime tratándose de derechos fundamentales. En este contexto, el Tribunal Constitucional mediante la SC 0044/2010-R de 20 de abril, al efectuar una clasificación doctrinal del hábeas corpus -ahora acción de libertad-, señaló: ‘De la interpretación del art. 18 de la CPE abrg y el art. 89 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, el Tribunal Constitucional concluyó que el recurso de hábeas corpus «…puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida»’, tipología dentro de la cual agrega al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, definiéndolo como aquel a través del cual: ‘…se busca (es) acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen «…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…», e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R), o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)...´.

De donde se colige que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (el resaltado es nuestro). En tal virtud, se tiene que toda autoridad administrativa o jurisdiccional que no actúe con la debida celeridad en la tramitación de solicitudes o en los procesos en los cuales la libertad de las personas o el mejoramiento de su situación jurídica dependan de la resolución de los mismos, causando dilaciones indebidas, lesiona los derechos fundamentales señalados.

III.3. La legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional, en las acciones de libertad

A partir del cambio de línea jurisprudencial asumido en la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, los funcionarios de apoyo jurisdiccional tienen legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de libertad, a fin de establecer su responsabilidad si correspondiere; tomando en cuenta que, el acto ilegal denunciado puede no ser necesariamente resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino de omisiones de carácter administrativo emergentes del desarrollo de las labores de dichos funcionarios, que repercutan en la lesión de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los justiciables; debiendo considerarse, sin embargo, que lo afirmado no deslinda de responsabilidad a la autoridad judicial titular del juzgado respectivo, quien está obligada a impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y efectuar el seguimiento respectivo de las causas de su despacho; de no obrar en dicho sentido, asume también responsabilidad de las vulneraciones cometidas en desmedro de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes; teniendo cada autoridad o servidor público, el deber de desempeñar sus funciones y labores en el marco de lo regulado para el ejercicio de las mismas. En ese orden, la SCP 0080/2019-S2 de 5 de abril, precisó y sintetizó que del entendimiento descrito en el fallo constitucional citado: “…se deduce que el personal de apoyo jurisdiccional tiene legitimación pasiva para ser demandado en la acciones de libertad, habida cuenta que no todas las lesiones al derecho a la libertad son resultado de actos puramente jurisdiccionales, sino también pueden ser consecuencia de omisiones administrativas que emergen del desarrolló de las labores de los funcionarios subalternos, lo cual no deslinda de responsabilidad al titular del juzgado, quien está obligado de vigilar y hacer seguimiento de las instrucciones emitidas” (las negrillas y el subrayado fueron añadidos).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante activa la presente acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho; arguyendo que, el 26 de abril de 2022, en cumplimiento a la Resolución de una anterior acción de libertad que formuló, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, envió al Juzgado de Instrucción Penal Octavo de la Capital de ese departamento, el Auto de Vista 182/2022 de 1 de abril, que resolvió el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio 76/2022 de 6 de marzo, que le impuso la medida cautelar de detención preventiva, sin embargo, el Juzgado prenombrado no remitió dicho fallo constitucional al Juzgado de Instrucción Penal Tercero de El Alto del mismo departamento, en el cual radica el proceso penal del que emerge esta acción de libertad, en mérito de una declinatoria de competencia en razón de territorio. Bajo este contexto, conforme los antecedentes que dan a conocer la problemática en examen, se tiene la nota de 29 de abril de 2022, con cargo de recepción de la misma fecha, por la que se envió al Juzgado de Instrucción Penal Tercero de El Alto del mencionado departamento; antecedentes del proceso penal sustanciado contra el impetrante de tutela (Conclusión II.1). Ahora bien, en el presente caso se advierte que la problemática planteada, versa en una presunta falta de remisión del legajo de apelación a medida cautelar y su respectiva Resolución, hacia el Juzgado donde actualmente radica la causa penal de la cual deviene esta acción de libertad. Al respecto, resulta preciso la remisión al entendimiento establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que señala, el principio de celeridad es un mecanismo que tiene como objeto que las etapas del proceso se concreten dentro de los plazos establecidos; en ese marco, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye en el medio procesal idóneo que opera en caso de existir dilación procesal indebida y esté vinculado con la libertad o con la situación jurídica de un privado de libertad, en particular, respecto a las actuaciones procesales que evitan resolver las mismas (Fundamento Jurídico III.2).

En ese orden de ideas, se entiende que el accionante señaló que la lesión a sus derechos se produce a partir del mismo día de interpuesta una anterior acción de libertad -26 de abril de 2022- en el que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, remitió el legajo de apelación a la medida cautelar de detención preventiva, al Juzgado de Instrucción Penal Octavo de la Capital de ese departamento, donde se originó la medida cautelar y apelación incidental antes indicadas, aludiendo que hasta la interposición de esta acción tutelar, los funcionarios de apoyo jurisdiccional demandados no hubieran remitido el legajo de apelación hacia el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de El Alto del referido departamento; toda vez que, en este último radica el proceso penal sustanciado en su contra a consecuencia del sorteo en el SIREJ por una declinatoria de competencia en razón de territorio; sin embargo, de los antecedentes adjuntos a esta acción de defensa; no se advierte, un acto u omisión respecto a un trámite judicial que se encuentre directamente vinculado con el derecho a la libertad del impetrante de tutela; es decir, que retarde o evite resolver su situación jurídica; que devenga de una dilación indebida producida por los funcionarios de apoyo jurisdiccional demandados; por tanto, el problema jurídico expuesto no se adecúa a una acción de libertad en su modalidad traslativa o pronto despacho; por lo que, corresponde denegar la tutela, conforme los fundamentos del presente fallo constitucional. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2022 de 29 de abril, cursante de fs. 12 a 14 vta., pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada con base en los Fundamentos Jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0654_2023-S2.pdf · páginas 1 a 12.

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