Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de julio de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la salud; argumentando que, la Jueza demandada, así como, el Juez suplente de su despacho, tras la suspensión de diferentes audiencias -durante más de medio año- de modificación de medida cautelar de arraigo que pesa en su contra, no llevó a cabo la misma, a fin que se le autorice viajar a la República de Chile, a efectos de requerir asistencia médica especializada; dado que, se encuentra delicado de salud. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 23/2022 de 10 de mayo, cursante de fs. 30 a 31 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente por el derecho al debido proceso en relación a la celeridad vinculada con el derecho a la libertad de locomoción, disponiendo que el Juez a cargo del proceso penal seguido contra el accionante, inmediatamente de conocer el presente fallo constitucional, señale audiencia de modificación de medidas cautelares, salvo que por el transcurso del tiempo, ya se haya efectuado la misma.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0635/2023-S2 Sucre, 4 de julio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 47536-2022-96-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 23/2022 de 10 mayo, cursante a fs. 30 a 31 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carla Orgaz Trujillo en representación sin mandato de Antonio Mario Camberos Bolaños contra Gladys Bacarreza Morales, Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 9 de mayo de 2022, cursante de fs. 11 a 14 vta., el accionante a través de su representante, expresó que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de conducta antieconómica y otros, el 26 de agosto de 2021, pidió audiencia de modificación de medidas cautelares ante el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer de la Capital del departamento de La Paz, “…misma que jamás salió de despacho y posterior a la audiencia que se señaló recién se obtuvo conocimiento del mismo y la cual no se instaló…” (sic); por ello, el 29 de septiembre de igual año, reiteró dicha solicitud, adjuntando mayor prueba y argumentando que padece de una degeneración macular en el ojo izquierdo, encontrándose delicado de salud; por lo que, pidió el desarraigo temporal para ser atendido en la República de Chile; en ese orden, se señaló audiencia para el 8 de octubre del referido año, a horas 14:30, fecha en la cual junto a su abogado defensor esperó en plataforma virtual hasta las 17:00 horas, sin que se instale ese verificativo, tras el reclamo de su abogado, se le indicó que fijarían nueva audiencia para el 8 de noviembre de ese año; es decir, para dentro de un mes. En ese contexto, el 26 de octubre de ese año, hizo su reclamo ante la autoridad de la causa -demandada- por la retardación de justicia; sin embargo, no se dio curso a su pedido. El 8 de noviembre del citado año, se conectó desde horas 15:00 hasta las 18:00, situación que ameritó su denuncia sobre las razones por las cuales no se instaló el respectivo verificativo; empero, la Jueza demandada y el Secretario respectivo se limitaron a informar que convocaron a las partes, suspendiéndola para el 3 de diciembre de ese año a horas 15:45; enlazados de forma puntual a ese acto procesal, en ningún momento se convocó; y pese a la solicitud de que se lleve a cabo la misma en ese momento, la aludida Jueza se ratificó en el nuevo señalamiento efectuado; mismo que no se realizó, por dejadez del citado Secretario que no diligenció las notificaciones; tampoco se hizo constar su presencia ni la de su abogada; fijándose nuevo día y hora para el 20 de enero de 2022, a horas 15:00. El 2 de ese mes y año, presentó memorial pidiendo audiencia para una fecha más próxima, que no se dio curso, ratificándose dicho señalamiento. La fecha del nuevo verificativo fijado se conectó con su abogado desde horas 15:00 a 18:30, y los demás sujetos procesales; empero, la autoridad demandada refirió que “…ya se había suspendido…” (sic) su celebración por ausencia de las partes y que no contaba con secretario; por ello, reclamó que se conectaron inclusive antes de la hora señalada y no se convocó a las partes ni se suspendió el verificativo, adhiriéndose a su reclamo la Procuraduría General del Estado, solicitando que se pida al Consejo de la Magistratura la designación de un secretario; sin embargo, arbitrariamente solo se fijó nueva