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SCP 0649/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 30 de junio de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
30 de junio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
53460-2023-107-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante considera lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso, “defensa”; y, a la “justicia pronta, oportuna, gratuita y sin dilaciones”; alegando que, el Juez demandado, “…fija audiencia de cesación a la detención preventiva sin justificativo…” (sic), omitió notificar al Ministerio Público y peor a su persona en tiempo oportuno; además no hizo control jurisdiccional, conforme a lo previsto en los art. 54 y 279 del CPP.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 33/2022 de 24 de diciembre, cursante de fs. 17 a 18, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en el marco de lo expuesto en este fallo constitucional, disponiendo que el Juez demandado, resuelva en el día la situación jurídica del accionante, salvo que por el transcurso del tiempo, la misma ya hubiera sido resuelta.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. El principio de celeridad en la administración de justicia
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0649/2025-S3 Sucre, 30 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 53460-2023-107-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 33/2022 de 24 de diciembre, cursante de fs. 17 a 18, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Wendy Miriam Rodríguez Quinteros en representación sin mandato de Pablo Rigoberto Tuero Vaca contra Simón Alarcón Vásquez, Juez Público Mixto, Civil y Comercial de Familia Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de diciembre de 2022, cursante de fs. 4 y vta., el accionante a través de su representante sin mandato legal, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Guarda detención preventiva en el “…Centro Penitenciario de Okinawa…” (sic) de Santa Cruz, dentro el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), por la presunta comisión del delito de corrupción de menores. Acusa que el Juez -ahora demandado-, “…fija audiencia de cesación a la detención preventiva sin justificativo…” (sic), omitió notificar al Ministerio Público y peor a su persona en tiempo oportuno; además no hizo control jurisdiccional, conforme a lo previsto en los art. 54 y 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, “defensa”; y, a la “justicia pronta, oportuna, gratuita y sin dilaciones”, citando al efecto el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: “… la autoridad judicial de grado considere, aplicando medidas sustitutivas a la detención preventiva” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 24 de diciembre de 2022, según consta en acta cursante a fs. 17, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante no asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 13.

I.2.2. Informe del demandado

Simón Alarcón Vásquez, Juez Público Mixto, Civil y Comercial de Familia Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, a través de informe escrito presentado vía WattsApp el 24 de diciembre de 2022, cursante de fs. 15 a 16, señaló que: a) Cursa en su despacho judicial, el proceso penal, por la presunta comisión del delito de corrupción de menores, en contra del accionante. Ante su imputación formal de 31 de agosto de 2022, por Auto Interlocutorio de 1 de septiembre del mismo año, se aplicó detención preventiva por ciento ochenta días; que fue apelada y confirmada por el Tribunal superior; b) El peticionante de tutela, solicitó cesación a la detención preventiva, ante ello por providencia de 21 de diciembre de 2022, señaló audiencia para el 28 del mismo mes y año, al encontrarse de turno por la vacación judicial. Asimismo, señaló que tiene varias audiencias y de forma diaria se presentaron imputaciones con aprehendidos; c) En el memorial de acción de libertad que presentó el accionante, no fundamentó los derechos que hubieren sido vulnerados; asimismo, de forma general señaló que se fijó audiencia, sin justificativo, adjuntando copia del memorial de petición; pues no guarda relación con la verdad, siendo la única solicitud que ingreso a su despacho; d) El accionante, no actuó de buena fe, ni con lealtad procesal, siendo de su conocimiento, que el juzgado se encontraba con sobre carga procesal, llevándose hasta tres a cuatro audiencias cautelares por día, sumándose otros procesos; y, e) No se tiene el quebrantamiento de ningún derecho, ni garantía fundamental, el proceso penal referido se encuentra en etapa preparatoria y en plazo legal; motivo por el que, solicitó se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 33/2022 de 24 de diciembre, cursante de fs. 17 a 18, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Refirió el art. 125 de la CPE; establece que, toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, por si o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese a la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad; 2) Mencionó el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo); “… la acción de libertad, procede cuando la persona crea que: 1. Su vida esté en peligro; 2. Esta ilegalmente perseguida; 3. indebidamente procesada; 4. indebidamente privada de libertad personal …” (sic); 3) Analizó e interpretó el art. 47 del CPCo, refirió que, la vida del accionante no está en peligro y se encuentra con control jurisdiccional; por lo mismo, no está ilegalmente perseguido; 4) El impetrante de tutela, reclamó la vulneración de sus derechos, al debido proceso, a la defensa, pronta y sin dilaciones, ante el señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva sin justificativo; 5) La autoridad demandada, en su informe, afirmó que el proceso penal, radica en su juzgado; asimismo, se extrae que el accionante, peticionó conceder la tutela y ordenar la aplicación medidas sustitutivas a la detención preventiva; 6) El Tribunal de garantías, no puede rebatir los fundamentos que hacen una resolución; y, menos, ordenar a la Autoridad demandada, a que aplique medidas sustitutivas, al no ser de su competencia; y, 7) La abogada del accionante, no se presentó en audiencia de acción de libertad; sin embargo, el Tribunal de garantías, basó sus fundamentos con base a su memorial; y, que existió una mala redacción, que no dice absolutamente nada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa memorial de 8 de diciembre de 2022, con cargo de recepción de 15 de mismo mes y año; presentado ante el Juez demandado, el impetrante de tutela solicitó cesación a la detención preventiva (fs. 3 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante considera lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso, “defensa”; y, a la “justicia pronta, oportuna, gratuita y sin dilaciones”; alegando que, el Juez demandado, “…fija audiencia de cesación a la detención preventiva sin justificativo…” (sic), omitió notificar al Ministerio Público y peor a su persona en tiempo oportuno; además no hizo control jurisdiccional, conforme a lo previsto en los art. 54 y 279 del CPP.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Al respecto, la SCP 0620/2024-S4 de 17 de septiembre, sostuvo que: “…la 0011/2010-R de 6 de abril, en cuanto a la acción de libertad precisó que: ‘…es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida (…) sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE´” (las negrillas son nuestras).

En cuanto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, estableció que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad.

Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos´” (las negrillas son nuestras).

III.2. El principio de celeridad en la administración de justicia

La SCP 0645/2024-S4 de 24 de septiembre, señalo que: «…la SCP 0071/2012 de 12 de abril, ha señalado que: “El art. 178.I de CPE, establece que: 'La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico…'.

En concordancia con la mencionada norma constitucional, el art. 115.II de la citada Ley Fundamental que determina: ‘ El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones‘, de lo que se establece que la administración de justicia debe ser rápida y eficaz tanto en la tramitación como en la resolución de las causas, ya que las personas que intervienen en el proceso esperan una definición oportuna de su situación jurídica, máxime si está comprometido un derecho fundamental de primer orden como es el de la libertad.

La jurisprudencia constitucional al referirse al principio de celeridad y con relación a los administradores de justicia, estableció que este principio: '…impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo deberá ser cumplido estrictamente'. Así, las SSCC 0758/2000-R, 1070/2001-R y 0105/2003-R entre otras.

En el orden normativo, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que la celeridad 'comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia'”».

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante considera lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso, “defensa”; y, a la “justicia pronta, oportuna, gratuita y sin dilaciones”; toda vez que, el Juez demandado, fijó audiencia de cesación a la detención preventiva sin justificación, omitió notificar al Ministerio Público y peor a su persona en tiempo oportuno; además no hizo control jurisdiccional, conforme a lo previsto en los arts. 54 y 279 del CPP.

En ese contexto, conforme el Fundamento Jurídico III.1, del presente fallo constitucional, debe tenerse en cuenta que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados a la libertad; es decir, cuando existan dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona; en este caso, el accionante mediante memorial de 8 de diciembre de 2022, con cargo de recepción de 15 del mismo mes y año, solicitó cesación a la detención preventiva ante Juzgado Público Mixto en lo Civil y Comercial de Familia Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz (Conclusión II.1). El Juez demandado, por proveído de 21 de diciembre del 2022, señaló audiencia, para el 28 del mismo mes y año, aduciendo que el juzgado se encontraba de turno por la vacación judicial; asimismo, tuvo muchas audiencias señaladas y que a diario se presentaron imputaciones con aprehendidos.

De la revisión y compulsa de los antecedentes se establece que, desde el 15 de diciembre de 2022, en el que tomo conocimiento de la solicitud de cesación a la detención preventiva, hasta el 28 del mismo mes y año, transcurrieron trece días, sin que la Autoridad demanda resuelva la situación jurídica del peticiónate de tutela. Más allá de las cuarenta y ocho horas, previsto por el art. 239 núm. 1, 2, 5 y 6 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, dilatando innecesariamente el señalamiento de la audiencia del accionante, quien se encontraba privado de su libertad. De acuerdo al entendimiento expresado en la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2; los administradores de justicia están en el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que, tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata; de lo evidenciado, se advierte que efectivamente la autoridad demandada, no dio respuesta en el plazos previstos del art. 239 del CPP; además, el deber de conocer y resolver la petición de cesación preventiva del accionante, con la mayor celeridad posible; siendo que, la administración de la justicia, debe ser rápida y eficaz tanto en su tramitación como en la resolución de las causas. Entonces de lo manifestado, se concluye que, el Juez demandando, incumplió con la normativa procesal aplicable al presente caso, incurriendo en una dilación indebida en el señalamiento de la audiencia de cesación detención preventiva del acciónate, lo que vulneró al debido proceso vinculado directamente con su derecho a la libertad; por ello corresponde conceder la tutela. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 33/2022 de 24 de diciembre, cursante de fs. 17 a 18, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en el marco de lo expuesto en este fallo constitucional, disponiendo que el Juez demandado, resuelva en el día la situación jurídica del accionante, salvo que por el transcurso del tiempo, la misma ya hubiera sido resuelta. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que el Magistrado Ángel Edson Dávalos Rojas es de Voto Aclaratorio.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0649_2025-S3.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6fefdc00ea808da85ec9a40137b22453a3f214120218a7d235c89b7f476ab9bf

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