B.IA.LEGAL

SCP 0651/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 27 de junio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
27 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
46930-2022-94-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa y al debido proceso vinculado al principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de asociación delictuosa y otros, habiéndose resuelto por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el recurso de apelación incidental formulado por “…los otros acusados…” (sic), y emitida la correspondiente Resolución; hasta la fecha de presentación de esta acción de defensa, el cuaderno de control jurisdiccional no fue devuelto ante el Tribunal de origen; omisión que, impide no solo la prosecución del juicio oral, sino que pueda efectuar la respectiva revisión del mismo, así como del fallo pronunciado, y de esa manera solicitar la cesación de su detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; y, 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 14/2022 de 1 de abril, cursante de fs. 13 a 15, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme las razones y fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad y los alcances de protección respecto al procesamiento ilegal o indebido
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0651/2023-S3 Sucre, 27 de junio de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 46930-2022-94-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 14/2022 de 1 de abril, cursante de fs. 13 a 15, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Carlos Camacho Terceros en representación sin mandato de René Sanabria Oropeza contra Félix Orlando Rojas Alcón y Claudia Marcela Castro Dorado, Vocales; Ximena Jimenes Chura, Secretaria; y, “Dactilógrafo”, todos de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de abril de 2022, cursante de fs. 1 a 3, el accionante a través de su representante sin mandato, manifiesta que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de asociación delictuosa y otros, por determinación del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del mencionado departamento; al respecto, aclara que es una persona de la tercera edad y que la señalada causa se encuentra en etapa de juicio oral. En ese contexto, el 17 de febrero -se entiende de 2022-, se llevó a cabo la audiencia de consideración del de recurso de apelación incidental en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; a cuya finalización, se emitió el correspondiente fallo; sin embargo, hasta la fecha de presentación de este mecanismo de defensa constitucional, el cuaderno de control jurisdiccional no fue devuelto al Tribunal de origen, omisión que le impide efectuar la respectiva revisión del mismo, así como de la referida Resolución; y, consecuentemente, solicitar la cesación de su detención preventiva, más aun tomando en cuenta que es una persona de la tercera edad y que se encuentra restringido de su libertad; por lo que, activa la presente acción de libertad en su modalidad de pronto despacho.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, no hizo mención expresa a ningún derecho que hubiese sido lesionado, limitándose a citar los arts. 22, 115.I, 116, 117.I y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE); sin embargo, en audiencia hizo alusión a los derechos a la defensa y al debido proceso vinculado al principio de celeridad.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, remita de inmediato “los cuadernos” de control jurisdiccional al Tribunal de origen; es decir, al Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del citado departamento.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 1 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 10 a 12; con la presencia del representante sin mandato del impetrante de tutela y los Vocales accionados; y, ausentes la Secretaria y “Dactilógrafo” coaccionados, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, ratificó de manera íntegra el memorial de acción de libertad, y ampliando en audiencia, manifestó que: a) A partir de la audiencia de medidas cautelares llevada a cabo “el año 2020”, se determinó su detención preventiva inicialmente por el plazo de seis meses; no obstante, transcurrió más de un año y medio cumpliendo la señalada medida extrema, en ese sentido, lo que pretende es la cesación de la misma mediante la aplicación de los mecanismos legales; b) Ante la interposición del recurso de apelación incidental formulado por los otros acusados en el proceso penal de referencia, el 17 de febrero -se entiende de 2022-, se llevó a cabo la respectiva audiencia en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; sin embargo, la Resolución no se encuentra transcrita; por lo tanto, no se remitieron los antecedentes al Tribunal de origen a objeto de que se dé continuidad a la prosecución del juicio oral y público; c) La omisión en el envío de antecedentes impide que pueda conocer los elementos que sirvan para la solicitud de la cesación de la detención preventiva, lo cual vulnera de manera directa el principio de celeridad y los derechos al debido proceso y a la defensa, más aún tomando en cuenta que es de la tercera edad y cuenta con distintas afecciones de salud, además el plazo determinado para la indicada medida extrema ya se cumplió; d) Se solicitó en varias oportunidades la remisión extrañada; sin embargo, “…del 17 de febrero al 17 de marzo es un mes que ha demorado esta apelación del 17 de marzo al 17 de abril que es dentro de diez días poco más va ser dos meses que no se ha remitido este cuaderno al tribunal aquo…” (sic); en ese sentido, si bien la demora puede ser justificada por la excesiva carga procesal de cinco a seis días conforme establece la jurisprudencia constitucional; no obstante, en el presente caso transcurrió más de un mes y medio sin que se devuelvan los antecedentes, encontrándose los obrados originales en la referida Sala Penal; e) Aclara que, en cuanto a la legitimación pasiva “…no hemos accionado la legitimación de la Dra. Castro sino del Dr. Orlando Rojas que fue quien presidio la audiencia de apelación (…) [é]l incluso dispuso la remisión de los obrados en la misma audiencia sin embargo no ha cumplido con ese precepto…” (sic); f) De conformidad a la “SC026/2018-S2”, la demora en todo trámite que tenga vinculación con el derecho a la libertad se traduce en una lesión que agrava la situación del privado de libertad; por lo que, encontrándose restringido de su libertad, ello tiene una directa conexión con el debido de proceso, además se cumplió con el principio de subsidiariedad, ya que no existe otra autoridad a quien pueda acudir más allá del Juez a quo; dado que, la indicada Sala Penal tiene competencia provisional únicamente para resolver los incidentes; g) Toda vez que, los funcionarios de apoyo judicial no acudieron a la audiencia ni remitieron informe, debe aplicarse la presunción de veracidad; y, h) Ante la referencia de la parte accionada sobre que ya se hubiera cumplido con la devolución extrañada solicita que la acción de libertad sea tomada en cuenta en su modalidad innovativa, ya que existió un agravio a sus derechos invocados.