audiencia para el 7 de febrero de 2022 a horas 14:30, quedando todos notificados en audiencia. No obstante de que el 3 del referido mes y año, solicitó la designación de un secretario en suplencia legal para evitar nuevas suspensiones, no se atendió su petición y se difirió el referido verificativo por ausencia del indicado funcionario, para el 18 de febrero de 2022, el cual por baja médica de la Jueza demandada se suspendió nuevamente para el 11 de marzo de dicho año, fecha en la que en mérito a que la referida autoridad se hallaba suspendida en sus funciones, tampoco se llevó a cabo, informándoles que se señalaría audiencia y se les notificaría; empero, eso nunca sucedió; por lo que, el 14 de marzo del mencionado año, tuvo que solicitar nuevo verificativo, programándose para el 22 de igual mes y año, en la que estando todos los sujetos procesales y pese a existir Juez suplente y Secretaria titular, se procedió a diferir el mismo, con la excusa de que la indicada autoridad jurisdiccional se hallaba en audiencia con aprehendido; posteriormente, el 24 de idéntico mes y año, volvió a solicitar audiencia, señalándose para el 7 de abril de 2022, la cual no se llevó a cabo por error de la citada Secretaria y ante la inacción del Juez suplente, se tuvo que volver a requerir otro nuevo, que aún no fue decretado; transcurriendo más de siete meses sin que se lleve a cabo la audiencia de consideración de modificación de medidas cautelares, pese a que la petición fue realizada por temas de salud al ser adulto mayor, incurriendo en una dilación indebida a ese fin. Por ello, se vulneró su derecho a la libertad; dado que, se transgredió el debido proceso por el incumplimiento de plazos procesales; asimismo, al no llevarse a cabo la audiencia solicitada, se impidió que se considere su solicitud de desarraigo y el acceso al servicio de salud que requiere en la República de Chile, afectando su libertad y salud; en ese marco, formuló la presente acción de libertad en su modalidad de pronto despacho.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la salud, citando al efecto los arts. 18.I, 23 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se le conceda la tutela, ordenando a la autoridad demandada señale día y hora de audiencia de consideración de modificación de medidas cautelares, en el plazo de veinticuatro horas siguientes.
Celebrada la audiencia pública virtual el 10 de mayo de 2022, conforme consta en acta cursante de fs. 28 a 29, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante y abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la acción tutelar y ampliándolos señaló que: Se vulneraron sus derechos a la vida e integridad física, amparados en el art. 15 de la CPE, así como, a la defensa, pues mediante el principio de “oficialidad”, el juez y la secretaria de un despacho judicial tienen la obligación de “…instalar las audiencias de no suspender las mismas…” (sic); solicitando que la autoridad demandada señale día y hora de audiencia.
Gladys Bacarreza Morales, Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, no compareció a la audiencia de garantías, tampoco remitió informe escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 17.
Marcia Teresa Nina Rodríguez, Secretaria del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, por escrito presentado el 10 de mayo de 2022, cursante a fs. 27 y vta., indicó que: a) La Jueza demandada se halla suspendida por el lapso de seis meses; b) De la revisión de antecedentes se pudo establecer que la suspensión de audiencias de modificación de medidas cautelares, fue por incumplimiento de formalidades; toda vez que, no se sacaron las fotocopias necesarias para que la Auxiliar de ese Juzgado, pueda generar las notificaciones y enviarlas mediante la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento; c) Las partes deben ser diligentes en su propia causa; ya que, dicho despacho judicial no cuenta con los recursos necesarios para las copias, máxime cuando el accionante tiene un abogado particular y no está asistido por el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SENADEP); d) Como último actuado en el cuaderno procesal, cursa una solicitud de programación de día y hora de modificación de medidas cautelares, presentada el 9 de mayo de 2022, y su respectivo decreto; y, e) Se debe tomar en cuenta que, los jueces en suplencia legal tienen recargadas labores y “…un despacho que atender” (sic).
La Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 23/2022 de 10 de mayo, cursante de fs. 30 a 31 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) La Jueza demandada se encuentra suspendida de sus funciones, habiéndose designado otros jueces para la tramitación de las causas del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la citada Capital y departamento; 2) Si bien se advirtió una dilación en el proceso penal en cuestión, es necesario considerar que la misma no solo es atribuible a dicha autoridad, sino a la situación especial que confrontan los jueces suplentes, quienes dentro de sus posibilidades llevan adelante los innumerables casos que se tienen a su cargo; 3) De la revisión del expediente, se evidenció que el último memorial presentado por el impetrante de tutela fue el 9 de ese mes y año; a lo que, el Juez en suplencia legal del mencionado Juzgado programó audiencia de consideración para el 24 del referido mes y año; por ello, se produjo la figura del hecho superado; y, 4) Concurrió falta de legitimación pasiva en la Jueza demandada, porque está suspendida; por tal motivo, las diferentes determinaciones las asumió un servidor público en suplencia legal; por lo que, la presente demanda tutelar debió dirigirse contra el aludido.
No habiendo encontrado consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente:
II.1. Por memorial presentado el 26 de agosto de 2021, ante el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, Antonio Mario Camberos Bolaños -dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión de delitos “de acción pública”- reiteró solicitud de audiencia de modificación de medidas cautelares, anunciando la interposición de una acción de libertad por retardación de justicia (fs. 3). II.2. Mediante escrito presentado el 29 de septiembre de 2021, al citado Juzgado, el impetrante de tutela nuevamente pidió señalamiento de día y hora de audiencia para la modificación de medidas cautelares impuestas mediante Auto Interlocutorio 129 de 4 de marzo de 2011, que estaría cumpliendo desde hace diez años; ya que, “a la fecha” se encuentra delicado de salud, pues se encontraría perdiendo la vista de forma permanente; debido a que, padece una degeneración macular en el ojo izquierdo; por lo que, le urge viajar a la República de Chile para acceder a un médico especialista; y además cuenta con ochenta y un años de edad (fs. 4 y vta.). II.3. Por memorial presentado el 25 de octubre de 2021, el peticionante de tutela haciendo conocer una situación de retardación de justicia; puesto que, el 8 de igual mes y año, a pesar de estar presente en audiencia virtual del citado acto procesal, esta fue suspendida; informándole su reprogramación que fue fijada para el 8 de noviembre de ese año; es decir, un mes después; aclarando que tiene la referida edad; en ese contexto, requirió nuevo señalamiento de audiencia a la brevedad posible (fs. 5 y vta.). II.4. Consta memorial presentado el 3 de enero de 2022, con el mismo tenor descrito en la Conclusión II.2 (fs. 6 y vta.). II.5. Por escrito de 2 de febrero de 2022, el solicitante de tutela pidió se nombre secretario suplente, a fin de que no se suspenda la audiencia programada para el 7 del indicado mes y año (fs. 7). II.6. Mediante memorial de 11 de marzo del citado año, el accionante requirió audiencia de modificación de medidas cautelares, en razón a que, se suspendió la audiencia programada de esa fecha y sin señalamiento de nuevo verificativo (fs. 8). II.7. A través de escrito de 24 de marzo de 2022, el peticionante de tutela solicitó audiencia de modificación de medidas cautelares; ya que, se difirió el fijado para el 22 de dicho mes y año, sin programarse una nueva, memorial providenciado el 1 de abril de igual año, por Luis Gonzalo Yepéz Portugal, Juez de Sentencia Penal Primero -en suplencia legal de la Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera- de la Capital del departamento de La Paz, señalando audiencia para el 7 de abril de ese año a horas 10:30 (fs. 18 y vta.) II.8. Cursa acta de audiencia de modificación de medidas cautelares de 7 de abril de 2022, en el que la Secretaria del supra citado Juzgado de Sentencia Anticorrupción, a tiempo de consignar a todos los sujetos procesales como ausentes, informó al referido Juez de Sentencia Penal “…varios sujetos procesales mismos que no me responden ante el llamado de la convocatoria por cuanto tengo a bien informar, así mismo ampliando informe Sr. Juez dado a que los cuerpos de este proceso son varios no se han podido encontrar se presumen que los mismos estarían en el despacho de la Sra. Juez titular de este juzgado…” (sic); lo que, mereció el decreto de suspensión