Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 14 de junio de 2023
Concede la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente legalidad vinculado al principio de seguridad jurídica; toda vez que, al haberse cumplido el plazo de duración de su detención preventiva ordenado mediante Auto Interlocutorio 189/2021, solicitaron a la autoridad demandada restituya su libertad debido a la inexistencia de una resolución que amplié dicha medida de ultima ratio; empero, no se pronunció hasta el presente sobre su situación jurídica. En consecuencia, amerita en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 2) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre cesación de las medidas cautelares personales; y, 3) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2022 de 16 de febrero, cursante a fs. 25 y vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías y conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0638/2023-S1 Sucre, 14 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 46012-2022-93-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución de 04/2022 de 16 febrero, cursante a fs. 25 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Franz Elmer Gutiérrez Mamani y Jesús Mesa Romero contra Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 15 de febrero de 2022, cursante de fs. 9 a 11, los accionantes expresaron los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público por la supuesta comisión de los delitos de robo agravado y otros, el Juez ahora accionado dispuso su detención preventiva por un lapso de cuatro meses mediante Auto Interlocutorio 189/2021 de 1 de octubre fijándose audiencia para resolver la situación jurídica para el 1 de febrero de 2022. Sin embargo, cumplida la fecha de la detención preventiva ordenada solicitaron al Juez hoy demandado se restituya su libertad debido a la inexistencia de una resolución que amplié la medida extrema sin que hasta el presente se haya pronunciado sobre su situación jurídica.
Consideran lesionado su derecho al debido proceso en su vertiente legalidad vinculado al principio de seguridad jurídica; citando al efecto, los arts. 23 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitan se conceda la tutela disponiendo su inmediata libertad.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 16 de febrero de 2022; según consta en el acta cursante de fs. 23 a 24; produciéndose los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su abogado, reiteraron de forma íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.
Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito, cursante a fs. 22 y vta., señaló que la parte accionante, el 3 de febrero de 2022 solicitó cesación a la detención preventiva, ante lo cual se señaló audiencia para el 8 de igual mes y año, empero la Oficina Gestora de Procesos, no quiso recibir las diligencias generadas para la notificación, “…supuestamente por que ya era tarde…” (sic); por lo que no se llevó adelante la audiencia de cesación a la detención preventiva fijándose de oficio, nuevo señalamiento para el 9 de igual mes y año, misma que se encuentra como notificación generada.
El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 04/2022 de 16 de febrero, cursante a fs. 25 y vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada en el plazo de 24 horas de notificada con la resolución, señale audiencia de situación jurídica y resolver la petición de cesación de detención preventiva impetrada por los accionantes. Determinación asumida bajo los siguientes fundamentos: a) El art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece que cuando se vence el plazo de la detención impuesto desde la resolución de medidas cautelares, podrá cesar la medida siempre y cuando el Fiscal no solicite su ampliación, decisión que debe ser adoptada por el Juez y no por el Tribunal de garantías, puesto que su característica es jurisdiccional; y, b) El Juez demandado no obró conforme a procedimiento, omitiendo señalar audiencia de la cesación a la detención preventiva o de situación jurídica de dentro de los plazos establecidos; así también, no es suficiente los argumentos expresados respecto a la ausencia de una Secretaria o auxiliar, puesto que la autoridad jurisdiccional al advertir que esos funcionarios se encuentran con baja médica debió gestionar de manera inmediata la designación de un suplente.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 189/2021 de 1 de octubre emitido por Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz -autoridad judicial demandada- que ordenó la detención preventiva de Franz Elmer Gutiérrez Mamani y Jesús Mesa Romero -ahora accionantes-, por un plazo de cuatro meses; asimismo, señaló audiencia para considerar la situación jurídica de los impetrantes de tutela, para el 1 de febrero de 2022 (fs. 3 a 6 vta.). II.2. Consta providencia de 4 de febrero de 2022 emitida por la autoridad jurisdiccional demandada fijándose audiencia para el 8 del mismo mes y año a efecto de considerar la cesación de la detención preventiva de los demandantes de tutela (fs. 7). II.3. Corre proveído de 9 de febrero de 2022, pronunciado por el Juez ahora demandado señalando audiencia virtual de situación jurídica para el 18 de igual mes y año a horas 11:00 y para la consideración de la solicitud de cesación a la detención preventiva para horas 12:00 del mismo día con fecha de recepción en la Oficina Gestora de Procesos de El Alto del departamento de La Paz de 16 de febrero de 2022 (fs. 20 a 21).
Los accionantes denuncian la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente legalidad vinculado al principio de seguridad jurídica; toda vez que, al haberse cumplido el plazo de duración de su detención preventiva ordenado mediante Auto Interlocutorio 189/2021, solicitaron a la autoridad demandada restituya su libertad debido a la inexistencia de una resolución que amplié dicha medida de ultima ratio; empero, no se pronunció hasta el presente sobre su situación jurídica. En consecuencia, amerita en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 2) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre cesación de las medidas cautelares personales; y, 3) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la cual, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, 1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente…”.
El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente…”.
El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad…”. 2El FJ III.5, indica: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.
Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´…
Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).
de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente entendimiento: Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, dejó establecido que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria, se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad (…) eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley de 24 de junio de 2010- pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia.
En cuanto a la aplicación del principio de celeridad exigida a toda autoridad judicial, que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también la seguridad jurídica, más aun, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que:
…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud (las negrillas nos pertenecen).
Jurisprudencia reiterada en numerosas Sentencias Constitucionales como las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010-R de 10 de agosto.
Por consiguiente, debe entenderse que si bien la privación de libertad fue dispuesta por orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y el juez o tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R.
Respecto a la cesación de las medidas cautelares personales, el Código de Procedimiento Penal, entre las causales para solicitar la cesación de la detención preventiva, se encuentran los numerales 1 al 6 del art. 239 del indicado cuerpo legal; norma modificada por la Ley 1173, que en su art. 11, detalla las modificaciones e incorporaciones efectuadas, entre los que se encuentra el citado artículo, el cual fue complementado por la Ley de Modificación a la Ley 1173, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019- que a través de su art. 2.III, establece que:
Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.
En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina. Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y. ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.
En consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de las medidas cautelares personales, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes.
Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de las medidas cautelares personales previstas en el art. 231 bis del CPP, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud.
Respecto del plazo en el cual deben ser providenciadas las peticiones efectuadas mediante los memoriales presentados, de conformidad con el art. 132.1 del CPP, salvo disposición contraria de dicho Código, el juez o tribunal, deberá dictarlas cuando se traten de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de su presentación, ya que en el caso de retrasar o aplazar su emisión, no solo se lesiona el derecho a la libertad del impetrante de tutela, sino que el juzgador incurrirá en una falta grave, debido a la demora culpable en la que incurre; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán providenciar los escritos que presenten los imputados dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar las audiencias respectivas dentro del término establecido, a efecto de no lesionar el derecho a la libertad de los detenidos preventivamente, sin que sea una excusa para el incumplimiento de esta obligación la excesiva carga procesal, pues su inobservancia, atenta el derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad.
Los accionantes acuden a la presente acción de defensa reclamando que el 1 de octubre de 2021, se dispuso su detención preventiva por el plazo de 4 meses, mismo que se cumplió el 1 de febrero de 2022; ante dicha situación, solicitaron a la autoridad jurisdiccional demandada restituya su libertad debido a que no existe una resolución que amplié su detención preventiva sin que al presente se haya pronunciado sobre su situación jurídica. Ahora bien, de acuerdo a lo indicado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene como propósito acelerar los trámites que se encuentran vinculados con el derecho a la libertad física o personal; debiendo los servidores judiciales cumplir con los plazos previstos en la ley, a fin de garantizar los derechos establecidos por la Constitución Política del Estado. En ese orden, cabe recordar que el art. 239 del CPP, establece que tratándose de solicitudes de cesación a la detención preventiva, la autoridad a cargo del control jurisdiccional deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas; así en el caso particular, de acuerdo a lo señalado en su informe por el Juez hoy accionado se presentó dicha petición el 3 de febrero de 2022 y por otro lado, se tiene en primera instancia que el Auto Interlocutorio que dispuso su detención preventiva señaló audiencia para resolver la situación jurídica de los impetrantes de tutela para el 1 de febrero de 2022. Asimismo, constan las providencias de 4 y 9 de febrero de 2022, la primera fijó audiencia para el 8 del mismo mes y año a efecto de considerar la cesación de la detención preventiva de los demandantes de tutela y la segunda señaló audiencia virtual de situación jurídica para el 18 de febrero a horas 11:00 y para la consideración de la solicitud de cesación a la detención preventiva para horas 12:00 del mismo día con fecha de recepción en la Oficina Gestora de Procesos de El Alto de La Paz (Conclusiones II.2. y II.3). Es decir, la audiencia fijada para resolver la situación jurídica de los hoy impetrantes de tutela, más allá de no celebrarse, se fijó después de más de dieciséis días; y en el segundo caso, después de catorce días de presentada la solicitud de cesación; de donde se evidencia una dilación injustificada en la que se incurrió en la consideración de la situación jurídica de los demandantes de tutela en franco incumplimiento de lo dispuesto por el art. 235 ter del CPP y respecto a la solicitud de cesación a la detención preventiva del plazo estipulado por el art. 239 de la misma norma adjetiva penal
Consiguientemente, la autoridad demandada, al haber incumplido los plazos para resolver la situación jurídica, así como el señalamiento de audiencia de consideración de la detención preventiva vulneró el derecho a la libertad de los hoy accionantes y el debido proceso en su elemento de celeridad; razón por la cual, corresponde conceder la tutela solicitada, en aplicación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, cuyo propósito es dar celeridad a los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas y se encuentra de por medio el derecho a la libertad y locomoción de las personas. Finalmente, sobre la petición que se disponga la libertad del accionante de forma inmediata, la misma deberá ser atendida por la jurisdicción ordinaria, una vez que se resuelva la situación jurídica del procesado. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correctamente.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2022 de 16 de febrero, cursante a fs. 25 y vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías y conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0638_2023-S1.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 38ed550a3770d0a951591b22c5dedc4d14d60ac8ac100aad0c073b2f61ec9c99
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