I.2.2. Informes de la parte accionada

Félix Orlando Rojas Alcón, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en audiencia señaló que: 1) Emitió el fallo por el que ordenó la revocatoria de la Resolución dictada por Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del indicado departamento, respecto a un incidente de actividad procesal defectuosa cuyos fundamentos se encuentran en el Auto de Vista correspondiente, habiéndose ordenado la remisión de antecedentes al Tribunal de origen, encomendando dicha tarea al personal de apoyo judicial; y, 2) De acuerdo “al informe verbal”, ya se realizó el envió pertinente; por lo que, no existe ningún agravio respecto a las aseveraciones vertidas por el accionante; en consecuencia, solicitó se deniegue la tutela impetrada. Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en audiencia, manifestó que: i) Las actuaciones señaladas en la referida Sala Penal se desarrollaron de acuerdo al cumplimiento de plazos procesales; consecuentemente, se emitió la debida Resolución de manera oral, debiendo de forma ulterior el personal de apoyo judicial remitir los antecedentes al Juzgado de origen conforme lo dispuesto en la audiencia suscitada el 17 de febrero de “2021” -siendo lo correcto 2022-, “…por el Dr. Rojas y la suscrita autoridad…” (sic); y, ii) El Vocal accionado y su persona carecen de legitimación pasiva; toda vez que, de acuerdo con la Ley del Órgano Judicial y las modificaciones establecidas por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, la obligación de enviar -el cuaderno de control jurisdiccional- ante el Juez de origen es una facultad atribuida al personal de apoyo judicial, pues tampoco se fundamenta específicamente cuál de los indicados funcionarios estaría omitiendo la remisión extrañada; en consecuencia, solicita se deniegue la tutela solicitada en cuanto a dichas autoridades. Ximena Jimenes Chura, Secretaria; y, el “Dactilógrafo”, ambos de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no asistieron a la audiencia de consideración de esta acción de defensa, ni remitieron informe alguno, pese a sus citaciones cursantes a fs. 7 y 8, respectivamente.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 14/2022 de 1 de abril, cursante de fs. 13 a 15, concedió -en parte- la tutela solicitada respecto a la Secretaria coaccionada en la modalidad innovativa de la acción de libertad; y, denegó en cuanto a los Vocales accionados, bajo los siguientes fundamentos: a) De la revisión de antecedentes, se advierte que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, el 17 de febrero de 2022, la Sala Penal Cuarta del indicado Tribunal Departamental de Justicia resolvió la apelación incidental contra el “…rechazo a la cesación a la detención preventiva…” (sic), ordenando el Vocal accionado la devolución de actuados dentro del plazo de veinticuatro horas, sin que dicha instrucción fuera cumplida por el personal de apoyo judicial; b) La parte impetrante de tutela, aclaró que la presente acción de libertad no fue interpuesta contra Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la indicada Sala Penal, sino contra Félix Orlando Rojas Alcón, Vocal, la Secretaria y el “Dactilógrafo” de la referida Sala Penal; y, c) La SCP 0286/2012 “…de 3 de mayo de 2010…” (sic), moduló la tramitación de la acción de libertad, bajo el criterio que, de acuerdo al principio de celeridad procesal, toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible y dentro de los plazos legales si están fijados y en un tiempo razonable, si no está establecido por ley; de no ser así, tal actuación procesal repercute o afecta a su libertad, que de hecho ya está disminuida por la sola privación de la misma en que se encuentra el detenido, sin que ello implique que necesariamente se deba deferir a su petición, sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente a fin de que obtenga una respuesta positiva o negativa; lo que no aconteció en el presente caso al no haber cumplido la Secretaria coaccionada con la remisión del legajo de apelación al Juzgado de origen.

