Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 26 de junio de 2023
Concede en parte la tutela
La accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa; puesto que la Jueza ahora accionada a pesar que se presentó imputación formal el 8 de octubre de 2021 contra el imputado, hasta el 22 de marzo de 2022, no llevó adelante la audiencia de consideración de medidas cautelares, lo que se constituye en un procesamiento indebido. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 02/2022 de 24 de marzo, cursante de fs. 24 a 26 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, por amenaza al derecho a la vida con relación al debido proceso, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Disponer que la Jueza ahora accionada señale fecha y hora de la extrañada audiencia de consideración de medidas cautelares, siempre y cuando no lo hubiese hecho aún. 2º DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la alegada vulneración del derecho a la defensa.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0644/2023-S3 Sucre, 26 de junio de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 46679-2022-94-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 02/2022 de 24 de marzo, cursante de fs. 24 a 26 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Saul Tito Quispe Villar, Carmen Elsa Molina Sarabia, Yoselin Ramírez Callapa y Elias Tordoya Osinaga en representación sin mandato de Elena Cuellar Rivera contra María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz.
La accionante a través de sus representantes sin mandato, por memorial presentado el 23 de marzo de 2022, cursante de fs. 13 a 15, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Maikol Rocha Sorioco, por la presunta comisión del delito de violación agravada previsto y sancionado por los arts. 308 y 310 incs. k) y o) del Código Penal (CP), se presentó el 8 de octubre de 2021 imputación formal sin aprehendido contra el nombrado; sin embargo, hasta el 22 de marzo de 2022 no se llevó adelante la audiencia de consideración de medidas cautelares, debido a que la primera audiencia programada fue suspendida por incomparecencia y falta de notificación al Ministerio Público -que se encuentra a la vuelta de la esquina- y las posteriores audiencias fueron suspendidas por falta de notificación, a pesar de haberse encargado las notificaciones al personal del Juzgado de Instrucción Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, señalando la Oficial de Diligencias que el sistema se bloqueó.
Constituyéndose dicho accionar en un procesamiento indebido, más aun cuando no se tomó en cuenta la protección reforzada que debe tener el Estado en casos de violación al ser una forma de violencia contra la mujer.
La accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa, citando al efecto los arts. 21.7, 22, 23 y 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela y, en consecuencia, se ordene a la Jueza ahora accionada señale fecha y hora de audiencia de consideración de medidas cautelares.
Celebrada la audiencia virtual el 24 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 22 a 23, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de sus abogados, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo manifestó que la audiencia de consideración de medidas cautelares fue suspendida en tres ocasiones, la última vez porque se tenía que efectuar una publicación en el “sistema digital” del Ministerio Público y en un mes no se pudo realizar la notificación.
María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, no se presentó a la audiencia de consideración de la acción de libertad ni remitió informe alguno, pese a su legal citación cursante de fs. 19 a 21.
La Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 02/2022 de 24 de marzo, cursante de fs. 24 a 26 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) La víctima del proceso penal es la que interpuso la acción de libertad, quien en ningún momento fue privada de su libertad personal o se encuentra perseguida ilegalmente; b) El Ministerio Público es el garante del Estado, y quien resguarda los derechos de la víctima; c) Se inició un proceso penal que se encuentra en desarrollo en el Juzgado a cargo de la Jueza ahora accionada donde se resguarda los derechos de la víctima; d) Si bien la SC 0900/2010 de 10 de agosto indica que toda autoridad que conozca un caso de un privado de libertad debe tramitarlo con la mayor celeridad posible, misma que hace referencia a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; e) La accionante no es una persona a la que se le vaya a privar de su libertad o que se encuentre perseguida indebidamente ni mucho menos se encuentra indebidamente procesada; y, f) La accionante cuenta con la vía idónea para reclamar sus derechos como víctima, pero la acción de libertad no es el medio para hacer ese reclamo ya que debe adecuarse a los arts. 46 y 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En vía de complementación y enmienda, la accionante a través de sus abogados solicitó a la Jueza de garantías que: 1) La Jueza ahora accionada no remitió el expediente por temor de que se evidencie que casi en un año no se instaló la audiencia extrañada; 2) No se respetó la doble protección que merece la víctima de “abuso sexual”; y, 3) No se dio la celeridad necesaria al caso, ya que bajo ninguna excusa una autoridad del Estado puede vulnerar normas constitucionales, todo en consideración a la acción de libertad reparadora. En mérito a esa solicitud, la Jueza de garantías, señalo lo siguiente: i) No correspondía complementar su resolución porque la misma fue clara; ii) Se presentó esta acción de libertad como una de pronto despacho; empero, el mismo está ligado a las personas privadas de libertad cuya falta de celeridad no les permite resolver su situación jurídica; iii) El Ministerio Público como garante de los derechos de la víctima inició el proceso penal; iv) El presente caso no se adecua a los requisitos de procedencia de esta acción tutelar; y, v) Se tiene una vía idónea para reclamar los derechos de la víctima.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa imputación formal -sin aprehendido- de 30 de septiembre de 2021, dirigido a la Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy accionada- presentado por Herminia Prado Suárez, Fiscal de Materia contra Maikol Rocha Sorioco por la presunta comisión del delito de violación agravada (fs. 2 a 8), fijándose audiencia para considerar la situación jurídica de la accionante para el 9 de noviembre de 2021 a las 10:30 horas (fs. 9).
La accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa; puesto que la Jueza ahora accionada a pesar que se presentó imputación formal el 8 de octubre de 2021 contra el imputado, hasta el 22 de marzo de 2022, no llevó adelante la audiencia de consideración de medidas cautelares, lo que se constituye en un procesamiento indebido. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0511/2021-S3 de 18 de agosto, dispuso que: “Corresponde referirse al derecho de acceso a la justicia, previsto en el art. 115.I de la CPE que establece que: ‘Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos’. El referido derecho también se encuentra en diferentes instrumentos internacionales debidamente ratificados por el Estado boliviano, así por ejemplo, los arts. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
El analizado derecho adquiere mayor relevancia al tratarse de casos de violencia contra las mujeres; dado que, su erradicación es prioridad nacional, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género (art. 3 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -LIGM-).
En el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se tiene una norma específica respecto al tema de violencia contra la mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ‘Convención Belem do Pará’, cuyo art. 7 establece: ‘Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;
d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;
e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;
f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;
g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención’…
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), haciendo referencia a informes de fondo respecto a casos específicos, sobre el alcance del acceso a la justicia, señaló que la obligación de los Estados frente a casos de violencia contra las mujeres, incluye los deberes de procesar y condenar a los responsables, así como de prevenir estas prácticas degradantes. De igual manera, la inefectividad judicial general crea un ambiente que facilita la violencia contra las mujeres, al no existir evidencias socialmente percibidas de la voluntad y efectividad del Estado como representante de la sociedad, para sancionar esos actos.
En igual sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpretando el art. 7.b de la Convención Belem do Pará en relación con los arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señaló que: ‘…ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección’.
De lo anteriormente señalado, se tiene que tanto el ordenamiento jurídico boliviano, como las normas internacionales de derechos humanos ratificadas (que por mandato del art. 410.II de la CPE forman parte del bloque de constitucionalidad), coinciden en que en casos de violencia contra la mujer, las autoridades judiciales deben actuar con la debida diligencia, pues es un fin primordial del Estado erradicar dicha violencia” (el resaltado nos pertenece).
La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que “…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…” (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.
En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: “…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (las negrillas son nuestras).
La accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa; puesto que la Jueza ahora accionada a pesar que se presentó imputación formal el 8 de octubre de 2021 contra el imputado, hasta el 22 de marzo de 2022, no llevó adelante la audiencia de consideración de medidas cautelares, lo que se constituye en un procesamiento indebido.
De la revisión de antecedentes, se tiene la imputación formal -sin aprehendido- de 30 de septiembre de 2021, dirigido a la Jueza hoy accionada presentado por Herminia Prado Suárez, Fiscal de Materia contra Maikol Rocha Sorioco por la presunta comisión del delito de violación agravada, fijándose audiencia para considerar la situación jurídica de la accionante para el 9 de noviembre de 2021 a las 10:30 horas (Conclusión II.1.).
Debido a que la acción de libertad se rige por el principio de informalismo y con la finalidad de hacer efectivo el acceso a la justicia de una mujer, presunta víctima de violencia sexual, situación particular de riesgo que obliga a un pronunciamiento de fondo sobre aspectos que puedan afectar los derechos y garantías constitucionales de la accionante que pertenece al mencionado grupo que cuenta con protección reforzada, aunque no hubieran sido expresamente denunciados como vulnerados; siendo, en este caso, el derecho no mencionado el de la vida, es que se procederá al examen de dicho derecho, que está relacionado con la denuncia principal.
En ese marco, se tiene que del 30 de septiembre de 2021 -presentación de la imputación formal- al 23 de marzo de 2022 -fecha en la que se interpuso esta acción de defensa- transcurrieron casi seis meses, sin que el imputado en el caso hubieran sido sometido a una audiencia de consideración de medidas cautelares, extremo que no fue rebatido objetivamente por la Jueza ahora accionada, al no haber presentado informe alguno, pese a su legal citación, lo que implica que se presuma la veracidad de los hechos denunciados a través de esta acción tutelar, así se tiene del razonamiento contenido en la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, que establece: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”.
En ese entendido, la dilación en la realización del mencionado actuado procesal, tiene que ver con la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en el sentido de que la misma también busca acelerar procedimientos y/o solicitudes que encuentre relación con el derecho a la vida en el marco de su posible riesgo y a una vida libre de violencia, en cualquiera de sus formas, y este caso se trata de la seguridad de una mujer presuntamente víctima de violación a la que se le ocasionó una condición de amenaza a su derecho a la vida con relación al debido proceso, por no haberse efectivizado la audiencia de medida cautelares dentro de un plazo razonable; consecuentemente, corresponde conceder la tutela solicitada. Finalmente, con relación a la alegada lesión del derecho a la defensa, dado su connotación procesal el mismo tiene como alcance protectivo inherente al procesado dentro de la causa penal y no así a la presunta víctima, por lo que, a más de que el referido derecho no se advierte estuviere vinculado con alguno de los bienes jurídicos que se encuentran dentro del campo de acción de esta acción tutelar, tampoco por su configuración de resguardo puede ser acogido a favor de la accionante. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 02/2022 de 24 de marzo, cursante de fs. 24 a 26 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, por amenaza al derecho a la vida con relación al debido proceso, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Disponer que la Jueza ahora accionada señale fecha y hora de la extrañada audiencia de consideración de medidas cautelares, siempre y cuando no lo hubiese hecho aún. 2º DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la alegada vulneración del derecho a la defensa. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0644_2023-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): e17fc09e8c273a2270401c5fe02f1a30d3a793f5d95e775367a65f9041fd77ba
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