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SCP 0641/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 13 de agosto de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
13 de agosto de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
49743-2022-100-AL
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna; puesto que, el Juez ahora accionado hasta la interposición de esta acción de libertad no remitió al Tribunal de alzada el recurso de apelación incidental interpuesto el 17 de agosto de 2022, contra el Auto Interlocutorio 56/2022 de igual fecha, que negó sus garantes personales -última medida cautelar que debía cumplir para beneficiarse de una medida distinta a la detención preventiva-, cuando debió remitirlo en veinticuatro horas. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 22 de agosto de 2022, cursante de fs. 11 vta. a 13 vta., pronunciada por el Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Primero y Juzgado de Partido de Sentencia Penal de Riberalta del departamento de Beni; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, a través de la acción de libertad en su modalidad innovativa, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Llamar la atención a Mauricio Antezana Lora, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Primero y Juzgado de Partido de Sentencia Penal de Riberalta del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, por los motivos expuestos en la última parte del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. La apelación incidental de medidas cautelares y el plazo para su remisión ante el Tribunal de alzada
  3. III.3. La acción de libertad innovativa
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0641/2024-S3 Sucre, 13 de agosto de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 49743-2022-100-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución de 22 de agosto de 2022, cursante de fs. 11 vta. a 13 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Miolet Padilla Castro en representación sin mandato de Alex Limpias Porcel contra Jimmy Abdón Calle Mamani, Juez de Sentencia Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Hechos que motivan la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 19 de agosto de 2022, cursante a fs. 3, manifestó que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Alex Limpias Porcel -hoy accionante- por la presunta comisión del delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, se encuentra con detención preventiva en la Carceleta Pública de Riberalta; en audiencia de 17 de igual mes y año de “…presentación y aceptación de dos garantes personales a efectos de cumplir con la última de las medidas sustitutivas…” (sic) impuestas por el Juez ahora accionado, -audiencia de consideración de constitución de fiadores- a través del Auto Interlocutorio -56/2022 de igual fecha-, se le negó los garantes debido a que no se presentó certificación de no ser garantes fiadores en otros procesos, además de tener sus bienes inmuebles con gravámenes hipotecarios; ante esa determinación, se interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, al apersonarse al Juzgado de Sentencia Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni, el 19 de dicho mes y año -fecha de presentación de esta acción de libertad- el Juez hoy accionado, no gestionó la remisión del legajo correspondiente del indicado recurso ante el superior en grado; puesto que, debió realizar la remisión en el plazo de veinticuatro horas. Extremos que fueron ratificados en la audiencia pública de consideración de esta acción de libertad el 22 de agosto de 2022, cursante de fs. 10 a 11 vta.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela.

I.2. Informe de la autoridad accionada

Jimmy Abdón Calle Mamani, Juez de Sentencia Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni, mediante informe presentado el 20 de agosto de 2022, cursante a fs. 9, manifestó que: a) Efectivamente en la audiencia de consideración de constitución de fiadores señalada el 17 de igual mes y año, a las 15:00 horas, se declaró “improcedente” dicha constitución; en consecuencia, el accionante interpuso el recurso de apelación incidental; b) Por Secretaría del Juzgado de Sentencia Penal Primero de Riberalta del indicado departamento se elaboró el legajo de recurso de apelación incidental para la remisión a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; por lo que, se adjuntó nota de remisión y guía de despacho; c) No es evidente que no se hubiese actuado con celeridad; puesto que, los empleados del servicio de mensajería recién se apersonaron en esa fecha al referido Juzgado; d) No cuentan con “sistema” -se entiende el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ)-, por fallas en la antena de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima (ENTEL S.A.); y, e) La remisión de los recursos de apelación incidental no está entre sus funciones, por lo que pidió que se deniegue la tutela solicitada.

I.3. Resolución

El Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Primero y Juzgado de Partido de Sentencia Penal de Riberalta del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución de 22 de agosto de 2022, cursante de fs. 11 vta. a 13 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) El Juez hoy accionado no tiene legitimación pasiva; ya que, es atribución de la Secretaria de ese Juzgado elaborar las actas y remitir en el día al Tribunal de alzada el legajo del recurso de apelación incidental; y, 2) De la revisión del cuaderno de control jurisdiccional, se evidenció la existencia del oficio de remisión del legajo del indicado recurso a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; además que, en el Juzgado de Sentencia Penal Primero de Riberalta del referido departamento no se contaba con “sistema” -se entiende el SIREJ-.

