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SCP 0646/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 26 de junio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
26 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
46689-2022-94-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad infiriéndose del sustento argumentativo al debido proceso, puesto que el Juez ahora accionado no consideró ni resolvió su solicitud de modificación de medidas cautelares desde hace “siete meses”, porque indebidamente remitió su pedido a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que se encuentra conociendo la apelación incidental sobre la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso de otro imputado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2022 de 24 de marzo, cursante de fs. 36 vta. a 38, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos Jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

a) Disponiendo que el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, señale inmediatamente audiencia de modificación de medidas cautelares de la accionante, siempre y cuando no lo hubiese hecho aún.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0646/2023-S3 Sucre, 26 de junio de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 46689-2022-94-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 06/2022 de 24 de marzo, cursante de fs. 36 vta. a 38, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Fernando Mercado Herrera en representación sin mandato de Miriam Seleme Mundaca contra Romer Saucedo Gómez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante a través de su representante sin mandato, mediante memorial presentado el 23 de marzo de 2022, cursante de fs. 25 a 26 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona y otros, por la presunta comisión del delito de “…LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS y Otros...” (sic), caso con Número de Registro Judicial (NUREJ) 201515159, solicitó la “…Modificación de sus Medidas Cautelares que le fueron impuestas en Audiencia de Cesación a la Detención Preventiva de 22 de septiembre de 2015…” (sic), recibiendo en respuesta el decreto de 22 de octubre de 2021, que dispuso indebidamente la remisión de su pedido a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que se encuentra conociendo apelaciones incidentales contra la declaración de extinción individual del proceso para algunos de los imputados.

Posteriormente, solicitó el 13 de enero de 2022 al Juez ahora accionado informe sobre el trámite de su pedido de modificación de medidas cautelares y el 17 de febrero de igual año, solicitó nuevamente audiencia para considerar la referida modificación de sus medidas cautelares; en el entendido, que no se podía otorgar a la apelación mencionada efecto suspensivo, ni podía haberse remitido el cuaderno procesal en original, porque conforme el art. 54 del Código de Procedimiento Penal (CPP) la competencia del Juez cautelar no se encontraba suspendida; sin embargo, el Juez ahora accionado suscribió el Oficio Of. 218/2022 de 24 de febrero, remitiendo nuevamente su pedido a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el accionar con la vulneración a su derecho a la libertad, porque transcurrieron siete meses que no se puede considerar y resolver la modificación de sus medidas cautelares, cuando se encuentra siete años con detención domiciliaria y otras medidas cautelares personales.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad infiriéndose del sustento argumentativo al debido proceso, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y en consecuencia se ordene a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, proporcione el expediente signado con el Nurej 201515159, para considerar y resolver el recurso de apelación incidental planteado.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 24 de marzo 2022, según consta en el acta cursante de fs. 35 a 36 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo manifestó que: a) El Juez hoy accionado admitió que el cuaderno procesal en original fue remitido al Tribunal de alzada; b) El citado tribunal prestó el cuaderno procesal en original; c) Las apelaciones en materia penal tiene efecto suspensivo cuando afecta a todos los sujetos procesales, la apelación que se remitió a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz es una resolución donde se declara la extinción de la acción penal para uno de los acusados, quedándose sin control jurisdiccional; d) En atención a su solicitud de modificación de medidas cautelares, conforme establece el art. 239 del CPP debe señalarse audiencia en cuarenta y ocho horas, empero la solicitud fue realizada hace cuatro meses; e) Fue un error que se remitiera el cuaderno procesal en original por no estar con detención preventiva; y, f) Solicita que el Juez ahora accionado, señale audiencia para resolver su solicitud y si no tiene el cuaderno procesal en original pida su remisión a la referida Sala Penal.