Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 14 de agosto de 2024
Deniega la tutela
La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad vinculado a la celeridad; puesto que, el Tribunal de alzada una vez determinada su detención domiciliaria y otras medidas sustitutivas a su detención preventiva, intentó coordinar los oficios y mandamientos con el Secretario ahora accionado, quien en vez de dar celeridad a lo solicitado señaló que los oficios demorarían para la firma y que se encontraba dentro del plazo para decretar; por lo que, no otorgaría ningún oficio o mandamiento, y que previamente debían dejar los recaudos correspondientes. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 17/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 32 a 33, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz; en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0649/2024-S3 Sucre, 14 de agosto de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 49832-2022-100-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 17/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 32 a 33, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carolina Calle Rocha contra Richard Sumi Poma, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 17 de agosto de 2022, cursante de fs. 12 a 14, manifestó que, en el proceso penal seguido el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, se emitió el Auto de Vista 547/2022 de 11 del indicado mes, que revocó la decisión del Juez de primera instancia y se dispuso la aplicación del art. 231 bis del Código de Procedimiento Penal (CPP) en su favor; para dar cumplimiento a lo determinado se intentó coordinar los oficios y mandamientos con el Secretario hoy accionado, quien en vez de dar celeridad a lo solicitado, señaló que los oficios demorarían para la firma y que se encontraba dentro del plazo para decretar; por lo que, no otorgaría ningún oficio o mandamiento, además se tendría que dejar los recaudos correspondientes para “ACELERAR” el proceso. En consecuencia, esa supuesta vulneración fue ratificada de manera íntegra en la audiencia virtual de consideración de esta acción de defensa de 17 del citado mes y año, conforme se puede advertir del acta cursante de fs. 29 a 31 vta.
La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad vinculado a la celeridad; sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga que: a) En el día el Secretario ahora accionado, realice los correspondientes mandamientos y oficios dispuestos por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sin necesidad de que se paguen los recaudos de ley; y, b) Se llame severamente la atención al citado Secretario remitiéndose antecedentes al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público con la finalidad de que se inicie la investigación y procesamiento.
Richard Sumi Poma, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia, manifestó que remitió el legajo de apelación el 16 de agosto de 2022 a las 17:30 horas, “… el sello de cargo está recepcionado con hora 16:30 p.m. …” (sic); asimismo tiene recargadas tareas y que no resulta evidente que solicitó “recaudos” cuando más bien es quien eroga gastos incluso de su bolsillo y que de acuerdo a la Ley tiene veinticuatro horas para decretar las solicitudes y emitir los mandamientos de Ley, debiendo tomar las previsiones necesarias al tratarse de un delito de tráfico de sustancias controladas.
La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 17/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 32 a 33, concedió en parte la tutela solicita en la modalidad innovativa, exhortando al Secretario hoy accionado dar prioridad y celeridad a los actos procesales que correspondan a su juzgado para la otorgación de medidas sustitutivas en favor de la accionante; y si bien, el referido Secretario dio cumplimento parcialmente lo ordenado, queda pendiente la verificación domiciliaria a la que debe darse preferencia y prioridad, conforme al principio de celeridad; todo ello bajo los siguientes fundamentos: 1) A través del Auto de Vista 547/2022, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dispuso la detención domiciliaria de la accionante sin derecho a salida laboral, el domicilio debía ser acreditado ante el Juez de primera instancia y ser verificado por funcionarios de apoyo jurisdiccional del mismo juzgado, una fianza de Bs10 000.-(diez mil bolivianos), arraigo, prohibición de concurrir a lugares públicos o privados de expendio de bebidas alcohólicas y estupefacientes, registro de asistencia en el biométrico del Ministerio Público cada quince días, así como la obligación de presentarse a todos los actos que sea convocada. Esas medidas debían ser cumplidas por la imputada -accionante- y ante su incumplimiento la decisión sería revocada; y, 2) El expediente fue devuelto el 16 de agosto de 2022 y decretado el 17 del mismo mes y año, constando en obrados que se emitió el mandamiento de arraigo y se entregó la solicitud de depósito judicial, estando pendiente la verificación domiciliaria que debe ser realizada con celeridad debido a su vinculación al derecho a la libertad de la accionante, sin que su cumplimiento este condicionado a cualquier otra circunstancia o requisito.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-04/2024 de 9 de mayo, se dispuso el sorteo conforme al orden correlativo de las acciones traslativas o de pronto despacho clasificadas a la Sala voluntaria o piloto; en cumplimiento a dicha determinación la Comisión de Admisión de este Tribunal, según orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto de Vista 547/2022 de 11 de agosto, emitidos por los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró admisible el recurso de apelación interpuesto por Carolina Calle Rocha -ahora accionante- confirmando en parte el Auto Interlocutorio 98/2022 de 29 de junio, emitido por el Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del indicado departamento, aplicando medidas cautelares menos gravosas a la detención preventiva, ordenando -entre otros- la detención domiciliaria de la accionante; una fianza de Bs10 000.-, arraigo, y, la prohibición a concurrir a determinados lugares públicos o privados de expendio de bebidas alcohólicas y estupefacientes (fs. 19 a 23 vta.). II.2. Mediante Nota de 12 de agosto de 2022, el Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, devolvió los actuados al Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del indicado departamento, relacionados a la causa penal seguida por el Ministerio Público contra la accionante, por el presunto delito de tráfico de sustancias controladas en cumplimiento a lo dispuesto por el Auto de Vista 547/2022 (fs. 25). Ante lo cual, por Decreto de 17 de agosto de ese mismo año, el Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del referido departamento, señaló “Se tiene presente, arrímese a sus antecedentes para fines consiguientes de ley” (sic [fs. 25 vta.]). II.3. Cursa Mandamiento de Arraigo librado por el Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz el 17 de agosto de 2022, por el cual se ordenó el arraigo de la accionante (fs. 26); asimismo, se tiene el Formulario de Depósito Judicial por fianza figurando como depositante la accionante, por el monto de Bs10 000.- (fs. 27).
