B.IA.LEGAL

SCP 0628/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de julio de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
4 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
47188-2022-95-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la libertad y los principios de celeridad y “administración de justicia”; toda vez que habiendo apelado incidentalmente al Auto Interlocutorio 058/2022 de 8 de marzo por la que se determinó cumpla la medida extrema de detención preventiva, celebrada la audiencia al efecto el 5 de abril de 2022, el Vocal y funcionario de apoyo jurisdiccional demandados, hasta el momento de la interposición de la presente acción de libertad no devolvieron el cuaderno procesal al Juzgado de origen, imposibilitando con ello pueda saber el resultado de su apelación y posteriormente solicitar cesación a su detención preventiva. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 38/2022 de 20 de abril, cursante de fs. 19 a 20 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en relación a Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal; y Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de la Sala Penal Segunda -en suplencia legal-, ambos de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el marco de lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, instándolos a que en lo sucesivo observen el cumplimiento estricto de sus funciones; 2° DENEGAR la tutela respecto a Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por carecer de legitimación pasiva para ser demandado; 3° No disponer ninguna orden, emergente de la concesión de la tutela, por las razones descritas al haberse constatado ya la remisión del expediente del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Santos Omar Bohórquez Blanco por la supuesta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, hacia el Juzgado de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de la Paz, el 20 de abril de 2022; y, 4° Llamar la atención a Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal; y Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de la Sala Penal Segunda -en suplencia legal-, ambos de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por la dilación en la que incurrieron, no pudiendo este Tribunal Constitucional Plurinacional conforme a lo anotado en el presente fallo constitucional, convalidar conductas reñidas contra el orden público constitucional que transgredieron derechos fundamentales o garantías constitucionales.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Respecto a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional, en las acciones de libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0628/2023-S2 Sucre, 4 de julio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 47188-2022-95-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 38/2022 de 20 de abril, cursante de fs. 19 a 20 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Santos Omar Bohórquez Blanco contra Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal; y, Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de la Sala Penal Segunda -en suplencia legal-, ambos de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 19 de abril de 2022, cursante de fs. 1 a 2 vta., el accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, se encuentra cumpliendo detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de la de La Paz; es así que, mediante su defensa apeló el Auto Interlocutorio 058/2022 de 8 de marzo por el cual el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz dispuso dicha medida cautelar; por ello de acuerdo a los datos del proceso, en virtud del art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP) se señaló audiencia de apelación de medida cautelar para el 5 de abril del mismo año; sin embargo, no se devolvió el cuaderno procesal al Juzgado de origen; es más su abogado de confianza se apersonó a la Sala Penal Primera del Tribunal de Justicia del mismo departamento, donde le indicaron que ni siquiera se habría transcrito la Resolución de la apelación hasta el 19 de igual mes y año; aspectos que vulneran el derecho al debido proceso en relación con su derecho a la libertad, por no conocer el resultado de su apelación y poder solicitar cesación a la detención preventiva al no contarse con un control jurisdiccional, incumpliendo a su vez los principios de celeridad y administración de justicia como parte del debido proceso.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos al debido proceso y a la libertad y los principios de celeridad y “administración de justicia”, citando al efecto el art. 8 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene a los demandados que en el día se devuelva el cuaderno procesal al Juzgado de origen.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 20 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 17 a 18, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante no asistió a la audiencia virtual, no obstante a través de su abogado ratificó la acción incoada.

