Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 27 de abril de 2026
Concede en parte la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 02/2023 de 30 de abril, cursante de fs. 64 a 67, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada en la modalidad de pronto despacho, en relación a las solicitudes de audiencia de modificación del lugar de cumplimiento de la detención preventiva y a la salida médica, presentadas a William Presvítero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de La Paz, disponiendo se emita pronunciamiento a dichas solicitudes, salvo que por el transcurso del tiempo, la situación jurídica de la accionante ya hubiere sido definida; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada, en relación a José Manuel Cadena Matta, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Riberalta del departamento de Beni, en los términos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0647/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 55695-2023-112-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución 02/2023 de 30 de abril, cursante de fs. 64 a 67, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Karina Fabiola Leiva Añez de Ruiz contra William Presvítero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, José Manuel Cadena Matta, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Riberalta del departamento de Beni.
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la salud y al debido proceso en su componente celeridad vinculado a su libertad, en virtud a que: a) Habiéndose excusado el Juez de Instrucción Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni, quien asumía la suplencia legal de su similar Segundo, dentro del proceso penal seguido en su contra, por el que guardaba detención preventiva en la Carceleta de Riberalta del departamento de Beni, debió ser remitido al Juzgado de Instrucción Penal de turno de Guayaramerín; empero, al no haberse cumplido de manera inmediata dicha remisión, siendo el responsable el Secretario del Juzgado -ahora codemandado-, se vio impedido de contar con un juez de control jurisdiccional que pueda resolver sus solicitudes de salidas médicas para atender su delicado estado de salud; y, b) En otro proceso seguido en su contra, asignado al Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, también seguido por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, dispuso su detención preventiva debiendo cumplirla en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, y para evitar su traslado desde Riberalta, solicitó audiencia para la modificación del lugar de cumplimiento de dicha medida, además de salida médica; empero, hasta la fecha de interposición de la acción, estas solicitudes no fueron respondidas. William Presvítero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de La Paz, no presentó informe alguno ni compareció a la audiencia de acción de libertad; y, José Manuel Cadena Matta, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Riberalta del departamento de Beni, en audiencia, manifestó que no era evidente lo denunciado; toda vez que, la excusa judicial fue de su conocimiento a las 15:39 del 28 de abril de 2023, cargando en sistema a las 15:48; es decir, en menos de diez minutos; y, no obstante, que el expediente tenía diez cuerpos, fue enviado a las 16:00 del mismo día al asiento judicial de Guayaramerín. El Juez de Sentencia Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 02/2023 de 30 de abril, cursante de fs. 64 a 67, denegó la tutela solicitada, bajo el argumento de que no se conculcó ningún derecho, pues respecto al Secretario demandado no se advirtió dilación alguna en la remisión del proceso, conforme constaba en la guía de despacho nacional; y, en cuanto al Juez demandado, no se tuvo certeza si hubiera incurrido en la lesión de sus derechos, por falta de prueba. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Conforme al Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dichas determinaciones, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, conforme al Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 008/2026 de 11 de marzo, en el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional estableció el uso obligatorio del Formato Corto de Resolución de Sentencias Constitucionales, aprobado en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, para todas las causas comprendidas en el referido Plan.
El art. 115.II de la CPE establece que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; en consecuencia, consagra el principio de celeridad como un componente esencial del debido proceso, lo cual exige que toda causa -sea esta judicial o administrativa- se tramite sin demoras innecesarias; es decir, de manera oportuna. Por su parte, los arts. 178.I y 180.I de la Norma Suprema, instituyen de manera explícita la aplicación del citado principio en la potestad de impartir justicia.
Con referencia a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (el resaltado es propio).
La SCP 0379/2019-S2 de 14 de junio, respecto a la presunción de veracidad, realizó el siguiente trabajo de sistematización:
(…) atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad, señala: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo. En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante (las negrillas son nuestras).