II. CONCLUSIÓN

Del contenido del expediente remitido a este Tribunal, no consta documentación alguna pertinente al caso de origen; por lo que, la presente acción de defensa se resolverá con base en lo expuesto por los sujetos procesales en audiencia y lo fundamentado por el Juez de garantías.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa y al debido proceso vinculado al principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de asociación delictuosa y otros, habiéndose resuelto por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el recurso de apelación incidental formulado por “…los otros acusados…” (sic), y emitida la correspondiente Resolución; hasta la fecha de presentación de esta acción de defensa, el cuaderno de control jurisdiccional no fue devuelto ante el Tribunal de origen; omisión que, impide no solo la prosecución del juicio oral, sino que pueda efectuar la respectiva revisión del mismo, así como del fallo pronunciado, y de esa manera solicitar la cesación de su detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad y los alcances de protección respecto al procesamiento ilegal o indebido

Asumiendo los entendimientos establecidos por la jurisprudencia constitucional, sobre este tópico de connotación procesal, inherente al debido proceso y los presupuestos de procedencia vía esta acción de defensa, la SCP 0506/2019-S1 de 9 de julio, citando a su vez la SCP 0139/2015-S3 de 19 de febrero, sostuvo que: «Del contenido del art. 125 de la CPE, se puede sintetizar que la acción de libertad se constituye en una acción de defensa oportuna y eficaz que tiene por finalidad el resguardo y protección de derechos como son la vida y la libertad tanto física como de locomoción, a favor de toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, procesada o privada de su libertad personal. Así, a través de la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se precisaron las condiciones en las que se viabiliza su tutela, indicando lo siguiente: “…a) Cuando considere que su vida está en peligro; b) Que es ilegalmente perseguida; c) Que es indebidamente procesada; y, d) O 'privada de libertad personal”’. Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme, al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales -se reitera- el procesamiento indebido constituye la causa directa que originó la restricción o supresión del derecho a la libertad y además hubiese existido absoluto estado de indefensión. Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección otorgada por la ahora llamada acción de libertad, cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado; sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional, previo agotamiento de los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa. En ese orden, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, que contiene los entendimientos asumidos en la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: “'…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional'. (…) para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” » (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, alega que dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de asociación delictuosa y otros, habiéndose resuelto por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el recurso de apelación incidental formulado por “los otros acusados”, y emitido la correspondiente Resolución; hasta la fecha de presentación de esta acción de defensa, no fue devuelto el cuaderno de control jurisdiccional ante el Tribunal de origen, omisión que impide no solo la prosecución del juicio oral sino que pueda efectuar la respectiva revisión del mismo y del fallo pronunciado; y, consecuentemente, solicitar la cesación de su detención preventiva.