I.2.2. Informe de los demandados

Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, presentó informe escrito el 20 de abril de 2022, cursante a fs. 10 y vta., señalando que no presidió la audiencia de apelación de medida cautelar de 5 del mismo mes y año, por lo que carecería de legitimación pasiva en la acción, de acuerdo a la SC 0991/2001-R de 9 de julio. Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 20 de abril de 2022, cursante a fs. 15 y vta., refirió que si bien no fue notificada con la acción de libertad, fue ella quien presidió la audiencia de apelación de medida cautelar de 5 de igual mes y año, y que el cuaderno de apelación se encontraba ya en el Juzgado de origen. Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en informe escrito de 20 de abril de 2022, cursante a fs. 16 y vta., manifestó que se encuentra en suplencia legal de la Sala Penal Primera del Tribunal de Justicia citado, la cual no tiene un dactilógrafo que pueda coadyuvar con la transcripción de las causas que llegan a esa instancia; empero de ello se tiene que lo extrañado ya fue remitido al Juzgado de origen conforme se advierte de la documental acompañada; en tal razón, pide se deniegue la tutela, al no haberse vulnerado ningún derecho ni garantía constitucional.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 38/2022 de 20 de abril, cursante de fs. 19 a 20 vta., concedió en parte la tutela impetrada, en relación a Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de la Sala Penal Segunda en suplencia legal de la Sala Penal Primera del Tribunal de Justicia del citado departamento, llamándole la atención y recomendándole cumpla debidamente con sus labores específicas y de forma diligente; y, denegó la tutela en contra del Vocal Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, por carecer de legitimación pasiva; expresando para ello los siguientes fundamentos: a) Conforme la SCP 0460/2018-S2 de 27 de agosto y los antecedentes de la acción de libertad, ésta no procede contra el Vocal antes nombrado, ya que por la aclaración realizada por el propio accionante, dicha autoridad no fue la que llevó la audiencia de apelación de medida cautelar, concluyendo así que no tiene legitimación pasiva al no encontrarse coincidencia contra quien se interpuso la acción tutelar y quien presuntamente hubiera vulnerado derechos; y, b) En relación al Secretario en suplencia legal demandado, de acuerdo al informe presentado por el mismo, reconoce que la audiencia de apelación se llevó a cabo el 5 de abril de 2022, y recién el 20 del mes y año señalados se remitió el cuaderno procesal al Juzgado de origen, de manera posterior a la presentación de la acción de libertad, en tal sentido, conforme la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, corresponde dar curso a la solicitud impetrada en contra del funcionario de apoyo judicial citado, al ser quien ocasionó la demora en la remisión de la causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa nota de 20 de abril de 2022, por la que Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en suplencia legal de su similar Primero -hoy demandado-, remitió al Juzgado de Instrucción Penal Décimo de la Capital de ese departamento, en cumplimiento el Auto de Vista 185/2022 de 5 de abril, el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Santos Omar Bohórquez Blanco -ahora accionante- por la supuesta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas (fs. 14).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la libertad y los principios de celeridad y “administración de justicia”; toda vez que habiendo apelado incidentalmente al Auto Interlocutorio 058/2022 de 8 de marzo por la que se determinó cumpla la medida extrema de detención preventiva, celebrada la audiencia al efecto el 5 de abril de 2022, el Vocal y funcionario de apoyo jurisdiccional demandados, hasta el momento de la interposición de la presente acción de libertad no devolvieron el cuaderno procesal al Juzgado de origen, imposibilitando con ello pueda saber el resultado de su apelación y posteriormente solicitar cesación a su detención preventiva. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho

Sobre el tema, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, señala que: “…la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas y subrayado son nuestros). Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, sostiene que: “…la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”.

Por su parte, la SCP 0196/2017-S2 de 13 de marzo, efectuando un análisis respecto a esta modalidad de la acción de libertad, realizó el siguiente entendimiento: “…no será necesario exigir ningún otro requisito adicional para su procedencia, menos el estado absoluto de indefensión, al margen que el principio de celeridad procesal forme parte del debido proceso, puesto que de ser así implicaría pedirle al accionante cumpla una situación jurídica materialmente imposible, tomando en cuenta que el accionante al estar efectuando trámites judiciales o administrativos relacionados a su privación de libertad, nunca podrá estar en estado absoluto de indefensión, situación por la cual corresponderá hacer abstracción de esta situación, en los casos que se denuncien dilaciones o demoras injustificadas en trámites relacionados directa o indirectamente a la privación de libertad. Se entenderá que un acto dilatorio tendrá vinculación directa con el derecho a la libertad, cuando la demora prolongue por sí misma la privación de libertad de una persona, como sucedería en el caso de la Policía Boliviana, cuando no remita al aprehendido dentro los plazos legales ante la autoridad competente; el Ministerio Público de igual manera no envíe dentro los plazos legales al detenido ante el juez cautelar o cuando la autoridad jurisdiccional teniendo que resolver la privación de libertad de una persona, no la hiciera o la dilatara ilegal o indebidamente; entre otros, casos similares” (el subrayado nos corresponde).

III.2. Respecto a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional, en las acciones de libertad

A partir del cambio de línea jurisprudencial asumido en la SCP 0427/2015-S2, los funcionarios de apoyo jurisdiccional tienen legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de libertad, a fin de establecer su responsabilidad si correspondiere; tomando en cuenta que, el acto ilegal denunciado puede no ser necesariamente resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino de omisiones de carácter administrativo emergentes del desarrollo de las labores de dichos funcionarios, que repercutan en la lesión de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los justiciables; debiendo considerarse, sin embargo, que lo afirmado no deslinda de responsabilidad a la autoridad judicial titular del juzgado respectivo, quien está obligada a impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y efectuar el seguimiento respectivo de las causas de su despacho; de no obrar en dicho sentido, asume también responsabilidad de las vulneraciones cometidas en desmedro de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes; teniendo cada autoridad o servidor público, el deber de desempeñar sus funciones y labores en el marco de lo regulado para el ejercicio de las mismas. En ese orden, la SCP 0080/2019-S2 de 5 de abril, precisó y sintetizó que del entendimiento descrito en el fallo constitucional citado: “…se deduce que el personal de apoyo jurisdiccional tiene legitimación pasiva para ser demandado en la acciones de libertad, habida cuenta que no todas las lesiones al derecho a la libertad son resultado de actos puramente jurisdiccionales, sino también pueden ser consecuencia de omisiones administrativas que emergen del desarrolló de las labores de los funcionarios subalternos, lo cual no deslinda de responsabilidad al titular del juzgado, quien está obligado de vigilar y hacer seguimiento de las instrucciones emitidas” (las negrillas y el subrayado fueron añadidos).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante activa la presente acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, denunciando que el Vocal y funcionario de apoyo jurisdiccional hoy demandados, lesionaron sus derechos al debido proceso, a la libertad y los principios de celeridad y “administración de justicia”; siendo que, apeló el Auto Interlocutorio 058/2022 de 8 de marzo en el que se determinó imponerle la medida cautelar de detención preventiva, la audiencia del medio de impugnación se desarrolló el 5 de abril de 2022; no obstante, hasta el momento de la interposición de la acción tutelar, el cuaderno de apelación no fue devuelto al Juzgado de origen, imposibilitando así que pueda saber el resultado que emitió el Tribunal de alzada y posteriormente solicitar cesación a su detención preventiva. Conocida la problemática traída en revisión, en principio corresponde puntualizar que, según lo informado por Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; éste no conoció la apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 058/2022 que dispuso la detención preventiva del ahora impetrante de tutela; aspecto que fue corroborado en el informe remitido por Silvia Maritza Portugal Espinoza, también Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal mencionado; en este sentido, siendo que la legitimación pasiva se constituye en la coincidencia que debe existir entre la autoridad o persona contra quien se dirige la acción y causa la lesión de los derechos denunciados, debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia desarrollada por la SCP 0066/2012 de 12 de abril entre otras, señala que: “Bajo la característica del informalismo de la acción de libertad mencionada y remitiéndonos a la jurisprudencia constitucional, se ha establecido que, cuando la acción referida se dirige, por error, contra una autoridad diferente a la que causó la lesión, pero de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones, es posible conceder la tutela, si se verificase lesión al derecho a la libertad personal” (las negrillas son nuestras).; consiguientemente, resulta factible ingresar al análisis de la problemática aplicando la flexibilización antes descrita, al haberse dirigido la acción tutelar contra una autoridad diferente; empero, que ejerce funciones en igual institución, con idénticas atribuciones, rango y jerarquía. Bajo este contexto, conforme los antecedentes que dan a conocer la problemática en examen, se tiene a la nota de 20 de abril de 2022, por la que el servidor de apoyo jurisdiccional demandado remitió al Juzgado de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, el proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra del ahora accionante (Conclusión II.1). Por lo expuesto, resulta evidente que Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien presidió la audiencia de apelación de medida cautelar de 5 de abril de 2022; y Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de la Sala Segunda Penal -en suplencia legal- de la Sala Penal Primera de dicho Tribunal, incurrieron en una dilación indebida en la remisión del cuaderno procesal al Juzgado que dispuso la detención preventiva del hoy impetrante de tutela y así éste pueda acudir al control jurisdiccional a efectos de modificar su situación jurídica; habida cuenta que se encuentra privado de libertad; abriéndose, por ende, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho (Fundamento Jurídico III.1), habiéndose remitido recién lo extrañado en esta acción de libertad, a los quince días de efectuada la audiencia de apelación incidental, con innegable dilación. Lo desarrollado conlleva la concesión de la tutela, respecto tanto a la Vocal nombrada como al funcionario de apoyo jurisdiccional demandado, quien cuenta con legitimación pasiva conforme se detalló en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional; no pudiendo deslindar responsabilidad la citada autoridad judicial quien en cumplimiento de sus funciones se encontraba obligada a impartir las instrucciones pertinentes al personal de apoyo judicial a su cargo, orientando su actuación en los principios contemplados en el art. 232 de la CPE, de compromiso e interés social, eficiencia, calidad, calidez y responsabilidad, advirtiendo que la consideración célere de lo pedido, era el vehículo, se reitera, para la revisión de la situación jurídica del demandante de tutela. Constriñendo el principio de celeridad a quienes administren justicia, evitando retardaciones o diligencias indebidas e innecesarias, en una correcta administración de justicia, debido proceso y cumplimiento de los principios constitucionales en la actividad judicial, inherentes a un Estado de Derecho; debiendo ejercer al efecto, una función activa en la dirección judicial de los procesos a su cargo. Finalmente, corresponde indicar que el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé que: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan” (negrillas y subrayado adicionados); por lo que, habiéndose interpuesto esta acción de libertad el 19 de abril de 2022 (fs. 1) y desarrollado la audiencia de consideración y resolución de la misma, el 20 de igual mes y año; produciéndose la remisión del cuaderno procesal de la causa penal sustanciada contra el accionante, en la fecha antes citada, lo que no resulta óbice alguno para pronunciarse sobre la problemática planteada y otorgar la tutela peticionada. En ese sentido, en las acciones de libertad no puede eludirse la consideración de fondo del asunto en cuestión, por cuanto ante los derechos que tutela esta acción de defensa, la jurisdicción constitucional debe emitir un pronunciamiento en el fondo, aunque deba abstenerse de impartir orden alguna por las razones anotadas; respondiendo ello al hecho que no puede permitirse o confirmarse, acciones o conductas, reñidas contra el orden público constitucional, que ciertamente transgredieron derechos fundamentales o garantías constitucionales; no pudiendo quedarse este Tribunal al margen de una resolución concreta, siendo la finalidad máxima la tutela de derechos fundamentales y evitar que a posterioridad, se incurran en los mismos actos ilegales que produjeron dicha restricción. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder en parte la tutela impetrada, actuó de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 38/2022 de 20 de abril, cursante de fs. 19 a 20 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en relación a Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal; y Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de la Sala Penal Segunda -en suplencia legal-, ambos de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el marco de lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, instándolos a que en lo sucesivo observen el cumplimiento estricto de sus funciones; 2° DENEGAR la tutela respecto a Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por carecer de legitimación pasiva para ser demandado; 3° No disponer ninguna orden, emergente de la concesión de la tutela, por las razones descritas al haberse constatado ya la remisión del expediente del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Santos Omar Bohórquez Blanco por la supuesta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, hacia el Juzgado de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de la Paz, el 20 de abril de 2022; y, 4° Llamar la atención a Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal; y Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de la Sala Penal Segunda -en suplencia legal-, ambos de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por la dilación en la que incurrieron, no pudiendo este Tribunal Constitucional Plurinacional conforme a lo anotado en el presente fallo constitucional, convalidar conductas reñidas contra el orden público constitucional que transgredieron derechos fundamentales o garantías constitucionales. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0628_2023-S2.pdf · páginas 1 a 9.

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