I.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-04/2024 de 9 de mayo, se dispuso el sorteo conforme al orden correlativo de las acciones traslativas o de pronto despacho clasificadas a la Sala voluntaria o piloto; en cumplimiento a dicha determinación la Comisión de Admisión de este Tribunal, según orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Oficio de 19 de agosto de 2022, dirigido a la Presidenta de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, a través del cual se remitió los actuados del recurso de apelación incidental interpuesto por Alex Limpias Porcel -ahora accionante-, como efecto del Auto Interlocutorio 56/2022 de 17 de agosto (fs. 8).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna; puesto que, el Juez ahora accionado hasta la interposición de esta acción de libertad no remitió al Tribunal de alzada el recurso de apelación incidental interpuesto el 17 de agosto de 2022, contra el Auto Interlocutorio 56/2022 de igual fecha, que negó sus garantes personales -última medida cautelar que debía cumplir para beneficiarse de una medida distinta a la detención preventiva-, cuando debió remitirlo en veinticuatro horas. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a su vez a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, señaló que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…’ (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas. En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’” (las negrillas nos corresponden).

III.2. La apelación incidental de medidas cautelares y el plazo para su remisión ante el Tribunal de alzada

El art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, conforme el siguiente texto: “(APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas.

Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de vienticuatro (24) horas, bajo responsabilidad.

El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior” (las negrillas son nuestras).

La SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, señaló que: “La Constitución Política del Estado en su art 180.II, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; por lo que, dentro de un proceso judicial, una de las partes que no esté de acuerdo con una resolución emitida por el administrador de justicia o considere que la misma vulnera sus derechos o en alguna medida atenta contra sus intereses, tiene derecho a que dicha resolución sea revisada por un tribunal superior, en un plazo razonable y de forma oportuna; y éste determine si efectivamente el administrador de justicia obró correctamente. Para el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de alzada en el plazo de setenta y dos horas. En relación al plazo otorgado para la remisión de los antecedentes ante el Tribunal de alzada, una vez interpuesto el recurso de apelación incidental contra la resolución que imponga medidas cautelares” (las negrillas son nuestras).

Así también la SCP 0585/2019-S1 de 22 de julio, reiterando el razonamiento de la SC 1739/2011-R de 7 noviembre, dispuso que: "…de manera acertada, interpretando las normas contenidas en el art. 251 del CPP referidas a la apelación incidental de las medidas cautelares, la SC 0542/2010-R de 12 de julio, prefija: ‘…una vez interpuesto dentro del plazo legal el recurso de apelación incidental ante la autoridad jurisdiccional que conoce la causa, y si el cuaderno de apelación no es remitido en el plazo fijado por ley, dándoles una espera prudencial, para los casos de recargadas labores o suplencias etc., debidamente justificadas; sin embargo, este plazo no puede exceder de tres días; empero, si excede el plazo legal y la espera prudencial, el procedimiento se convierte en dilatorio, y por ende el recurso de apelación deja de ser un medio idóneo y eficaz…’”.

III.3. La acción de libertad innovativa

La SCP 1016/2019-S2 de 22 de noviembre, citando a su vez la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, señaló que: “….la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional.

(…)

Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.

Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan’”.

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna; puesto que, el Juez ahora accionado hasta la interposición de esta acción de libertad no remitió al Tribunal de alzada el recurso de apelación incidental interpuesto el 17 de agosto de 2022, contra el Auto Interlocutorio 56/2022 de igual fecha, que negó sus garantes personales -última medida cautelar que debía cumplir para beneficiarse de una medida distinta a la detención preventiva-, cuando debió remitirlo en veinticuatro horas. De los antecedentes que cursan en obrados se tiene el oficio de remisión de actuados del recurso de apelación incidental de 19 de agosto de 2022, dirigido a la Presidenta de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, como efecto del Auto Interlocutorio 56/2022 de 17 de agosto (Conclusión II.1.).

Conforme a la jurisprudencia citada en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de este fallo constitucional, toda autoridad judicial que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física de una persona, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible o dentro un plazo razonable; ya que, de no hacerlo provocaría una restricción indebida del citado derecho, siendo una de esas solicitudes la presentación del recurso de apelación incidental contra resoluciones que disponen, modifican o rechazan una medida cautelar, trámite sumario que determina que una vez interpuesto este recurso sea de forma oral o escrita, las actuaciones deben ser remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia en el plazo de veinticuatro horas.