De los antecedentes del presente fallo constitucional, se advierte la Nota TDJ/JAV5/MT 123/2023 de 24 de abril, dirigida a la Carceleta de Riberalta del departamento de Beni, por la que el Juez demandado, ordena el traslado de la accionante al Centro de Orientación Femenina Obrajes de La Paz, adjuntando mandamiento de detención preventiva de 19 de abril de 2023 (fs. 48 a 54); asimismo, a través del memorial de 25 de abril de 2023, la prenombrada solicitó orden de traslado al hospital de Riberalta, así como audiencia para considerar modificación del lugar de cumplimiento de la detención preventiva, para que ésta sea cumplida en Riberalta, solicitó autorización de salida médica; finalmente, hizo renuncia expresa a su recurso de apelación de resolución de aplicación de medidas cautelares (fs. 19 a 21), cursa también guía de envío de correspondencia de 28 de abril de 2023, que acredita que el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni, remitió al asiento judicial de Guayaramerín el proceso extrañado (fs. 55 a 56 vta.); y, por certificado médico forense de 28 de abril de 2023, se diagnosticó a la impetrante de tutela con hipertensión arterial crónica controlada y en tratamiento, con litiasis renal derecha por ecografía (fs. 7 a 9).
A partir de los hechos presentados por la peticionante de tutela, y lo verificado en audiencia por el Juez de garantías, se advierte que, en cuanto a la denuncia de dilación en la remisión del expediente al asiento judicial de Guayaramerín, atribuida al Secretario demandado, la guía de despacho acredita que el expediente fue remitido en el mismo día; en consecuencia, corresponde denegar la tutela. Cabe señalar que, la jurisprudencia constitucional invocada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, ha establecido la aplicación del principio de presunción de veracidad, cuando las autoridades demandadas no presentan informe para desvirtuar las afirmaciones de la demanda tutelar, tampoco acuden a la audiencia de consideración de la acción de libertad, pese a su legal notificación; vale decir, en estos casos se tienen por ciertas las afirmaciones realizadas por la accionante; lo cual, acontece en el presente caso, debido a que el Juez demandado además de ser citado (fs. 45), no asistió a la audiencia, tampoco presentó informe, incumpliendo su obligación de presentar la prueba necesaria de los antecedentes del caso, circunstancia que hace aplicable el siguiente análisis en el marco del precedente constitucional citado. En ese contexto, la accionante mediante memorial presentado el 25 de abril de 2023 al Juez demandado (fs. 19 a 21), por una parte, pidió salida judicial médica para ser tratada en el Hospital General II Nivel de Riberalta, como había recomendado la referencia del médico de la carceleta (fs. 24);
empero, la autoridad demandada no emitió pronunciamiento alguno al respecto. Por otra parte, con relación a la solicitud de audiencia para considerar la modificación del lugar de cumplimiento de la detención preventiva, de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz a Riberalta, en el presente caso, se tiene que la autoridad demandada debió responder con celeridad a sus pretensiones, máxime si se considera que la familia de la impetrante de tutela tiene su residencia habitual en Riberalta, al no haber respondido y encontrarse una amenaza en el traslado de ésta a la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, se ha vulnerado su derecho al debido proceso en su componente celeridad. Toda vez que las pretensiones de la accionante no fueron respondidas por la autoridad demandada hasta la fecha de presentación de la acción tutelar, corresponde conceder la tutela en la modalidad traslativa o de pronto despacho, ordenando al Juez demandado, responder las solicitudes de manera inmediata, a no ser que, por el transcurso del tiempo, la situación jurídica de la accionante haya sido modificada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 02/2023 de 30 de abril, cursante de fs. 64 a 67, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada en la modalidad de pronto despacho, en relación a las solicitudes de audiencia de modificación del lugar de cumplimiento de la detención preventiva y a la salida médica, presentadas a William Presvítero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de La Paz, disponiendo se emita pronunciamiento a dichas solicitudes, salvo que por el transcurso del tiempo, la situación jurídica de la accionante ya hubiere sido definida; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada, en relación a José Manuel Cadena Matta, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Riberalta del departamento de Beni, en los términos expuestos en el presente fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0647_2026-S3.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): c0ad9767c993dd5f9f35ced815be61e7fc8fa0fd83ce7fbd39ec4b4556726e50
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