La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad vinculado a la celeridad; puesto que, el Tribunal de alzada una vez determinada su detención domiciliaria y otras medidas sustitutivas a su detención preventiva, intentó coordinar los oficios y mandamientos con el Secretario ahora accionado, quien en vez de dar celeridad a lo solicitado señaló que los oficios demorarían para la firma y que se encontraba dentro del plazo para decretar; por lo que, no otorgaría ningún oficio o mandamiento, y que previamente debían dejar los recaudos correspondientes. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0310/2023-S3 de 24 de abril, reiterando jurisprudencia constitucional, señaló que: «La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, c itando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que:“…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: 'La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…' (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas”» (las negrillas son agregadas).
La SCP 0521/2021-S3 de 18 de agosto, sostuvo que: “…respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas y el subrayado son añadidos).
La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad vinculado a la celeridad; puesto que, el Tribunal de alzada una vez determinada su detención domiciliaria y otras medidas sustitutivas a su detención preventiva, intentó coordinar los oficios y mandamientos con el Secretario ahora accionado, quien en vez de dar celeridad a lo solicitado señaló que los oficios demorarían para la firma y que se encontraba dentro del plazo para decretar; por lo que, no otorgaría ningún oficio o mandamiento, y que previamente debían dejar los recaudos correspondientes.
Se advierte que la accionante denunció la vulneración de su derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad procesal, reconocidos los arts. 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); en ese entendido y conforme el entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional y en consideración a los argumentos expuestos en la presente acción de libertad inicialmente aludida como traslativa o de pronto despacho y posteriormente como innovativa; corresponde analizar el fondo de la problemática planteada, a efectos de evidenciar, si dentro del proceso penal iniciado contra la accionante, el Secretario hoy accionado vulneró el principio de celeridad procesal como elemento del debido proceso. De los antecedentes que cursan en obrados, consta que mediante Auto de Vista 547/2022, pronunciada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se declaró admisible el recurso de apelación incidental interpuesto por la accionante declarando su procedencia en parte y en mérito a ello, confirmó en parte la resolución apelada -Auto Interlocutorio 98/2022-, y alegando que se habría desvirtuado el riesgo procesal previsto por el art. 234 inc. 7) del CPP dejó vigente el previsto por el núm. 2) del art. 235 de la misma norma procesal; en consecuencia, la imputada -accionante- asumiría su defensa con las siguientes medidas cautelares menos gravosas a la detención preventiva, ordenando: i) Detención domiciliaria, sin derecho a salida laboral, debiendo acreditarse domicilio ante el Juez de la causa, el que debe ser verificado por los funcionarios de apoyo jurisdiccional del mismo juzgado; ii) Fianza económica de Bs10 000.- que debía ser depositado y endosado en las oficinas de la Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial (DAF) y/o Consejo de la Magistratura, a efectos de que sea usada si la imputada -accionante- fugara; iii) Arraigo ante las oficinas del Servicio Nacional de Migración; iv) Prohibición de concurrir a determinados lugares públicos o privados de expendio de bebidas alcohólicas y estupefacientes; v) Acudir cada quince días al Ministerio Público en horario de la mañana y registrar su asistencia en el sistema biométrico, concluido el actuado debe retornar inmediatamente a su detención domiciliaria, y, vi) Presentarse a todos los actos convocados por la autoridad jurisdiccional. Según el informe del Secretario hoy accionado, el legajo de apelación fue devuelto al juzgado de origen el 16 de agosto de 2022 a las 16:30 horas, y a primera hora del día siguiente -17 del indicado mes y año, mismo día de la audiencia de consideración de la acción de libertad-, los asistentes del abogado de la accionante se presentaron al juzgado para que se dé cumplimiento a las medidas sustitutivas de la detención preventiva, habiendo de su parte pedido tiempo, pues explicó que tenía otras responsabilidades en el juzgado, aquello con la finalidad de no incurrir en errores que perjudicarían a la accionante. Aclaró también, que no solicitó el pago de ningún recaudo y que existió un mal entendido. No pasaron ni veinticuatro horas para que cumpla con lo que le corresponde del arraigo, la fianza y la verificación de domicilio y que tiene toda a predisposición de hacerlo a la brevedad para lo que coordinará con los asistentes del abogado de la accionante. Conforme a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que los funcionarios de apoyo jurisdiccional en general carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones de tutela debido a que éstos no asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos judiciales; sin embargo, en esa regla se aplican excepciones que se encuentran vinculadas a que dichos funcionarios públicos incurran en excesos desobedeciendo o cambiando las determinaciones de la autoridad judicial; o que a consecuencia de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones que le son inherentes a sus funciones se vulneren derechos protegidos por acciones de defensa o emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; bajo ese criterio, en el caso de análisis la actitud desarrollada por el Secretario ahora accionado al momento de tramitar el caso en cuestión, no se evidencia que incurrió en alguno de los presupuestos que impliquen que su actuar determine que goza de legitimación pasiva para ser demandado en la presente acción de libertad a efecto de establecer su responsabilidad; en ese sentido, al carecer el accionante de esa condición, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías al conceder en parte la tutela solicitada, no obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 17/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 32 a 33, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz; en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0649_2024-S3.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 54525f7e895eb1d9a4fd97d9301e2921ebf44a55b567cfbec1b8a3fa63d65207
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