de audiencia para el 14 de idéntico mes y año, a horas 15:50, por falta de remisión de antecedentes (fs. 20 y vta.). II.9. Mediante acta de audiencia de modificación de medidas cautelares de 14 de abril de 2022, a tiempo de consignar a los sujetos procesales como ausentes, excepto a la Procuraduría General del Estado, señaló que no se cumplió con las formalidades de ley para dicho verificativo; por ello, el aludido Juez suspendió dicho acto procesal, por no haberse cumplido con las respectivas notificaciones, programando nueva audiencia para el 25 de ese mes y año, a horas 13:00 (fs. 21 y vta.). II.10. Por memorial presentado el 19 de abril de 2022, el impetrante de tutela a tiempo de solicitar nuevo señalamiento de audiencia de modificación de medidas cautelares, reclamó las reiteradas suspensiones de verificativos que sufrió desde hace más de medio año, ante su solicitud de desarraigo temporal, para atender su delicado estado de salud, el cual mereció decreto de 20 de dicho mes y año, que refirió: “En atención al memorial que antecede, estese a los datos del proceso” (sic [fs. 22 a 23]). II.11. Consta “NOTA MARGINAL” de 25 de abril de 2022, por la que se conoció que: “Considerando que la suscrita secretaria el día de hoy tomó conocimiento sobre (…) la suspensión de la Sra. Juez Titular de este despacho judicial, empero al momento no se notificó con la suplencia y tampoco se hizo presente el Sr. Juez designado, por tal razón no se pudo instalar la audiencia señalada a horas 13:00 pm, para la presente fecha.
Ausentes todos los sujetos procesales” (sic). Ante ella, Delfor Emanuel Ríos Arrueta, Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, por decreto de 26 de igual mes y año, indicó que: “En atención a la nota marginal, se tiene presente y sea la parte impetrante quien solicite nuevo d[í]a y hora de audiencia, considerando que el suscrito Juez, atiende dos despachos judiciales, ello con el fin de no sobre poner audiencias en ambos despachos” (sic [fs. 24]).
II.12. Mediante memorial desplegado el 9 de mayo de 2022, el solicitante de tutela, pidió día y hora de audiencia de modificación de medidas cautelares, el cual mereció el decreto de 10 del mismo mes y año, programándose dicho verificativo para el 24 de idéntico mes y año a horas 11:00 (fs. 25 y 26). II.13. Consta diligencia de notificación con la presente acción de libertad, practicada en la Secretaría del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz (fs. 17).
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la salud; argumentando que, la Jueza demandada, así como, el Juez suplente de su despacho, tras la suspensión de diferentes audiencias -durante más de medio año- de modificación de medida cautelar de arraigo que pesa en su contra, no llevó a cabo la misma, a fin que se le autorice viajar a la República de Chile, a efectos de requerir asistencia médica especializada; dado que, se encuentra delicado de salud. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, señaló que: “…la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”. Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, sostuvo que: “…la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas fueron agregadas). Por su parte, la SCP 0196/2017-S2 de 13 de marzo, efectuando un análisis respecto a esta modalidad de la acción de libertad, realizó el siguiente entendimiento: “…no será necesario exigir ningún otro requisito adicional para su procedencia, menos el estado absoluto de indefensión, al margen que el principio de celeridad procesal forme parte del debido proceso, puesto que de ser así implicaría pedirle al accionante cumpla una situación jurídica materialmente imposible, tomando en cuenta que el accionante al estar efectuando trámites judiciales o administrativos relacionados a su privación de libertad, nunca podrá estar en estado absoluto de indefensión, situación por la cual corresponderá hacer abstracción de esta situación, en los casos que se denuncien dilaciones o demoras injustificadas en trámites relacionados directa o indirectamente a la privación de libertad. Se entenderá que un acto dilatorio tendrá vinculación directa con el derecho a la libertad, cuando la demora prolongue por sí misma la privación de libertad de una persona, como sucedería en el caso de la Policía Boliviana, cuando no remita al aprehendido dentro los plazos legales ante la autoridad competente; el Ministerio Público de igual manera no envíe dentro los plazos legales al detenido ante el juez cautelar o cuando la autoridad jurisdiccional teniendo que resolver la privación de libertad de una persona, no la hiciera o la dilatara ilegal o indebidamente; entre otros, casos similares” .
La SCP 0865/2022-S2 de 28 de julio dispuso que: “De manera general, siguiendo la jurisprudencia desarrollada en la SC 0651/2004-R de 4 de mayo señala: ‘…el arraigo en el ámbito procesal penal constituye una medida impuesta por el Juez o Tribunal al imputado o procesado para afianzar su responsabilidad o las resultas del juicio. En el nuevo sistema procesal penal adoptado por nuestro Código de procedimiento penal, el arraigo constituye una medida cautelar de carácter personal sustitutiva a la detención preventiva, cuya finalidad es la de asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley’. La SC 0784/2011-R de 6 de junio, al considerar los límites de esta medida, conforme la SC 0651/2004-R de 4 de mayo de 2010, señala que: ‘…el arraigo, como medida restrictiva del ejercicio del derecho de locomoción o libre tránsito, no puede ampliarse en sus alcances a otros derechos fundamentales, es decir, no puede restringir el ejercicio de otros derechos, como el de la vida, la salud, la seguridad social o el trabajo; en suma aquellos derechos fundamentales que conforman el núcleo de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad’. En este punto es oportuno considerar que las autoridades de control jurisdiccional en cada proceso deben valorar esta medida restrictiva a la libertad de circulación evaluando periódicamente que estén claramente fundamentadas, y no sean desproporcionadas o que la dilación supere el tiempo de la condena, observaciones por las que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable al Estado Boliviano en la Sentencia de 1 de diciembre de 2016 en el caso Andrade Salmón Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. En este sentido, la citada Sentencia Constitucional complementa el citado entendimiento con relación a la suspensión temporal señalando que: ‘…cabe advertir que la suspensión temporal debe ser entendida como una excepción no como la regla, por lo mismo la decisión judicial deberá sustentarse en criterios mínimos basados en la razonabilidad, de manera que no desnaturalice la excepción convirtiéndola, en la práctica, en un levantamiento de la medida a título de suspensión temporal. Esos criterios deberán sustentarse en la necesidad de preservar otros derechos fundamentales esenciales cuya restricción podrían causar daños irreparables; entre ellos se puede referir a manera enunciativa no limitativa los siguientes: a) el derecho a la vida y la salud, esto es que el imputado o procesado arraigado tenga la necesidad urgente de realizar un viaje a otro punto geográfico del lugar en el que se encuentre arraigado, para someterse a un tratamiento médico urgente o alguna cirugía, que sólo le puede ser suministrado en el lugar al que debe viajar…’” (las negrillas fueron añadidas).
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la salud; argumentando que, la Jueza demandada, así como, el Juez suplente de su despacho, tras la suspensión de diferentes audiencias -durante más de medio año-de modificación de medida cautelar de arraigo que pesa en su contra, la misma no se llevó a cabo, la cual solicitó para que le autorice viajar a la República de Chile, para ser atendido por su delicado estado de salud. En el marco de dicho planteamiento, corresponde establecer el contexto del presente caso, y de los antecedentes traídos en revisión se advierte que, el impetrante de tutela dentro de proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de conducta antieconómica y otros, ante el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, solicitó audiencia de modificación de medidas cautelares, específicamente de desarraigo temporal mediante memoriales de 26 de agosto, 29 de septiembre y 25 de octubre, todos de 2021 (Conclusiones II.1, 2 y 3); y, de 3 de enero, 11 y 24 de marzo, 19 de abril y 9 de mayo, todos de 2022 (Conclusiones II.4, 6, 7, 10 y 12); asimismo, constan dos actas de audiencias para ese fin, llevadas a cabo el 7 y 14 de abril de 2022, ante Luis Gonzalo Yepéz Portugal, Juez de Sentencia Penal Primero -en suplencia legal de la Jueza de Sentencia Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Primera- de la Capital del departamento de La Paz, mismas suspendidas por no haberse remitido el expediente completo a dicha autoridad y no haberse notificado a las partes (Conclusiones II.8 y 9). Finalmente, mediante “NOTA MARGINAL” de 25 de igual mes y año, se conoce que la Secretaria del indicado Juzgado de origen, tomó conocimiento esa fecha diferida por la Jueza demandada; lo que, motivó la suspensión de dicha data (Conclusión II.11). En ese contexto, es evidente que la pretensión del peticionante