Bajo ese razonamiento, y a pesar de no contar con la Resolución de 17 de agosto de 2022, que negó la constitución de garantes personales que presentó el accionante como un requisito para acceder a una medida distinta a la detención preventiva, y tampoco el acta de audiencia donde conste que el nombrado presentó el recurso de apelación incidental contra esa determinación; sin embargo, al no ser cuestionados por parte del Juez ahora accionado; por el contrario, corroborado a través de su informe, se da por cierto esos extremos referidos por el accionante; en ese contexto y considerando que la remisión de la citada impugnación se realizó recién el 19 de agosto de 2022, conforme se tiente del oficio de remisión de actuados en grado de apelación y consiguiente constancia de envió vía el servicio de mensajería de igual fecha (fs. 7); en el caso en análisis se advirtió que el Juez ahora accionado dilató el trámite de remisión del recurso apelación incidental al incumplir el plazo establecido por el art. 251 del CPP; puesto que, no remitió en el término de veinticuatro horas la mencionada apelación incidental; asimismo, tampoco se hubiese manifestado ningún justificativo válido por dicha demora más aun considerando que el Juez de la causa es quien ejerce el control jurisdiccional.

En ese entendido, la demora en la remisión de antecedentes a la instancia superior implica un actuar negligente del Juez ahora accionado que vulnera el derecho a la libertad del accionante vinculado al derecho al debido proceso en su elemento de celeridad, establecida como acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho; correspondiendo, en este caso conceder la tutela solicitada en aplicación a la acción de libertad innovativa que tiene la finalidad de que esta conducta dilatoria en la que se incurrió no vuelva a repetirse en el futuro conforme al Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional, debido a que el referido Juez hoy accionado, ya efectivizó la remisión extrañada, el 19 de agosto de 2022.

Sobre la remisión de antecedentes al Tribunal Constitucional Plurinacional

Finalmente, corresponde a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional referirse al proceder del Juez de garantías al remitir en revisión a esta instancia la Resolución de 22 de agosto de 2022, sin que tenga la estructura y contenido establecido en el art. 37 del Código Procesal Constitucional (CPCo); ya que, la misma se encuentra fusionada con el acta de audiencia de consideración de esta acción de defensa; por lo que, con dificultad se puede diferenciar dónde concluye el acta de la referida audiencia y dónde inicia la Resolución que resuelve esta acción tutelar, tomando en cuenta que dichos actuados procesales son diferentes de acuerdo a lo establecido por el art. 29.4 del referido Código, al señalar que el expediente está integrado, entre otros, por: “f) El acta de audiencia y g) La Resolución de la Jueza, Juez o Tribunal en Acción de Defensa.”. Asimismo, la Resolución de 22 de agosto de 2022, remitida a este Tribunal, no cuenta con la firma del Juez de garantías, únicamente consta la firma y sello de la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero y Juzgado de Partido de Sentencia Penal de Riberalta del departamento de Beni; puesto que, como ya se refirió textualmente lo establecido por el art. 29.4 inc. g) del CPCo, que constituye parte del expediente la resolución de la Jueza, Juez o Tribunal de la acción de defensa; en consecuencia, dicha Resolución debió estar firmada por el Juez de garantías que la emitió, más aun tratándose de la determinación que resuelve esta acción la libertad en la jurisdicción constitucional. Irregularidades que van contra lo previsto en la normativa procesal constitucional, en su Título Segundo, Normas Comunes de Procedimiento en Acciones de Defensa, las cuales se constituyen en obligaciones ineludibles que debió cumplir el Juez de garantías; sin embargo, al diferenciarse con meridiana claridad el contenido de la Resolución (relación de antecedentes procesales, relación de hechos y fundamentación de derechos que sustenten la resolución y la decisión) no se procederá a solicitar la subsanación de estos aspectos, que se constituyen en incumplimiento del trámite procesal constitucional, por economía procesal y con la finalidad de no demorar la resolución del caso. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 22 de agosto de 2022, cursante de fs. 11 vta. a 13 vta., pronunciada por el Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Primero y Juzgado de Partido de Sentencia Penal de Riberalta del departamento de Beni; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, a través de la acción de libertad en su modalidad innovativa, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Llamar la atención a Mauricio Antezana Lora, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Primero y Juzgado de Partido de Sentencia Penal de Riberalta del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, por los motivos expuestos en la última parte del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0641_2024-S3.pdf · páginas 1 a 9.

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