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Romer Saucedo Gómez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe presentado el 24 de marzo de 2022, cursante a fs. 33 y vta., manifestó que: 1) No es cierto que no resolvió los memoriales la accionante, toda vez que los mismos cuadernos procesales originales fueron remitidos de manera inmediata al Tribunal de alzada que tiene el físico del cuaderno procesal original para la evisión de la apelaciones incidentales, al no haber los sujetos procesales proporcionado copias y siendo que el cuaderno procesal es ampuloso fue remitido en original, considerándose que no existían detenidos preventivos; y, 2) La accionante no demostró ninguna de las causales de procedencia de la acción de libertad hubiese incurrido, más aun cuando atendiendo el principio de celeridad se remitieron los memoriales ante la autoridad que ejercía el control jurisdiccional del caso en su momento, solicitando se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 06/2022 de 24 de marzo, cursante de fs. 36 vta. a 38, concedió la tutela solicitada y ordenó al Juez hoy accionado que en el plazo de cuarenta y ocho horas señale audiencia de solicitud de modificación de medidas cautelares, más aun cuando ya se cuenta con el cuaderno procesal en original que fueron remitidos por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; bajo los siguientes fundamentos: i) El Juez ahora accionado no debió remitir ante el Tribunal de alzada el cuaderno procesal en original en consideración que existían otros acusados, siendo que la apelación era de uno de ellos, quien era el que debió proveer las copias; ii) La acción de libertad interpuesta es una de pronto despacho, más allá de lo expresado por la defensa de la accionante; iii) El art. 54 del CPP establece las competencias del juez de instrucción y en ninguna parte se establece que los Tribunales de alzada tengan que considerar la modificación de medidas cautelares aunque tengan el cuaderno procesal en original, por estar fuera de su competencia; iv) Las solicitudes que realiza un imputado debe ser atendido por la autoridad jurisdiccional debido a que la causa no puede quedar sin control jurisdiccional, porque se estaría vulnerando los derechos y garantías que tiene el mismo; y, v) Si bien la accionante no se encuentra con detención preventiva, pero se encuentra con medidas sustitutivas a la detención preventiva, que restringen su total libertad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 21 de octubre de 2021 dirigido a Romer Saucedo Gómez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora accionado, Miriam Seleme Mundaca -ahora accionante- solicitó la modificación de sus medidas cautelares (fs. 14 a 16); recibiendo en respuesta el decreto de 22 de octubre de 2021, donde el Juez ahora accionado dispuso que se remita al Tribunal de alzada que actualmente ejercía el control jurisdiccional de la causa (fs. 17). Efectivizándose dicha remisión por Oficio Of. 634/2021 de 27 de octubre (fs. 18). Por decreto de 27 de ese mes y 2021, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz dispuso que en atención al citado Oficio se acumulen a sus antecedentes (fs. 20). II.2. A través de memorial presentado el 17 de febrero de 2022, la accionante solicitó al Juez hoy accionado, señalamiento de audiencia para resolver su pedido de modificación de medidas cautelares de 20 de octubre de 2021, para lo cual se oficie a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz a efectos que remita el cuaderno procesal en original (fs. 21 a 22). Mediante Oficio Of. 218/2022 de 24 de febrero el Juez hoy accionado remitió el mencionado memorial a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 23).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad infiriéndose del sustento argumentativo al debido proceso, puesto que el Juez ahora accionado no consideró ni resolvió su solicitud de modificación de medidas cautelares desde hace “siete meses”, porque indebidamente remitió su pedido a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que se encuentra conociendo la apelación incidental sobre la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso de otro imputado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que:“…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: 'La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…' (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas. En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad infiriéndose del sustento argumentativo al debido proceso, puesto que el Juez ahora accionado no consideró ni resolvió su solicitud de modificación de medidas cautelares desde hace “siete meses”, porque indebidamente remitió su pedido a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que se encuentra conociendo la apelación incidental sobre la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso de otro imputado.