Al respecto, en función a la problemática expuesta por la parte accionante, se tiene que la misma converge en presuntas irregularidades del debido proceso, correspondiendo en esa circunstancia remitirse al entendimiento establecido por la jurisprudencia constitucional, inherente a la protección de dicho derecho vía acción de libertad, entendimientos que fueron plasmados en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, a través del cual se tiene establecido que, a fin de resguardar denuncias relacionadas al procesamiento ilegal o indebido a través de este mecanismo tutelar, de manera concurrente se deben presentar los dos siguientes presupuestos: la relación o vinculación directa del acto lesivo con la libertad por operar como causa directa de su restricción o supresión; y además, debe existir absoluto estado de indefensión; es decir que, en el caso, el impetrante de tutela no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso penal de referencia y que recién tuvo conocimiento de los mismos al momento de la persecución o la privación de su libertad.

En ese marco jurisprudencial, en lo que atañe al primer presupuesto establecido, en el caso concreto no se advierte su concurrencia; toda vez que, a partir de los argumentos expuestos por la parte peticionante de tutela tanto en su demanda constitucional como lo referido en audiencia, se tiene que el accionante identifica como el acto lesivo de sus derechos invocados la presunta dilación en la devolución del cuaderno de control jurisdiccional que fue remitido ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz como efecto del recurso de apelación incidental que fue formulado por “los otros acusados” dentro de la indicada causa penal; sin embargo, no se advierte que dicho reclamo constitucional, es decir la devolución extrañada, se encuentre relacionada directamente con su derecho a la libertad, al no constituirse en la causa directa para su amenaza y/o restricción; puesto que, el peticionante de tutela en su condición de acusado dentro el proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de asociación delictuosa y otros, que aclara se encuentra en etapa de juicio oral, si bien está restringido de su libertad; tal como lo reconoció a través de su abogado, ello deviene del cumplimiento de la medida cautelar de carácter personal de detención preventiva que le fue impuesta en mérito a una determinación emitida por autoridad competente; por lo que, la alegada solicitud de cesación de la medida extrema que pretende presentar, no involucra directamente establecer dicha relación con la presunta demora provocada por parte de las autoridades o funcionarios judiciales accionados. En efecto, siendo que el accionante se encuentra restringido de su libertad en cumplimiento de la detención preventiva que le fue impuesta, para que se altere esa su situación jurídica, es decir, cese o se modifique la misma, debe necesariamente presentar solicitud de cesación, misma que alega no podía hacerlo por la falta de devolución de antecedentes en apelación; sin embargo, dicha pretensión no fue acreditada en el caso concreto, ya que de lo expuesto por el propio impetrante de tutela en su memorial de acción de libertad, no se puede advertir que exista una solicitud en ese sentido, la cual esté pendiente de consideración y resolución, o que presentada una petición de cesación, la misma hubiese sido negada o quedado irresoluta por la extrañada devolución de antecedentes; situación que en su caso, sí se vincularía con su derecho a la libertad; en consecuencia, en el caso analizado, la omisión denunciada como la causa que opera directamente suprimiendo o amenazando el derecho a la libertad del peticionante de tutela, no concurre.

