Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 27 de abril de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/23 de 6 de febrero de 2023, cursante de fs. 39 a 42, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0634/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 53847-2023-118-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 05/23 de 16 de febrero de 2023, cursante de fs. 39 a 42, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Olvis Ávila Soliz en representación sin mandato de Lucho Mercado Flores contra Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza; y, Rebeca Cáceres Padilla, Secretaria, ambas del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz.
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la celeridad, a la libertad, a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia, aduciendo que, pese a que el 2 de febrero de 2023 solicitó audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, la jueza en suplencia legal, señaló audiencia para el 7 de igual mes y año, actuado procesal que fue suspendido debido a que el expediente se encontraba en poder del Juzgado de Montero; por lo que, pese a que su persona solicitó se reanude la audiencia dentro de las veinticuatro horas, la autoridad demandada programó audiencia para el 9 de similar mes y año, acto que tampoco se llevó a cabo, por cuanto no se diligenció el oficio al Centro de Readaptación Productiva Montero del departamento de Santa Cruz, a efectos de que su persona se encuentre presente, reprogramándose audiencia para el 10 del citado mes y año, instancia en la que se dispuso la cesación a la detención preventiva, ordenándose medidas de carácter personal a su favor; entre ellas, una fianza de Bs30 000.- (treinta mil bolivianos), resolución apelada tanto por su persona como por el Fiscal de Materia, sin que hasta la fecha de presentación de la acción tutelar, haya sido remitida al Tribunal de alzada, situación similar ocurriría con la complementación y enmienda requerida por el abogado de la víctima; la cual, por problemas de conexión no fue resuelta en dicho actuado procesal;
por tanto, solicita se ordene de manera inmediata la remisión del expediente al Tribunal de alzada. Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, no presentó informe, ni se hizo presente en la audiencia de acción tutelar, pese a su legal notificación cursante a fs. 23. Rebeca Caceres Padilla, Secretaria del referido Juzgado, mediante informe presentado el 16 de febrero de 2023, cursante a fs. 34., señaló que, debido a los problemas de conexión, la Jueza no pudo emitir la resolución de complementación y enmienda, señalando audiencia para el 15 de febrero de 2023, actuado que no se llevó a cabo debido a que la Jueza suplente no se aproximó al despacho judicial a efecto de instalar dicha audiencia, ya que se encontraba en otra audiencia en Montero. Cinthia Luz Araujo Guerra, Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 05/23 de 16 de febrero de 2023, cursante de fs. 39 a 42, concedió la tutela impetrada, ordenando la remisión de la apelación al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas, bajo el argumento de que desde la interposición de la apelación incidental, hasta la presentación de la acción tutelar -16 de febrero de 2023-, transcurrió más de una semana sin que se tenga constancia que los antecedentes hayan sido remitidos. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se procedió a la devolución y nuevo sorteo de expediente pendiente de resolución, emergente de la cesación de cinco magistraturas, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, conforme al Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 008/2026 de 11 de marzo, en el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional estableció el uso obligatorio del Formato Corto de Resolución de Sentencias Constitucionales, aprobado en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, para todas las causas comprendidas en el referido Plan.
La jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que:
[…] toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza […]. Bajo ese razonamiento, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, precisó que con la acción de libertad traslativa o de pronto despacho “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son añadidas). Ahora bien, respecto a los casos de dilaciones indebidas en el señalamiento de medidas cautelares, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva o de solicitudes de modificación de medidas cautelares, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia;…» (énfasis añadido).
La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, en el Fundamento Jurídico III.3 se ha pronunciado sobre el desarrollo jurisprudencial con relación a la acción de libertad traslativa de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares, sistematizando las siguientes subreglas: «…i) [I]nterpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal...»
La SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, sentencia sistematizadora de línea jurisprudencial, ha recogido los precedentes constitucionales sobre la legitimación pasiva en las acciones de libertad, así como la legitimación pasiva del personal judicial subalterno, concluyendo lo siguiente:
«…Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable (las negrillas son añadidas)…»
De los antecedentes relevantes traídos en revisión, se advierte que, mediante Auto Interlocutorio de 31 de julio de 2022, se dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela por el lapso de seis meses, señalándose audiencia de consideración de la situación jurídica para el 1 de febrero de 2022 (fs. 8 a 10); en ese sentido, pese a las reiteradas reprogramaciones de las audiencias, la misma recién se llevó a cabo el 10 de febrero de 2023, disponiéndose medidas cautelares de carácter personal a favor del mismo, determinación que fue apelada tanto por éste como por la Fiscal de Materia, sin que exista constancia de la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada -hecho no controvertido por la parte demandada en audiencia de garantías- (fs. 37 a 38).
En ese contexto, contrastada la problemática identificada con la prueba presentada a la jurisdicción constitucional, este Tribunal entiende que, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, constituyen actos de dilación indebida las suspensiones inadecuadas de audiencia de consideración de medidas cautelares.
En el presente caso se advierte que, la audiencia de consideración de modificación de medida cautelar, fue suspendida en más de una oportunidad por la Jueza demandada, lo que provocó una dilación innecesaria de ocho días, situación similar ocurrió con la remisión de antecedentes del testimonio de apelación al Tribunal de alzada, incumpliendo lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2, plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada -veinticuatro horas-; en consecuencia, la falta de remisión oportuna de los antecedentes al Tribunal de alzada configura también una omisión indebida, que si bien se adjuntó documentación concerniente a declaratoria en comisión de la Jueza demandada, dicha situación no enerva lo manifestado por el accionante en cuanto a las suspensiones de audiencias, por cuanto, dicho acto lesivo se cometió antes de que sea declarada en comisión, así como a la falta de remisión de actuados al Tribunal de alzada; por lo que, en su calidad de directora del proceso tenía la obligación de hacer cumplir sus órdenes, situación que no ocurrió en el presente caso y que impidió la resolución pronta del recurso de apelación incidental, prolongando indebidamente la restricción de la libertad del solicitante de tutela -seis días- incumpliendo en consecuencia, el plazo establecido por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), desconociendo el deber que tiene toda autoridad que conozca una solicitud vinculada con la libertad personal, de tramitarla con la mayor celeridad posible.
Finalmente, conforme el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, la Secretaria demandada, cuenta con legitimación pasiva en el presente caso, debido a que no desvirtuó lo señalado por el accionante en cuanto a las suspensiones de las audiencias por hechos atribuibles al personal del juzgado -falta de remisión de oficios, así como la falta de remisión de actuados al Tribunal de alzada-; en consecuencia, se acreditó que con su actuar negligente, contribuyó a la dilación existente en el presente caso. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/23 de 6 de febrero de 2023, cursante de fs. 39 a 42, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0634_2026-S3.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): d3728a4d140a8ab6b894e8bc7ae13c5e0f059e725162b182f21df58a9bc8f01b
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →