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SCP 0635/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 27 de abril de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
27 de abril de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
53851-2023-108-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 21/2023 de 29 de enero, cursante de fs. 8 a 9, pronunciada por el Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que el Juez de Instrucción Penal Decimo de la Capital del departamento de La Paz, señale audiencia de cesación de la detención preventiva, siempre y cuando la situación jurídica no ha haya sido modificada por efecto de decisiones ulteriores al acto lesivo denunciado en esta acción de tutela.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en casos de suspensiones de audiencia en medidas cautelares
  2. III.2. Competencia para conocer solicitudes de aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación formal
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0635/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 53851-2023-108-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 21/2023 de 29 de enero, cursante a fs. 8 a 9 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Yobana Ivón Vacaflor Patiño en representación sin mandato de Fermina Fernández Laura contra Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Decimo; y, el Juez de Instrucción Penal Octavo –de quien no se proporciona nombre- ambos de la Capital del departamento de La Paz.

I. OBJETO PROCESAL

La accionante denuncia la lesión a su derecho a la libertad, y al debido proceso; puesto que solicita la cesación de su detención preventiva ante la autoridad de Control Jurisdiccional quien señalo audiencia para el día 29 de diciembre de 2022; sin embargo el Juez de Instrucción Penal Octavo del departamento de La Paz –hoy demandado-, quien se encuentra de turno por vacación judicial, suspende dicho acto procesal, por falta de acompañamiento de las pruebas presentadas por la imputada para su notificación a las partes procesales; ante esta determinación interpone Recurso de reposición, el cual luego de su consideración es rechazado. El 5 de enero de 2023, el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz -Juez de origen- suspendió nuevamente la audiencia bajo el mismo fundamento, señalando una nueva fecha para el 10 del mismo mes y año; la audiencia volvió a ser suspendida por idéntica razón; y, además, porque ya existía una acusación formal presentada por el Ministerio Público, circunstancia que imponía la remisión inmediata del expediente al Tribunal o Juzgado de Sentencia competente. Tales actuaciones son consideradas como dilatorias y lesivas a su derecho a la libertad.

Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Decimo del Departamento de La Paz, por informe presentado el 29 de enero de 2023 y que cursa a fs. 6 y vta., señalo que: a) La accionante solicitó la cesación a su detención preventiva, programándose audiencia para el 29 de enero de 2022, la que fue suspendida y reprogramada para el 5 de enero de 2023, por el Juez de turno (Juez de Instrucción Penal Octavo del Departamento de La Paz), debido a que la parte no proporciono las fotocopias de las pruebas que acompaño a su pretensión para que estas sean notificadas a las demás partes procesales conforme el Art. 112 del Código de Procedimiento Penal (CPP); b) Habiendo retomado sus funciones el juez titular –luego de la vacación judicial- y nuevamente en competencia de la causa penal, instalo la audiencia el 5 de enero de 2023; empero, tuvo que suspender la misma y reprogramarla para el día 10 del mismo mes y año, debido a que no cumplió con adjuntar las fotocopias requeridas; y, c) El 6 de enero de 2023, se dispuso que se remita obrados al Juzgado de sentencia de turno en razón a la Acusación formal presentada por el Ministerio Publico, por tanto habría perdido competencia; habiéndose remitido el cuaderno procesal al Juzgado de Sentencia Penal Decimoquinto del indicado departamento, el mismo fue devuelto para subsanación, encontrándose para su remisión a la fecha del informe -29 de enero de 2023-, motivo por el cual también se suspendió esta última audiencia. El Juez de Instrucción Penal Octavo del Departamento de La Paz, pese a su notificación que cursa a fs. 5 no se presentó a la audiencia tutelar y tampoco presento informe alguno. El Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 21/2023 de 29 de enero, cursante a fs. 8 a 9 vta., Denegó, la tutela solicitada, en razón a que las audiencias fueron suspendidas por no haberse adjuntado fotocopias de las pruebas; y, que al existir una acusación formal, la causa penal debía ser remitida al tribunal o Juzgado de Sentencia de turno; por lo que la autoridad demandada habría perdido competencia y en consecuencia no podía celebrar la audiencia de 10 de enero de 2023, para resolver la solicitud de cesación a la detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre (fs. 147 a 149), se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistraturas, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 008/2026 de 11 de marzo, en el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional ha Establecido el uso obligatorio del Formato Corto de Resolución de Sentencias, aprobado en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, para todas las causas comprendidas en el referido Plan Piloto.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en casos de suspensiones de audiencia en medidas cautelares

La jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que:

[…] toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza […]. Bajo ese razonamiento, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, precisó que con la acción de libertad traslativa o de pronto despacho “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son añadidas). Ahora bien, respecto a los casos de dilaciones indebidas en el señalamiento de medidas cautelares, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva o de solicitudes de modificación de medidas cautelares, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia;…» (énfasis añadido).

III.2. Competencia para conocer solicitudes de aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación formal

La SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, luego de sistematizar la línea jurisprudencial sobre competencia para conocer solicitudes de aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación formal; y, de reconducir de forma expresa la línea establecida por la SC 0487/2005-R 6 de mayo a lo señalado en la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre, estableció las siguientes sub reglas:

… a) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, b) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente.

III.3. Análisis del caso concreto

Si bien la parte accionante no presentó mayores elementos probatorios respecto al trámite procesal de -cesación a la detención preventiva-; sin embargo, de las propias alegaciones de esta parte, que son coincidentes con el informe del Juez de Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz y con lo verificado por el Juez de garantías, se hace evidente que, Fermina Fernández Laura, solicitó cesación de dicha medida de restricción de su libertad, siendo programada audiencia para el 29 de diciembre de 2022, la misma que fue suspendida por el Juez de Instrucción Penal Octavo del citado departamento -en suplencia del titular debido a las vacaciones judiciales- y posteriormente el 5 de enero de 2023, por Juez de Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz (Juez titular), fundando su decisión en que la parte imputada -hoy accionante- no proporcionó las fotocopias de las pruebas que presentó junto a su solitud para que estas sean remitidas a las demás partes procesales.

En ese contexto, es necesario aclarar que cuando se encuentra de por medio el derecho a la libertad de los apelantes; casos en los cuales, se exija el cumplimiento de dichas cargas como en el caso presente fotocopias de la documental aparejada como prueba, debe efectuarse su regularización en forma posterior conforme ha señalado la SCP 1907/2012 de 12 de octubre; en ese marco, los argumentos de ambas autoridades jurisdiccionales para suspender las señaladas audiencias, no se encuentran justificadas, pues, la provisión de recaudos no puede constituir un límite para resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad; consiguientemente, al haber suspendido las audiencias por la causa señalada, implica una dilación indebida que demora innecesariamente la revisión de la prisión preventiva y por ende vulnera el derecho al debido proceso en su elemento celeridad y el derecho a la libertad personal de la accionante. Con relación al segundo justificativo, referido a que con la existencia de una acusación formal por el que el Juez de Instrucción perdería competencia y por ello no podía resolver la cesación solicitada, se debe precisar que la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ha establecido que el un Juez a cargo del control jurisdiccional tiene competencia para conocer las solicitudes de cesación de la detención preventiva presentadas hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación, sin perjuicio de remitir la acusación. En el caso que se examina, resulta evidente que el Juez de Instrucción Penal Decimo de la Capital del departamento de La Paz, hoy demandado, se apartó indebidamente de dicho entendimiento jurisprudencial. , toda vez que la acusación fiscal fue presentada el 5 de enero de 2023, y que la remisión del expediente al Juzgado de Sentencia se efectuó recién el 25 de mayo del mismo año como la propia autoridad demandada señaló en su informe -que dicho sea de paso fue devuelta y remitida nuevamente el 29 de enero de 2023-; resulta evidente que la indicada autoridad judicial demandada tenía plena competencia para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; al no haber procedido de esa manera, ha provocado una dilación innecesaria en la revisión de la prisión preventiva de la peticionante de tutela; lesionado también por esta causa su derecho al debido proceso en su elemento celeridad, vinculado con su derecho a la libertad personal.

En suma, ante la dilación indebida en la que han incurrido los jueces demandados, la presente acción de libertad acción de libertad de pronto despacho, es el medio idóneo para acelerar los trámites judiciales, razón por la cual corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 21/2023 de 29 de enero, cursante de fs. 8 a 9, pronunciada por el Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que el Juez de Instrucción Penal Decimo de la Capital del departamento de La Paz, señale audiencia de cesación de la detención preventiva, siempre y cuando la situación jurídica no ha haya sido modificada por efecto de decisiones ulteriores al acto lesivo denunciado en esta acción de tutela. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0635_2026-S3.pdf · páginas 1 a 6.

Huella digital del PDF (SHA-256): fccda22be43662057a519c059140642b4185f7833e11483ec7d3dfe147cfce5f

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