De esa manera, el razonamiento anterior guarda coherencia con el entendimiento asumido por esta Sala en un caso con supuestos fácticos análogos, en el que también se reclamaba la falta de devolución del legajo de apelación al de origen, pero no existía ninguna situación ni circunstancia que vincule dicho envío a una posible afectación directa a la definición de la situación jurídica del procesado, en ese sentido, la SCP 0419/2020-S3 de 10 de agosto, haciendo referencia a la situación expectaticia y no concretada de una posible y futura solicitud de cesación, precisó en su ratio decidendi lo siguiente: “Así, y explicado en otras palabras, no se evidencia que la alegada demora en la devolución del legajo de apelación que resolvió la cesación solicitada por el impetrante de tutela, opere como la causa de restricción de su libertad, ni tenga incidencia directa en dicho derecho, pues ni siquiera se advierte que exista una solicitud de cesación, cuyo trámite se encuentre pendiente y/u obstaculizado por esa razón, dado que constituye una situación expectaticia la presentación de una petición de cesación que aún no se materializa y que puede o no darse, ocurriendo lo propio con el despliegue procesal que vaya a realizarse en la misma y por ende las actuaciones que pueda asumir el Tribunal que conozca de dicho requerimiento respecto a la devolución o no del legajo de apelación y su incidencia en la consideración de la eventual cesación, contexto este, que al no haberse materializado no tiene una vinculación directa con la libertad…” A lo referido, se suma además otra circunstancia concurrente en el caso concreto; dado que, la alegada dilación en la devolución de los antecedentes relativos a la interposición del recurso de apelación incidental al Tribunal de origen, que ahora se cuestiona a través de esta acción de defensa, es confusa en cuanto a si evidentemente se trataría de una cuestión inherente al régimen de medidas cautelares, tópico abordado y resuelto precedentemente, o más bien, y conforme también fue señalado por el Vocal accionado, sería referente a una apelación sobre un incidente de actividad procesal defectuosa, lo cual es inherente a un aspecto de naturaleza procedimental, donde no está en tela de juicio el mencionado derecho del impetrante de tutela; por lo que, tampoco se puede asumir que el solo cumplimiento del envío de los antecedentes, quebrante de forma automática en ese derecho, puesto que se entiende que dicho incidente resuelve cuestiones procesales que por sí mismos no determinan la libertad del procesado; razonamiento que se confirma a su vez, por la pretensión expuesta por el peticionante de tutela en audiencia, refiriendo que la devolución de antecedentes ahora extrañada, incidiría en la prosecución del juicio; lo que, evidentemente demuestra que su reclamo es inherente a cuestiones del debido proceso, netamente procesales, no vinculadas a su libertad.

En consecuencia, en el caso analizado la omisión denunciada como la causa que opera directamente suprimiendo o amenazando el derecho a la libertad del peticionante de tutela no concurre; por lo que, no se tiene cumplido el primer presupuesto establecido por el entendimiento jurisprudencial citado. En cuanto al segundo presupuesto, tampoco se constata que el accionante se encuentre en absoluto estado de indefensión; por cuanto, de lo señalado por el prenombrado, se advierte que se encuentra en pleno conocimiento del proceso penal instaurado en su contra, desarrollando en el mismo actos procesales en ejercicio de su derecho a la defensa, pudiendo además dentro de ese despliegue procesal activar los mecanismos de defensa que considere necesarios y oportunos a fin de la protección de sus derechos, y solo en caso de persistir la lesión acudir a esta jurisdicción a través de la acción de amparo constitucional, que es la vía de protección constitucional tutelar idónea para el resguardo y restablecimiento del debido proceso cuando no se encuentra vinculado a la libertad.

Por lo que, ante tal incumplimiento de los dos presupuestos previstos por la jurisprudencia constitucional, la denuncia realizada relacionada con el indebido o ilegal procesamiento por omisión, no es susceptible de protección a través de este mecanismo tutelar; correspondiendo al respecto, denegar la tutela solicitada sin ingresar al análisis de fondo de la problemática expuesta.

En consecuencia, el Juez de garantías al conceder -en parte- la tutela impetrada, obró de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; y, 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 14/2022 de 1 de abril, cursante de fs. 13 a 15, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme las razones y fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0651_2023-S3_id64232.pdf · páginas 1 a 11.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2ade5d02c5477bd2d3861e272247e17d26450ee2eb87e153cb43d7f4a3342508

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →