Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 27 de abril de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 23/22 de 3 de agosto de 2022, cursante de fs. 218 vta. a 220, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Décima Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada conforme los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0629/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52110-2022-105-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 23/22 de 3 de agosto de 2022, cursante de fs. 218 vta. a 220, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ulises Ibáñez Valverde en representación sin mandato de Ana Paola Moreno Vaca y Eduardo Mauricio Mercado Balcázar contra José René Quezada Ribera, María Angélica Sánchez Rojas, Charlin Tapia Franco, Jueces; y, Yolanda Ventura Valda, Secretaria, todos del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz.
La parte accionante a través de su representante denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de robo agravado y asociación delictuosa, los mismos fueron condenados a la pena privativa de libertad de tres años; por lo que, solicitaron suspensión condicional de la pena; sin embargo, la audiencia fijada para tal efecto fue suspendida en tres oportunidades, quedando evidenciado el actuar de las autoridades demandadas en favor de la víctima, cuando correspondía considerar y resolver su solicitud sin que resulte exigible la ejecutoria de la sentencia. Por lo que, solicitan se ordene a los demandados llevar a cabo la audiencia de consideración de suspensión condicional de la pena dentro del plazo de setenta y dos horas. José René Quezada Ribera, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, en audiencia señaló que: a) En cuanto a la solicitud de suspensión condicional de la pena, en la primera audiencia se advirtió una incorrecta notificación a la víctima; en la segunda, el abogado de esta informó haber promovido un incidente por la defectuosa notificación con el Auto de Vista; por lo que, se señaló nueva fecha de audiencia, la cual también fue suspendida; toda vez que, en dicho acto se dio lectura a la providencia emitida con relación a los incidentes planteados por la víctima, en la que se le indicó que debía interponer su incidente ante la autoridad competente; por lo que, no existió dilación atribuible al Tribunal de Sentencia; y, b) Correspondía observar el principio de subsidiariedad, puesto que la parte accionante tenía expedita la vía del recurso de reposición e incluso después la apelación; no obstante, acudió de manera directa a la acción de libertad. Yolanda Ventura Valda, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 3 de agosto de 2022, cursante a fs. 211, señaló que su persona no cuenta con facultades jurisdiccionales y que solo cumple órdenes o instrucciones del Juez; por lo que, carece de legitimación pasiva para ser demandada, además de resaltar que los accionantes no indicaron de qué forma su persona en calidad de Secretaria del referido tribunal hubiera vulnerado sus derechos o atentado contra los mismos. María Angélica Sánchez Rojas y Charlin Tapia Franco, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentaron informe escrito, tampoco asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 206 y 208. La Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Décima Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 23/22 de 3 de agosto de 2022, cursante de fs. 218 vta. a 220, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Si bien la parte accionante alega la vulneración de sus derechos debido a las suspensiones de la audiencia de suspensión condicional de la pena, la Jueza de garantías no evidencia vinculación directa con el derecho a la libertad; toda vez que, dicho derecho no se encuentra restringido; y, 2) Los impetrantes de tutela no agotaron los mecanismos intraprocesales inherentes a la acción penal, ni demostraron haber estado en absoluto estado de indefensión, ya que ejercieron su derecho a la defensa a través de su abogado de confianza. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, conforme al Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 008/2026 de 11 de marzo, en el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional estableció el uso obligatorio del Formato Corto de Resolución de Sentencias Constitucionales, aprobado en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, para todas las causas comprendidas en el referido Plan.
La SCP 0581/2025-S3 de 17 de junio refiriéndose al alcance de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho cuando el peticionante de tutela no se encuentra privado de libertad, señaló siguiente:
De la línea jurisprudencial citada es posible concluir que el alcance de protección de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho opera frente a toda demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud que se encuentre vinculada con la libertad de quien la solicita, prueba de ello es que se ha establecido que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; a contrario sensu, no procede cuando la libertad de la persona no se encuentre comprometida, ya sea porque no esté privada de libertad o el acto u omisión dilatorio no incida directa o indirectamente con su libertad; en estos casos corresponderá que el peticionante de tutela acuda previamente a los mecanismos intraprocesales que el ordenamiento jurídico prevé para el restablecimiento de los derechos considerados lesionados.
De los antecedentes del presente fallo constitucional, se tiene que los ahora accionantes mediante Sentencia de 2 de abril de 2018, fueron condenados a tres años de privación de libertad por la comisión de los delitos de robo agravado y asociación delictuosa en grado de complicidad (fs. 5 vta. a 8 vta.; y, 14 vta. a 17 vta.), decisión que fue apelada por la víctima, emitiéndose posteriormente el Auto de Vista 33 de 16 de marzo de 2022, que declaró improcedente dicho recurso (fs. 115 a 119 vta.). Posteriormente, los accionantes solicitaron la suspensión condicional de la pena, petición que dio lugar al señalamiento de audiencia para el 15 de julio de 2022 (fs. 136 a 137); instalada la audiencia, se informó que la víctima no fue legalmente notificada; por lo que, se suspendió la misma para 19 del mismo mes y año (fs. 146), en tal fecha, la víctima a través de su abogado alegó una incorrecta notificación con el señalamiento de audiencia, aspecto que conllevó a que se defina una nueva suspensión y reprogramación para el 21 del citado mes y año (fs. 154 y vta.) así, instalada nuevamente la audiencia, la víctima informó la presentación de un memorial por el cual interpuso un incidente de nulidad por errónea notificación con el Auto de Vista 33; razón por la cual, se dispuso la suspensión de la audiencia y su reprogramación para el 26 de igual mes y año (fs. 156 y vta.).
Conforme al contenido del Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que la acción de libertad traslativa de pronto despacho no procede respecto de denuncias relacionadas con dilación procesal cuando la libertad de la persona no se encuentre comprometida, ya sea porque no esté privada de libertad o el acto u omisión dilatorio no incida directa o indirectamente con su libertad. En ese marco, no obstante que los accionantes cuestionaron la suspensión reiterada de la audiencia de consideración de suspensión condicional de la pena; sin embargo, tal situación no incidía de manera directa en su libertad, puesto que, conforme lo manifestado por su defensa en la audiencia de consideración de la presente acción tutelar se advierte que los prenombrados no se encontraban privados de su libertad a momento de activar la presente acción de defensa (fs. 218). A ello, no podemos soslayar que, al haberse remitido el cuaderno procesal a la Sala Penal ante la interposición por parte de la víctima de un incidente sobre la falta de notificación con el Auto de Vista 33, mencionado en párrafos anteriores; estando pendiente de resolver dicho incidente, no se advierte una posibilidad cierta e inmediata de amenaza directa al derecho a la libertad personal. Por lo expuesto precedetemente, al no existir una afectación directa a ese derecho, corresponde denegar la tutela impetrada
De igual forma, respecto de la Secretaria demandada, el hecho atribuido consistió en haber informado la existencia de defectos en la notificación a la víctima; no obstante, dicho acto no reviste carácter decisorio ni resolutivo, sino que se enmarca en el cumplimiento de una función estrictamente informativa, sin incidencia directa en el derecho a la libertad de los accionantes; por ello, tampoco se configura lesión tutelable mediante esta acción de defensa. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 23/22 de 3 de agosto de 2022, cursante de fs. 218 vta. a 220, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Décima Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada conforme los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0629_2026-S3.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1cbe60870492340389a2197aa8dd7076935e7ffe5d8a8975189eaf2f5f17b306
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