Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 30 de junio de 2025
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 30/2022 de 28 de diciembre, cursante de fs. 116 vta. a 117, dictada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz y, en ese orden, DENEGAR la tutela solicitada; asimismo, se llama la atención al mencionado Tribunal de Sentencia por la demora injustificada en que incurrió en la remisión del presente expediente a este Tribunal, según se señaló en el Fundamento Jurídico III. 4 de este fallo constitucional y se le exhorta a cumplir con los plazos legales al efecto en futuras acciones tutelares a resolver.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0651/2025-S3 Sucre, 30 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 53462-2023-107-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 30/2022 de 28 de diciembre, cursante de fs. 116 vta. a 117, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Andrés Ritter Zamora, en representación sin mandato de Yanhel Solange Yaksic Laguna contra Roberto Raúl Arias Sejas, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 27 de diciembre de 2022, cursante de fs. 38 a 45 vta., la accionante manifestó que:
El 11 de mayo de 2021, dentro de denuncia penal por presunta violencia familiar, en la que es víctima la accionante, se ordenaron algunas medidas de protección contra el supuesto agresor, las cuales fueron homologadas por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, empero a la fecha no están siendo cumplidas, las mismas consisten en prohibir al posible agresor, intimar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas, a la mujer que se encuentra en situación de violencia, así como a cualquier integrante de su familia y prohibir acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de violencia. Ya pasaron tres meses sin que se realice la audiencia de medidas cautelares contra el denunciado, que la accionante solicitó y está esperando durante meses que se realice la audiencia de incumplimiento de las medidas de protección, solicitada en tres oportunidades, mientras tanto su presunto agresor continuó agrediendo a la víctima pretendiendo meterla a la cárcel para desistir de su denuncia contra él. En ese marco, no tiene recurso legal alguno al cual acudir para la protección de su derecho a la vida libre de violencia, con relación a la celeridad y acceso a la justicia.
Denunció la lesión de su derecho a la vida libre de violencia y los principios de celeridad y acceso a la justicia, citando al efecto los arts. 23 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicitó se conceda la tutela, se ordene a la autoridad demandada realizar en el plazo de cuarenta y ocho horas las audiencias de incumplimiento de medidas de protección y de medidas cautelares para el considerado agresor.
Celebrada la audiencia pública el 28 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 114 a 116 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su representante, ratificó el contenido íntegro de la acción tutelar y ampliándola señalo que: El 6 de junio de 2022, solicitó audiencia por incumplimiento de medidas de protección, asimismo, lo hizo el 30 de septiembre de 2022 y “el 24 de noviembre” (sic), desde junio está peregrinando por justicia. La accionante por sí misma añadió: El denunciado penalmente la amedrenta y no cumplió con las terapias psicológicas, lo cual le afecta porque se siente vulnerable, solo solicitó al Juez demandado que revise si se cumplió con dichas medidas.
Roberto Raúl Arias Sejas, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante mensajes por WhatsApp sin fecha, solicitó que se deniegue la tutela, arguyendo que: Con relación a la acción de libertad de pronto despacho, la jurisprudencia dispuso que solo procede cuando la demora está directamente vinculada a la libertad de la persona, y en este caso en particular no existe esa vinculación, al efecto, citó la SCP 0598/2018-S1 de 8 de octubre.
Luis Fernando Loayza Alayza, a través de su abogado, solicitó que se deniegue la tutela señalando en audiencia: a) La parte accionante no presentó pruebas relativas a que hubiera habido incumplimiento de las medidas de protección; b) Después de “junio” se amplió la denuncia en su contra por violencia económica; c) La accionante no se encuentra privada de libertad; y, d) El Juez demandado ya ordenó audiencia de medidas cautelares que tendrá lugar el 30 de enero de 2023.
El Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 30/2022 de 28 de diciembre, cursante de fs. 116 vta. a 117 denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos sostenidos por separado por dos de los Jueces que componen dicho Tribunal, siendo disidente el Presidente: 1) La solicitud de la accionante es incongruente, porque pide celeridad, pero la situación de demora data de “junio de 2022”; y, 2) La impetrante de tutela no argumentó que estuviera en peligro su vida, ni que esté ilegalmente perseguida, por lo que no existe vinculación directa entre el debido proceso y la libertad y tampoco existe absoluto estado de indefensión.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de la accionante de 6 de junio de 2022, dirigido al Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, dentro de proceso penal con código 701102022100540, en el que pidió día y hora de audiencia para considerar el incumplimiento de las medidas de protección en que hubiera incurrido su agresor. El 7 de junio de dicho año, el referido Juez señaló audiencia al efecto para el 14 de junio del mismo año (fs. 18 a 22 y 24). II.2. Consta Imputación Formal de 14 de septiembre de 2022, emitida por el Ministerio Público, a denuncia de Yanhel Solange Yaksic Laguna contra Luis Fernando Loayza Alayza, dentro de caso signado como 701102022100540, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, dirigida al Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, sin cargo de recepción, en la que solicitaron medidas cautelares personales, consistentes en la obligación del imputado de presentarse ante su despacho de manea quincenal, arraigo, prohibición a concurrir a determinados lugares y fianza económica en la suma de Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos [fs. 5 a 16]). II.3. Cursa memorial de 30 de septiembre de 2022, ante el referido Juez de la accionante por el que señaló que el imputado estaban incumpliendo medidas de protección, en ese marco, solicitó audiencia para resolver sobre el incumplimiento de medidas de protección, así como la aplicación del art. 389 quinquies del Código de Procedimiento Penal (CPP). El 3 de octubre de 2022, consta decreto que señala audiencia para el 11 de octubre de ese año (fs. 25 a 27 y 29). II.4. Se evidencia memorial de la accionante, presentado el 24 de noviembre de 2022, ante el referido Juez, denunciando el incumplimiento de medidas de protección en que incurrió el imputado, por lo que solicitó señalamiento de audiencia al efecto y la aplicación del art. 389 quinquies del CPP (fs. 30 a 33). II.5. Se verifica un documento con el título de medidas de protección, sin fecha, que involucra a Yanhel Sonlange Yaksic Laguna y Luis Fernando Loayza Alayza, estando como dichas medidas las siguientes: Que el presunto agresor salga del domicilio conyugal, se someta a una terapia psicológica, prohiben acercarse a la víctima y sus ascendientes o descendientes, prohiben intimidarla por sí mismo o por medio de otras personas, así como prohiben amenazar a sus testigos (fs. 2).
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO La accionante, en su calidad de víctima dentro de proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público contra Luis Fernando Loayza Alayza, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, denuncia la vulneración de su derecho a la vida sin violencia y acceso a la justicia y del principio de celeridad, por cuanto habiendo efectuado tres solicitudes al Juez demandado de señalamiento de audiencia ante incumplimiento de medidas de protección en las que habría incurrido su presunto agresor, así como audiencia de medidas cautelares, dicha autoridad no llevó a cabo ninguna de ellas, incurriendo en una demora de tres meses injustificada.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SC 044/2010-R de 20 de abril, citada por la SCP 0157/2024-S2 de 13 de mayo, entre otras, señaló: “Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R), o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R), o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, pese a que el imputado ha cumplido con las medidas sustitutivas impuestas (SSCC 1477/2004-R, 046/2007-R, entre otras)” (las negrillas corresponden al texto citado).
Asimismo, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero añadió: “Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (el subrayado es añadido).
La SCP 0122/2015-S1 de 20 de febrero determinó: «Efectivamente la SC 0017/2011-R, reiterada por las SCP 0077/2012, entre otras, señaló: “De manera coherente con las corrientes del Derecho Constitucional contemporáneo y la visión plural orientada a la realidad nacional, el art. 125 de la CPE, superó la denominación de 'hábeas corpus', prevista anteriormente por el art. 18 de la Constitución Política del Estado abrogada CPEabrg, e instituyó la de 'acción de libertad', configurándola como una garantía esencial que, además de la libertad, resguarda el derecho a la vida como bien jurídico primario y fuente de los demás derechos del ser humano…”. En ese ámbito, en virtud a la tutela que brinda respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal (art. 64 del Código Procesal Constitucional [CPCo]), la acción de libertad es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, aunque no se d[é] la estrecha vinculación del mismo con la libertad física o personal, en el ámbito clásico del hábeas corpus o acción de libertad instructiva. n. Debe señalarse que esta conclusión, que emerge de la naturaleza del derecho a la vida y de la acción de libertad como un medio inmediato para su defensa, encuentra sustento en la Constitución Política del Estado y en el propio Código Procesal Constitucional. Efectivamente, de acuerdo al art. 125 de la CPE antes glosado, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona “que considere que su vida está en peligro”, sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En igual sentido, el art. 47 del CPCo, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que “su vida está en peligro”. Consecuentemente, las propias normas constitucionales y legales configuran procesalmente a la acción de libertad como un medio para la defensa del derecho a la vida, cuando éste estuviere en peligro y, por lo mismo, no cabe una interpretación restrictiva de esta norma limitando su alcance únicamente a los supuestos en que exista vinculación con el derecho a la libertad física o personal. Sin embargo, debe señalarse que, en todo caso, será la parte accionante la que, tratándose del derecho a la vida, asuma la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional; empero, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción”» (las negrillas fueron añadidas).
La accionante, en su calidad de víctima dentro de proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público contra Luis Fernando Loayza Alayza, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, denuncia la vulneración de su derecho a la vida sin violencia y acceso a la justicia y del principio de celeridad, por cuanto habiendo efectuado tres solicitudes al Juez demandado de señalamiento de audiencia ante incumplimiento de medidas de protección en las que habría incurrido su presunto agresor, así como audiencia de medidas cautelares, dicha autoridad no llevó a cabo ninguna de ellas, incurriendo en una demora de tres meses injustificada.
Con la intención de establecer las circunstancias en las que emerge esta acción de libertad, se pasa a revisar la documentación extractada en las Conclusiones de esta Sentencia; así se puede verificar que existen medidas de protección en contra de Luis Fernando Loayza Alayza, de las cuales se desconoce la fecha de su determinación (Conclusión II.5), también se verifica que existe una imputación formal de 14 de septiembre de 2022 contra Luis Fernando Loayza Alayza, a denuncia de la ahora accionante, por la presunta comisión de violencia familiar o doméstica (Conclusión II.2); asimismo, se advierten tres memoriales de la referida víctima, presentadas ante el Juez ahora demandado del 6 de junio de 2022, 30 de septiembre del mismo año y del 24 de noviembre de igual año, en las que solicitó audiencia para dilucidar el incumplimiento de dichas medidas de protección y en los dos últimos memoriales además solicitó la aplicación del art. 389 quinquies del CPP; asimismo, los dos primero memoriales fueron decretados por el Juez demandado señalando audiencia al efecto solicitado, mediantes los respectivos decretos de 7 de junio de 2022 y 3 de octubre del mismo año (Conclusiones II.1, 3 y 4). Ahora bien, la accionante esgrime que existe una dilación indebida en la atención de sus solicitudes de audiencias de consideración de incumplimiento de medidas de protección, que según la accionante no fueron atendidas con la debida celeridad, sino que por el contrario hubo una demora injustificada, así como con relación a su solicitud de medidas cautelares contra su presunto agresor, en cuyo caso se habría demorado un tiempo de tres meses; sin embargo, la acción de libertad en su modalidad de pronto despacho tiene la finalidad de proteger aquella dilación en que incurrieran las personas demandadas, siempre y cuando el afectado se encuentre privado de libertad, por lo que dicha demora incidiría en su restitución. En el presente caso, claramente la accionante, al ser la víctima en el proceso penal abierto contra su presunto agresor, no cuenta con esa calidad de privada de libertad, por lo que, no le es aplicable la protección de esta acción tutelar de pronto despacho, por lo que se deniega la tutela respecto a la denuncia de vulneración del principio de celeridad. Con relación a la denuncia de vulneración del derecho a la vida sin violencia, si bien este es el medio idóneo para la protección del derecho a la vida, como lo señala la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo, es necesario que exista una carga argumentativa sobre dicha afectación y también su acreditación, situación que no se da en este caso, pues no se conoce cómo se puso en peligro la vida de la accionante y mucho menos que el Juez demandado tuviera alguna responsabilidad en ello, así como no existe ninguna prueba que sustente el presente reclamo, por lo que no corresponde conceder la tutela por la denuncia de vulneración del derecho a la vida libre de violencia. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia no se halla dentro de los derechos protegidos por la acción de libertad, por lo que corresponde su denegatoria.
El mencionado Tribunal de garantías resolvió la presente causa el 28 de diciembre de 2022, empero la remitió a este Tribunal, recién el 3 de febrero de 2023 (fs. 118), si bien según el informe del Secretario de dicho Juzgado, se envió el presente expediente recién el 9 de enero de 2023, porque hubieron problemas sociales desde el 29 de diciembre de 2022 al 6 de enero de 2023, y -porque hubo un cambio de Courier- le fue devuelto dicho expediente un mes después, no existe constancia de dicho primer envío, en cuyo caso, la advertida demora habría estado justificada, sino que solo existe constancia del envío realizado el 3 de febrero de 2023; por ello, corresponde llamar la atención a dicho Tribunal por la mencionada demora suscitada desde el 6 de enero de 2023 al 3 de febrero de dicho año, habiendo demorado cerca de un mes en dicha remisión, cuando tenía un plazo de veinticuatro horas para ello, como lo dispone el art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que prevé: “La resolución y antecedentes de la Acción de Defensa se elevará de oficio, en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de veinticuatro horas siguientes a la emisión de la resolución”; y además se le exhorta a que en la atención de futuras acciones de tutela cumpla con el plazo previsto para su remisión a este Tribunal. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 30/2022 de 28 de diciembre, cursante de fs. 116 vta. a 117, dictada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz y, en ese orden, DENEGAR la tutela solicitada; asimismo, se llama la atención al mencionado Tribunal de Sentencia por la demora injustificada en que incurrió en la remisión del presente expediente a este Tribunal, según se señaló en el Fundamento Jurídico III. 4 de este fallo constitucional y se le exhorta a cumplir con los plazos legales al efecto en futuras acciones tutelares a resolver. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0651_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): a9c14064837a36fda47b9a0925f309b5bdcc60c2d7b25e9c4b1c21319f125a91
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