De la revisión de antecedentes, se tiene el memorial presentado el 21 de octubre de 2021, mediante el cual la accionante solicitó la modificación de sus medidas cautelares al Juez ahora accionado, recibiendo en respuesta el decreto de 22 de ese mes y año, que dispuso que se remita dicho memorial al Tribunal de alzada que actualmente ejercía el control jurisdiccional de la causa, efectivizándose dicha remisión por Oficio Of. 634/2021 de 27 de igual mes, emitiendo por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de Santa Cruz, el decreto de 27 de ese mes y año, por el cual dispuso que el mismo se acumule a sus antecedentes (Conclusión II.1.). Asimismo, través de memorial de 17 de febrero de 2022, la accionante solicitó al Juez ahora accionado, señalamiento de audiencia para resolver su pedido de modificación de medidas cautelares de 20 de octubre de 2021, para lo cual se oficie a la referida Sala Penal a efectos que remita el cuaderno procesal en original, memorial que mediante Oficio Of. 218/2022 de 24 de febrero del Juez hoy accionado fue remitido a la mencionada Sala Penal (Conclusión II.2.). Corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, toda autoridad judicial que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física de una persona, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, activándose en ese caso la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la cual busca acelerar los trámites judiciales cuando existen dilaciones indebidas. Se advierte que la accionante al encontrarse con la medida cautelar personal de detención domiciliaria, solicitó el 21 de octubre de 2021, al Juez ahora accionado la modificación de la citada medida cautelar al amparo del art. 250 del CPP que establece que el auto que imponga una medida cautelar es revocable o modificable aun de oficio, si bien no es una causal de cesación de medidas cautelares propiamente dicho que tenga establecido un plazo para ser resuelto; sin embargo, el mismo debió ser atendido al tratarse de la situación jurídica de la accionante; más aún cuando dicho pedido fue reiterado el 17 de febrero de 2022; es decir, casi cuatro meses después de presentada la primera solicitud, coligiéndose que hasta esa fecha dicho pedido no fue atendido positiva o negativamente, incluso hasta la interposición de esta acción de libertad, situación que se presentó porque el Juez ahora accionado consideró que la autoridad que ejercía el control jurisdiccional en ese momento era la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justica de Santa Cruz que en su calidad de Tribunal de alzada (fs. 17 y 33 vta.), debía resolver la apelación incidental sobre la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso de otro imputado (fs. 31), tribunal que también se encontraba en poder del cuaderno procesal en original al no haberse proporcionado copias para armar el legajo de apelación. En ese entendido, se debe considerar el art. 314 del CPP que establece: “El planteamiento de las excepciones e incidentes no implica la suspensión de los actos investigativos o procesales”, y la SCP 1876/2013 de 29 de octubre, que dispuso: “Una de las características fundamentales de la presentación de las excepciones en la etapa preparatoria, es que se la tramita en la vía incidental y no suspende la investigación y, en ese sentido, el Ministerio Público debe continuar con la dirección de la investigación y la jueza o el juez cautelar, ejerciendo los actos jurisdiccionales propios de su actividad de control de la investigación; pues, de lo contrario, se permitiría el desarrollo de la etapa preparatoria sin que exista una autoridad judicial que controle el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales de las partes dentro del proceso penal (…). En este contexto, se concluye que la etapa preparatoria no puede ser suspendida por la interposición de medios de impugnación, pues de hacerlo, no sólo se estaría perjudicando la eficacia de la persecución penal pública, sino que también se estarían desprotegiendo los derechos y garantías de las partes dentro de una investigación, particularmente de quien se encuentra sometido a medidas cautelares; de reconocerse el efecto suspensivo del recurso de apelación durante la etapa preparatoria, la competencia del juez cautelar, como contralor de la investigación, también tendría que quedar en suspenso, lo cual no resulta coherente con el sistema. Consiguientemente, (…) durante el trámite de apelación, la investigación debe continuar su curso, teniendo el juez cautelar competencia para pronunciar las Resoluciones pertinentes como contralor de la investigación y de los derechos y garantías de las partes, incluidas las resoluciones sobre medida cautelares aplicadas contra los imputados (…) Las excepciones deben ser resueltas por el juez cautelar sin dilaciones, en los plazos y conforme al procedimiento previsto por el Código de Procedimiento Penal, con independencia de las solicitudes vinculadas a la aplicación, modificación o cesación de las medidas cautelares, cuyo trámite no depende de la resolución de las excepciones formuladas” (las negrillas nos pertenecen), razonamiento reiterado por la SCP 0176/2015 de 25 de febrero y SCP 0959/2016-S1 de 19 de octubre; por lo tanto, la interposición de excepciones cualquier sea su naturaleza, no suspende el ejercicio del control jurisdiccional de la investigación, como tampoco el conocimiento y resolución de las solicitudes referentes a medidas cautelares; es decir, no suspende la competencia del Juez cautelar, en razón a que estas, no dependen de la resolución de los incidentes o excepciones que las partes pudiesen interponer. Bajo ese contexto, se evidencia que el actuar del Juez ahora accionado, en el sentido de remitir los memoriales de solicitud de modificación de medidas cautelares del accionante ante el Tribunal de alzada porque era la instancia que en “ese momento” estaba ejerciendo el control jurisdiccional de la causa, resulta incorrecto, porque el Juez ahora accionado continuaba siendo plenamente competente para conocer y resolver la solicitud de modificación de medidas cautelares de la accionante, porque la interposición del recurso de apelación contra las excepciones no incide en la competencia de los Jueces de primera instancia para conocer y resolver solicitudes relacionadas a medidas cautelares, actuar al que se sumó que el cuaderno procesal fue remitido erróneamente en original al Tribunal de alzada, cuando las excepciones no se resuelven en efecto suspensivo y cuando el proceso penal contaba con pluralidad de imputados que se encontraban cumpliendo diferentes medidas cautelares personales.

Lo expuesto demuestra que el Juez ahora accionado incurrió en una indebida dilación en la resolución de la situación jurídica de la accionante, que se extendió por más de cinco meses, constituyéndose la misma en una demora excesiva e injustificada en la tramitación de la solicitud de modificación de medidas cautelares de la accionante; consecuentemente, el Juez ahora accionado con su actuar negligente vulneró el derecho a la libertad de la accionante vinculado el derecho al debido proceso en su elemento de celeridad, establecida como acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho; correspondiendo, en este caso conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2022 de 24 de marzo, cursante de fs. 36 vta. a 38, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos Jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

a) Disponiendo que el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, señale inmediatamente audiencia de modificación de medidas cautelares de la accionante, siempre y cuando no lo hubiese hecho aún. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0646_2023-S3.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7753f6da61da187e239eb64758339b425b63616c4e0eaf5a1ac82a52c77ec40c

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