de tutela, de desarraigo temporal fue planteada desde el 26 de agosto de 2021, hasta el 9 de mayo de 2022; es decir, por más de ocho meses, sin que a la fecha del planteamiento de esta acción tutelar -9 de mayo de 2022-, se haya resuelto su petición. Ahora bien, en la atención de dichas solicitudes intervinieron dos autoridades judiciales, la titular y su suplente; con relación a la primera -ahora demandada- se debe establecer su responsabilidad en la dilación advertida; y si bien, se tiene la data del inicio de dicha demora -26 de agosto de 2021, que fue su primera solicitud de desarraigo temporal-, no se evidencia la fecha exacta de su suspensión; empero, de la lectura de las actas de audiencia de 7 y 14 de abril de 2022, se puede verificar que estuvieron a cargo del Juez suplente, entonces la responsabilidad de la Jueza demandada corresponde hasta el 6 del citado mes y año, no siendo congruente el dato extractado de la referida nota marginal, la cual indicó que la prenombrada conoció la citada suspensión el 25 de ese mes y año, pues se contradice con lo sucedido en el proceso, según lo señalado precedentemente. Consiguientemente, la autoridad demandada es responsable de la dilación advertida por el lapso de siete meses y diez días; ello implica del 26 de agosto de 2021 al 6 de abril de 2022, de acuerdo a los antecedentes precedentes. En ese orden, el Juez suplente es responsable de la demora verificada desde el 7 de igual mes y año, hasta la atención del memorial de 9 de mayo del mismo año; es decir, por un mes. Ahora bien, la conclusión a la que se arribó merece ser analizada a la luz del alcance de la acción de libertad de pronto despacho, desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la cual precautela aquella situación en la que se incurrió en demora injustificada por parte de la autoridad judicial que tenga que resolver la situación jurídica de quien se halle privado de libertad, o ante la vulneración del principio de celeridad en trámites vinculados al derecho a la libertad; en ese marco, el arraigo es un grado de privación de libertad, como lo señaló la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando consideró al arraigo “…como medida restrictiva del ejercicio del derecho de locomoción o libre tránsito…” (énfasis añadido [SCP 0865/2022-S2]). En este caso, el accionante no tiene resuelta su petición de desarraigo temporal; es decir, no conoce si puede disponer de su libertad de trasladarse de un país a otro, desde hace más de ocho meses, pese a haber esgrimido una situación delicada de salud y que además es adulto mayor; lo que, empeora la afectación en la que incurrió tanto la autoridad judicial titular demandada como la suplente, quien si bien no es responsable de forma personal de los actos que precedieron a su suplencia, era la autoridad con la potestad de resolver la situación advertida y enmendar toda la dilación perjudicial por la que transcurrió el pedido del peticionante de tutela; dado además, que la presente demanda tutelar fue notificada al Juzgado de origen; es decir, que no escapó de su conocimiento la misma, pues precisamente su labor es atender todos los asuntos presentados ante el Juzgado en el que ejerce suplencia legal. Por todo lo señalado, es evidente que existe vulneración del debido proceso en su componente celeridad y del derecho a la libertad en su vertiente de locomoción, pues no fue resuelta su petición; lo que, le impide al impetrante de tutela disponer de su libertad. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 23/2022 de 10 de mayo, cursante de fs. 30 a 31 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente por el derecho al debido proceso en relación a la celeridad vinculada con el derecho a la libertad de locomoción, disponiendo que el Juez a cargo del proceso penal seguido contra el accionante, inmediatamente de conocer el presente fallo constitucional, señale audiencia de modificación de medidas cautelares, salvo que por el transcurso del tiempo, ya se haya efectuado la misma.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Al no existir consenso en Sala dentro del presente caso, dirime el Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora, Presidente, siendo de Voto Disidente el Magistrado MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano.
Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora
PRESIDENTE
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0635_2023-S2.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6d5544d28fa3ef172a4e07b05aa3781e12b6e1732bf791123f34eb93916aa6a9
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →